CAPITULO I. EL PROBLEMA Y SU CONTEXTO

1.1. Planteamiento del Problema

La relación entre Individuo, Estado y sociedad, está enmarcada dentro del contexto global de la economía mundial como un todo, tomando en cuenta que la sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad y la misma supera a cada una de ellas por separado, mientras que el Estado es la organización o estructuración política de dicha sociedad; de allí se deduce, que siempre que hay sociedad, hay estado, aunque no exista una constitución o Carta Magna. En este sentido, el mismo se funda en la propia naturaleza humana, en el individuo, como una necesidad y su existencia implica autoridad, sobre la base de un orden social y cuyo fin debe ser el desarrollo del bien común, concebido de una manera humana y solidaria.

A partir de las apreciaciones anteriores, el Estado al procurar el bien común, tiene como finalidad tender siempre a formar individuos capacitados, instruidos con posibilidades de desarrollarse dentro de una sociedad, que le provea las herramientas necesarias para obtener una calidad de vida óptima, donde las necesidades básicas sean satisfechas. Por lo tanto, la organización política, la estructura del Estado, debe ocuparse de velar por los derechos y deberes de los miembros de la sociedad, el ejercicio de la soberanía, las estructuras de poder y su funcionamiento, y sobre todo, crear los instrumentos que sirven para generar el bienestar social.

Es allí cuando surge el Estado benefactor, el cual según Añez (2004), “nace por las luchas sociales y políticas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ante la necesidad de desmilitarizar la institución estatal, caracterizado por tener un carácter improductivo e irracional para el desarrollo económico” (p.3).

La misma autora señala, que estas luchas sociales de los trabajadores demandando un sistema de seguridad social más justo, para mejorar la calidad de vida de los mismos y de la población en general, ha obligado a un cambio de rumbo, hacia el Estado social que surgió aproximadamente hacia los años veinte, fundamentándose esta postura en la Teoría Keynesiana, la cual expresa que es fundamental la intervención del Estado en la economía, con un cuerpo de medidas dirigidas a reactivar el aparato económico, incrementar el consumo, la inversión y el bienestar social de la población.

Ahora bien, todo este planteamiento se inscribe en la discusión permanente del quehacer científico, el cual ha ido avanzando a través de los diferentes procesos de construcción del conocimiento, y por tal motivo, se hace necesario abordar la ciencia, como un proceso de construcción humana en evolución, a lo largo de la historia de la humanidad, puesto que en la medida en que el hombre ha evolucionado, también se ha enriquecido científicamente, ha ido descubriendo cada vez nuevos modos de abordar la realidad, para la construcción del conocimiento, lo cual, según Paz (2003), “es una herencia del pensamiento griego, a través de Aristóteles, llamada epísteme y la misma se consideraba como un saber seguro, apoyado en demostraciones y ordenado en sus conocimientos, contrapuesto a la simple opinión” (p. 3).

Es por ello, que el hombre en su propósito de búsqueda de la verdad, a través de la realidad observada percibida y construida, analiza e interpreta los hechos empíricos como fuente de conocimientos, de ahí que se presenta la ciencia como un cuerpo de conocimientos respecto a la realidad (universo) de los hechos y de los fenómenos que en ella acontecen.

En consecuencia, expresa Tamayo y Tamayo (2004), “la ciencia es un quehacer crítico, no dogmático, que somete todos sus supuestos a ensayo y crítica” (p.15). De allí pues, que esta premisa de interpelar los presuntos conocimientos, se coloca en el ámbito de la epistemología de la ciencia, la cual significa teoría del conocimiento y por lo tanto, la ciencia sería aquel conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos a través de métodos científicos, los cuales se pueden someter a verificación empírica.

Por lo antes expuesto, cabe destacar, que en el ámbito de la ciencia, se encuentran enmarcadas las Ciencias Sociales, las cuales tienen como objeto de estudio al hombre en sus diferentes disciplinas (Ciencia Política, Psicología, Antropología, Sociología y Ciencia Económica), las cuales se conciben en términos de un proceso dinámico de integración, frente a los diferentes problemas que confronta el individuo como ser social, siempre inmerso dentro de un contexto económico global.

