CAPITULO IV. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD. UNA APROXIMACION DE LA AUTORA CON EL CONTEXTO REAL

En el presente capítulo, se pretende dar respuesta a los objetivos específicos formulados. En este sentido, se requiere construir una serie de reflexiones analíticas relacionales con el discurso de los teóricos acerca de las políticas fiscales y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, relacionarla con la realidad y exponer el deber ser, obviamente, todo ello permeado transversalmente desde el paradigma de la criticidad.

En virtud de ello, se hace necesario realizar un análisis a profundidad de la discusión de las teorías que sustentan la investigación, las cuales comprenden las Teorías sobre el Desarrollo Económico, la Teoría del Estado Benefactor Keynesiano y la Teoría de la Sustentabilidad Social, a los fines de enlazarlos con los objetivos específicos planteados.

Igualmente, se hace un análisis de los referentes teóricos, tales como, la inversión, crecimiento sostenido y niveles de pobreza, para derivar de este estudio, el discurso interpelativo que se ha venido utilizando a lo largo de la investigación, y por esta vía, demostrar la veracidad de las hipótesis o premisas planteadas al comienzo del estudio, y derivar de allí, un corpus de reflexiones teóricas como opciones alternativas, para dar solución en lo posible, a la problemática planteada, que orienten el fin que se persigue, que es generar un óptimo bienestar social en la población venezolana, a través de un crecimiento sostenido, generación de empleo, estabilidad macroeconómica, entre otros, para superar los niveles de pobreza existentes en la sociedad.

La razón pragmática del estudio, es que el mismo sirva de aporte a las instituciones gubernamentales que requieran de la misma, como vertiente teórica para la toma de decisiones, así como también a futuras investigaciones relacionadas con el tema objeto de estudio. A continuación, el análisis relacional de variables y teorías, para demostrar las hipótesis planteadas.

Las políticas fiscales y otras políticas macroeconómicas, tales como, la política monetaria, cambiaria, social y de producción, representan los instrumentos adoptados por el gobierno nacional para la consecución de sus objetivos, esto es, el Estado establece los programas o modelos que permiten especificar la manera en que se pretenden alcanzar los objetivos de estabilidad macroeconómica y de bienestar económico y social. En virtud de ello, vale acotar, que la política fiscal no es sostenible, si los estímulos al crecimiento y bienestar social, no garantizan estabilidad macroeconómica. Y ésta consiste según Samuelson (ob. cit), en “mantener a la economía en su senda de crecimiento de equilibrio, a fin de estabilizar el ciclo económico y disminuir las recesiones, a través de su influencia en la demanda agregada” (p. 642).

En concordancia con lo citado, en la economía venezolana las políticas fiscales no son sostenibles en el tiempo, puesto que la sostenibilidad fiscal, está asociada a la estabilidad en los ingresos fiscales y al endeudamiento interno y externo, en la medida en que esos ingresos fluctúen, debido a la variación de los precios del petróleo (principal fuente de recursos del país), en esa medida surgirán los shocks externos de ingresos, originando de esta manera, que la economía venezolana presente una altísima volatilidad, por su dependencia de los precios del petróleo.

En cuanto al financiamiento, tanto interno como externo al que tiene que recurrir el Estado venezolano, para cubrir sus déficits fiscales, esta situación también afecta a la sostenibilidad fiscal, puesto que al destinar recursos para el pago del servicio de la deuda, está dejando de invertir esos recursos dentro del país, lo que afecta al bienestar económico y social, en cuanto a que se realizan menos inversiones y menos recursos serán destinados a educación, salud, servicios básicos, que mejoren el nivel socioeconómico de la población.

En el marco de tal concepción, al examinar la gestión fiscal, es posible encontrar serias deficiencias que entorpecen el óptimo desempeño de la política fiscal, impidiendo los objetivos de estabilización y bienestar. Sin embargo, vale acotar, tal como lo señala Rodríguez (ob. cit), “que el problema fiscal está causado, no por bajos ingresos (actualmente el precio del barril del petróleo es elevado, puesto que oscila entre 70 y 80 $), sino por su elevado nivel de gastos” (p. 47). En ese sentido, cabe destacar, que el gobierno ha mantenido una política expansiva del gasto público en este año y en años recientes, puesto que según información suministrada por el Ministerio de Finanzas (2007), el Presupuesto para el año 2007, terminó en 142 billones de bolívares, en comparación con el Presupuesto del año 2006, que fue de 100 billones, el cual tuvo un crecimiento nominal del 42%, pero al ajustarse por inflación el crecimiento real fue de 19,5%. Las autoridades señalaron, que se trató de controlar el volumen de las operaciones, así como los desembolsos para no presionar en la liquidez monetaria, sin embargo, el dinero en circulación se incrementó, afectando la política monetaria en los objetivos de preservar el valor de la moneda y la estabilidad de los precios.

Sobre el particular, se puede decir, que se está en presencia de la “enfermedad holandesa”, este término surgió en la década de los años 60, en los Países Bajos, cuando el descubrimiento de grandes reservas de gas natural desestabilizó la economía. Gracias a los enormes recursos de que disponen cuando aumenta el precio, en los petroestados se incrementa el valor de la moneda y las importaciones se vuelven muy baratas. La industria nacional y la agricultura se ven en serios problemas para competir con los productos del exterior y se agudiza la dependencia del petróleo. De igual manera, entre los años 2004 y 2007, Venezuela vivió un boom de importaciones, al punto que en el primer semestre del año 2007, absorbieron 74% de las divisas provenientes del petróleo, aunque para el año 2006, el porcentaje fue menor, también fue significativo, puesto que representó el 55% de las mismas. Siendo para el año 2006, los ingresos por concepto de exportaciones petroleras, 58.438 millones de $ y por concepto de importaciones estuvieron por el orden de 32.226 millones de $, según fuente del Banco Central de Venezuela (BCV) (ob. cit.).

Cabe destacar, que en períodos de bonanza petrolera, es necesario establecer un Fondo de Estabilización Macroeconómica para cubrir futuras pérdidas por concepto de disminución en los ingresos petroleros que puedan provocar los shocks petroleros. En virtud de ello, fue creado el Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica (FIEM), finalizando el segundo mandato del Presidente Rafael Caldera, según Decreto Presidencial del 04 de noviembre de 1998, con el objeto de “procurar que las fluctuaciones del ingreso petrolero no afecten el necesario equilibrio fiscal, cambiario y monetario del país” (Artículo 1 del FIEM ). Las aportaciones serían por cuatro conceptos: 1) Impuesto sobre la Renta causado por las empresas que se dedican al negocio petrolero, 2) los ingresos por impuesto a la explotación del petróleo y gas, 3) por los dividendos decretados y pagados por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y 4) los ingresos por impuesto sobre la renta, sobre ingresos que perciba PDVSA de compañías privadas que participen en la apertura petrolera.

Posteriormente, la Ley del FIEM fue modificada cuatro veces, el 26 de abril de 1999, el 04 de octubre del mismo año, el 11 de octubre de 2002 y el 07 de enero de 2003, mediante el cual se facultó al Presidente de la República para autorizar a PDVSA a retirar los recursos acumulados en el FIEM, sin que hubiese necesidad de reestimar los ingresos de exportación como resultado de una disminución de los precios del petróleo.

Dentro de este marco, vale señalar lo acotado por Guerra (ob. cit.), “estas reformas sugieren que en buena medida se ha desnaturalizado el concepto del FIEM, como fondo de estabilización, toda vez que parte de los desembolsos dependen de decisiones discrecionales y no existe un criterio técnico definido para activar tales desembolsos” (p. 113).

Finalmente, el 27 de Noviembre de 2003, fue derogado el FIEM y se creó el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), el cual está adscrito al Ministerio de Finanzas y tiene por finalidad “lograr la estabilidad de los gastos del Estado, en los niveles nacional, estadal y municipal, frente a las fluctuaciones de los ingresos ordinarios” (Artículo 1 del FEM), y el mismo está en concordancia con el Art. 321 de la Constitución Nacional que señala “se establecerá por Ley un Fondo de Estabilización Macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado, en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios”.

En función de esta apreciación, el mismo autor señala que:

La definición de un objetivo de estabilización de gasto en lugar de ingreso petrolero parece aconsejable, toda vez que el gasto tiene una incidencia más clara sobre el nivel de actividad económica. Igualmente, luce razonable haber removido la discrecionalidad en las reglas de aportes y retiros. No obstante, no existe consenso acerca de que la forma óptima de regular la volatilidad sea mediante un fondo de estabilización, ante alternativas como mejorar la gestión de Tesorería del Gobierno Nacional, todo ello sin considerar los costos cuasifiscales de un fondo de estabilización, que generalmente coloca sus recursos a una tasa de interés inferior a lo que obtiene el Ejecutivo por la emisión de deuda en los mercados financieros internacionales (p. 115).

Retomando las ideas expuestas, vale destacar, que aunque el FEM es importante para un control efectivo de los gastos del Estado, el FIEM también lo es, debido al grado de vulnerabilidad que presenta la economía venezolana, por el carácter procíclico que presenta la misma, producto de los vaivenes de los precios petroleros. Es por ello, que una de las principales recomendaciones para el fortalecimiento de la sosteniblidad fiscal, es que los países petroleros en períodos de bonanza, cuenten con un fondo para ser utilizado en periodos de escasez o disminución de recursos, debido a los altibajos en la economía petrolera. En virtud de ello, se evidencia el poco ahorro que presenta la economía en estos momentos, puesto que según fuente del BCV (ob. cit.), entre los años 2004 y 2007, los ingresos por concepto de exportaciones petroleras de Venezuela, ascienden a 166 mil millones de $ y en el Fondo de Estabilización, sólo están depositados 802 millones de $.

Es por ello, que debido al problema de la vulnerabilidad o la volatilidad de la economía de base petrolera, es imperativo la búsqueda de la estabilización macroeconómica, pero no sólo a través de valores nominales, sino de una economía real, donde el efecto inflacionario no influya en sus políticas de estabilidad. En efecto, la vulnerabilidad de la economía venezolana basada en el petróleo es evidente, y por ello se han tenido tantas fluctuaciones amplias, hacia arriba y hacia abajo. Actualmente, se tiene una de esas fluctuaciones que se podrían llamar favorables, se tienen elevados precios del petróleo, se tiene un volumen de producción regulado dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y se están percibiendo ingresos petroleros bastante considerables. De allí pues, que es el momento de enrumbar al país hacia sendas de crecimiento sostenido, hacia la transformación de Venezuela de una economía petrolera, hacia una economía realmente integrada, sin que ello signifique que el petróleo deje de tener importancia, en el que sean repartidos equitativamente los beneficios de esos excedentes petroleros en la población, en virtud de que el presupuesto de cada año, se calcula a un precio inferior al precio petrolero actual.

