2.6 La Problemática Económico – Política de México, situación entrampada

La reciente democracia por la alternancia en el poder de los principales partidos políticos en México –PRI y PAN-, ha llevado al campo de lo económico los constantes aspectos politizados que no ha sido capaz el Gobierno ni los partidos de solventarlos, de sacarlos adelante, por un lado, los supuestos fraudes electorales producto del surgimiento de la izquierda extrema, donde las condiciones radicales llevaron a un conflicto post electoral a conteos extraordinarios por la escasa diferencia en los votos obtenidos por los dos partidos mayoritarios, por un lado el PRD y por otro el PAN, ambos proyectos políticos polarizados manejando los aspectos sociales como bandera por el rezago social y por otro lado la propuesta neoliberal de negociar con el petróleo, consideramos que ambas posturas reflejan la inmadurez de nuestro proceso político electoral, sin llegar a acuerdos importantes, el desgaste político de la sociedad llevo a un abstencionismo en las elecciones intermedias del 5 de julio del año 2009, seguramente provocando entrampamiento económico producto de las diferencias partidistas y del poco estado de derecho de respetar la norma electoral.

Este impacto ha generado una situación entrampada en el contexto económico, por una parte, los grandes acuerdos nacionales han quedado rezagados entre ellos la reforma fiscal de fondo, tendido solamente una propuesta fiscal ligera con el surgimiento de nuevos impuestos y por otra, las reformas estructurales enfocadas a la reforma del Estado, la reforma laboral y la reforma energética aprobada parcialmente, todo ello ha provocado un estancamiento en los acuerdos nacionales que si bien es cierto, es parte del proceso democrático, una sociedad no se puede pasar pensando solamente en las discusiones de las ideas sin llegar a un acuerdo.

A nadie beneficia este problema. Por ello las condiciones actuales de la política mexicana, impactan severamente en la economía del país.

Es necesario tomar acuerdos y lograr que la economía mexicana rebase los procesos políticos y se ordenen las condiciones de crecimiento.

Cabe señalar que las diferencias políticas de Gobierno, una vez logrado el poder, se manejan como diferencias permanentes sin emitir trabajo alguno, las propuestas son continuamente censuradas por los partidos de oposición, sin buscar acuerdos democráticos donde empaten las convergencias y se discutan las diferencias, esa parte terminaría cuando inicien los aspectos de debate político dados los tiempos de campaña, donde los partidos políticos resalten los logros alcanzados y no así los defectos e irregularidades de quien ostenta el poder en el momento.

2.7 El Problema de la Corrupción que conlleva al informalismo en México

La corrupción no inició ayer ni terminará mañana (Archundia: 1998), uno de los grandes lastres en México es la corrupción, cuando pensamos en este tema, de inmediato se habla de ilegalidad y enfocado al tema de la presente tesis en relación a los que no pagan tributo al Estado, es precisamente que se denomina informal al sector de la economía que se caracteriza por el desarrollo de actividades ilegales, teniendo que ver de manera directa con la corrupción. Esto no se traduce a un problema de carácter fiscal -donde tiene implicación significativa- sino de institucionalidad en un país.

Al hablar de economía informal se hace referencia a actividades tales como el ambulantaje, la piratería, el contrabando, el narcotráfico, la evasión de impuestos, prostitución, aborto y otras tantas actividades que por su carga punitiva se hacen de forma clandestina y aprecian de forma gravosa.

Lo más preocupante de este problema es el desarrollo económico del país, como en casi toda Latinoamérica, el sector informal cada día va generando oportunidades económicas que salen del marco del derecho y que figuran como ilegales aún realizando actividades de comercio lícitas como la venta de ropa, electrónica, zapatería y otros.

En 1990 el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) expuso que la llamada economía subterránea en México generó el 44% del ingreso nacional, para el año 2000 el mismo organismo estima que su participación ha crecido el 49% y para 2008 el 52%. Es claro que para los mexicanos la mitad de nuestros ingresos provienen de una actividad ilegal.

En el estudio para América Latina, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), plantea que el empleo en el sector informal aumentó de 1995 al 2005 de 51.6% a 56%. Por lo que es posible que en el 2008, se esté hablando de un empleo aproximado a un 60%.

Más preocupante aún, es el hecho de que este sector es más prominente, rentable y eficiente que el formal. Por decir, como un ejemplo de caso, el comercio establecido tiene una estrategia de distribución que es significativamente más onerosa que la de un ambulante. Mientras el establecido comercio formal gasta en renta del local, sueldos de empleados, seguro social, honorarios contables, gastos fijos y otras prestaciones, gastos de administración, paga impuestos, entre otras erogaciones, el comercio ambulante informal no incurre en ellos, por lo que sus precios son significativamente más bajos y competitivos que los que presenta el comercio establecido, además de que sus compras también se realizan en el sector informal las cuales no llevan impuestos tal es el caso del Impuesto al Valor Agregado entre otros, en pocas palabras es más eficiente.

A su vez el comercio ambulante es más prominente porque se accede de forma más fácil a él por la movilidad que presenta, aparte de tender a ser itinerante a través de tianguis y otras plazas. La mayoría de actividades de la economía subterránea por ser ilegales y por tener una carga punitiva se vuelven más rentables, digamos como ejemplo: el narcotráfico.