Dentro de este referente, la Ciencia Económica expone Toro (2003), “tiene por objeto de estudio al hombre, en su lucha por resolver el problema económico, y la misma como toda disciplina científica, el fin que persigue, es la formulación de leyes o principios generales, destinados a la predicción de fenómenos económicos” (p. 37).

De lo anterior se desprende, que la actividad económica tiene esencialmente por objeto, la satisfacción de las necesidades casi ilimitadas de los hombres con los recursos escasos de que disponen, en materia de mano de obra, riquezas naturales y equipos, teniendo en cuenta los conocimientos técnicos limitados que poseen. Por ello, la ciencia económica es considerada como la ciencia de la eficacia.

Es oportuno mencionar, parafraseando a Allais (2000), que en la historia del pensamiento económico se pueden distinguir tres grandes etapas: La primera etapa llega hasta la segunda mitad del siglo XIX, es la etapa de los precursores: Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, entre otros. En la segunda etapa se inicia una revolución en la economía, con la introducción del análisis diferencial por la Escuela Marginalista Austriaca, con la utilización de las matemáticas por la Escuela de Lausana y con la elaboración científica de los datos de la observación por Irving Fischer. Esta segunda etapa llega justamente hasta la segunda guerra mundial; y en la tercera etapa, que se inicia después de la segunda guerra mundial, hasta la actualidad, la economía tiende a transformarse en una ciencia verdadera, fundada en el análisis estadístico de los hechos, en teorías cuya coherencia lógica puede verificarse, y en la confrontación de estas teorías, con los datos de la observación. (p. 23).

En virtud de lo anteriormente señalado, y dado que el fin que persigue la economía es el estudio del hombre en su búsqueda por resolver el problema económico, pero a través de una rigurosidad científica, el mismo está inmerso dentro del ámbito globalizado, a través de la adaptación en el ambiente social, político y económico, donde la sociedad en la que se desenvuelve está regida por una serie de leyes, principios y normas impuestas por el Estado, a fin de regular la actividad económica, y es allí donde surge la intervención del estado en la economía, para regir el destino económico de las naciones, a través de sus políticas económicas.

En el marco de tal concepción, las políticas económicas a nivel mundial, diseñadas por los gobiernos, deben estar dirigidas a asegurar la satisfacción de necesidades de la población, a través de la aplicación de políticas fiscales efectivas, donde el norte del Estado, debe ser el fácil acceso a los bienes y servicios básicos a la población, la disminución de los niveles de pobreza, el incremento del empleo, entre otros, para así tener una calidad de vida acorde a sus requerimientos. Por lo tanto, surge la necesidad de implementar mecanismos idóneos para conseguir tal fin, a través de un manejo eficiente de los recursos, que permita mantener saneadas las finanzas públicas, donde el gasto social dirigido a los programas asistenciales sea socialmente productivo. De allí, la imperante necesidad de atender a las clases más desposeídas, que tienen limitaciones para acceder a los servicios básicos, tales como salud, vivienda, educación, con el fin de garantizar el bienestar social para esos sectores.

La situación antes planteada, conduce a reflexionar sobre las cifras reportadas por el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2005), donde se evidencia la falta de recursos y de políticas públicas adecuadas para solventar el incremento en los niveles de pobreza que subyacen en algunas naciones menos favorecidas, como un problema de tipo estructural. Entre estas cifras se tienen: 800 millones de personas en el mundo padecen hambrunas, 1.100 millones de personas sobreviven con menos de 1$ diario, 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable, y los niños principalmente mueren por causa de diarreas, 10 millones de niños y niñas mueren antes de cumplir los cinco años, por causas evitables, el 70% de las personas pobres del planeta son mujeres, 50 millones de personas están infectadas con el virus del VIH y la gran mayoría no recibe ni tratamiento, ni atención médica, ya que el costo del tratamiento es de 10.000 a 12.000 $ anuales y no lo pueden costear.

