9.2.3 El reposicionamiento gubernamental de actores decisores en organizaciones públicas en el papel de variable

Parafraseando a Trout y Rivkin (1995) se dice que posicionarse consiste simplemente en concentrarse en una idea, o incluso en una palabra, que defina a los AD en las mentes de quienes tomarán la decisión con respecto de su futuro laboral, ya sea en la misma o en otra OP.

Tal y como se indicó en renglones anteriores, en esta investigación se utiliza el término “reposicionamiento”, porque aludiendo a Trout y Rivkin (1995) nuevamente, implica siempre “repensar” el negocio y todo lo que le atañe. Normalmente, ya no se pueden hacer las cosas como antes. Se debe estar dispuesto a cambiar para quedar mejor alineado con la nueva posición. Todo esto es precisamente lo que el autor considera hacen consciente o inconscientemente los AD como estrategia para lograr reposicionarse en las OP.

Tan es así, que Trout y Rivkin (1995) comentan que en la política, todo es percepción, actitud y reposicionamiento. Los AD se están volviendo unos genios del reposicionamiento. Y deben serlo, si desean sobrevivir.

Para efectos de esta investigación, se define al RGAD como: la permanencia de actores gubernamentales de nivel directivo (identificados en esta investigación como actores decisores [AD]) en el mismo puesto de trabajo o en otro de igual o superior rango jerárquico, en la misma OP o en otra del poder ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, México, no obstante que se presente un cambio de gabinete en la administración pública, independientemente de las razones que lo hayan ocasionado.

Para esta variable, la subvariable que se determinó para su medición fue el número de períodos de gobierno que el AD permaneció dentro de la administración pública (Figura 10) en cualesquiera de los puestos de los niveles 15, 17, 18, 19 y 20 del TPS; en cualesquiera de las OP del Poder Ejecutivo de dicha Entidad federativa.

Para efectos prácticos se definieron nueve etapas o períodos de gobierno entre 1979 y 2004, que es el lapso que abarcó esta investigación. A continuación se citan: a) 1979-1985. b) 1985-1987. c) 1987-1991. d) 1991. e) 1991-1992. f) 1992-1993. g) 1993-1997. h) 1997-2003. i) 2003-2004.

No todas las etapas o períodos tuvieron la misma duración, ya que para el establecimiento de los mismos, se tomó en cuenta el tiempo en que cada gobernador estuvo al frente del gobierno en el Estado de San Luis Potosí, México.

Las únicas etapas o períodos completos de gobierno en el estudio fueron a) 1979-1985 y h) 1997-2003 en cuanto a los demás, se trató de períodos parcializados. En el caso de d) 1991 sólo tuvo una duración de catorce días. El periodo señalado anteriormente como inciso i), comprendió del 26 de septiembre de 2003 al 31 de diciembre de 2004, en razón de que en esta última fecha se cerró la presente investigación, no obstante que esta administración pública panista concluirá el 25 de septiembre de 2009.

Una vez definida conceptualmente la variable del reposicionamiento gubernamental, se procedió a establecer la operacionalidad de la misma y su escala de medida. Todo ello se muestra en la Tabla 54.

Para la variable reposicionamiento gubernamental, únicamente se estableció una subvariable para su medición y la escala que se utilizó fue de tipo ordinal, tal y como se aprecia en la Tabla 54. Como en los casos de las variables racionalidad administrativa y racionalidad política, también para la variable reposicionamiento gubernamental, una vez que se definió su escala de medición, el autor seleccionó las técnicas estadísticas a utilizar.

En cuanto a las escalas de medida de las subvariables para medir el comportamiento de las tres variables utilizadas en este estudio, manifiesta Rendón (1997) que la escala de medición nominal hace uso de números u otros símbolos únicamente como un medio para separar las propiedades o a los elementos en diferentes clases o categorías. El número o símbolo que se asigna a una observación sólo sirve como un “nombre” o “etiqueta” para la categoría a la que pertenece la observación, de ahí el nombre de escala nominal.

Por lo que se refiere a la escala ordinal, dice Rendón (1997) que tiene lugar cuando únicamente son de interés las comparaciones mayor, menor, o igual entre mediciones. Continúa Rendón, que aquí el valor numérico de las mediciones sólo se usa como un medio para que las observaciones medidas se ordenen de menor a mayor. La diferencia entre la escala nominal y la ordinal, es que en esta última no sólo se admite la relación de igualdad, sino también la de mayor que y menor que (Rendón, 1997).