Si se observa, es precisamente su carácter de ilegalidad lo que las hace, en su mayoría, más rentables. Obviamente la solución viable para controlar estas actividades que escapan del control de las autoridades es legalizarlas, pero no es tan simple; la cuestión está en que en México las instituciones se rigen bajo un marco de derecho normativo; esto es, que procura legalizar solo aquello donde se garantice la justicia. Así la legalidad y la justicia son un binomio que se expresa como una auténtica identidad. Sin embargo, el desarrollo capitalista explora nuevas actividades que en muchos casos por su carácter se enfrentan a las instituciones prevalecientes y con tiempo llegan a ser tan prominentes que logran una beligerancia política que incluso llega a cuestionar la legitimidad de las propias instituciones, o como caso extremo las aniquilan.

Por ejemplo se tiene la desaparición del ejido como tal, el cual se venía enajenando y fraccionando de forma ilegal ante el inminente desarrollo urbano y periurbano, al grado que trastocó en lo sustantivo al ordenamiento territorial.

Es por ello que el ejido como figura jurisprudencial desaparece pasando a ser pequeña propiedad, nueva institución que es clave para la modernización del campo, toda vez que el apoyo a los pequeños productores con garantía hipotecaria y otras ventajas que se tienen para lograr financiamientos, mediante la pequeña propiedad se logra.

En virtud de lo anterior, lo primero que se deduce es que la proliferación de actividades ilegales y el crecimiento desmesurado del sector informal (esto es, la corrupción) se explica por efecto inminente del cambio de estructura económica y grado de desarrollo capitalista que cuestiona precisamente la legitimidad de las instituciones del país. La obsolescencia que estas presentan se explica por partir de juicios de valor ante los parámetros de la justicia con fuerte atavismo a la moral (justicia) feudal o incluso de un orden más antiguo (por caso el derecho romano que se funda en una sociedad esclavista) que cuestiona la validez de nuestras Leyes ante el ascenso del capitalismo.

El desarrollo capitalista engendra nuevas mentalidades y con ello cambia la moral que establecen los juicios y criterios de valor (parámetros) de la justicia. A manera de ejemplificar lo anterior, así pasó durante el Siglo XVII con el surgimiento del capitalismo comercial que se sostenía y reproducía a través de la usura. Las instituciones morales de aquel entonces representadas por la Iglesia Católica, no admitían como justo el lucro y lo calificaban como pecado. (No obstante esta Iglesia lucraba prestando recursos financieros a Reyes y otros señores feudales para supuestas obras pías, donde iba desde luego implicado su respectivo interés).

Mientras el capitalismo paulatinamente se volvía prominente ante el anterior orden feudal, al parejo la moral católica presentaba cada vez más su obsolescencia ante el nuevo orden estructural; hubo que cambiar las instituciones: Nace con ello el Luteranismo y el Calvinismo que más que inconformarse por la supuesta virginidad de María, la verdad es que ofrecían una nueva moral iconoclasta que legitimaba la usura, base detonante de la acumulación capitalista.

Así la moral cambió de tal forma que incluso hoy día, existen diferentes científicos sociales que afirman que la discrepancia en el grado de desarrollo que existe entre las naciones cristianas en mucho se explica por ser las protestantes las más avanzadas y las católicas las atrasadas, tal es el caso de México y los países centroamericanos.

Rescatando la propuesta Neo Institucionalista de Douglas Cecil North, la base del éxito o la razón del fracaso de un esquema económico nacional se explica en relación a su orden institucional, de que tan eficaces o inoperantes son sus Leyes en relación al tipo de relaciones sociales de producción que caracteriza la formación social, que define la estructura económica que en su momento se implementa.

La dinámica actual de desarrollo económico, cuestiona la operacionalidad del derecho puesto que comienzan a tomar prominencia actividades que por ahora son ilegales por su carga moral (justicia) que llevan implicadas. Resulta entonces que mientras las instituciones se mantengan atávicas a la justicia el capitalismo se limita a las esferas que el derecho le permite como legales (por considerárseles apegadas a la justicia).

Sin embargo el prohibir no erradica una práctica, a veces hasta la fomenta pues por su riesgo punitivo la hace más rentable y atractiva, muchas veces lo más prohibido es lo más deseado. Ante la creciente inoperancia de las instituciones actuales en una realidad capitalista pragmática, se cuestionan los contenidos de las Leyes del país, la corrupción se presenta ante la cada día mayor obsolescencia de las instituciones.

Así, la crisis económica de México como la que vemos en nuestros días donde el desplome económico del 10.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en los meses de Abril a Junio del 2009, refleja una inoperancia total del sistema económico y de sus Leyes, ya que el estado de derecho ha quedado de lado al mantener una política de derecha radical por encima de la justicia, todo ello se representa en que no es una causa sino un efecto, la realidad es que en el país se vive una crisis de conducción, donde las instituciones ya no controlan la mitad de la economía real mexicana y que cada día siguen perdiendo las riendas de la economía nacional. La obsolescencia de las instituciones se traslada a una crisis de administración pública, la realidad es evidente y ante la evidencia no hay contundencia.