También se reporta que el 10% de la población mundial disfruta del 70% de las riquezas del planeta y el 75% de las personas pobres son campesinos y campesinas. Estas cifras, indican la magnitud de un problema a nivel mundial, que se considera incide negativamente en las naciones más desfavorecidas y desprovistas de los recursos suficientes, para satisfacer las necesidades que afectan a sus pobladores. Y a su vez, es un problema que afecta a todos los países, porque es un problema de todos.

En virtud de lo anteriormente señalado, las políticas públicas juegan un papel importante en el ámbito mundial, puesto que, es a través de las políticas económicas que los gobiernos, conjuntamente con el sector privado, dirigen la actividad económica y su funcionamiento, pero, no obstante, es al Estado, al que le compete garantizar el bienestar social de la población. Por lo tanto, en este marco contextual, la esencia de la política económica, específicamente la política fiscal, como vía de acción del Estado, debe buscar garantizar el crecimiento económico sostenido, para atenuar los problemas que sufre la economía en su evolución, a través de la estabilidad de precios, la disminución del desempleo, la distribución equitativa de la renta, el estímulo a la inversión privada y una mayor eficiencia económica, entre otros.

No obstante, el manejo de estas políticas en países menos desarrollados, ha sido influenciado por algunos aspectos considerados de gran importancia, entre ellos están, el efecto globalizador en países dependientes, la entrada a la era tecnológica de la información, el manejo de las relaciones internacionales, la apertura de nuevos mercados, el deterioro de los términos de intercambio, la balanza de pagos internacional, el déficit de la balanza comercial en algunos países, el manejo del gasto público y la volatilidad de los ingresos en algunas naciones, que dependen de un solo producto de exportación, de allí que su sostenibilidad fiscal, no sea sostenible en el tiempo.

Es por ello, que al hacer un análisis de la evolución de las políticas económicas, se observa que la misma ha ampliado su dimensión en sus diferentes acepciones, ya que antes de 1936 sólo se apelaba al uso de instrumentos de política monetaria, cuyo fin era, la estabilidad de precios como objetivo establecido.

Ahora bien, las políticas económicas forman parte de la acción directa del Estado en la sociedad, y a partir de Keynes se produjo un cambio de paradigma en cuanto a su utilización, dado que él, le concedió un papel de mayor importancia a la política fiscal, porque según señala el autor, a través de la política fiscal, el Estado podía intervenir en la economía en épocas de recesión, modificando la demanda agregada, para generar fuentes de trabajo y crecimiento económico sostenido.

En este contexto, la política fiscal se define, “como el ajuste de los tipos impositivos o de los gastos gubernamentales, con el fin de modificar la demanda agregada”, (Wonnacott: 1993: 148), y la misma se refiere a la cantidad total que están dispuestos a gastar los diferentes sectores de la economía en un determinado período, y está formada por cuatro componentes: Los gastos de consumo privado, la demanda de inversión, las compras de bienes y servicios por parte del Estado, y las exportaciones netas.

Por lo tanto, cuando se hace referencia a la política fiscal, ésta no se puede abordar de forma aislada, sino que se debe incluir a las políticas sociales, de producción y monetarias, por cuanto se está hablando de decisiones tomadas por el gobierno nacional, que implican tanto el financiamiento y uso de recursos y gastos, así como las decisiones de cambio en la gestión gubernamental, necesarias para el logro de los objetivos propuestos, y entre esos objetivos, están los recursos que se deben destinar al gasto social, a través de la política social, con el fin de mejorar la calidad de vida de los sectores más desposeídos, a través de la ejecución de programas sociales, contribuyendo así, al mejoramiento de la distribución de la renta y al progreso y bienestar de esos sectores.