De modo que, ese excedente petrolero sea considerado como ingreso extraordinario, asimilable a un fondo de capital y asignable a la acumulación económica real y a la acumulación humana y social, en el que el desarrollo humano sea una concepción avanzada e integral del progreso social, más allá de lo puramente económico, puesto que no basta con generar riqueza material, hay que convertirla en mejoramiento de la gente, en elevación de las condiciones de vida del pueblo y en soberanía nacional. En definitiva, tomar como norte un proyecto nacional de desarrollo, donde todos los sectores participen, desde el Estado, el cual debe hacerse líder institucional de ese proyecto de desarrollo, que conduzca al país hacia la transformación de ese proceso de cambio, que abarque un sistema funcional de relaciones, donde se integren el propio Estado con el sector económico privado, el sector laboral y la sociedad civil.

Resumiendo, cabe destacar, que aunque ha habido esa afluencia extraordinaria de ingresos petroleros, en periodos anteriores y en el actual, en los últimos cinco años, ha habido ausencia de políticas efectivas y eficaces para canalizar esa vertiente a los fines del crecimiento y del desarrollo social.

En lo relativo a la Inversión, según Larraín y Sachs (ob. cit.), “ésta comprende el flujo de producción de un periodo dado, que se utiliza para mantener o aumentar el stock de capital de la economía” (p. 437). Lo cual significa, que al aumentar el stock de capital, el gasto de inversión hace crecer la capacidad productiva futura de la economía. Y la misma se divide en Inversión Privada e Inversión Pública. Con relación a la inversión privada, ésta constituye el parque industrial de todo el sector privado, que contribuye a la producción presente y futura, coadyuvando en la diversificación de la actividad económica, a través de la generación de empleos productivos, incrementos de la productividad, así como en la formación bruta de capital fijo e innovaciones tecnológicas.

De igual manera, la Inversión Pública, presenta dos fines de suma importancia, que son, la promoción del bienestar social y la promoción del desarrollo económico. Con relación al bienestar social, como lo señala Maza (1983), “exige con frecuencia la realización de obras no reproductivas, desde un punto de vista económico” (p. 507). Puesto que el activo real de la sociedad, no crece en función de esos gastos.

El mismo autor señala, que el Estado debe realizar inversiones para promover el bienestar social, el cual debe envolver aspectos tales como: la distribución progresiva del ingreso, la igualación efectiva de oportunidades de mejoramiento para los miembros de la sociedad, la seguridad social, facilidades para la culturización, pero también incluir aspectos económicos, tales como, la estabilidad del empleo, la difusión de los beneficios de la productividad, la defensa del salario real y la multiplicación de las oportunidades de consumo.

En esta perspectiva, la referida fuente manifiesta, que la modalidad más importante de la inversión pública, es la que se aplica a la promoción del impulso del desarrollo económico. Ello implica, no solo la dirección inversionista por parte del Estado, sino también debe enfocarse a la acumulación de capital social fijo, en la creación de la infraestructura de la economía, que facilite e impulse la inversión privada, De allí, que la inversión pública, junto con la inversión privada, deben ser las bases para impulsar el desarrollo económico.

Es por ello, que para lograr una tasa de crecimiento deseada, se necesita una elevada y sostenida inversión. Se requiere tanto de la inversión pública como de la inversión privada. Debe planificarse el destino de la inversión, con el fin de alcanzar una economía diversificada. Se debe hacer del desarrollo y no del crecimiento, lo importante, haciendo un uso razonable y eficiente de los recursos disponibles. La inversión deberá realizarse en actividades que fortalezcan la estructura productiva, la investigación y el desarrollo tecnológico, que impulsen la integración interna y, entre otros objetivos, fomenten mayor empleo, así como la formación del capital humano, indispensables en una estrategia de desarrollo económico-social y desarrollo humano.

En ese orden de ideas, cabe destacar, que en Venezuela, según información suministrada por Conindustria (2004), la diversificación basada en la industrialización se vio muy afectada, puesto que las exportaciones no petroleras registraron un estancamiento, como resultado de la aplicación de una política económica, que al enfatizar en el logro de un objetivo antiinflacionario, como el control de precios, por ejemplo, en medio de una falta de disciplina financiera, afectó el establecimiento industrial. Por tanto, la participación del sector industrial en la conformación del PIB no petrolero, retrocedió desde 20,9% en 1998, hasta 18,5% en 2003.

Igualmente, según manifiesta Guerra (ob. cit.), la inversión privada experimentó una caída, debido principalmente a la falta de nuevas inversiones en la formación bruta de capital fijo, la cual alcanzó su máximo en 1978, cuando se situó en 42,5% y ello ha generado disminuciones en la productividad, producto entre otras causas, a la inseguridad jurídica existente en el país, debido al tema de la propiedad privada.

Aporta la citada fuente, que en cinco años, tanto la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital del sector privado, como su valoración en términos del PIB acusaron una declinación de 11,6% promedio anual y 5.0 puntos porcentuales respectivamente, lo que cuestiona la capacidad de la economía venezolana para crecer de manera sostenida en el mediano plazo, en caso de continuar el proceso de desinversión anteriormente señalado. Aunque es necesario acotar, que actualmente la economía venezolana presenta un crecimiento del PIB del 10,3% anual, producto de los incrementos del precio del petróleo, es decir, la economía mantiene un crecimiento estable, gracias a un elevado gasto público, propulsado por el auge petrolero; tomando como referencia que en los primeros ocho meses del año (2007), los gastos del gobierno alcanzan 133 billones de bolívares, pero el mismo no es un crecimiento sostenido en la economía, puesto que el sector privado, no está creando nuevas fuentes de trabajo, no está generando nuevas inversiones, ni incrementando sus niveles de productividad, sino que el mismo es debido a la bonanza petrolera del sector público, es un crecimiento artificial.

Tanto es así que, como expresión de este proceso, según Conindustria (ob. cit.), el número de establecimientos industriales ha experimentado una disminución considerable que alcanza aproximadamente el 50% entre 1999 y 2003. Es decir, de 11.900 industrias que había en el año 1999, en 2003 han quedado 4.900. Es por ello, que como resultado de la caída de la inversión y la productividad media de la economía, la actividad económica del país tuvo un comportamiento desfavorable en cuanto a la tasa de desempleo, puesto que para el año 1998, ésta se encontraba en 11% y para el año 2003, la tasa de desempleo se situaba en un 16,8%, de por sí elevada, según fuente del Banco Central de Venezuela (BCV) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es por ello, que el aumento de la tasa de desempleo, conjuntamente con la mayor participación del empleo del sector informal en la ocupación total, coloca de manifiesto, un importante deterioro del mercado laboral en el periodo estudiado.

También es necesario considerar entre otras medidas, la inversión extranjera, para que impulse el desarrollo, que se destine hacia las actividades donde sean realmente útiles al país, que sea productiva y no de carácter especulativo, que no se lleven sus capitales, hacia sus países de origen. Que en realidad constituyan ingresos netos de recursos y no se destinen simplemente a comprar empresas nacionales. Es decir, que se implementen condiciones, que sean necesarias para emprender el crecimiento y desarrollo económico y social que se persigue. Tal como lo establece la Constitución de 1999, con relación a la inversión extranjera “la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. Todo ello, con la finalidad de tener un trato justo y equitativo con los inversores extranjeros.

Sin embargo, vale acotar, el deterioro que está presentando en estos momentos, algunos indicadores de la inversión extranjera en el país. A continuación se presenta un Gráfico del BCV (Nº 1), donde se refleja la disminución de la inversión extranjera en el país, en periodos recientes.

En lo que respecta a este gráfico, se aprecia la evolución de la cuenta Inversión Extrajera Directa (IED) en el país, obtenida de los datos emitidos por el Banco Central de Venezuela (BCV) en millones de dólares, en la balanza de pagos anual de los períodos 2002-2006, observándose un crecimiento del año 2003 con respecto al año 2002 de 1.258 millones de dólares de diferencia, lo que representa un 260% de incremento. Sin embargo, para el año 2004 decrece con respecto al año anterior en 557 millones de dólares, a la vez para el año 2005 con respecto al año 2004 la diferencia es de 1.100 millones de dólares en forma creciente, pero en términos generales hubo un crecimiento en esos años, y sus causas según información suministrada por el BCV, fueron por el incremento de las reservas internacionales, el aumento de los precios del petróleo y el control de los niveles de inflación. No obstante, el año 2006 presenta una situación particular, puesto que se ubica en una cifra negativa, lo cual implica que presenta una pérdida de 3.126 millones de dólares. Esta disminución de la IED para el año 2006, tiene su origen en las debilidades de la política exterior que ha presentado la economía venezolana, con relación a la inseguridad, que existe con respecto a la garantía de resguardar la propiedad privada. De allí, que el Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz (2007), señala en una entrevista al Diario El Nacional, que “para que exista inversión tanto extranjera como nacional, los derechos de propiedad, deben estar claramente definidos, puesto que quien invierte, espera tener derecho al retorno de su inversión”. Aunado a esta situación, se le suma el exceso de controles y normativas que se le exige a las empresas internacionales que desean realizar inversiones en el país.

Un ejemplo de ello, lo demuestra lo señalado por el Presidente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio (Venamcham) Edmond Saade (2007), en una entrevista realizada por el Diario El Universal, donde plantea:

Las inversiones de Estados Unidos disminuyeron en el año 2006 y terminaron en 19 millones de $, contra un promedio en los últimos 10 años, que fluctuaba entre 700 y 800 millones de $. Esto refleja una desinversión en el curso de este año, de 8 mil millones de dólares. Una tendencia sumamente perniciosa para el país, porque el capital es fundamental, tanto para la inversión, como para la creación de fuentes de empleo formal. Señala que 1.100 empresas norteamericanas establecidas en el país, generan 700 mil puestos de trabajo directa e indirectamente, sólo que cada día hay menos empleo formal, porque las empresas están cerrando o están reduciendo su actividad (p. 1-2).

El mismo entrevistado señala, que es prioritario que trabajen conjuntamente los tres sectores, el gobierno, el sector privado y el sector social, a manera de impulsar la economía hacia destinos más productivos, donde los niveles de empleo formal se incrementen y mejore el nivel socio económico de la población venezolana.

