3.2.3 Las organizaciones sociales en el período de crisis y de reformas (1984 y 1999)

En la segunda mitad de la década de 1980, el país vive un proceso de ajuste con el fin de corregir los principales desequilibrios macroeconómicos, sobre todo en el sector externo de la economía y en el déficit fiscal. Esto lleva a un proceso de restricción del gasto e inversión de las organizaciones del sector público. En el caso del ICE no es la excepción, teniendo repercusiones directas en:

a. Rezagos tarifarios importantes, sobre todo por fenómenos como los indicados en la sección anterior, en donde los sectores sociales, demandaban servicios públicos a precios accesibles para sus presupuestos familiares.

b. Limitaciones en las aprobaciones de proyectos de inversión con el fin de generar superávit para disminuir el déficit consolidado del sector público.

c. Pocas posibilidades de acceso al crédito que tradicionalmente se había tenido disponible por medio de la Banca de desarrollo internacional.

Pese a estos hechos el sector eléctrico pudo continuar abasteciendo la demanda de electricidad y los incrementos de tarifas, no constituyeron un factor de movilización social a los niveles que se tuvieron en 1983.

Para Vargas en González & Camacho, 1990, el ICE había logrado una destacada eficiencia en sus actividades, sin embargo tenía problemas ocasionados por su alta deuda y el alto crecimiento de la demanda (especialmente la residencial). Por ello planteaba:

Debe incentivarse la producción privada de energía eléctrica, no sólo para ayudar a atender la demanda que hoy el ICE difícilmente puede servir, sino para contar con parámetros de costos de producción que permita contrastar con los costos de producción del ICE. (González & Camacho, 1990: 253)

A inicios de la década de 1990 se empieza a evidenciar que los retrasos en el desarrollo eléctrico pueden tener efectos negativos sobre la seguridad del suministro eléctrico. El problema se agudiza por fenómenos climáticos y por la relativa recuperación de la economía que permitía tasas mayores de crecimiento económico y por ende se dinamizaba el crecimiento de la demanda de electricidad.

Los planteamientos de reforma general de tipo neoclásico realizado en el ámbito internacional tenían a inicios de la década de 1990 poca viabilidad política. Por ello se plantea la posibilidad de reformas por medio de leyes específicas que permitirían la generación de empresas privadas de electricidad. El ICE como comprador único sería el que aseguraría mediante contratos a los empresarios, la compra de la energía eléctrica bajo ciertas características técnicas y precios fijos pero ajustables a ciertos indicadores.

En general en este período las reformas legales relacionadas con el sector eléctrico se realizaron de forma parcial, permitiendo de forma restrictiva la generación privada con fuentes renovables. Conforme los generadores privados fueron vendiendo electricidad al ICE hasta llegar a representar cerca del 10% de la electricidad se empezó a mostrar que el pago que realizaba esa institución a los generadores privados era mayor al costo promedio de la generación propia. Unido a ello se establecieron nexos entre políticos y sectores empresariales ligados a los generadores privados. Esta situación llevó a que en la opinión pública se creara una imagen de que había hechos de corrupción, llevando a considerar que los sectores políticos se habían aprovechado de la ley 7200 para beneficiarse.

La política de privatización se ha llevado a cabo solo parcialmente debido a la oposición ciudadana, principalmente manifiesta cuando se trata de empresas que han mostrado ser eficientes y rentables. En estos veinte años de experiencia neoliberal, han surgido nuevas contradicciones entre el Estado y la ciudadanía. El destino del capital público acumulado en las empresas estatales, se convierte en uno de los focos de disputa. (Alvarenga, 2005: 269)

La cita anterior de Alvarenga (2005) rescata y resume una posición que ha estado presente en la sociedad costarricense en los últimos 20 años en donde se han dado reformas neoclásicas. Ha sido reiteradamente la movilización de los sectores sociales del país, los que han evitado los procesos de reforma y privatización de corte neoliberal en algunos sectores estratégicos del país.

La base social de lucha contra los proyectos de reforma privatizadora ha estado en diferentes frentes. Uno de los más importantes ha sido el de los sindicatos del ICE, que basados en la imagen de la institución y su capacidad de gestión, han logrado desde finales de los ochenta constituirse en una trinchera de lucha permanente de diferentes propuestas de los gobiernos.

Otro actor importante ha sido las organizaciones sociales que en determinados momentos han tenido capacidad de respuesta a las solicitudes de los dirigentes comunales o políticos, constituyendo un sector que ha sido un bastión de los movimientos sociales. Unido a este sector se encuentran los grupos de estudiantes y académicos de las universidades públicas, quienes han tenido una visión crítica y activa en estos procesos, constituyendo otro sector social de lucha por la defensa del ICE y de lo que se ha denominado el Estado Social de Derecho.

Para algunos sectores ambientalistas y comunales, la creciente demanda de electricidad y por ende de proyectos eléctricos, son fruto de un modelo insostenible de crecimiento económico, cuyos costos se reparten a la sociedad, incluidas las futuras generaciones, pero cuyos beneficios están siendo acaparados por un grupo de pequeños empresarios nacionales e internacionales. En ese sentido critican al ICE como representante pasivo de un modelo económico que deteriora el ambiente y afecta a las comunidades de las zonas de influencia de los proyectos eléctricos.

Los sindicatos, en especial los del ICE, son actores claves en diferentes instancias políticas y sociales del país que plantean el problema y demandan la modificación de las condiciones de los contratos o la compra de las plantas de generación privadas de electricidad de parte del ICE. Ninguna de las dos acciones se llevó a cabo, sin embargo, las actuaciones del sector sindical permitió crear una conciencia en el país y una atmósfera negativa a la generación privada de electricidad por algunos años.

Un elemento adicional que no deja de tener relevancia es el efecto ambiental de los proyectos privados y la reacción de organizaciones sociales locales y ambientalistas. Lo anterior tomando fuerza conforme las comunidades se daban cuenta de algunas afectaciones y de la inoperancia de los entes del Estado encargados de la labor de seguimiento y control ambiental, en especial por el auge de proyectos de generación hidroeléctrica privados. Este aspecto fue una de las razones de las movilizaciones sociales en el ámbito de ciertas regiones en el año 2000, que se analiza a continuación.