De acuerdo con el planteamiento anterior, debe señalarse además, que las políticas fiscales deben ser sostenibles en el tiempo. Es por ello que, sostenibilidad fiscal, según León (2003), se define como “el logro de la estabilidad económica, a través de una política económica coherente, evitando la volatilidad de los ingresos fiscales para la consecución de los objetivos macroeconómicos, a los fines de asegurar el bienestar social” (p. 19). De manera que, los gobiernos puedan aplicar efectivamente y en forma sostenida, los recursos destinados a la generación de riqueza de la población, contribuyendo a la diversificación del aparato productivo, al incremento del empleo, a mayores recursos para la educación y salud pública, y a unos servicios públicos óptimos que alcancen los estratos más vulnerables de la sociedad. Así pues, alcanzar la estabilización es un elemento indispensable para lograr el crecimiento sostenible de la economía, que permita elevar el nivel socioeconómico de la población.

En virtud de ello, es oportuno mencionar a Ochoa y otros (2002), quienes aportan que “una política fiscal es sostenible en el tiempo cuando la trayectoria de ingresos y gastos del gobierno, no conduce a una acumulación excesiva de pasivos” (p. 2). Esto significa, que los gobiernos no deben tener un endeudamiento excesivo, sea interno o externo para no comprometer el logro de los objetivos de la política fiscal, en la búsqueda del bienestar social de la población, porque tal medida podría crear una economía inestable, donde se generen altos índices inflacionarios, incremento de la deuda pública (tanto interna como externa), pérdida del poder adquisitivo, vulnerabilidad del aparato productivo, posible devaluación para cubrir déficit fiscales, entre otros.

Es por ello que, las proposiciones teóricas en las que se basa la presente investigación, están enmarcadas en la Teoría del Estado Benefactor Keynesiano, desarrollada por Keynes en 1936, las Teorías del Desarrollo y la Teoría de la Sostenibilidad Social o Desarrollo Sustentable, entre otros. Entonces, el énfasis de estas discusiones es la generación del crecimiento económico en las naciones con el fin de la implementación de instrumentos idóneos que garanticen una mejora en el nivel socio económico de la población, en situación de pobreza.

Igualmente, el enfoque que sustenta el análisis en estudio, correspondiente al análisis de las políticas fiscales y otras políticas macroeconómicas y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, parte de la perspectiva crítica, ya que se pretende abordar la realidad desde una posición crítica, orientada a la generación de nuevos conocimientos, para aprehender y transformar la realidad observable. Por estas razones, se aborda el objeto de estudio, desde la plataforma metódica de la hermenéutica, la cual se entiende como un proceso reflexivo, basado en la interpretación y análisis de la información obtenida a través del proceso de investigación, en tanto la referencia implícita de estos estudios, se ubica en el dominio de las ciencias fácticas, la cual según Bunge citado por Tamayo y Tamayo (2004), “trata sobre hechos de la realidad” (p. 18).

En consecuencia, el propósito de la presente investigación es examinar cuidadosamente diversos aspectos de este tema en general, relacionado con las políticas públicas, enmarcado dentro del ámbito de las políticas fiscales, puesto que el análisis permitió estructurar un conjunto de reflexiones teóricas, desde el pensamiento crítico para orientar el debate y sus efectos o implicaciones de las políticas fiscales en el bienestar social de la población venezolana, puesto que las mismas, a través de las políticas sociales, proveen los mecanismos necesarios para la inserción de los más desprotegidos en la sociedad, de una manera digna, a través de instrumentos que conlleven a la superación de la pobreza.

No obstante los planteamientos teóricos en relación con los ejes temáticos a los que se ha hecho referencia, en la actualidad en América Latina, y particularmente en Venezuela, existe una creciente preocupación, no solamente en el ámbito académico y entre los especialistas, sino en la sociedad en general, puesto que pareciera que las políticas fiscales diseñadas e implementadas por el Estado, no están generando impactos positivos en el bienestar social de la población, pues las mismas no están orientadas a solventar problemas de la población relacionadas con la pobreza, el desempleo, la marginalidad, la desnutrición, servicios públicos de calidad, la educación y la salud. En virtud de ello, una parte importante de las recurrentes dificultades macroeconómicas durante los últimos veinte años, de alguna u otra forma están asociadas al éxito o fracaso de las políticas fiscales.