La crisis de México además de ser económica, es de conducción, de administración pública, de actitud y esto se explica por la obsolescencia de las instituciones ante el nuevo contexto económico lo que da pié a la corrupción.

En el orden económico lo que está en crisis es el sector formal de la economía ante la prominencia del informal.

El Instituto del Banco Mundial (WBI) define a la corrupción como el procedimiento “en que uno o más funcionarios requerirán de pagos adicionales por ofrecer un servicio”. Pero además sabemos que la corrupción por el hecho de cobrar cantidades adicionales –y no solo en efectivo-, sino en servicio, en especie o en crédito, tal es el caso de la corrupción académica, que es la de cobrar y no realizar tu trabajo de enseñanza, o la corrupción de entrega de plazas en los municipios, estados o en la federación, los permisos de alcoholes, de centros nocturnos, de guarderías, de taxis piratas, la corrupción de un médico que opera sin razón a su paciente, la corrupción de un banco al otorgar un crédito al amigo o al compadre, la corrupción de los medios de comunicación en las elecciones al manejar tendenciosamente la información, los espacios o los tiempos, hacia una determinada corriente política en agradecimiento a favores de pago de publicidad, respaldo financiero o canonjías por el hecho del preferencialismo electorero.

De acuerdo con Transparencia Internacional, siete de cada diez países tienen menos de 5 de calificación (sobre 10 puntos). México obtuvo 3.6, ocupando la posición número 64 de 131 países. Lo más preocupante del dato, es que Naciones como Colombia y Brasil tienen mejores cifras. En los primeros lugares de esta lista (menos corruptos) aparecen: Finlandia, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y Japón.

Respaldado con los datos del Banco Mundial, los actos de corrupción le cuestan a México 60 mil millones de dólares anuales o el equivalente a cuatro veces los ingresos por exportaciones petroleras, lo que representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra, además de impactante es más importante, si consideramos que en el primer tercio del Gobierno Foxista sólo se ha crecido 0.6% en promedio anualmente y que el porcentaje del PIB destinado a educación es mucho menor.

La corrupción en el Gobierno, en las empresas y en cualquier organización social, es una actividad que generalmente se mantiene oculta y en muchos casos la complicidad, el miedo a presentar una denuncia y la habitual discreción de los involucrados consiguen cubrir los rastros del perjuicio. Ese es uno de los motivos por los que los instrumentos utilizados para medir los niveles de corrupción son índices de percepciones o bien, de cómo la población de un país advierte o estima la gravedad del problema de corrupción en su entorno social.

Se sabe que en los países en los que se perciben altos niveles de corrupción, el ingreso per cápita es menor; la distribución del ingreso es más injusta; hay bajos niveles de inversión extranjera y nacional, así como bajos niveles de crecimiento económico.

El grado de desarrollo de un país está relacionado negativamente con los niveles de percepción de la corrupción, por lo que podemos decir que ésta es una de las características del subdesarrollo.

La corrupción hace que se destinen recursos públicos a proyectos en los que hay más probabilidades de obtener un beneficio personal, mejor conocidos como "elefantes blancos", a costa de las prioridades del desarrollo del municipio, del estado o del país. Estos "paquidermos" no solamente alejan recursos de las necesidades reales de inversión, sino que con el afán de lucro, sus promotores suelen transgredir normas de seguridad y de protección al ambiente, causando pérdidas adicionales para la sociedad y para el ecosistema.

El relajamiento en las normas jurídicas promueve la corrupción, favorece el fraude, la evasión fiscal y el crecimiento de economías informales. La corrupción también lastima a los sistemas de procuración e impartición de justicia y reduce en general la calidad de los servicios públicos. La corrupción no solamente genera más corrupción, sino que promueve la impunidad y limita la capacidad de los Gobiernos para combatirla, creando un círculo vicioso que de no detenerse, puede crecer y volverse incontrolable.

Todo lo anterior y ante este problema no se trata de prohibir -porque va contra el propio desarrollo capitalista-, sino de legalizar. Implica un nuevo orden institucional que conlleve a su vez un nuevo orden institucional; es decir, un nuevo orden moral ante los parámetros de la justicia y la legalidad.

Para combatir la corrupción se requiere un cambio de instituciones, de transitar de un derecho normativo a uno positivo (hay quien le llama derecho económico). Pero la implicancia es sustantiva pues involucra separar el binomio de legalidad y justicia, que cada día la legalidad se distancie más de la justicia. Implica legalizar el narcotráfico, el contrabando, la piratería, la prostitución, el ambulantaje, el aborto y otras tantas cuestiones que llevan una fuerte carga moral (no se olvide que la moral es otra institución y que su origen es feudal o incluso esclavista).

El primer atavismo que se afronta ante la paulatina pérdida de legitimidad de las instituciones es la moral, que otorga la razón y legitimidad social a la justicia. Es por ello, que cada día oímos hablar más de la ética pragmática que de la moral dogmática, lo que significa que a cada quien sus reglas según sus conveniencias y no tanto el interés que prevé el bienestar de todos (moral). Donde se traslada la responsabilidad de la conciencia de un contexto social a uno individual; la ética que es una categoría individual por la moral de fuerte carga comunitaria.