Por otro lado, el crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía, usualmente se mide como el aumento del producto interno bruto (PIB) real en un periodo determinado, y el mismo representa la expansión de la producción nacional de un país. Según Samuelson (ob. cit.), “cuatro factores son importantes para que exista crecimiento: 1) el capital humano, 2) los recursos naturales, 3) la formación o intensidad de capital y 4) la tecnología” (p. 512).

Cabe destacar, que estos factores pueden variar de unos países a otros, y algunos los combinan más eficazmente que otros y los mismos, como la tecnología y la intensidad de capital, son fuentes de crecimiento a largo plazo, es así como la tecnología multiplica la eficiencia en el trabajo, y la intensidad de capital determinan la rentabilidad y el crecimiento de una economía, puesto que la hace más rica y más productiva.

Con relación al período presidencial 1988-1993 (Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez), este período presidencial, se inició con el Plan de Ajuste Macroeconómico en 1989 (Paquete Económico), el cual consistía en una política de estabilización económica y un programa de reestructuración económica (bajo los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial), estos nuevos lineamientos significaban un cambio del modelo de acumulación, con el objetivo de impulsar un proceso de amplia y rápida capitalización de la economía, para lograr objetivos de crecimiento y estabilidad macroeconómica, pero estos objetivos no se pudieron cumplir en su totalidad, debido a los conflictos sociales surgidos a finales de febrero de ese mismo año, debido a la medidas implementadas por el gobierno nacional.

En virtud de ello, según fuente del BCV (ob. cit.), la economía venezolana estuvo caracterizada por los siguientes indicadores económicos, la economía se contrajo en un 8,1%, la tasa de inflación llegó a un 81% en el año 1989, las reservas internacionales se ubicaron en 7.411 millones de $, el déficit de la balanza de pagos disminuyó y el déficit público llegó a un 1,7% del PIB, cifra por debajo de lo que se había estimado. Al principio de la década de los años noventa, se logró un acuerdo con la banca acreedora, pues la deuda se redujo a un 20% y el pago de interés de la misma en un 50%. Pero la economía creció en un 5,3%. El sector de la banca y seguros superó el 23% en crecimiento y la agricultura se halló en un 1,3%. La tasa de desempleo se ubicó en un 10%, la inflación se situó en un 31,86% en 1992, se observó un exceso en la balanza de pagos, pues las reservas internacionales aumentaron a 11.700 millones de $. La Política Fiscal utilizada fue de corte expansivo, puesto que el sector público elevó sus erogaciones con miras a estimular el crecimiento de la economía. La expansión del gasto público, se tradujo en un efecto reactivador, que sobre la demanda agregada interna ejercieron tanto el sector público, como el privado. Tal efecto, ejecutó a su vez una fuerte presión sobre el nivel de precios, lo que se tradujo en inflación. Para el año siguiente la economía tuvo un fuerte crecimiento del 9,2%, en el cual el sector petrolero estaba profundamente vinculado. A continuación se presenta la Tabla No. 6, en la cual se muestra la evolución de la Inflación en el periodo presidencial estudiado:

En la Tabla Nº 6, se observa que el año que presentó una mayor inflación fue 1989, esto fue debido entre otras causas, a la liberación de precios que el gobierno implementó para ese entonces, lo que originó los conflictos sociales que tuvo que enfrentar el gobierno nacional en ese año, lo cual incrementó la inflación en un 128% con relación a la inflación del año anterior, causando un aumento de los productos de la cesta básica y alimentaria, debido al proceso inflacionario.

Por otra parte, se logró un ligero mejoramiento en la población, puesto que la tasa de desempleo descendió a un 8,8% y la tasa de población empleada en el sector informal era alrededor de un 40,5%. También los sueldos y salarios mejoraron y el consumo de alimentos se situó en un 20% aproximadamente. Sin embargo, la población no captaba esa mejoría, puesto que la distribución del ingreso seguía repartiéndose en forma desigual y tampoco se lograba evitar la gran dependencia de la economía con el sector petrolero. Es allí cuando irrumpen los fallidos golpes de Estado del 04 de febrero y 27 de noviembre de 1992. Y el Presidente manifiesta su deseo de suspender su política de ajuste, como los aumentos en el precio de la gasolina y a su vez, estabilizar los precios de la cesta básica y de las medicinas, al igual que las tarifas de los servicios públicos, debido a la liberación de precios de todos los productos y servicios, que había implementado en sus políticas de ajuste. Finalmente, el Presidente es suspendido de su cargo a mediados de 1993 y es sustituido por Ramón J. Velásquez (Presidente encargado) hasta enero de 1994.

En otro orden de ideas, en este período presidencial, las políticas fiscales implementadas, a través de la ejecución de los programas sociales con el fin de aliviar la pobreza y mejorar el bienestar social de la población, a través del Plan de Enfrentamiento a la Pobreza (PEP), en el marco del VIII Plan de la Nación, mejor conocido como el “Gran Viraje” fueron las siguientes: El PEP estuvo integrado por veinte programas sociales, distribuidos en seis áreas prioritarias: 1) Nutrición: (Beca alimentaria, Beca Láctea y de Cereales, Vaso de Leche Escolar, Merienda Escolar, Comedores Escolares, Lactovisoy al Escolar) 2) Salud: Impulso a la atención primaria preventiva, especialmente a través del Programa Alimentario Materno Infantil (PAMI), en sus tres componentes: Suministro Alimentario, Prevención en Salud y Programa de Atención Comunitaria, 3) Educación: Dotación de uniformes y Útiles Escolares, Ampliación de la Cobertura de Preescolares, Compensación Socio Pedagógica y Cultural, Capacitación y Empleo Juvenil y Subsidio al Pasaje Preferencial Estudiantil 4) Protección Social: Hogares de Cuidado Diario, 5) Empleo y Seguridad Social: Seguro Paro Forzoso, Programa de Apoyo a la Economía Popular, Programa Nacional de Beca Salario, 6) Vivienda e Infraestructura Social: Vivienda rural, Proyecto de Mejoramiento en Barrios (Promueba) y Programa de Inversión Social Local (Proinsol). Comisión Presidencial para el Enfrentamiento a la Pobreza, (1989).

Es de hacer notar, que la primera parte de la estrategia social de este período de gobierno, estuvo constituida por el suministro de los subsidios directos, y la segunda parte, complemento de la primera, por un conjunto de grandes proyectos de inversión en servicios e infraestructura, (en los sectores de educación, salud, desarrollo social, agua potable y seguridad social), conocido como megaproyecto social. Este último fue previsto como un gran programa armonizador de múltiples proyectos, para dar cumplimiento al objetivo de alcanzar la eficiencia y la equidad de los servicios sociales, para favorecer a las clases más golpeadas por el Plan de Ajuste Macroeconómico, iniciado en febrero de 1989. Cordiplan (1990).

En el marco de tal concepción, si bien los programas compensatorios constituyeron el mayor esfuerzo realizado por gobierno alguno en Venezuela, en materia de atención a la pobreza, sólo se logró compensar la caída de los ingresos de la población parcialmente. De igual manera, en cuanto a la atenuación de la pobreza, la política compensatoria tampoco logró generar los cambios esperados, puesto que en 1990, segundo año del ajuste económico y de aplicación del PEP, los índices disminuyeron levemente, la tendencia durante toda la década fue incremental.

En virtud de ello, estos programas sirvieron de paliativo para aliviar la pobreza en su oportunidad, pero tuvieron inconvenientes al observar sus resultados, según manifiesta Alvarado (ob. cit.), entre ellos se tienen: 1) la política social se centraliza en programas de escasa cobertura. No incorpora a gran escala a la población objetivo para beneficiarse de las bondades de los programas. Por ejemplo, según la Encuesta Social de la OCEI, en 1991, del total de niños considerados, el 53,20% no está incorporado al programa PAMI. Para 1992 el porcentaje asciende a 62,38%, siendo 33,89% el total de hogares cuyos miembros no son beneficiados. Igual situación ocurre con las mujeres embarazadas lactantes y hasta 6 meses de postparto, para 1992, el 50,66% no estaban incorporadas al PAMI. Al revisar las causas en ambos casos y años, se encuentra que más del 50% no lo hace porque desconoce el programa, lo cual demuestra la escasa promoción del mismo. 2) Existen grandes desviaciones del objetivo central, 3) No estimulan al beneficiario a salir de la pobreza, sino más bien a permanecer en ella, para seguir recibiendo bienes gratuitamente 4) Cuando el número de usuarios es tan alto, se hace muy difícil la focalización selectiva de beneficiarios y los abusos se multiplican, 5) Los subsidios directos son antieducativos, en contraste con las medidas indirectas, que son invisibles y silenciosas y 6) No insertan a la propia población beneficiaria en el seguimiento y evaluación de los programas, es decir, no propician su participación, en función de sus necesidades.

En ese orden de ideas, se presenta a continuación la Tabla No. 7, donde se observan los niveles de pobreza extrema y pobreza total en el periodo en estudio:

Nótese que con relación a la Pobreza Extrema y Total, en el año 1991 fue mayor el porcentaje de pobreza que en años anteriores, debido entre otras causas, a la liberación de precios, al proceso inflacionario, al desempleo, a la disminución en las mejoras socioeconómicas, al difícil acceso al mercado de trabajo de los grupos más vulnerables, entre otros, para después en el año 1993, descender levemente. Recuérdese que se entiende por Pobreza Extrema según el INE (ob. cit), aquel grupo de población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria, y por Pobreza no Extrema o Crítica, aquel grupo de población cuyos ingresos no son suficientes para adquirir la Canasta Básica (Alimentos y Servicios).

Por su parte, en atención al desempleo, según datos de la OCEI (1992), entre diciembre de 1988 y el primer semestre de 1991, se registró una pérdida de 109.689 empleos formales y un aumento de 353.793 puestos informales. El aumento neto de los puestos de trabajo fue de 204.104, inferior al registrado por la fuerza laboral en ese periodo (526.982). Esto explica el aumento del desempleo de 6,9% a 10,4% y debido a ello, los empleos formales pasaron de 61,9% en diciembre de 1988 a 59,8% en junio de 1990.

Igualmente, cabe destacar, que para el período 1990-1992, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2005), el número de personas desnutridas en Venezuela era de 2.300.000, para una población total de 20 millones de habitantes para ese período, lo cual representa un 11% de la población, esto fue debido, a la falta de acceso a algunos programas sociales por parte de la población en situación de vulnerabilidad, al incremento del desempleo, a la liberación de precios, a la inflación, a las condiciones socio económicas en la cual viven algunos sectores de la sociedad, entre otros.