Tal como lo señala Rodríguez (2003):

La política fiscal en Venezuela, ha estado caracterizada por su carácter procíclico, enraizado en la alta dependencia y volatilidad de los ingresos petroleros, su creciente sesgo deficitario, sólo disimulado temporalmente durante periodos de bonanza petrolera como el actual, y su baja contribución al bienestar económico y social del país (p. 47).

De allí se deriva la importancia de la sostenibilidad fiscal, la cual es entendida como condición necesaria para la inversión y el crecimiento sostenido, que permita elevar el nivel socioeconómico de la población.

Por tal motivo, la problemática que se pretende abordar en la presente investigación de nivel doctoral, está relacionada efectivamente con la posible dispersión, ineficiencia y desarticulación de las políticas fiscales y otras políticas macroeconómicas diseñadas e implementadas por el Estado Venezolano durante los años 1988-2006, para impactar el bienestar social de la población. Así lo deja ver Moreno (2000: 142): “La política fiscal en Venezuela, en las dos décadas anteriores, no ha cumplido con los objetivos de estabilidad macroeconómica, ni alcanzado metas de desarrollo económico y social”.

Dicha autora plantea, que una primera característica, la constituye el deterioro simultáneo del balance fiscal y de otros indicadores macroeconómicos como son, la Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de inflación y el ritmo de la Inversión Privada. Efectivamente, durante las dos últimas décadas (años ochenta y noventa), las tasas de crecimiento del PIB y de la inversión privada, promediaron sólo 1,5% y 2,4%, respectivamente. Las cuentas fiscales por su parte, relativamente equilibradas hasta 1973, pasaron a ser claramente deficitarias desde entonces. El comportamiento de la Inflación igualmente se deterioró, al pasar de tasas del 2% anual entre 1958 y 1973, a tasas crecientes y sustancialmente más altas (más del 20% anual), siendo la inflación más alta, la del año 1996, que fue del 103%, debido a la crisis bancaria que sufrió el país para esa época.

De lo anterior se desprende, el notable deterioro que ha sufrido la economía en períodos pasados y en el presente, trayendo como consecuencia el bajo crecimiento en algunas variables macroeconómicas, entre ellas el PIB, la inversión privada, y a su vez un incremento del desempleo tanto formal como informal; de la inflación, de los niveles de pobreza, tanto crítica como extrema; originando una disminución en el bienestar social de la población venezolana.

Igualmente, la misma autora señala que:

Una segunda característica, la constituye el deterioro de un conjunto de indicadores de desarrollo humano, que revela una tendencia de la política fiscal a contribuir cada vez menos al bienestar económico y social del venezolano. Entre ellos, se destacan el gasto público real per cápita en salud y educación, los cuales alcanzaron su valor más alto, hacia fines de la década de los años setenta (Bs. 1.200 de 1984 y Bs. 3.000 de 1984), según fuente del Banco Central de Venezuela (BCV), para luego descender en forma dramática y continua a los niveles alcanzados a comienzos de la década anterior (Bs. 200 y 700 respectivamente, según cifras del BCV). En estrecha relación con este comportamiento se tienen el de la evolución del PIB per cápita y el de la Pobreza, cuyo porcentaje tanto en su versión de pobreza crítica (25%), como en su versión de pobreza extrema (20%), tendió a aumentar significativamente, sobre todo en los últimos años (Moreno: 2000: 144).

Cabe acotar, que el deterioro de indicadores de desarrollo humano en Venezuela, continúa manifestándose en fechas recientes, tal como lo demuestran las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en su Informe Reporte Social, para el año 2004, el cual señala que el 60,1% de los venezolanos vivían en situación de pobreza, ya que sus ingresos mensuales no les alcanzaba para adquirir la canasta básica (alimentos y servicios). Es decir, en términos absolutos, para el primer semestre del año 2004, existían en el país 14.503.748 de personas que vivían en situación de pobreza crítica, y sólo 9.610.104 de personas son consideradas no pobres. El Informe agrega que el 28,1% de la población no cuenta con ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria, lo que significa que se encuentran en situación de pobreza extrema. Según el Banco Mundial, en su Informe de Desarrollo (1999), la pobreza extrema es aquella que percibe un ingreso diario inferior a un dólar americano y la pobreza crítica, es la que percibe un ingreso diario que oscila entre 1 y 2 dólares, ambos a precios de 1985.