Pero la corrupción tiene un doble sentido, comentando de piratería, por decir, se prohíbe (al menos de forma aparente), pero la otra cara es que mientras se combate la piratería (instancia popular) no se combate (interviene) el monopolio de dos o tres disqueras que inundan el mercado y que venden a precios realmente inflacionarios. Si usted compra música en CD, ésta según su contenido anda entre los $120 y los $260 pesos, mientras que la disquera sólo invierte en el plástico $11.50 y en pago de regalías por derechos de autor y otros gastos de operación menos de un peso por unidad (según se prorratee en el número del tiraje de edición). El intermediario gana una comisión que deambula en un 10% o un 15% neto y el enorme diferencial se lo queda la disquera, otro ejemplo, podemos ver los zapatos deportivos, mientras que en una tienda de franquicia, la marca se vende en un par de tenis en $1,600.00, el tianguis ambulante se compra el mismo producto en $600.00, esto arroja la gran cantidad de costo de publicidad de la fábrica además de los costos de franquicia y otros.

Finalmente la respuesta de la gente ante tal situación monopólica-inflacionaria es el recurso de la piratería, que siendo ilegal no obstante, presenta cierta justificación ante la miopía ex profesa de las instituciones y su parcialidad en la procuración de justicia.

Por citar otra forma en que se expresa la corrupción es el caso del narcotráfico, es bien sabido que prohibir no es erradicar y que en el caso del narcotráfico su prohibición resulta en el fomento de la actividad al hacerla más lucrativa por su carga punitiva y el riesgo que implica proveerla a quien consume.

La mejor solución es aplicar lo que el Senado de la República ha autorizado en relación con el consumo mínimo de droga para los que son dependientes, tipificando el narcomenudeo y el tráfico de drogas por separado dando una dimensión correcta al problema de salud de los dependientes y al mercado negro de los carteles de la droga, con ello se desarma el monopolio de las organizaciones delictivas que operan y causan un grave daño al país.

Por otro lado, es el caso de los cigarrillos o el alcohol, obligar a las marcas a comunicar a los consumidores sobre los riesgos que existen en su consumo. Ello explicaría que quienes dicen combatirlo y tienen el poder para legalizarlo sean renuentes a hacerlo, todo ello por intereses ocultos.

Esta es una de las tantas formas en que se expresa la corrupción en nuestro país. Mientras no haya una reforma institucional la corrupción irá adquiriendo mayores dimensiones y expresiones, puesto que son actividades económicas eficientes capitalistas muy lucrativas.

El ambulantaje es una actividad tan difundida y es bastante representativa, respecto a la población que vive y se beneficia de esta actividad, al grado que los H. Ayuntamientos ahora ven la ventaja de legalizarla por su carga política y contenido social, no obstante que esto sea desleal con el comercio establecido que paga impuestos y que implique con ello darles al traste. Ni modo, en el mercado una estrategia de mercadeo más eficiente acaba por liquidar a las menos competitivas.

Con el tiempo se verá crecer la prominencia de las actividades que ahora forman parte de la economía subterránea y clandestina y a su vez la urgencia de cambiar el clima institucional a un marco de derecho positivo, a una moral distinta que ahora bien puede ser tachada de inmoral, como es el caso del aborto, la eutanasia, la renta de madres anfitrionas de embriones huéspedes ajenos, de la venta de óvulos para madres en imposibilidad de procrear y con fines eugenésicos, de venta de órganos y otros tantos tópicos que ahora preocupan a los bioéticos, quienes no pueden resolver el principio más básico del que parte la ética, que es que esta es amoral y práctica y ellos traen una fuerte carga moral para calificar este tipo de prácticas.*

La cuestión aquí es que la administración pública, si quiere resolver la actual crisis de conducción -y con ello erradicar la corrupción-, tiene que afrontar que es necesario e imprescindible el cambio de las actuales instituciones a formas más legítimas ante el estilo de vida que están desarrollando los países como México. De no hacerlo la situación acabará por salirse totalmente de su control e imperará la anarquía (si no es que la vorágine) o bien, un estallido social como ya se ha mencionado por autoridades con alto grado de credibilidad como es el Rector de la Universidad Autónoma de México en fechas recientes.

Esto implica el cambio de moral pues concibe aceptar como normales, cotidianas y legales actividades que ahora nos alteran y atemorizan, las que vemos a través de las vísceras de la moral caduca de las instituciones obsoletas, y les guste o no, se tendrán que aceptar, tolerar o adaptar con gran versatilidad. La pregunta sería si se está preparado para una nueva moral que legalice la venta de órganos, la eutanasia, el aborto, la prostitución, el narcotráfico, el contrabando, la piratería, el ambulantaje entre otras o bien admitir que se puede renunciar a la moral feudal y que es necesario cambiar de esquema económico para sostener los valores obsoletos ante un capitalismo rampante que se presenta como rapaz. Los supuestos regímenes socialistas ya lo intentaron y por lo que se observa han fracasado. Decía Carlos Marx que en última instancia "el que no vive como piensa, termina pensando cómo vive".