Es por ello, que en este periodo se observa, que las políticas fiscales implementadas no repercutieron en una mejora del bienestar social de la población venezolana, en virtud de los indicadores presentados, aunque se hicieron esfuerzos para lograrlos a través de los programas sociales implementados durante ese período.

Con relación al periodo presidencial del año 1993 (tomó posesión Ramón J. Velásquez, por ese año), se estableció el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley General de Bancos y otros Institutos Financieros, la Reforma a la Ley del Sistema de Ahorro y Préstamo y la Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se estimuló el proceso de descentralización al aprobar la transferencia de mayor número de competencias a los Estados y al crear el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES). No obstante, se descuidó aún más el control sobre la gestión fiscal, elevando la inflación hasta un 45,9%, y el crecimiento fue apenas un 0,7% en ese año. La apertura hacia una economía de mercado se paralizó en su totalidad.

Con respecto al período presidencial 1994-1998 (Dr. Rafael Caldera), el año 1994, estuvo caracterizado por la gran crisis bancaria, comenzando con la intervención del Banco Latino, el derrumbe e intervención de las instituciones bancarias y la fuga de capitales por concepto de auxilios financieros que el Estado le otorgó a la Banca y como consecuencia, muchos ahorristas estuvieron afectados por la pérdida de sus ahorros, al igual que se perdió la confianza y credibilidad de los nacionales y extranjeros en la banca, sumándole a la economía un grave desequilibrio por la sustracción de capitales. Como resultado de esta situación, se obtuvo una gran disminución en las reservas internacionales del país, por lo que el Presidente se vio obligado a instaurar un Control de Cambios, que fue desmontado en 1996.

En virtud de ello, se establecieron ajustes en materia de política fiscal, monetaria, cambiaria, comercial y social, con el fin de reestablecer los equilibrios macroeconómicos, se reestructuró el IX Plan de la Nación, bajo el nombre de Agenda Venezuela, a través de un nuevo acuerdo con los organismos multilaterales, es decir, se negoció con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (FMI, BM y BID) y se ejecutó en 1996, esto es, se realizaron una serie de propósitos para combatir la inflación, a través de la restitución de los equilibrios macroeconómicos, la recuperación del sistema financiero y del crecimiento de la economía, en un marco de equidad social. Para tal fin, se diseñó un plan de acción a mediano y largo plazo, el cual se concretaría a partir de cuatro microprogramas, que se correspondían con los cuatro grandes objetivos de la Agenda: 1) Programa de Estabilización Macroeconómica, integrado por las políticas económicas nombradas anteriormente, más la política de estabilización financiera, 2) Programa de transformación productiva, 3) Programas de Reformas Institucionales y 4) Programa de Desarrollo Social. El objetivo central de este programa era proteger a las familias de menores recursos y los objetivos específicos eran los siguientes: amortiguar y moderar la inflación, compensar el ingreso de las familias menos solventes, crear empleo y generar ocupación para los jóvenes y otros sectores vulnerables y enfrentar el aumento de la pobreza.

Cabe destacar, según lo manifiesta Alvarado (ob. cit), que al término de la vigencia de la Agenda Venezuela, no se superó la etapa de estabilización y menos la de recuperación de la economía. Los logros parciales en materia de estabilización, no redundaron en un fortalecimiento de las bases del desarrollo productivo y de la inversión, ni en la consolidación del ahorro nacional. A pesar del anuncio de recuperación moderada de la economía; en lo social persistió y se profundizó el desempleo, el deterioro de los salarios reales, la inflación, la contracción del consumo y la pobreza, que agudizaron la inequidad y la exclusión social. Por tal motivo, es conveniente señalar, según información del Ministerio de la Familia (1999), que entre 1995 y 1997 la pobreza, según medición por Línea de Ingreso, creció de 30% a 69% y el desempleo de 10% a 12,4%.

En relación a lo anteriormente señalado, a continuación se presenta la Tabla Nº 8, la cual muestra la evolución de la Inflación en este periodo presidencial, y por ende, el deterioro del salario real:

En la Tabla Nº 8, se observa que la tasa de inflación para el año 1996 fue del 103,24%. Cabe destacar, que este porcentaje de inflación mencionado con anterioridad, ha sido el más alto que se ha registrado en la historia económica de Venezuela, esta alta inflación fue debido al incremento de los precios de la gasolina, lo cual incrementó los precios de todo el sistema de comercialización, a la crisis bancaria, a la fuga de capitales y a la disminución de las reservas internacionales, entre otros. De igual manera, la economía estuvo caracterizada por el descenso de 1,6% del Producto Interno Bruto, esta caída del PIB es la tercera que se reconoce en forma continua, y una tasa de desempleo de 12,4%, fueron los efectos de este programa en 1996. Aunado a esta situación, cabe destacar, que los ingresos petroleros en este periodo presidencial fueron considerablemente bajos, llegándose a cotizar el barril a 8 $, por lo que hubo una merma en los ingresos, por concepto de renta petrolera. Es importante destacar, que debido a ello, durante su gobierno se aumentó el Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor (ICS) hasta un 16,5%, al igual que el precio de la gasolina entre el 500% y 600%, utilizando una política de consenso entre todos los sectores de la sociedad.

Por otra parte, los programas sociales implementados en este periodo presidencial a través de las políticas fiscales, para aliviar la pobreza, llamado Plan de Solidaridad Social (PSS), el cual sustituye al Plan de Enfrentamiento a la Pobreza (PEP), se dividieron en tres partes, que a su vez integraron los catorce programas compensatorios: I) Compensación del ingreso y protección de la población vulnerable: Subsidio Familiar, Programa Alimentario Escolar (PAE), Merienda y Comedores Escolares, Incremento del Ingreso a los Pensionados por vejez, Protección al Anciano, Programa Ampliado Materno Infantil (PAMI), Hogares y Multihogares de Cuidado Diario, Dotación de Materiales Médico-quirúrgico; II) Disminución del Impacto Inflacionario: Subsidio al pasaje estudiantil, Programa de Alimentos Estratégicos, Dotación de Útiles y Materiales Escolares, Suministro de Medicamentos; III) Capacitación y Empleo: Capacitación y Empleo Juvenil, Fortalecimiento Social. Cordiplan (1996).

Es oportuno mencionar, que con relación a la efectividad de estos programas de protección social, la cobertura fue insuficiente y desigual, puesto que la población en extrema pobreza, no pudo acceder a la asistencia institucionalizada (al quedarse fuera de las redes escolar y ambulatoria), mientras que la población clasificada como pobre, era atendida por varios programas a la vez. Es por ello, que sin negar la calidad de estos programas sociales, fue indudable que los gobiernos en la década de los años noventa, se desviaron de las soluciones con relación a la lucha contra la pobreza, a la luz del comportamiento de los indicadores presentados en la economía durante ese período, de allí que el impacto en la aplicación de las políticas fiscales a través de la implementación de los programas sociales que se facilitaron, especialmente en el sector salud y educación, fue bajo. En virtud de ello, a continuación se presenta el Gráfico No. 2, donde se señala el porcentaje de hogares pobres, según las necesidades básicas insatisfechas, para los años 1994 y 1997:

Nótese que para los años 1994 y 1997 el porcentaje de pobreza extrema se mantiene casi igual (18,79% y 18,89% respectivamente) y en relación al porcentaje de pobreza no extrema o crítica, sucede la misma situación, ambos porcentajes se mantienen 25,88% y 25,87% comparativamente), lo cual significa que los niveles de pobreza se mantuvieron, debido a las políticas de alivio a la pobreza que se implementaron durante el periodo en estudio, aunque las mismas no contribuyeron a erradicarla. En virtud de ello, cabe destacar la siguiente Tabla (Nº 9), donde se enfatiza el porcentaje de población pobre desde el año 1980, tanto en pobreza crítica como extrema, tomando en consideración que el problema de la pobreza, es un problema estructural.

La Tabla Nº 9 muestra el porcentaje de población pobre en Venezuela, obsérvese que en los años 1990-1992 el porcentaje de pobreza extrema disminuyó, y en los años 1990-1991 el porcentaje de pobreza crítica también disminuyó, debido al

comienzo en la implementación de los programas sociales. No obstante, en el periodo presidencial, que va desde 1988 hasta 1993 y parte del siguiente, que abarca desde 1994 hasta 1996, el porcentaje tanto de pobreza crítica como extrema, ha ido creciendo en términos generales.

En relación a lo anteriormente señalado, cabe destacar, que en el país, las ideas de políticas de alivio a la pobreza integradas a los programas de ajustes promovidos por el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, influenciaron las agendas sociales venezolanas aplicadas por los gobiernos nacionales durante el periodo 1989-1998. En tal sentido, estas estrategias y acciones sociales definidas para intervenir la pobreza, han servido de alivio a la pobreza, más no a su eliminación. En virtud de ello, se ha observado que esos programas no han permitido alcanzar el bienestar y la equidad social, tal como se demuestra en el estudio realizado a más de 13.000 hogares venezolanos en 1998, en el Proyecto Pobreza por Ugalde, et al. (ob. cit), de los 12.842.263 venezolanos mayores de 18 años, un 51,2% de ellos pertenecían a hogares en situación de pobreza.

Cabe subrayar, que el aumento de la pobreza en Venezuela está íntimamente relacionada con las condiciones del mercado laboral. La escasa demanda de empleos productivos (formales), ha hecho que entre 1990 y 2000, de cada 100 personas que ingresaban al mercado laboral, sólo 12 encontraron trabajo en el sector formal de la economía. Es por ello, que para el 2do semestre de 1998, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector formal estaba formado por 1.109.017 ocupados y el sector informal por 4.370.373 ocupados. Debido a ello, el aumento del desempleo asociado al Programa de la Agenda Venezuela, no fue tan grande, porque ya había ocurrido una disminución del empleo durante la crisis bancaria de 1994. Por lo que entre diciembre de 1993 y diciembre 1994, el INE registró una pérdida de 508.837 puestos formales y un aumento de 622.261 puestos informales. Es decir, entre 1993 y 1994 el empleo formal pasó de 59,1% a 50,9% y la informalidad pasó de 40,9% a 48,6%.

Por otra parte, durante el periodo presidencial 1999-2006 (TCnel. Hugo Chávez), la política económica instrumentada desde 1999, estuvo condicionada por un conjunto de dificultades. En primer lugar, según lo manifiesta Guerra (ob. cit.), existía incertidumbre acerca del rumbo económico que seguiría Venezuela, en segundo lugar, los precios del petróleo para esa fecha (1999), se encontraban en niveles históricamente bajos, debido, entre otros elementos, a la política de aumentos de la producción y violación de cuotas en que incurrían los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y una menor demanda de crudos, ocasionada por la recesión de la economía mundial.