En el campo específico de la pobreza en Venezuela, son esclarecedores los reportes formulados por Ugalde (2004), cuando enfatiza que:

La tendencia de la pobreza en Venezuela en los últimos veinticinco años, muestra un país que ha incrementado sus niveles de pobreza total en más del doble y a más del triple los niveles de pobreza crítica. En Venezuela la pobreza ha aumentado de un perfil que alcanzaba a menos del 25% de los hogares en 1978, a representar para el año 2001, más del 60%. Por su parte los niveles de pobreza crítica pasaron de menos del 10% a más del 30%. (p. 49).

Según el planteamiento anterior, se observa un constante deterioro en los indicadores de desarrollo humano y por lo tanto, en los niveles de bienestar que caracteriza a la población venezolana en los diferentes periodos de estudio.

El mismo autor señala, que esta tendencia histórica de crecimiento de la pobreza, registra picos de incremento muy importantes desde 1989 hasta el presente. Dichos aumentos se corresponden con los ciclos recesivos que la economía venezolana ha venido registrando, al menos desde 1989, los cuales se caracterizan por fases depresivas de la economía nacional (dada la imposibilidad de sostener el crecimiento económico), acompañadas por fuertes devaluaciones de la moneda propiciadas entre otros, por shocks externos de ingresos, dada la altísima volatilidad de la economía venezolana, por su dependencia de los precios del petróleo.

Cabe destacar, que esta altísima volatilidad convierte a la economía venezolana en una economía vulnerable y esta vulnerabilidad se debe, tal como lo señala Ochoa y otros (ob. cit.) “al grado de exposición de la política fiscal a factores económicos, políticos y sociales que pueden comprometer el logro de sus objetivos” (p. 51). Encontrándose entre esos factores, la volatilidad de los precios del petróleo originando los llamados shocks petroleros.

De igual manera, Ugalde y otros (ob. cit), señalan que:

La economía venezolana muestra un pésimo desempeño durante el período 1979-2003, dado que en promedio muestra un crecimiento per-cápita negativo de 0,9%. Ello se debe entre otras causas, a que el país aún no ha logrado adaptarse a los cambios impuestos por el ajuste energético mundial de finales de los setenta, por un lado, y al agotamiento de la política de crecimiento económico de los años sesenta y la ausencia de una propuesta económica políticamente viable, que vuelva a hacer del crecimiento una realidad sostenida (p. 50).

En consecuencia, esta situación pudiera tener su origen entre otras causas, en las debilidades en la aplicación de la política fiscal, frente a los intentos de las distintas administraciones que, en las dos últimas décadas y en la actual, han tratado de alcanzar la estabilización de las finanzas públicas y restablecer los principales roles de la política fiscal.

Por tal motivo, esta situación pareciera poner en evidencia, que no sólo han existido deficiencias en el diseño de los programas de estabilización macroeconómica, sino que la naturaleza de los problemas fiscales en Venezuela, trasciende su dimensión política, involucrando a los otros aspectos del desempeño fiscal, como lo son, su dimensión institucional y la gerencia de las finanzas públicas. También pudiera estar asociado, a la falta de voluntad política y al populismo, alimentado por el hecho mismo de la riqueza petrolera y el resultante crecimiento de la deuda pública, para la corrección de las deficiencias estructurales en el área fiscal.

Es por ello, que surgen las implicaciones macroeconómicas de la gestión fiscal, cuando el Estado Venezolano se financia con una alta proporción de ingresos de origen interno y externo (deuda pública interna y externa), y esta situación, plantea problemas de inconsistencia, entre las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y comercial. Por último, la estructura del gasto en Venezuela es altamente deficiente, tanto desde el punto de vista de la provisión de bienes públicos, como desde el punto de vista de la distribución del ingreso, trayendo como consecuencia, que cada año el presupuesto de la nación sea cada vez mayor.

