3.1.2 El subsector eléctrico en la primera mitad del siglo XX

La energía eléctrica es conocida y empleada en Costa Rica desde 1884, cuando se instaló en San José la primera planta eléctrica de 50 Kw. Su instalación perseguía, principalmente, el alumbrado de la ciudad y el satisfacer, en parte, las inquietudes de algunos ciudadanos de la época . A partir de ese momento, surgió el empeño de los empresarios locales de llenar las necesidades, las cuales fueron satisfechas pese a los escasos recursos financieros y técnicos del momento.

Entre 1884 y 1910 se crean empresas para generar y proveer servicios eléctricos, siendo la generalidad la concentración de las pequeñas empresas establecidas por otras cada vez más grandes e internacionalizadas.

El 18 de julio de 1910 el presidente Ricardo Jiménez envía al congreso un proyecto de ley de nacionalización de las fuerzas hidráulicas. Dentro de las justificaciones está que la fuerza hidráulica ha sido un determinante fundamental para los países que han sabido usar su potencial.

Vale la pena tener presente dentro de la declaración de motivos el siguiente:

Si las fuerzas hidráulicas constituyen una riqueza natural superior en valor a las otras riquezas de nuestro suelo, el deber del Estado es procurar conservarlas, para usos de interés general, libres de acaparamiento por manos de especuladores, tomando medidas análogas a las que se han dictado en Suiza, que las declaran propiedad del Estado, de utilidad pública, inalienables y colocan su concesión limitada y utilización bajo las dependencias y supervigilancia del Estado. (Fernández, 1985: 78)

El proyecto de nacionalización de la fuerza hidráulica fue aprobado integralmente por el congreso el 11 de octubre de 1910, haciéndole una adición 20 de octubre de 1910, para salvaguardar intereses de la empresa de oro de Abangares. Es importante, hacer notar la importancia que desde inicios de siglo tenía para los costarricenses los recursos hídricos, aspecto que en determinados contextos a través del siglo XX e inicios del XXI vuelven a ser temas relevantes de discusión nacional.

Las cabeceras de las provincias de Alajuela y Heredia tenían serios problemas de abastecimiento eléctrico. Por tal motivo, la municipalidad de Heredia inició la construcción de una planta hidroeléctrica para cubrir la demanda de las ciudades de Heredia y Alajuela. El resto de las ciudades y villas eran abastecidas por la empresa Saxe de capital local y estadounidense. Sin embargo, esta empresa empezaba a mostrar incapacidad financiera y técnica para poder cubrir las necesidades e incluso existía posibilidad de llegar a la quiebra.

Para la primera mitad del siglo XX, la demanda del servicio eléctrico había crecido, en tal forma, que las empresas de electrificación existentes no abastecían la demanda. En 1927, la industria eléctrica tenía una capacidad instalada de 10 820 Kw, producto de la participación de las empresas nacionales que existían:

Compañía Nacional Hidroeléctrica S.A.

Compañía Nacional de Electricidad.

The Costa Rica Electric Light and Traction Co.

En 1928 problemas financieros llevaron a estas empresas a vender sus acciones a la American and Forugn Power (subsidiaria de la Electric Bond and Share), creando posteriormente la empresa privada llamada Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). La concentración en una sola empresa, la poca calidad de los servicios y la falta de capacidad de ampliar los servicios condujo a un descontento de la población, que fue tomando conciencia de la importancia que tenía la electricidad, gestando la formación de organizaciones sociales con el fin de buscar una solución a dichos problemas (Fernández, 1985)

Al convertirse la CNFL en un monopolio en los servicios eléctricos en San José, el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) buscó firmar un contrato con el trust, pese al sacrificio de aceptar el monopolio. Aún habiéndose firmado el contrato, no fueron bastantes las concesiones que les facilitó la Junta y las discusiones regresaron ante falta de acuerdos y en medio de la escasez de la energía. Las compañías cambiaban las condiciones haciéndolas inaceptables. (Rodríguez P, 2001)

Debido a las debilidades del servicio prestado por las compañías eléctricas, la concentración que se había dado, la falta de reglamentaciones sobre las tarifas y las características de los servicios, entre otros aspectos, diversos sectores sociales, en especial intelectuales y dirigentes de organizaciones sociales buscan la nacionalización de las empresas eléctricas. La cita siguiente permite confirmar esto.

Sin embargo la deficiencia en el servicio de suministro de la fuerza y luz eléctrica, la adquisición por parte de las citadas compañías de muchas concesiones, los traspasos ilícitos con vicios de legalidad y sin permiso municipal, las concesiones sin exigencias legales y el hecho de que el servicio eléctrico sólo se brindaba en las cabezas de las provincia del Valle Central, fue el detonante de un largo debate nacional acerca del futuro del país basado en el desarrollo eléctrico. (Rodríguez, 2001: 89)

El 31 de julio de 1928 el Congreso Constituyente decretó la Ley No. 77 que nacionalizó las fuerzas eléctricas que pudieran obtenerse de las aguas de dominio público. El proyecto también estaba motivado en la creación de una institución del Estado para administrar los servicios públicos en el ramo, que incluía la posibilidad de construir una planta de 10.000 caballos de fuerza para la Meseta Central y el aprovechamiento del sobrante de la fuerza eléctrica del Ferrocarril al Pacífico. (Rodríguez, 2001)

Dentro de las facultades generales otorgadas al Servicio Nacional de Electricidad (SNE) mediante la ley 117 del 11 de agosto de 1929 están los siguientes: (Fernández, 1985)

i) Facultad para otorgar concesiones.

ii) Adquisición y construcción de plantas eléctricas

iii) Estudios eléctricos y de contratos vigentes o por realizarse

Para Rodríguez (2001) el gran logro de la Junta del SNE no fue avanzar en la Planta de Poás y dar concesiones, su gran éxito fue mantener a raya a las poderosas compañías eléctricas, obligándolas a mantener bajas tarifas para los abonados, en momentos en que la crisis económica de 1929 hacía estragos en los salarios o jornales de los costarricenses. Por otra parte, congruente con otros historiadores, resalta el papel jugado por el expresidente González Flores.