Finalmente, señala la citada fuente, y en parte como derivación de lo anterior, una situación fiscal comprometida que auguraba un desajuste de las cuentas públicas, toda vez que en 1998 el Gobierno Central cerró con un déficit equivalente a 4,1 % del PIB. Similarmente la economía estaba entrando en un ciclo recesivo que se manifestó en una tasa de crecimiento del PIB del 0,2% en 1998, que contrastaba con la de 6,4% del año anterior, como resultado entre otros factores, de una política monetaria de corte restrictivo para asegurar que el tipo de cambio permitiera lograr el objetivo de la inflación. Y con relación al año 1999, el PIB mantuvo su ciclo recesivo, observándose una tasa de crecimiento negativo del -6,1% del PIB.

De igual manera, el ingreso por habitante experimentó una disminución de 25,9% entre 1999 y 2003, contrariamente a lo establecido en el Programa de Gobierno y en los diferentes programas económicos anuales, en los cuales se asumía un mejoramiento, tanto del ingreso como de las condiciones de vida de la población. En lo relativo al objetivo de lograr una economía competitiva, según el BCV (ob. cit.), la variable empleada refleja un aumento importante de la participación de los bienes de consumo de origen importado en detrimento de los bienes de capital y las materias primas del sector privado, lo que sugiere un probable aumento de la porción del consumo doméstico cubierto con mercaderías importadas, no obstante, la depreciación del tipo de cambio en 2002, el cual para 1998 estaba en 570 Bs. por $ y para el año 2002, se encontraba en 1.600 Bs. por $ y el establecimiento de un control de cambio integral a partir del mes de febrero del año 2003. Actualmente, la paridad cambiaria se encuentra en 2.150 bolívares por $.

Similarmente, desde el punto de vista de la diversificación, las cifras evidencian que ha aumentado la dependencia de la economía del sector petrolero, toda vez que las exportaciones no petroleras han disminuido su ponderación en el total de las exportaciones, puesto que para el año 1998 las exportaciones no petroleras correspondían al 21,2% del total de las exportaciones, y para el año 2003, disminuyeron dos puntos porcentuales (19,2%). Con relación a la sostenibilidad y volatilidad en la economía, cabe destacar que para que el tipo de cambio pueda fungir como ancla de precios, es necesario que las gestiones fiscales sean sostenibles en el tiempo y las mismas pasen a desempeñar un papel básico para lograr el equilibrio presupuestario. En lo que respecta a eliminar la volatilidad económica, cabe destacar que, la volatilidad impone una restricción al crecimiento por la incertidumbre que ella supone, lo que distorsiona la asignación de recursos en la economía.

Una de las principales fuentes de volatilidad en el país, es la política fiscal, cuyo desempeño está sujeto a acontecimientos del mercado petrolero, lo que puede generar shocks en la economía, a través de la disminución de los precios del petróleo, lo que hace que disminuyan los ingresos por concepto de renta petrolera y para ello, no se cuenta con un verdadero fondo de estabilización que suavice la trayectoria del gasto. Puesto que las reformas que se han introducido en el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), han distorsionado la razón de ser de este instrumento, al modificarse las reglas para el aporte de los recursos por parte del Ejecutivo Nacional y aumentarse la discrecionalidad en el uso de los montos acumulados. En estas condiciones, la volatilidad del nivel de actividad económica se ha incrementado en el período analizado.

Con relación a la Política Fiscal, las medidas fundamentales por el lado de los ingresos fueron la implantación del Impuesto al Débito Bancario (IDB) con una tasa del 0,5% y la sustitución del Impuesto a las Ventas y al Consumo Suntuario (IVCS) por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una reducción de un punto porcentual de la tasa sin ampliar la base imponible. En cuanto a las erogaciones se acordó un recorte del gasto público, equivalente a 1,5% del PIB. Con respecto al año 2002, en vista del deterioro del mercado petrolero, se contempló una reducción del gasto en 1% del PIB y se previó un aumento importante de la recaudación no petrolera, principalmente por conceptos de IVA, ISLR y Aduanas.

Entre las medidas de política para aumentar los ingresos públicos, consistieron en modificar impuestos indirectos existentes, entre los que destaca la eliminación de exenciones al IVA, el aumento de la tasa del IVA a 15,5% y el incremento de la alícuota al IDB a 1%. Similarmente planteó mejoras en la verificación aduanera y en el programa de fiscalización de la recaudación. Igualmente, en 1998 el precio del barril de petróleo estaba en 8 $ por barril, pero para el año 2006 el precio cerró a 71 $ el barril, precio bastante elevado en comparación con el obtenido en el año 1998, significa entonces que el Estado Venezolano ha percibido por concepto de renta petrolera en este período presidencial más de 200 mil millones de $. Por otro lado, un elemento de vulnerabilidad fiscal, lo representan los déficits primarios, por cuanto ello significa, que el gobierno debe financiar el gasto ordinario con más endeudamiento, lo que se traduce en mayor acumulación de deuda.

En virtud de ello, un elemento que puede comprometer las gestiones fiscales futuras es el notable aumento de la deuda interna, que contratada a tasas reales de interés que exceden a la de crecimiento de la economía, representa una restricción para lograr la sostenibilidad fiscal, la cual ha pasado de 2,3 billones de Bs. en 1998 a 27 billones de Bs. en 2006. Por tal motivo, cuando la deuda crece a un ritmo mayor que el PIB, la economía no es capaz de generar los ingresos que permitan servir la deuda que se ha contraído y por tanto, el mecanismo de financiamiento que impera es aquel que implica la desvalorización de la deuda pública, mediante un aumento del nivel de precios o, equivalentemente, mediante la devaluación de la moneda.

Conviene destacar, que el paro del sector petrolero y de las actividades empresariales que ocurrió entre diciembre 2002 y enero 2003, contribuyó decisivamente en la disminución de la actividad económica en 2002 y creó un clima adverso para el desempeño de la economía durante el año 2003.

En lo relativo a la inflación, tras la adopción del sistema de bandas cambiarias en julio de 1996, la política antiinflacionaria se sustentó esencialmente en la estabilidad del tipo de cambio, con mayor énfasis entre febrero de 1999 y febrero de 2002, cuando se abandonó el régimen de bandas cambiarias y se adoptó un esquema de flotación administrada, mediante subastas de divisas. Esa estrategia contra la inflación, se vio favorecida por una sólida, aunque con tendencia a la baja, posición de las reservas internacionales del BCV producto de la mejora de los precios del petróleo en 1999 y 2000. Hasta enero de 2002, la política cambiaria cumplió una especie de rol dual, por una parte servía para estabilizar el tipo de cambio mediante la intervención del BCV en el mercado de divisas y, por la otra, esa presencia del instituto emisor permitía que el exceso de oferta monetaria se drenara a través de las transacciones externas, con lo cual el régimen cambiario se asemejaba a uno de paridad fija.

A continuación se presenta la Tabla Nº 10, mostrando los distintos regímenes cambiarios implementados en Venezuela.

En la Tabla Nº 10, se presentan los Regímenes Cambiarios en Venezuela, obsérvese que el período que ha representado mayor estabilidad económica en Venezuela fue el de 1964-1983, durante casi 20 años, el cual estuvo caracterizado por un tipo de cambio fijo, donde se cotizaba el dólar a 4,30 Bs. A partir de allí, comenzó la devaluación del bolívar, hasta la actualidad, tomando en cuenta el dólar paralelo. Igualmente, cabe señalar, que en febrero 2003, se cambia el régimen cambiario y se coloca un tipo de cambio fijo hasta el presente, el cual representa 2.150 Bs. por $, en el mercado oficial. En lo relativo a la economía social, se implantaron las misiones a partir del año 2003, con la finalidad de atenuar los niveles de pobreza existentes en el país. (Parafraseo de Guerra, ob. cit). A continuación se presenta la Tabla Nº 11, en la cual muestra la evolución de la Inflación para el período 1999-2006:

Según la información que presenta la Tabla Nº 11, nótese que hubo una disminución de la Inflación para el año 2001, esto fue producto del anclaje cambiario, el cual su efecto más visible y favorable fue el descenso de la misma después de 1997 (37,61%), hasta bordear el nivel de un dígito en el año 2001, cuando alcanzó el 12,3%, luego para el año 2002 la inflación se incrementó, alcanzando un 31,2%, originado por la paralización de la actividad económica y el paro petrolero.

Con relación a las políticas implementadas durante los años 2004 al 2006, se ha seguido la misma línea aplicada en años anteriores, con la particularidad de que se implementó un control de precios, lo que ha originado que algunos productos de la cesta alimentaria se han escaseado y otros han aumentado de precio, y la deuda interna y externa se ha seguido incrementando, puesto que la interna ya va por el orden de los 33 billones de bolívares (15 mil millones de $) y la externa por 45 mil millones de $, según fuente del Ministerio de Finanzas.

Las Políticas Fiscales ejecutadas a través de los programas sociales, implementados durante el periodo 1999-2006, como alivio a la pobreza y para la consecución del bienestar social de la población venezolana, se ejecutaron a través del Plan Estratégico Social (PES), el cual es entendido “como un instrumento de planificación política, creado con el propósito de transformar la calidad de vida del pueblo venezolano, viabilizando la aplicación integral de los derechos garantizados constitucionalmente y el desarrollo de los objetivos del proyecto político nacional”. (MSDS: 2002:1), y el mismo estaba incluido dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Nación) 2001-2007, y los cuales fueron: 1) El Plan Bolívar 2000 y 2) Las Misiones:

1) El Plan Bolívar 2000 representó una alianza cívico militar para atender socialmente a las comunidades más necesitadas, el cual comprendió un conjunto de actividades de asistencia públicas dirigidas a mejorar y construir viviendas, infraestructura educativa, de atención en salud, e incluyó también un programa de empleo rápido, suministros de alimentos e implementos, entre otras acciones de beneficencia en las comunidades de extrema pobreza. El conjunto de estas acciones debía apoyarse en la organización de las comunidades y el mismo fue realizado como plataforma de las estrategias de la lucha antipobreza del gobierno y tuvo tres objetivos principales: poner en contacto a la institución castrense con los habitantes de las comunidades, organizar a estas comunidades y asistirlas en la satisfacción de sus necesidades más básicas.