En concordancia con lo citado, se observa que el presupuesto para el año 2004 fue de Bs. 66,4 billones y para el año 2005 se ubicó en Bs. 87 billones, aprobándose posteriormente (Marzo 2006), en la Asamblea Nacional un crédito adicional de 13 billones de bolívares, llegando a Bs. 100 billones el Presupuesto 2005, lo que representa un incremento real del 30,9% con respecto al año anterior, aplicando el Índice Inflacionario.

Pero, hay que destacar, según el Informe del Banco Mundial (2003), que mientras Venezuela le dedica apenas alrededor del 6% de su gasto en promedio a seguridad social y bienestar, el resto de los países latinoamericanos le dedica un 25% de su gasto. Esto explica las diferencias que existen dentro de Latinoamérica, pues países como Chile, Uruguay y Brasil, que tienen altos niveles de gasto, también tienen niveles muy altos en seguridad social. Es decir, no se compensa en el país el gasto excesivo en su totalidad, con relación al bajo porcentaje que se invierte en gastos socio-económicos para la generación de bienestar social en la población venezolana.

De acuerdo con estos planteamientos, también se hace conveniente citar las últimas cifras disponibles del Banco Central de Venezuela (BCV), para el año 2004, según las cuales, el Gasto Público ha crecido un 53% con relación al año 2003, es decir, para el período de enero a julio de 2004, el gasto ordinario fue de 26 billones de bolívares, cuando en el mismo lapso del año 2003, estuvo en el orden de 13,6 billones de bolívares. En términos nominales el repunte fue de 89%, pero al ajustarse por inflación, el crecimiento fue del 53%. Y al sumársele las amortizaciones de la deuda, el gasto se incrementa a 32 billones de bolívares, lo que representa en total un incremento del 61,5% con respecto al año 2003. Y todo ello implica, que cada año el gasto público es mayor.

Como se puede evidenciar, ello corrobora que en Venezuela la estructura del gasto público es altamente deficiente, puesto que aunque los ingresos petroleros y tributarios son mayores que en otros períodos, la elevada ejecución del gasto (aumento considerable del gasto público), hace que la gestión del Ejecutivo sea deficitaria. Tal como lo señala el Informe mensual del Banco Mercantil (2004), el déficit fiscal para el primer trimestre del año 2004, es 3,7 veces superior al registrado en el mismo período de 2003. En el segundo trimestre del año el déficit fue de 1,3 billones de bolívares, pero en julio esas deficiencias se incrementaron en 1,8 billones de bolívares. Igualmente, según cifras del Banco Central de Venezuela, para el séptimo mes del año 2004, los ingresos fueron 4,9 billones de bolívares y el gasto estuvo por el orden de los 5,6 billones de bolívares.

El alto nivel de ejecución del gasto, ha hecho que aunque se tengan fuentes ordinarias y extraordinarias de recursos, los fondos sean insuficientes. Por tal motivo, se mantuvieron las emisiones de papeles. El reporte de la institución financiera destaca que el Gobierno Central continuó financiando la brecha fiscal con colocaciones de bonos de la deuda pública interna, lo cual explica el incremento de la deuda pública interna, (ya que la misma pasó de 2,8 billones de bolívares en 1998 a 28 billones de bolívares en el año 2006).

Aunado a esto, cabe destacar, que la Inflación de este período, es una inflación encubierta, porque la mayoría de los precios están controlados por el Estado, lo cual afecta al sector productivo de la economía, entre ellos: subsidios a la gasolina y algunos productos de la cesta alimentaria, control de precios de algunos artículos o bienes, los cuales están afectando al productor, que no puede cubrir sus costos y opta por paralizar la producción, lo cual genera escasez y trae como consecuencia, que se incrementen los precios de los productos; control de las tasas de interés (aunque cabe resaltar, que la disminución de las tasas de interés (activa) es positiva, porque estimula la inversión), aunque el Estado las controla, para no pagar altos intereses por concepto de deuda pública interna, originando que al sincerarse estos precios, la inflación aumentaría considerablemente.