El problema con Marx es que él tampoco pudo escapar de la enajenación en la que queda cautivo el hombre por su realidad concreto-real-material (como el mismo lo afirmó) y que hizo un meticuloso y consistente análisis del capitalismo, pero calificándolo en materia de justicia (economía política) con su carga moral de carácter judaísta -sin ser judaísta pues se decía ateo, pero sí por su origen étnico y formación ideológica judía- y atábica en valores a una moral de orden antiguo.

Más bien el tipo de mentalidad que se irá implementando conforme siga madurando el capitalismo, es aquella a la que se refirió Federico Nietzsche en su "Ecce Homo" y en "Así hablaba Zaratustra" y que calificó como amoral y nihilista. No olvidemos de él que ante la terrible crítica de su tiempo de la que fue sujeto consideró para sí y su filosofía lo siguiente: "hay quien nace póstumo".

Una de las vicisitudes que más llaman la atención es la proliferación de actividades económicas propias de la economía informal.

Se consideran informales todas las actividades que no se notifican ante Hacienda, las razones no siempre son fiscales (evasión), sino de tipo legal (narcotráfico, contrabando, ambulantaje, entre las principales).

El crecimiento industrial procura localizarse cerca de los principales centros de población. Las causas que explican esto es que obtiene de forma más eficiente como tiene accesibilidad a los insumos que le son necesarios, así como se ubica cerca de los principales mercados tanto de sus factores productivos como del producto o productos de su vocación.

Así, el desarrollo industrial viene aparejado con el desarrollo urbano. Ambos se nutren y reproducen mutuamente. El crecimiento demográfico local es efecto de estos dos. El desarrollo desarticulado de la industrial y su cada vez mayor distanciamiento en materia de rentabilidad entre las actividades primarias (agropecuarias, minería y extracción), respecto a las actividades de la transformación son en parte la causa de que las pequeñas localidades menores a los 100 habitantes presenten un éxodo creciente a núcleos poblacionales mayores tales como son las ciudades medias.

El creciente ejército industrial de reserva (que presenta un crecimiento sostenido tanto por causa natural como social) presiona a la baja los salarios industriales y de prestadores de servicios sujetos a contribuciones fijas (asalariados). Para la población migrante (como para parte de la residente) implica la búsqueda de actividades económicas alternativas. Estas normalmente se sujetan a labores que o bien son legales pero no se cumple con las condiciones que el municipio exige para su desarrollo, o bien el cargo fiscal y otros gastos es bastante oneroso. Así también, se tienen actividades sancionadas por las autoridades tales como la prostitución, el narcotráfico, contrabando, maquila, contrataciones verbales y convenios no formalizados para no inscribir a los empleados en el IMSS, entre otras más.

Las instituciones en nuestro país, muestran una obsolescencia cada día más marcada, la situación económica de crisis mundial actual, el desarrollo desarticulado y asimétrico de la industria, imponen una realidad que dista mucho a lo que norman las instituciones. La miopía en los ordenamientos resta previsión a la planeación económica, urbana e industrial, es por ello que, la realidad siempre supera lo pretendido y las autoridades se ven modestas en sus iniciativas al tratar de incidir correctivamente en los problemas. Sobre todo porque se apegan a la institucionalidad. Resulta necesario cambiar las instituciones de este país para que su acción sea más efectiva. Mientras esto no suceda, los programas de trabajo de las administraciones públicas serán cada día menos efectivos en cuanto al logro de sus objetivos y lo que es peor, ante las urgencias sociales de la Nación.

Por dar un ejemplo, el ambulantaje supera en efectividad comercial al comercio establecido puesto que al ahorrarse plaza, impuestos, sueldos y tener la movilidad deseada para procurar una mejor venta, restando desde luego mercado al comercio establecido, las autoridades sólo pueden cobrar algunos permisos a los ambulantes, pero inhibir este tipo de actividades puede ser contraproducente para la administración pública, puesto que esto bien se puede traducir en otros problemas sociales más cruciales tales como el desempleo, la delincuencia, violencia, migración, desintegración familiar, entre los principales a citar.

De tal modo que según prolifere este tipo de actividad económica informal, irá matando al comercio establecido como institución de mercado, supliéndola. El desarrollo de nuevas formas de distribución mercantil. Lo propio es legalizar el ambulantaje y dejar que las leyes del mercado dejen a los más eficientes en la vanguardia de la competencia, eso es parte del desarrollo de una economía capitalista, la que busca a ultranza su reproducción y abatir la tendencia descendente de la tasa general de ganancia.

En conclusión, la corrupción le cuesta a una sociedad en recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida. Los costos sociales que representan la pérdida de oportunidades de crecimiento y desarrollo, el deterioro del medio ambiente y de la seguridad pública, tener servicios públicos deficientes y una injusta distribución del ingreso son muy altos e imposibles de medir. Por desgracia, el avance democrático no garantiza la eliminación de este mal y se requiere de acciones radicales que modifiquen de manera profunda este marco institucional, ya que se está minando la credibilidad que la sociedad tiene en sus dirigentes y en sus políticas públicas y que puede condenar a un persistente bajo crecimiento, menor bienestar y mayores desigualdades.