Cabe señalar, que el principal objetivo del Plan Bolívar 2000, era combatir la pobreza y la exclusión, pero el mismo resultó conceptualmente inapropiado, dado su carácter meramente asistencial y sin pertinencia para solventar los problemas estructurales que tiene por misión atender, por presentar prácticas burocráticas, clientelares, improvisación, pragmatismo, solapamiento de funciones y criterios propios del sector militar, pero impropios del sector social. (Gómez, 2001, citado por Alvarado). Sin embargo, el Plan cumplió sus objetivos en materia de mercados populares, empleos provisionales, consultas médico-odontológicas, recuperación de infraestructura educativa y deportiva y atención al indígena, entre otros. No obstante, continúan los indicadores de desempleo, pobreza y exclusión, puesto que la principal herramienta para combatir el deterioro del nivel socioeconómico de la población, no es a través de un Plan Asistencial, sino a través de una estrategia integral de lucha contra la pobreza, para mejorar el nivel de bienestar social de la población venezolana.

2) Las Misiones surgen en el año 2003, como una iniciativa del Gobierno Nacional con el propósito de atender los principales problemas sociales de los sectores populares en las áreas de educación, salud, alimentación, empleo y vivienda. De allí se derivan las misiones que están relacionadas con objetivos de naturaleza social, como son las que tienen que ver con la atención primaria en salud (Barrio Adentro I, II y III), las misiones educativas (Robinsón I, II y III, Ribas y Sucre), Seguridad Alimentaria (Misión Mercal I y II), la capacitación para el trabajo (Misión Vuelvan Caras), y la Misión Vivienda y Hábitat, entre otras.

Es de hacer notar, que la implementación de las Misiones, ha seguido en esencia, el mismo patrón asistencialista de los gobiernos anteriores. Tal como lo señala Alvarado (ob. cit), “las misiones conforman un conjunto de programas sociales de corte básicamente, asistencialista y focalizados que requieren para su ejecución, una nueva organización popular que los sustente y les otorgue viabilidad” (p. 431). Esto es, el gobierno ha tenido como finalidad, paliar las emergencias sociales y asistir a los sectores más pobres y necesitados, lo cual no deja de tener importancia, pero la misma ha impedido que se conforme una política de carácter estructural de lucha contra la pobreza. En virtud de ello, es necesario desarrollar acciones sociales que involucren a las instituciones del Estado de manera global, con el concurso de todas las instancias del gobierno y del sector privado, para así afrontar en forma sistemática, la magnitud y gravedad de los problemas de pobreza y exclusión que aquejan a la sociedad venezolana.

Es por ello, que estos programas han servido de paliativo para aliviar la pobreza en Venezuela, pero no han sido determinantes para erradicarla, ahora y en períodos anteriores, puesto que la situación de hogares en situación de pobreza crítica y extrema todavía es revelador, la carencia de viviendas es bastante significativa, la cual constituye el déficit habitacional acumulado actual y de años recientes, esto es, la política de vivienda no ha sido tan eficiente como se esperaba, puesto que las unidades construidas no han cubierto las necesidades detectadas. Según las cifras que revelan tanto el Consejo Nacional de la Vivienda, el Fondo de Desarrollo Urbano, como la Cámara de la Construcción entre 1999 y 2004 se programaron 159.000 unidades, pero solo fueron entregadas 91.000 viviendas (en 5 años). Esto equivale al cumplimiento del 58% de lo planificado y el déficit habitacional se ubica en 1.800.000 viviendas. Con relación a la tasa de desempleo, éste exhibe registros superiores a los que había reflejado la economía venezolana anteriormente, puesto que entre diciembre de 2001 y el primer semestre de 2003, según cifras suministradas por el INE (ob. cit.), se registró una pérdida de 321.135 empleos formales, que no alcanzó a ser compensada por el crecimiento de los puestos de trabajo informales (156.383) y, por tanto, cayó el total de puestos de trabajo en 164.752. Aparte de la pérdida de puestos de trabajo, en esos 18 meses la fuerza laboral aumentó en 688.690, lo que produjo un aumento del desempleo de 12,8% a 19,2%.

En relación a lo anteriormente señalado, a continuación se presenta la Tabla Nº 12, donde se muestran los niveles de pobreza de las personas provenientes de hogares pobres y no pobres, según el INE (2005):

Nótese el deterioro de los niveles de pobreza en el periodo en estudio, en el cual la población no pobre fue disminuyendo, puesto que la misma pasó de 51,31% en 1999, a 39,85% en el año 2004, de igual manera, la población pobre fue incrementándose, la cual pasó de 48,69% en 1999 a 60,1% en el año 2004, a la par que la pobreza no extrema (pobreza crítica) y la pobreza extrema también se incrementaron, las cuales pasaron de 28,55 y 20,15% respectivamente, a 32,05% la pobreza no extrema (crítica) y 28,1% la pobreza extrema. Aunque cabe destacar, que entre los años 2003 y 2004 los indicadores bajaron relativamente, tanto en la pobreza extrema como crítica, esta situación se debe en parte, a la implantación de las misiones en el año 2003. Más sin embargo, se observan todavía muy elevados los índices de pobreza, puesto que para el año 2004, existían 14.503.748 de venezolanos que no superaban el umbral de la pobreza, puesto que no percibían suficientes ingresos para cubrir la canasta básica (alimentos y servicios).

En virtud de ello, a continuación también se presenta la Tabla Nº 13, la cual representa los Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI):

* Que no asisten a la escuela ( niños no escolarizados).

Según la información que presenta la Tabla Nº 13, todos los indicadores presentados de NBI se incrementaron, comenzando por la población de niños que no asisten a la escuela, puesto que la misma se incrementó entre los años 1999 y 2004 en un 8,3%. De igual modo, las personas que se encuentran en situación de hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto), tuvieron un incremento del 26,3%. Similarmente, las personas que viven en viviendas inadecuadas (ranchos), entre 1999 y 2004 tuvieron un incremento bastante significativo, puesto que el mismo se situó en un 79,29%, pasando de 294.599 viviendas inadecuadas a 528.209 viviendas inadecuadas Finalmente, las personas que se encuentran sin servicios básicos (agua potable, saneamiento) y poseen una alta dependencia económica (más de tres personas por cada persona ocupada), tuvieron un incremento porcentual de 29,15% y 1,8% respectivamente. Esta situación se explica por el deterioro de los indicadores macroeconómicos, tales como desempleo, pérdida del poder adquisitivo, inflación, deterioro del salario real, disminución del parque industrial, falta de capacitación y de escolarización de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, déficit habitacional, entre otros. Es importante destacar, que según la Línea de Pobreza, la población se encuentra en pobreza crítica, cuando presenta una necesidad básica insatisfecha y se encuentra en pobreza extrema, cuando presenta más de dos necesidades básicas insatisfechas.

Igualmente, durante ese lapso (1999-2004), el empleo formal pasó de 50,1% a 47,5%, mientras que la informalidad creció de 49,9% a 52,4%. Igualmente, la tasa de crecimiento del PIB per cápita y del PIB real para el año 2003, experimentó un decrecimiento promedio anual de 5,59% y 3,79% respectivamente. Es por ello que, el menor nivel de actividad económica, la caída del ingreso real, el aumento de la desocupación y el rebrote de la inflación se conjugaron en un incremento en los niveles de pobreza. Así el porcentaje de pobreza general saltó de 57,4% en 1998 a 62,09% en 2003, en tanto que la pobreza crítica pasó de 28,8% en 1998 a 32,34% en igual lapso. (Guerra, ob. cit: 134). No obstante, para el primer semestre del año 2004, según cifras aportadas por el INE, el 60,1% de la población venezolana se encontraba en situación de pobreza, mientras que el 28,1% de los habitantes del país se encontraban en situación de pobreza extrema.

Por otra parte, el tamaño de la economía venezolana, de aproximadamente 135 mil millones de dólares en 2005, representa alrededor de un 5% del tamaño de la economía de América Latina y el Caribe (ALC), ésta con un PIB global de un poco más de 2 billones de dólares. La economía venezolana sólo está por detrás de México, cuyo PIB representa alrededor de 35% del PIB de ALC, de Brasil (30% del PIB de ALC) y de Argentina (7,5% del PIB de ALC), lo cual la sitúa junto con Chile y Colombia entre las seis economías de mayor tamaño de la región. En virtud de ello, a continuación se presenta la Tabla Nº 14, donde se muestra la Tasa de Crecimiento del PIB 1999-2006.

La Tabla Nº 14 muestra el comportamiento del PIB correspondiente a los años 1999-2006, obsérvese las cifras negativas que se reflejan en las tasas de crecimiento del PIB, desde el año 1999: -6,0% hasta el año 2003: -7,7%, debido a la volatilidad de la economía, producto de los shocks petroleros y a la paralización de la actividad económica, con excepción de los años 2000 y 2001 que presentó tasas de crecimiento positivas. En lo que va del presente siglo, el PIB venezolano ha estado sometido a significativas fluctuaciones, con fuertes caídas durante los años 2002 y 2003. A partir del año 2004 se observa una recuperación importante del producto, la cual se mantuvo durante el año 2005 y 2006, apoyada fundamentalmente en el fuerte aumento del gasto público, amparado en la tendencia favorable que ha mostrado la evolución de los precios del petróleo y la positiva dinámica de la economía mundial, entre otras causas, por el importante crecimiento de economías emergentes como China y la India. De los aproximadamente 55.500 millones de dólares de exportaciones venezolanas en el año 2005, cerca del 90% correspondieron a las exportaciones petroleras. De allí, que este crecimiento seguirá la tendencia de depender fuertemente del incremento del gasto público corriente, aunque también se incrementó el componente del gasto público destinado a inversión.

En otro orden de ideas, cabe señalar, que debido a la implementación de las Misiones el desempleo ha bajado, porque según el INE (ob. cit.), éste toma como empleados todos los que están incluidos en las Misiones, tal como lo señala Saade (ob. cit.):

El desempleo se está reduciendo, porque el INE colocó en la base de la población activa, las personas que están en las Misiones, y en otras actividades promovidas por el gobierno. Es por ello, que mientras la población crece, disminuye la cantidad de personas incorporadas a la actividad económica propiamente dicha. De igual manera señala, que el número de empleados públicos hasta hace poco, era de un millón doscientos mil empleados. Hoy día, según cifras del INE, sobrepasa los dos millones. (p. 1-2).