En el Anexo 2 de esta investigación, se encuentra un concentrado general de los datos ya procesados operacionalmente de las tres variables: reposicionamiento gubernamental, racionalidad administrativa y racionalidad política, con sus respectivas subvariables (una para el primer caso, veintidós para el segundo y ocho para el tercero, respectivamente).

En los Anexos 3 y 4, el autor muestra la concentración de los datos procesados de las subvariables nominales y ordinales correspondientes tanto a la variable racionalidad administrativa, como a la variable racionalidad política.

9.3 Determinación de la población para el estudio del reposicionamiento gubernamental

Una población se define como un conjunto o colección de objetos o de entes que se caracterizan por poseer ciertas propiedades específicas (Rendón, 1997:6). Continúa Rendón que las poblaciones por sí solas no son de interés, sino que se estudian por las características, propiedades o atributos que posea cada uno de sus elementos, que son de interés.

Comenta Levin (1988) que la población es una colección de todos los elementos que estamos estudiando y acerca de los que intentamos extraer conclusiones, por lo que se debe definir, de manera que quede claro si un elemento es o no miembro de ella.

Por otro lado, indica Pérez (2000) que una vez que se tiene claro el objetivo de los datos que se quieren recopilar, es necesario definir cuidadosamente la población que será muestreada, teniendo presente que se obtendrá una muestra de esa población que se definirá de tal manera que la selección de la muestra sea totalmente factible.

Para esta investigación la población objetivo se conformó con todos aquellos AD activos o fuera de servicio que se desempeñaron o se desempeñaban al cierre de esta investigación, en cualquiera de las OP de la administración pública centralizada o paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, México, dentro del lapso comprendido entre el 26 de septiembre de 1979 y el 31 de diciembre de 2004 (un período de 25 años).

En la Figura 11 el autor precisó con cuáles AD se realizó este estudio.

Para el caso del Estado de San Luis Potosí, la administración pública centralizada se integra con las siguientes dependencias (Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí [LOAPSLP] 1997): Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Planeación del Desarrollo, Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, Oficialía Mayor, Procuraduría General de Justicia, Contraloría General del Estado y Secretaría de Salud.

Cuando se habla de administración pública paraestatal, según el artículo 3° de la LOAPSLP (1997) se integra con las siguientes entidades: a) Los organismos descentralizados. b) Las empresas de participación estatal mayoritarias. c) Los fideicomisos.

En la mencionada LOAPSLP se habla por un lado de dependencias, y por otro de entidades. Para esta investigación, unas y otras constituyen lo que se identificó como organizaciones públicas (OP), tal como se indica en la Figura 12.

Con respecto de las dependencias, fue más fácil su identificación para el autor, ya que la propia LOAPSLP las menciona de manera precisa; pero no cuando se quiso identificar las entidades, porque se constituyen como instituciones derivadas de fideicomisos, patronatos, empresas de participación estatal y otro tipo de organismos descentralizados con personalidad y patrimonio propios.

Otro requisito que debieron reunir los elementos de la población objetivo, fue que los AD ocuparan o hayan ocupado cualesquiera de los puestos ubicados en los niveles 15, 17, 18, 19 y 20 del TPS, vigente al cierre de este trabajo y que la información de ellos se encontrara en los expedientes de personal que el autor revisó.

En el TPS no se tiene considerado el nivel 16, en virtud de que se destina para puestos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y esta investigación únicamente se enfocó al Poder Ejecutivo de la mencionada Entidad federativa, tal como ya se indicó en la introducción de este trabajo.

Comenta Pérez (2000) que la población que se cubrirá (población objetivo) será por lo general diferente de la que es en realidad objeto de muestreo (población investigada). Los resultados que se obtengan a partir de la población investigada se aplicarán a toda la población objetivo.

Nuestra población investigada fue de 200 casos, los que se seleccionaron de una revisión exhaustiva de cuatrocientos expedientes de personal, correspondientes a AD que reunieron los requisitos arriba citados, para ser elegidos.

Al concluir la revisión de los cuatrocientos expedientes, se determinó incluir en el estudio solamente doscientos casos, en virtud de que el resto de los expedientes seleccionados carecían de la información suficiente para realizar el análisis cuantitativo.