Para que un país goce de altos índices de crecimiento económico, es necesario que exista una justicia fiable, expedita, eficiente, barata y predecible; en México, lamentablemente la justicia es selectiva, ineficiente, cara y poco confiable, por lo que se debe, además de lo anterior, combatir el lavado de dinero y que la sociedad civil participe más activamente en la lucha contra la corrupción, para vigilar y exigir tribunales que verdaderamente sean independientes. Mientras se pierda el tiempo en escándalos de corrupción, otros países se dedican a mejorar en capacitación y en su competitividad.

Causales estructurales de la migración en México.

A finales del siglo pasado, la humanidad ha emprendido grandes cambios dentro del orden socioeconómico internacional. Han caído viejos dogmas y en su lugar se erigen nuevos bastiones ideológicos que buscan alternativas viables al desarrollo, sostenibles y sustentables. Corrientes de pensamiento que va desde la revisión ortodoxa de tesis del Siglo XVII como son los llamados neoliberales, así también aquellos que se apegan a la revisión de los legajos del socialismo científico del Siglo XIX.

También los hay eclécticos tales como la relativamente novedosa tesis de la tercera vía. La cuestión, con base a la experiencia histórica del siglo que termina, emprender una conducción económica internacional que venga a resolver los grandes paradigmas que afronta el futuro de la humanidad tales como son la sobrepoblación, la energía, los alimentos, la ecología y el medio ambiente, la tecnología y el cambio de mentalidades, por citar los principales.

Ante este marasmo de ideologías, unas tantas incluyentes, otras más excluyentes, el orden institucional mundial ha emprendido radicales cambios en la estructura económica internacional. Se reformula el concepto de desarrollo, de aquella caduca acepción de la autosuficiencia y la independencia entre las Naciones, ahora se procura la integración, es así como ante los esquemas autárquicos se impone el principio del comercio internacional como la vía a la cooperación entre las naciones para garantizar con él el carácter sostenible y sustentable del desarrollo.

Los regionalismos son fórmulas nuevas, que bloques de Naciones con intimidad geográfica establecen como principal estrategia para procurar aprovechar las oportunidades y ventajas competitivas que diferentes factores productivos representan en las diferentes geografías mundiales. Como casos más consolidados se tienen a la Unión Europea, la Cuenca del Pacífico y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

México, desde 1982 ha emprendido un cambio institucional sustantivo, para reconvertir el viejo esquema de sustitución de importaciones (proteccionismo que procuraba en grado la autarquía) a uno nuevo de integración internacional (sustitución de exportaciones). Esto es patente en la desregulación económica que emprende el Estado Mexicano como nuevo estilo de conducción económica, el reordenamiento del marco institucional, especialmente en materia de competencia y regulación económica, la desincorporación de paraestatales vía privatización, descentralización o desconcentración, como de la implementación del federalismo que confiere al municipio un juego más preponderante en la administración pública.

Ante este nuevo esquema con apertura y dentro de un marco institucional menos intervencionista, la reorientación de la planta productiva de la empresa nacional a mercados internacionales, implica una nueva geografía de oportunidades comerciales, así como una nueva distribución espacial de los negocios. La vinculación que tengan las empresas y sectores industriales con los mercados tanto internos como internacionales, dan pauta a una profunda reestructuración económica que presenta patrones de conducta diferenciados a los tradicionales.

Las empresas que tienen un mayor vínculo con los mercados foráneos, se relocalizan en ciudades fronterizas y puertos que son lugares que les representan una ventaja en materia de la cercanía a sus mercados de destino. Otras tantas, con mayor integración a los mercados nacionales procurarán estar cerca de los principales centros de población del país.

Es a través de lo anterior, que se observan reacomodos de la población dentro de la geografía nacional e incluso fuera de ella. La migración se explica tanto por los componentes de expulsión de las áreas de origen como por los factores de atracción en los lugares de destino, que les impulsa a buscar nuevas oportunidades laborales y una mejor calidad de vida.

Las asimetrías sociales y económicas existentes entre las Naciones e incluso aún las existentes en la geografía nacional, la nueva lógica de reproducción capitalista en su proceso de acumulación, como los cambios institucionales aplican una nueva Ley de población, que en materia de migración trae consigo cambios en la distribución espacial de la misma y en los patrones del desarrollo urbano y periurbano, así como rural.

El ascenso industrial-urbano bajo la óptica de la oportunidad económica que un esquema con apertura representa, así como el paulatino depauperio del nivel de vida en el campo mexicano, la modernización y rotación de cultivos de tradicionales a comerciales, los cambios en la tenencia de la tierra causados por una nueva reglamentación relativa a la propiedad, tenencia y uso de suelo agrícola, entre otros elementos, son causa de que se agraven las asimetrías existentes en las regiones del país. Por decir, la región del norte manifiesta una gradual y creciente integración a la economía norteamericana, las ciudades como Tijuana, Cd. Juárez, Nuevo Laredo, presentan tasas de crecimiento demográfico superiores a la media nacional e incluso de las más altas.