Asimismo, al planteamiento anterior se le suma la inseguridad jurídica, la cual es una variable que afecta, tanto a la inversión privada interna como externa, alejándola del país, motivando que no se generen nuevas fuentes de trabajo, necesarias para reactivar el aparato productivo. De hecho, al disminuir la inversión, producto de la falta de confianza existente en el país, disminuye la tasa de crecimiento de la producción y aumenta la tasa de desempleo, que es lo que se está viendo en estos momentos.

Entonces, la crisis de desempleo, la crisis en la producción y la crisis en la inversión, es responsabilidad del Estado y compete enfrentarlo a través de mecanismos fiscales, más que monetarios.

La situación antes planteada, conlleva a señalar, que aunque el fin último que haya perseguido el Estado venezolano, durante estos períodos, hubiese sido sanear las finanzas públicas a través de un equilibrio macroeconómico, los resultados no parecieran confirmar el logro de esos propósitos. Es así como en Venezuela, durante el período en estudio, las políticas fiscales desarrolladas por el Estado Venezolano, han estado en un constante cuestionamiento, puesto que, según la opinión de calificados especialistas, no han estado orientadas o no han tenido un impacto positivo en el bienestar de la población venezolana, en términos de crecimiento económico, sostenibilidad fiscal y disminución de los niveles de pobreza.

En este sentido, tal y como lo refiere Guerra (2003), “el periodo 1999-2002, presentó las siguientes características:

Contracción del promedio anual del PIB del 2,4%, alta volatilidad de la economía, incremento de la tasa de desempleo, disminución del componente inversión, que ha acompañado al menor ritmo de actividad económica; aumento tanto de la tasa de desocupación, como de la participación de los empleados del sector informal en la ocupación total y en consecuencia, los niveles de pobreza se incrementaron durante ese período (p. 54).

Igualmente, aporta la citada fuente, el incremento de los precios de la canasta básica y la canasta alimentaria, originó una aceleración de la tasa de inflación. Ello significó que el número de hogares en situación de pobreza, pasó de 2.358.354 en 1998 a 2.946.138 en el primer semestre de 2002, correspondientes a 57,6% y 63,4% de hogares pobres, cada uno de esos años. En términos absolutos, ello significa que 3.056.476 de personas pasaron a engrosar la pobreza, siguiendo el criterio del INE (Instituto Nacional de Estadística), de que cada hogar esté conformado por 5,2 personas”.

Conforme a las estadísticas citadas anteriormente y a las opiniones de calificados especialistas en materia de política fiscal y de la realidad económica y social del país, se asumen las siguientes hipótesis o premisas que orientan la investigación:

1) Las políticas fiscales aplicadas en Venezuela, durante los años 1988-2006, no han sido efectivas para erradicar la pobreza.

2) El impacto económico de las políticas fiscales aplicadas por el Estado Venezolano, durante los años 1988-2006, no han contribuido con el mejoramiento del bienestar social de la población venezolana.

Ello implica, que de no aplicar los correctivos necesarios para lograr el manejo eficiente de las políticas públicas, de modo particular las políticas fiscales, la economía venezolana seguirá presentando deficiencias en el manejo de los programas de estabilización, al igual que en el desempeño fiscal de la nación.

Es por ello, que esta investigación se orienta a analizar las políticas fiscales y su impacto en el bienestar social de la población venezolana, es decir, se analizará sobre la base de la documentación teórica textual y las cifras reportadas por fuentes acreditadas, si las políticas fiscales han estado orientadas a incidir en el proceso de crecimiento y generación de riqueza, con repercusión en el proceso de redistribución equitativa de las rentas para todos los sectores de la población, tomando en cuenta la sostenibilidad fiscal.

De acuerdo con todo lo expuesto para orientar la dirección y desarrollo de la presente investigación y en función de las reflexiones anteriores, seguidamente se formula y sistematiza la problemática en estudio, con las siguientes interrogantes: