6.4 De las implicaciones de los escenarios de reforma del sector eléctrico más posibles:

Con base en el análisis mediante las diferentes técnicas se determinaron las posiciones fundamentales de los actores, las cuales se resumen en:

a. No se aprecian posiciones intermedias, fruto de la ideología de las partes involucradas y de desconocimiento de las especificidades de las reformas de los sistemas eléctricos.

b. Se presenta una marcada concentración de un grupo de actores con objetivos relacionados con la apertura, creación de mercados y homologación del mercado eléctrico regional.

c. Hay otro grupo importante que busca mantener las características y elementos del modelo actual que se ha considerado exitoso, como: empresas verticalmente integradas, planificación normativa, un comprador único en el país y la región, participación privada regulada, eliminación de restricciones a la inversión pública, subsidios cruzados entre sectores de consumo, regulación del sistema eléctrico.

Del análisis de los escenarios más posibles, predominan el momento de realizar la investigación aquellos de orientación neoclásica, de dentro de las principales implicaciones en el marco institucional, lo cual se ha presentado en detalle en el capítulo V, están las siguientes:

a. El ICE dejaría de ser el responsable del suministro eléctrico, pasando a las distribuidoras.

b. Difícilmente se podría mantener la planificación normativa existente hasta ahora en el mediano y largo plazo, pasando a ser las señales del mercado, las que determinen en mayor medida las decisiones de inversión e incluso de operación del sistema eléctrico.

c. Pese a que la disociación legal o privatización no se ha planteado a corto plazo, una reforma que crea mercados hará necesaria esas acciones, con el fin de tener en la lógica de las señales de precios, más transparencia y menos poder de mercado de los agentes económicos.

d. Relacionado con lo anterior, necesariamente se deberían dar a mediano plazo disociación o privatización para eliminar las empresas verticalmente integradas.

e. El ICE dejaría de ser el comprador único y de tener la responsabilidad del centro de despacho del sistema eléctrico nacional en el mercado nacional y el MER,

f. Se daría una igualación de todas las organizaciones del sector eléctrico; en el nuevo diseño según la reforma más neoclásica, las organizaciones públicas o privadas serían simples operadores del sistema eléctrico, con iguales derechos y obligaciones.

Para el sector eléctrico de Costa Rica las reformas tendría fuertes implicaciones, tal y como se ha mencionado en el capítulo V. Dentro las más relevantes, las inversiones en fuentes renovables es una de ellas, se tiene al menos dos opciones: a. Mantener el sistema regulado y la planificación normativa flexible, que permita definir con precisión la forma cómo se desarrollarán los proyectos de generación y de transmisión de electricidad. b. Dejar que por medio del mercado y las señales de precios los diferentes agentes económicos decidan en que, cuando y cuanto invertir.

Las fuentes renovables convencionales como la hidroeléctrica de filo de agua y de embalse de regulación y la geotermia, han logrado posicionarse, por medio de un proceso de planificación de largo plazo de carácter normativo. Han logrado tener una importante presencia en la capacidad instalada y generación del sistema eléctrico del país. No obstante, surgen dudas sobre la posibilidad futura de integrar las convencionales y otras fuentes renovables nuevas, cuya necesidad de investigación, desarrollo y viabilidad técnica y financiera requieren de tiempo y recursos, además de generar instrumentos de política más allá del mercado, que permitan tomar la decisión de invertir y que en la etapa de operación sean despachadas al sistema eléctrico.

Pese a la posibilidad de establecer una política nacional que priorice los renovables, si el mercado es el que define que invertir y que plantas se despachan, dominarán aquellas fuentes de menor costo, de recuperación más rápida, de menor riesgo, con más energía firme, en donde las renovables y en especial las fuentes nuevas tienen menor posibilidad de desarrollarse.

El gráfico 6.1 resume las variables determinantes de los posibles escenarios de reforma a dos: el régimen de propiedad de los activos y los criterios para la toma de decisiones. La propiedad de los activos puede ir de mayor participación pública a la izquierda del eje de las x a mayor participación privada hacia la derecha del eje de las x. La mayor regulación y planificación como criterio de toma decisiones se ubica en el eje de las y hacia abajo, mientras que más mercado en el proceso de toma de decisiones, se ubica hacia arriba del eje de las y.

El modelo del sector eléctrico de Costa Rica se ubica a la izquierda y abajo, con regulación y planificación alta, así como una importante participación pública en la propiedad de los activos (CR). La tendencia de los procesos de reforma internacionales, en especial en América Latina en la década de 1990 ha sido como se muestra hacia mayor participación privada y así como que el mercado sea quien oriente el proceso de toma de decisiones.

La propuesta explícita de los actores sociales promotores de reforma neoclásica ha sido UCA, más mercado con mayor participación privada, manteniendo las organizaciones públicas y algunas regulaciones, junto con planificación indicativa. No obstante, la propuesta implícita es pasar UCA2, acerándose a los modelos eléctricos aplicados en los procesos de reforma en América Latina en la década de 1990.

El hecho de que se plantee UCA y no UCA2 expresa la restricción sociopolítica e histórica a que se ven restringidos los promotores de la reforma, ajustando sus propuestas en términos de lo adecuado y lo que los valores, costumbres y relevancia de las organizaciones existentes les establecen.

Posibles pérdidas de vigencia política del Bloque de los 38 y coyunturas socioeconómicas determinadas podrían llevar a que la reforma no se lleve a cabo o bien asuma un patrón como el que muestra el paso a CR2, lo cual representa reformas heterodoxas; parciales, de acuerdo al contexto y realidad del país, permitiendo la convivencia de un sistema regulado con planificación normativa flexible y de participación pública y privada.