Las empresas que mantienen un mayor vínculo con los mercados locales, se ubican en los principales polos de población tales como el área metropolitana de la Ciudad de México y el área metropolitana de la Ciudad de Guadalajara. En el Bajío ya es una realidad la metropolización de las ciudades que integran el cinturón industrial que va desde San Juan del Río y Querétaro hasta León y los llamados pueblos del Rincón (San Francisco y Purísima) área por cierto que gravita entre dos subsistemas de ciudades, el de la ciudad de México y el de Guadalajara.

En este contexto de reordenamiento territorial, como efecto del nuevo esquema del desarrollo industrial-urbano, la apertura comercial, la desregulación económica y un nuevo clima institucional más positivo, los fenómenos demográficos presentan conductas distintas a las que tradicionalmente venían comportando. En específico, la migración y la distribución espacial de la población.

Los economistas comúnmente desarrollan indicadores que no obstante reflejen lo que pasa a un nivel específico de una economía, en muchas ocasiones estos indicadores son insensibles a causales sociales que llegan a influir en la variable económica que explican. O bien, los datos elaborados sí son sensibles a tales causales más, como no fueron creados de ex profeso para tal fin, quien los elabora se ve limitado a una interpretación más modesta.

Como ejemplo, resulta bastante ilustrativo exponer como en Guanajuato se maneja por fuentes oficiales que el índice de desempleo es de los más bajos del país, paralelo a que seguimos siendo una de las 4 entidades federativas donde la emigración de trabajadores a los Estados Unidos es muy representativa.

Años atrás, un Gobernador de Michoacán se jactaba de algo similar para su Estado, desde luego la crítica no se hizo esperar puesto que los “michoacas” de 12 años o más, en cuanto se veían posibilitados para trabajar emprendían el penoso rumbo de la emigración al tan afamado “norte”.

México, tiene una tradición de migrantes de este tipo de trabajadores de ya más de 50 años. Especialmente Guanajuato, donde precisamente en la estación de ferrocarriles de Irapuato, todavía en los años 50 estaba la Oficina de Contratación de Trabajadores que partían a laboral en los campos estadounidenses (parte del Programa Bracero).

Muchos guanajuatenses acabaron por residir en la Unión Americana y han sido el contacto con sus connacionales, a quienes apoyan para su ingreso legal o ilegal, así como su residencia, en dicha Nación.

No se cuenta con cifras precisas de cuántos guanajuatenses ahora radican en alguna parte de los Estados Unidos de Norte América. Algunos investigadores dan números modestos de apenas unos 600 mil, otros se van en grande con aproximadamente 2 millones. Más lo que sí es de interés es que los guanajuatenses siguen migrando “al Norte” de forma bastante significativa. Seguramente porque en Guanajuato los empleos que encuentran no son tan lucrativos como el costo de oportunidad que significa trabajar en la Unión Americana, o bien porque ya es parte de una cultura laboral a nivel popular el migrar a los Estados Unidos para trabajar, o simplemente porque en la entidad no hay empleo y este está saturado más aún con la crisis de empleo actual.

Dado lo anterior, cabe preguntarse si para el caso, en Guanajuato realmente tenemos un índice de desempleo bajo, o los indicadores nos engañan y no vemos que más bien esto es un reflejo de la enorme emigración que existe en el mercado laboral local.

La globalización imprime cambios en la movilidad de la población en todos los orbes. Nuestra nación no escapa de la integración económica que supone la apertura comercial que desde inicios de los años 90’s ha sido inminente como parte del desarrollo del país. Así, el nuevo esquema económico supone un cambio en la movilidad y residencia de la población. La gestación de nuevos polos de desarrollo en puertos y ciudades fronterizas, así como el crecimiento de las ciudades medias ante la inclusión de la inversión extranjera directa en los sectores económicos de la economía mexicana, son causal directo de un reordenamiento en la distribución espacial de la población.

La migración de los habitantes no solo incluye el territorio nacional sino que se manifiesta ultra fronteras. En el caso de México, el mercado del norte del continente supone oportunidades laborales que representan abiertas ventajas y retos al trabajador mexicano. La ya arraigada tradición de migrantes “braceros” a la Nación vecina de Estados Unidos de Norte América y las ventajas remunerativas que representa el mercado laboral estadounidense, alientan a muchos a emprender su colocación en trabajos en el extranjero. Las oportunidades y ventajas de dicha Nación, aunado a la insuficiencia local de absorber la fuerza de trabajo, el desarrollo industrial incipiente y desarticulado, el depaupero del salario real por causa de la inflación y la evidente pobreza, motivan que muchos paisanos emprendan la búsqueda de un mejor nivel de vida.

El Gobierno de Guanajuato, consciente del problema que lo anterior implica, suma su esfuerzo en procurar retener a la población residente en la entidad con la creación de nuevos empleos, coadyuvando en el desarrollo de nuevas industrias, especialmente maquiladoras, así como procura orientar a quienes deciden trabajar en el mercado estadounidense para que se organicen y como grupo unido participen en la actividades creativas que dicha Nación les otorga.