Dentro de esta perspectiva, es necesario el papel del Estado para que coadyuve en solventar las necesidades de la población, en el suministro a través de su gasto social, de los servicios públicos de calidad, educación, salud, entre otros, puesto que, una característica del gasto social en Venezuela, ha sido su baja sostenibilidad, de allí la necesidad de revertir sobre la sociedad un sostenido esfuerzo de política social, capaz de incidir cada vez más, sobre la calidad de la educación y salud incorporados. En este sentido, puede decirse que la mejor política económica, es la política social sostenida, porque mediante ella, el Estado dota a los individuos de una mayor competitividad en el mercado laboral, lo cual reduce el compromiso que tiene de disminuir los niveles de desempleo de la economía. En otras palabras, mientras más educación y salud posean los individuos de un país, menor será la probabilidad de que esos individuos estén desempleados y con ello, va a mejorar el nivel de la calidad de vida de la población, y por lo tanto, aumentará el bienestar social entre sus habitantes.

En concordancia con lo citado, en relación a la elevación del nivel socioeconómico de la población, se hace necesario fijarse los siguientes lineamientos: a) Generar adecuadas condiciones a corto, mediano y largo plazo, que favorezcan la aceptación de políticas económicas sanas, b) Procurar que el crecimiento económico se distribuya de la manera más amplia posible, alcanzando de lleno a los sectores más pobres y marginados de la población, c) Insertar a todos los ciudadanos desde su infancia en la escolarización, donde no haya detrimento en las etapas iníciales que deben transitar los educandos, para que no haya excluidos, d) Incentivar al sector productivo del país, a manera de generar fuentes de trabajo, y así aumentar la riqueza del país, e) Satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los sectores más vulnerables, tales como: salud, educación, vivienda, servicios públicos, a través de mecanismos implementados por el Estado, f) Crear un nuevo sistema de seguridad social, sobre la base de cuentas personales de capitalización, que garanticen pensiones y jubilaciones adecuadas, no solo a los que han estado insertos en el mercado laboral, sino también aquellos ancianos y amas de casa, que no tienen pensión alguna, porque nunca se han jubilado, g)) También es importante reactivar algunos programas sociales, que en el pasado han mostrado su capacidad para atender algunas necesidades apremiantes de los sectores de más bajos recursos. Tales como los hogares de cuidado diario y el PAMI, donde se atiende a las mujeres embarazadas y a los niños lactantes.

Es por ello, que aunque se hayan y se estén tomando medidas para solventar los niveles de pobreza en la población y mejorar su calidad de vida, la misma sigue presentando cifras significativas, puesto que según el Informe de Desarrollo Humano 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dos millones 182 mil 900 venezolanos viven en situación de pobreza extrema (no pueden cubrir la canasta alimentaria), lo que representa un 8,3% de la población, y siete millones 258 mil 800 personas, se encuentran en situación de pobreza crítica, es decir, no pueden cubrir la canasta básica (formada por alimentos y servicios), son grupos que se encuentran por debajo de la pobreza de ingresos, que no han superado el umbral de la pobreza.

De igual manera, la citada fuente manifiesta que al posicionar a Venezuela en el Índice de Pobreza Humana (IPH), en el Informe del PNUD del año pasado (2005), Venezuela estaba ubicada en el puesto Nº 14 de la lista (que toma en cuenta solo a las naciones en vías de desarrollo), pero en el último estudio realizado por el organismo multilateral (2006), Venezuela cayó dos puestos, al ubicarla en el lugar Nº 16. Las razones que provocaron este comportamiento, están relacionadas con el estancamiento de las mejoras básicas, como la esperanza de vida al nacer, la alfabetización, el acceso a fuentes de agua potable, y los niveles de nutrición, indicadores que se mantienen sin cambios en los últimos dos años, según los datos manejados en el Informe de Desarrollo Humano 2006.

La probabilidad al nacer de no alcanzar la edad de 40 años, es de 8,2%, al tiempo que el analfabetismo alcanza a 7% de la población venezolana, pese a que recientemente la UNESCO (órgano también adscrito a la ONU), avaló que el país estaba “libre de analfabetismo”, lo que implicaba que menos del 2% de la población eran iletrados. En tanto, la falta de acceso a fuentes de agua potable, afecta a 17% de la población y 4% de los niños menores de cinco años, aún tienen un peso inferior a la media que se considera saludable para su edad.

Todo este planteamiento evidencia la veracidad de las hipótesis o premisas planteadas al comienzo de la investigación, en la cual se señaló que:

1) Las políticas fiscales aplicadas en Venezuela, durante los años 1988-2006, no fueron efectivas para erradicar la pobreza.

2) El impacto económico de las Políticas Fiscales aplicadas por el Estado Venezolano, no contribuyeron con el mejoramiento del bienestar social de la población venezolana.

En virtud de lo anteriormente señalado, el más reciente Informe de la Organización de Naciones Unidas sobre “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo” (FAO, 2005), revela que el porcentaje de la población que padece hambre en el país pasó de 11% en 1990, el cual comprendía 2,3 millones de personas, a 17% en el año 2002, conformado por 4,3 millones de personas, esto es, Venezuela está en la lista de países donde hay más personas desnutridas con respecto a la década de los años noventa. Por tal motivo, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, ob. cit), considera que en estos países ha empeorado el problema del hambre entre 1990 y 2002. En estas condiciones están 14 países, según las mediciones que hace periódicamente la FAO, a pesar del acuerdo mundial que existe para luchar contra este flagelo en el mundo.

Manifiesta la citada fuente, que en el documento se asegura que a Venezuela, Tanzania, Liberia, Burundi, Corea del Norte, República del Congo, Panamá, Gambia, Botswana, Guatemala, Suazilandia, Jordania, Líbano y Turquía, les costará más cumplir con una de las metas del milenio, reducir a la mitad el número de personas que padece hambre.

En armonía con estas ideas, cabe destacar, que en Venezuela, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) (2006), existen en la economía informal 5.026.385 de venezolanos, representando el 48,5% de la población económicamente activa, esto es, la mayor parte de los venezolanos en capacidad de trabajar pertenece al sector informal (fuera de la regulación y protección del Estado). Es decir, la mayoría de los trabajadores informales son piezas de una economía paralela, en la que no existen las reglas que humanizan el mercado formal y donde deben conformarse hasta con 30% menos de lo que reciben los empleados amparados por la ley. De igual manera, para el año 2005, el desempleo registró 13,5%, lo cual representaba 1,6 millones de venezolanos desempleados. Según proyecciones de Ecoanalítica (2005), para reducir la informalidad de 48.5% a 30% y contar con un desempleo de 7%, la economía venezolana debe crear 7 millones de puestos de trabajo en los próximos 10 años, pero se debe mejorar el desempeño actual, incentivando el aparato productivo. De igual manera, la citada fuente señala, que los empresarios han optado por invertir lo mínimo y utilizar el exceso de capacidad instalada, en un entorno en donde hay dudas sobre los derechos de propiedad, la posibilidad de que aumenten las tasas impositivas y en general, porque hay conciencia de que el modelo no es sostenible, puesto que el crecimiento económico que se generó en el año 2005 (9,3%), es un crecimiento con poco empleo, y el mismo está soportado por el incremento de los precios del petróleo.

En ese orden de ideas, el Presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Alejo Planchart, (2005), señaló que el control de precios, la inamovilidad laboral, las trabas para adquirir la maquinaria y la materia prima y los problemas de vialidad impactan a las empresas, y todo esto redunda en una baja de la inversión privada. A continuación se presenta la Tabla Nº 15, donde se muestra la Variación de la Inversión Total Privada y Pública 1996-2002.

La Tabla Nº 15 presenta la variación porcentual anual de la inversión total desglosada en privada y pública, desde 1996 hasta 2002 (abarcando parte de dos periodos presidenciales), desde 1996 hasta 1998 y desde 1999 hasta 2002. Obsérvese que para el año 1996 tanto la inversión privada como pública arrojó cifras negativas, al igual que para el año 1999, esto se explica debido a que el comportamiento de la inversión ha sido más errático, observándose la alta volatilidad de ambos componentes de la inversión. Sobre todo la inversión privada, originado por la incertidumbre asociada a la cuestión del financiamiento del gobierno, a los controles excesivos (de precios, de cambio), al difícil acceso a los insumos de origen importado, a la propiedad, entre otros; esta situación alienta su comportamiento volátil. Por otra parte, nótese el incremento significativo que tuvo la inversión privada en el año 1997 (30,9%) y la inversión pública también aunque en menor proporción (18,9%), para luego descender a cifras negativas en el año 1999, y posteriormente nivelarse positivamente en los años 2000 y 2001 y finalmente, en el año 2002 se colocó en cifras negativas, debido al paro petrolero y a la paralización de la actividad económica.

Cabe señalar, que los primeros años de este siglo (XXI), reflejan hasta ahora a una economía venezolana más dependiente del comportamiento del ingreso petrolero y, secundariamente, de la efectividad de la recaudación fiscal. La recuperación de la tasa de inversión, sin discriminarla entre su componente público y privado, ha acusado el impacto de una mayor dinámica económica. Este escenario no ha implicado a priori el desplazamiento de inversión privada por inversión pública, pero tampoco se ha producido un proceso de efectiva retroalimentación entre ambos componentes de inversión, lo cual impulsaría aún más el crecimiento del producto interno bruto. A pesar de la existencia de un clima institucional desfavorable para la inversión privada doméstica, el aumento sostenido del consumo privado es un buen indicador de un entorno propicio para la realización de inversiones privadas, aunque ésta sea una variable que se comporte de manera procíclica.

En otro orden de ideas, al analizar el impacto de la política fiscal y otras políticas macroeconómicas, en la población venezolana, conlleva a repensar las causas de la situación económica y social de la economía venezolana, asumiendo para ello, una postura interpelativa, reflexiva y crítica, a través del paradigma de la criticidad, como una forma diferente de observar la realidad, que implica una reacción generada, desde un acto de reflexión consciente y responsable de todos los actores comprometidos con la aplicación de las políticas fiscales en el país, lo cual puede desencadenar en acciones dirigidas a implementar mecanismos innovadores en el campo de las políticas públicas, que coadyuven a generar bienestar social en la población, y por ende, a superar los niveles de pobreza, para la obtención de una mejor calidad de vida en la sociedad.

En atención a lo antes expuesto, cabe destacar, que Alvarado (ob. cit.), señala:

Que el desarrollo de un país, depende en gran medida de la posibilidad de su población de disponer de condiciones de vida adecuadas, en tanto que ello favorece el equilibrio social e incrementa la productividad del trabajo. En tal sentido, la pobreza continúa siendo el mayor desafío para la política del desarrollo en los países del tercer mundo. En el caso venezolano, la crisis económica ha degenerado en el empobrecimiento generalizado de la población, situación que se hace ya estructural, que origina una presión social, de magnitudes imprevisibles, a la cual hay que darle salidas en el corto y largo plazo (p. 9).