Durante su Presidencia de la Junta Directiva del SNE redactó la mayoría de los proyectos de Ley para darle más potestades y funciones a la institución. Prácticamente todos los proyectos de acuerdo con las compañías eléctricas fueron redactados por él y contaron con el apoyo de sus compañeros. Don Alfredo González F. estableció las bases de la institucionalidad del Servicio y lo entregó con superávit (Rodríguez, 2001: 83).

Para 1938 uno de los temas de discusión era el faltante de electricidad, así como el privilegio que tenían las personas más adineradas con respecto a ese servicio. Para tratar de subsanar el problema, el SNE estaba estudiando un proyecto en el Reventazón. No obstante, como se comprueba en la siguiente cita, el SNE pudo realizar muy poco:

El Servicio estaba inmerso en los cambios de la década de 1940, donde asistimos al tránsito del Estado Liberal al Estado Intervencionista. El SNE fue facultado para establecer, adquirir o administrar plantas generadoras y sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, donde sea económicamente factible y cubra la demanda de las poblaciones interesadas. No obstante, principalmente por razones financieras y políticas, la Junta no pudo cumplir con ésta facultad, salvo la compra de pequeñas plantas en Liberia, Nicoya, La Unión y Santa Cruz. (Rodríguez, 2001: 109)

De 1930 a 1942 la demanda eléctrica creció significativamente, no obstante, la CNFL no realizó ampliaciones a la capacidad de generación. Nuevamente la opinión pública del país se organizó de diversas formas y logran en 1941 una nueva contratación con la CNFL que tuviera en cuenta los problemas y necesidades que tenía la población.

Las Compañías no abastecían a los solicitantes de nuevos y esenciales servicios eléctricos, generando una especulación enorme, dada por abonados que vendían en ciertas ocasiones su derecho a especuladores en el ramo; quienes a su vez lo revendían por fuertes sumas de dinero de la época. La escasez de energía se elevaba durante las sequías, paralizando el crecimiento económico del país, ante la ausencia de la maquinaria motriz y de los aparatos eléctricos. La carencia de legislación y reglamentación, así como el monopolio de las subsidiarias de la Bond & Share quienes no realizaban nuevas inversiones, hacía que Krugg se encontrara ante un problema bastante grave. (Rodríguez, 2001: 100)

Debido a recomendaciones que diera el Ing. Krugg, estadounidense enviado por el gobierno de los Estados Unidos, por petición del Dr. Calderón Guardia, se procede a elaborar y aprobar la ley No. 258 de 18 de agosto de 1941. En esta ley se le otorgó al Servicio Nacional de Electricidad la función reguladora completa de los servicios eléctricos que consiste en el otorgamiento de concesiones, fijación de tarifas, establecimiento de normas de calidad y resolución de conflictos entre empresas y entre éstas y los usuarios.

Como se ha podido apreciar, la situación de la electrificación en Costa Rica en la década del cuarenta era bastante precaria. Estaba en manos de empresas privadas de capital externo en su mayoría, sin los recursos, ni la voluntad para expandir el sector eléctrico del país según las necesidades de la época. Esta incapacidad se mostraba en el hecho de que no eran capaces de cubrir ni siquiera las necesidades de las cabeceras de provincia del Valle Central.

La década de 1940 es un período de grandes cambios, en donde costarricenses con visión de largo plazo promueven iniciativas legales y de creación de organizaciones que serán determinantes para el siglo XX en Costa Rica. Un ejemplo de ello es la legislación aprobada sobre el agua que todavía rige en el país.

El 27 de agosto de 1942 se aprueba la Ley de Aguas No. 276. En ella se amplió el dominio público de las aguas, de modo que gran parte de las aguas subterráneas y superficiales se consideraron nacionales. Define además las prioridades de uso de agua, incluyendo los usos de la fuerza motriz. Establece la rectoría en aguas de parte del SNE, la necesidad de solicitar concesión y el pago de un canon para tener concesión de uso del agua.

Los procesos sociales con participación de ilustres costarricenses que llevaron a la creación del SNE, permitieron ir creando las bases de una cultura regulatoria en el país. Por otra parte, la nacionalización del recurso hídrico para generar electricidad, discutida y aprobada en la década de 1920 son hechos relevantes. Unido a ello la aprobación de la ley de Aguas en 1942, permite ir configurando ciertas tendencias en la sociedad que busca proteger sus derechos a tener servicios públicos de forma equitativa, a precios razonables y de calidad, así como responsabilizar al Estado de la propiedad y administración de recursos naturales estratégicos y colectivos. Adicionalmente con las luchas ciudadanas por tener servicios eléctricos para la mayoría de la población a precios justos, muestran los cimientos de un legado histórico de la sociedad costarricense que se van consolidando y formando parte de las normas culturales y sociales que guían la sociedad durante todo el siglo XX y que influyen en este siglo XXI.