Para lo anterior, es importante que los trabajadores mexicanos y en especial los guanajuatenses, conozcan de sus derechos, se les oriente en las oportunidades que se les presentan en Norte América, así como se les asesore para su normalización en cuanto su tipo de residencia en dicha Nación. Otro aspecto de interés es su conocimiento de los derechos humanos, de las autoridades mexicanas a las que pueden acudir en auxilio y apoyo en las avenencias legales que su residencia y actividad económica les implica.

Desarrollo humano y liderazgo ¿para qué?

Se calcula que en América del Norte residen al menos 10 millones de mexicanos. Personas emprendedoras y trabajadoras, con un enorme potencial de desarrollo y talento. Su inclusión en las actividades económicas de los Estados Unidos les brinda la oportunidad de desarrollarse. No obstante, su situación minoritaria y en muchos casos irregular (por su tipo de residencia indocumentada) les limita en la realización de sus anhelos. Se trata de trabajadores mexicanos alentados por contribuir con la Nación en el desarrollo de sus locales, allá en el “terruño”.

Las remesas familiares (que son la tercer fuente generadora de divisas del país) suman montos equiparables a las partidas que deja el turismo, o el petróleo, con la diferencia de que estas tienen una mayor derrama en las clases humildes y sus montos contribuyen vía bancaria al financiamiento del desarrollo de su localidades, especialmente en el caso de las ciudades medias.

Por ello, es importante que adquieran una cultura que les concientice de su situación y les brinde elementos para que de manera legal se integren a las actividades creadoras de la Nación del Norte y que con tiempo puedan albergar aún el anhelo de reintegrarse a sus comunidades de origen, pero ahora como emprendedores, empresarios que puedan dar cabida a proyectos de desarrollo empresarial de tipo micro y pequeño, así como de organizaciones que se materialicen en la gestación de empresas medias en el país, sería algo así como “El sueño Mexicano”. Así que los trabajadores mexicanos se organicen tiene diversas bondades, entre las que destaca la lucha por hacer valer sus derechos, su integración a las labores creativas de la Nación receptora, su organización e identidad cultural y comunitaria, la gestación de iniciativas en su Nación de origen en la creación de empresas que se sumen al desarrollo de sus comunidades de origen.

Estados Unidos ha condenado la corrupción e impunidad de México.

El vecino del Norte, los Estados Unidos ha condenado la impunidad y corrupción en todos los niveles del Gobierno de México, aunque ha reconocido que también se han tomado medidas para castigar a funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad deshonestos. Así se concluye (Informes de países sobre prácticas de derechos humanos: 2008), que el Departamento de Estado entregó al Congreso Estadunidense.

Las autoridades de EU destacan que aunque la Ley mexicana penaliza la corrupción, éste es un problema persistente, pues algunos servidores públicos aún cometen “abusos burocráticos y algunos actos criminales con toda impunidad”.

Citan como ejemplo el pago de sobornos a funcionarios administrativos y a las fuerzas de seguridad para servicios rutinarios o para librar multas.

Agregan que hubo casos de corrupción más sofisticados y menos obvios, incluyendo la sobrepaga de bienes y servicios para proveer un pago a funcionarios electos y partidos políticos.

El Departamento de Estado reconoce, sin embargo, que el Gobierno mexicano, en general, ha promovido el procesamiento judicial y la sentencia de funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en actos de corrupción.

Sobre los derechos humanos en México, las autoridades estadounidenses admiten que existe un esfuerzo del Gobierno por respetarlos e investigarlos, pero subrayan que persisten problemas como asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad, secuestros y abuso físico; aglomeración en las cárceles; arrestos y detenciones arbitrarios e intimidación “criminal” de periodistas. También, hubo actos de violencia e incluso asesinatos, contra las mujeres, muchas veces perpetrados con impunidad.

En Estados Unidos destaca el problema del tráfico de personas, “algunas veces presuntamente con involucramiento” de funcionarios, la discriminación social y económica contra algunos miembros de la población indígena y el trabajo infantil.

Sin embargo, también reconocen el compromiso del Presidente Felipe Calderón por desmantelar los cárteles de la droga, principalmente mediante la movilización de más de 27 mil miembros del Ejército y de la Policía Federal en operaciones conjuntas en 10 Estados del territorio nacional.

El informe donde se resume todo esto, es divulgado en momentos en que, ha aumentado la preocupación dentro y fuera de EU sobre el incremento de la violencia en México derivada por el narcotráfico y de los llamados del Gobierno mexicano a EU para evitar el contrabando de armas. Todo ello, ha generado un ambiente poco propicio para el desarrollo de los grandes acuerdos, por ello, es deseable que, dentro de la presente tesis doctoral, no se deje de lado tocar tan importante tema que jurídicamente ataca el estado de derecho, toda vez que, la inseguridad ha llegado hasta los niveles de Gobierno los cuales tienen que ceder, en algunos casos, a las exigencias de las grandes mafias delictivas las cuales frenan el desarrollo pacífico de la sociedad mexicana y por qué no, de los grandes cambios estructurales tal es el caso de la reforma en materia tributaria. Un Estado libre de corrupción e impunidad, es un estado de derecho legítimamente instituido, fértil para desarrollar los cambios necesarios para el país.