La misma autora manifiesta, que estos niveles de pobreza, se deben entre otras causas, a los bajos ingresos percibidos por la población venezolana, puesto que, aunque Venezuela sea uno de los países latinoamericanos con ingresos per cápita mas altos, en la práctica, la realidad, es que la distribución de la riqueza nacional no se corresponde con el trabajo aportado para su creación y por ello, el monto total de los salarios que percibe la mayoría de los venezolanos, representa una mínima parte del ingreso nacional total.

Retomando lo expresado por la autora, cabe destacar, que el desarrollo económico es el mejoramiento sostenible del nivel de vida, el cual comprende la satisfacción en los niveles de consumo, tener niveles de salud y educación de calidad y proteger la naturaleza. También implica que todos tengan igualdad de oportunidades, así como las libertades y derechos dentro de una sociedad civil.

De igual manera, el desarrollo también implica desarrollo de la tecnología, obras de infraestructura, urbanismo, vialidad adecuada, y sobre todo, que todos tengan acceso a educación, salud, y sector productivo laboral, donde no haya exclusión y donde se impulse el desarrollo humano, como un factor determinante para la consecución del mismo.

En virtud de ello, las Teorías sobre el Desarrollo que sustentaron la investigación, fueron las Corrientes Dependentista y Estructuralista de la CEPAL, las Teorías del Desarrollo por Etapas de Rostow y las Teorías del Pensamiento Latinoamericano de Sunkel y Paz. Cabe destacar, que todas ellas dan cuenta de los estudios realizados por sus respectivos representantes, en la manera de qué vías utilizar, para lograr el desarrollo en los países en vías de desarrollo, especialmente, los latinoamericanos.

Considerando lo anterior, Venezuela no escapa a esta situación, y la misma está caracterizada por ser un país en vías de desarrollo, y se han realizado intentos en periodos anteriores, para salir de la dependencia en que se encuentra el país con respecto a los países desarrollados, sobre todo, la dependencia tecnológica, entre ellos, la aplicación del modelo de sustitución de importaciones, el cual no dio resultados; es por ello, que para que surja un verdadero desarrollo económico y social, todos los sectores deben estar involucrados, siendo el Estado, el primer propulsor de esa iniciativa, conjuntamente con el sector privado y la sociedad. Puesto que para la consecución del desarrollo, se conjugan muchos factores, entre ellos se tienen: un crecimiento económico sostenido, un creciente conocimiento y un mayor capital, entre otros.

El crecimiento económico, se mide por medio del PIB y el mismo se genera, a través de la producción de bienes y servicios en una economía de una manera estable, esto es, que haya incentivos a la producción, que se diversifique el aparato productivo, que se realicen constantemente nuevas inversiones y que se genere empleo productivo. De allí, que el crecimiento económico ocurre en sociedades en que los individuos y los diferentes sectores, están enfocados al logro de una economía de crecimiento. Con relación al conocimiento, es de primordial importancia, puesto que se está en la era del conocimiento, del desarrollo de las grandes tecnologías, y ésta se da a través de las capacidades intelectuales de los individuos, es decir, por medio de individuos que han desarrollado altos niveles educativos y para ello, representan un papel de suma importancia, las universidades. Con relación al desarrollo de los niveles de inversión, la misma es necesaria para el desarrollo económico y ésta va a depender de los ahorros, tanto del sector privado como público y del consumo. A medida que se realicen grandes inversiones, en esa medida, se está generando riqueza en la actividad económica y por ende, en sus habitantes.

En lo relativo a la Teoría del Estado Benefactor Keynesiano, ésta surge debido a la proposición de Keynes, en la cual el Estado debe intervenir, incrementando su gasto, para remediar problemas de inestabilidad económica en la economía, entre ellos, el desempleo y la recesión, y señaló que la causa de la inestabilidad económica, es el resultado de la falta de inversión en la economía, producto de la baja demanda de consumo.

Es de hacer notar, que la Teoría del Estado Benefactor Keynesiano, se ha utilizado y se sigue utilizando en muchos países, entre ellos, Venezuela, debido entre otras causas, para tratar de solventar los problemas de pobreza extrema en el país, el problema de desempleo crónico, entre otros, con el fin de ayudar a los grupos más vulnerables, excluidos de la población económicamente activa, en virtud de que muchos no tienen acceso al mercado laboral, por sus bajos niveles educativos, por su falta de preparación o especialización para insertarse en la actividad económica, es allí cuando debe surgir el Estado benefactor, a través del otorgamiento de becas, subsidios, entre otros, pero estos programas deben ser a corto plazo, mientras el individuo mejora la situación en que se encuentra, para que el Estado no se convierta en un Estado asistencialista, puesto que lo ideal, es insertar a esos individuos en el mercado laboral, para que desarrollen plenamente sus capacidades y habilidades, para ello, el Estado debe también apoyar al sector privado, a través de sus inversiones, para que generen la mayor fuente de trabajo productivo.

De igual manera, la Teoría del Desarrollo Sustentable o Sostenibilidad Social, tiene que ver con el mejoramiento en la calidad de vida del individuo y la conservación del medio ambiente, en el sentido, de que la protección del ecosistema es la base para un desarrollo sustentable. Y el mismo abarca tres componentes, un componente económico, un componente social y un componente ambiental.

Con relación al componente económico, señala que las sociedades se deben dirigir hacia un verdadero crecimiento económico, donde haya estabilidad económica, y que ese crecimiento económico no afecte a las futuras generaciones, a través de un inadecuado uso de endeudamiento a largo plazo, para no comprometer sus recursos futuros y disminuir así su bienestar social. En lo relativo al componente social, éste debe estar basado en la equidad social, donde todos tengan los mismos derechos y beneficios, en lo que respecta a salud, educación, trabajo, autorrealización personal y servicios públicos de calidad. Y en lo que corresponde al componente ambiental, consiste en preservar el medio ambiente, sin disminuir la productividad de la naturaleza.

Considerando lo anterior, en lo que respecta a Venezuela, ésta se ha caracterizado por intentar mejorar sus indicadores económicos, a través de la implementación de las diferentes políticas públicas que ha desarrollado a lo largo del periodo en estudio y de años anteriores, tratando de llevar a la economía hacia un crecimiento sostenido, pero no siempre ha sido posible, debido a los altibajos de la economía petrolera.

Con respecto a la parte social, se han realizado esfuerzos por tratar de solventar la situación en que se encuentran los grupos con necesidades básicas insatisfechas, que no tienen acceso al mercado laboral, a la educación, a la salud, a servicios básicos de calidad, entre ellos, están los diferentes programas sociales, (a través del desarrollo de la política social), que se han implementado a lo largo de varios periodos presidenciales, pero debe recordarse que estas políticas sociales, deben ser sostenibles en el tiempo y coadyuvar a la población a salir de la situación en que se encuentran, a través de la inserción en el mercado laboral y fácil acceso a la educación.

En atención a la parte ambiental, tal como lo señala Reed (ob. cit: 235): 1) Los recursos naturales de Venezuela, pueden respaldar ampliamente el desarrollo sostenible. Sin embargo, el deterioro ambiental es agudo y crece rápidamente. 2) Durante las pasadas dos décadas Venezuela ha creado instituciones especializadas y una sólida base legal para la protección del medio ambiente, pero no han sido efectivas en su totalidad. 3) Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), han desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de la conciencia ambiental y en la prevención de daños ambientales. 4) Se ha desarrollado una relación más estrecha, entre el gobierno y el sector privado, en lo referente al manejo ambiental y a la conservación, 5) El Estado tiene un Ministerio para preservar el medio ambiente, el cual es el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.

Por otra parte, el Desarrollo Humano viene a constituir la mejora de las potencialidades de los individuos, a través de la igualdad de oportunidades, para el desarrollo integral de sus capacidades y habilidades. Esto es, no sólo abarca el nivel de ingreso de las personas, sino que toma en cuenta el progreso en la calidad de vida y en la participación tanto en el sector productivo como en el desarrollo de su propio bienestar. En el que estén incluidos el acceso a la seguridad social, la sostenibilidad, la garantía de los derechos humanos, entre otros. Por lo tanto, el Desarrollo Humano es concebido, tal como lo señala el PNUD (ob. cit.), “como un proceso de ampliación de las opciones, de fortalecimiento de las capacidades y de incremento de las oportunidades de elección de las personas”.

Se quiere con ello significar, que el factor generador de la dinámica principal del desarrollo humano, es el aumento de las capacidades humanas, es decir, capacidades-oportunidades-opciones, de allí que éste pueda verse como un proceso de realce de la capacidad humana, para ampliar las opciones y oportunidades, de manera que cada persona pueda vivir una vida de respeto y valor.

Ahora bien, el desarrollo humano debe ser sostenible en el tiempo, garantizar en el presente y en el futuro el libre y completo acceso a las oportunidades, beneficiar a toda la población, que no haya excluidos, es decir, que debe realizarse con equidad de oportunidades para todos, y debe ser un proceso que se de en un ambiente propicio, con un nivel mínimo de seguridad, que haga posible la elección y ejecución de las oportunidades y opciones.

Atendiendo a las ideas señaladas, según el Informe del PNUD (2006), el Índice de desarrollo Humano (IDH), es una medición por país, elaborada para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros:

a)Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer)

b)Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria)

c)Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita en $).

Con relación a la clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por el PNUD: En el Informe publicado en el año 2006, el Índice de Desarrollo Humano fluctuaba entre Noruega, con un Índice de 0,965 en la primera posición y Níger con un IDH de 0,311, en el puesto Nº 177. De igual manera, el PNUD clasifica los países en tres grupos:

1)País de desarrollo humano elevado (IDH ≥ 0,8): 63 países.

2) País de desarrollo humano medio (0,5 ≤ IDH < 0,8): 83 países

3) País de desarrollo humano bajo (IDH < 0,5): 31 países.

Cabe destacar, que el IDH, surge como una iniciativa para clasificar los países a partir de otras variables que no fueran las usadas tradicionalmente en economía, y el mismo busca medir dichas variables, a través de un índice compuesto por medio de indicadores que se relacionan en los tres aspectos anteriormente. Es calculado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de acuerdo con el trabajo de investigación del economista paquistaní Mahbub ul Haq, realizado en 1990. Apoyado en las ideas desarrolladas por Amartya Sen.

En virtud de ello, vale acotar, que el Índice de Desarrollo Humano para Venezuela en el año 2004, se ubicó en 0,784, lo cual significa que Venezuela tiene un IDH medio, debido entre otras causas, a que el país todavía tiene muchos aspectos que mejorar, con relación a la salud, educación y mejoras en la calidad de vida de la población.