4.1.3 El mercado y el Estado

La agenda de pol�tica p�blica en los pa�ses en desarrollo ha estado delineada por orientaciones que se derivan del llamado Consenso de Washington, el cual tuvo como proceso de gestaci�n los elementos indicados en la secci�n anterior. Las pol�ticas del Consenso de Washington enfatizaron en la privatizaci�n indiscriminada, la desregulaci�n y uso del mercado como base del funcionamiento del sistema econ�mico.

La atenci�n en la reforma del Estado ha estado presente por m�s de dos d�cadas. Para sustentar la problem�tica y la necesidad de cambio se utilizaron datos como la relaci�n del gasto p�blico con respecto al PIB con el fin de mostrar la excesiva participaci�n en t�rminos relativos de este sector en la econom�a, el creciente d�ficit fiscal, la deuda p�blica interna y externa. La posibilidad de vender activos para disminuir el d�ficit o para pagar la deuda, fue una medida recomendada, as� como apelar a la ineficiencia e inefectividad de las acciones del sector p�blico y la mayor eficiencia del sector privado. Con ello se buscaba una disminuci�n del Estado.

Crozier (1992), critica al Estado por asumir una gran cantidad de actividades y porque define unilateralmente decisiones que le compete a toda la sociedad, indica adem�s, que se debe pasar de un Estado que domina y ejerce un poder excesivo y jer�rquico a un Estado modesto, en donde �ste no es el que deja hacer, es un Estado que act�a, no para imponer los criterios a priori de sus funcionarios mediante la orden o la reglamentaci�n, sino para ayudar a la transformaci�n de las regulaciones significativas de los sistemas humanos reales. Para este autor, estas nuevas actividades no son menos importantes, por el contrario, son m�s relevantes, pero dejando de lado la relaci�n de poder y superioridad que para �l, el Estado ha tenido para el caso franc�s (Crozier, 1992).

Otra cr�tica indicada al Estado ha sido su excesiva intervenci�n en la econom�a y la ineficiencia en la ejecuci�n de actividades en comparaci�n con la empresa privada. La din�mica misma del sector p�blico en la mayor�a de pa�ses es un elemento que incide por medio de las reglas del juego a que no estimulen la b�squeda de la eficiencia y la eficacia. Sin embargo, por otro lado esa visi�n basada en la eficiencia, ha llevado a que los temas estrat�gicos como ambiente, salud, as� como la solidaridad y distribuci�n del ingreso pasen a un segundo plano, pues el enfoque basado en el mercado y la propiedad privada por s� mismos no consideran estos aspectos.

En general, un sector p�blico eficiente deber�a poder alcanzar los objetivos del Estado, con la menor distorsi�n posible del mercado, con la carga tributaria m�s baja posible sobre los contribuyentes, con el menor n�mero posible de empleados p�blicos y con la menor absorci�n posible de recursos econ�micos por el aparato p�blico. (Tancy, 2000: 7)

La justificaci�n de un Estado que no sea el m�nimo se ha planteado con diferentes argumentaciones. Por una parte, existe una dimensi�n �tica en el sentido de que debe mantenerse un Estado social de derecho que permita la inclusi�n de un conjunto de derechos fundamentales en el plano econ�mico, social y cultural, la satisfacci�n de ciertas necesidades b�sicas y el acceso a ciertos bienes fundamentales para todos los miembros de la sociedad. Otra justificaci�n es la necesidad del Estado en el sistema capitalista de ser un garante de la distribuci�n del ingreso para efectos de poder tener demandantes de bienes y servicios; eso incluye el ser demandante al mismo Estado en el sistema (Cortina, 1998).

Estos aspectos han sido parte fundamental de las cr�ticas de los sectores que han promovido la reforma del Estado y procesos de privatizaci�n de las organizaciones p�blicas que produc�an o brindaban alg�n servicio, el cual el sector privado pod�a proveerlo. En el caso de Costa Rica resulta de especial inter�s e ilustrativo lo que han sido las tesis centrales de los procesos de reforma econ�mica en el �mbito de las competencias del Estado.

Para Lizano (1999) algunas intervenciones del Estado en la econom�a, al comienzo se justificaban para eliminar cuellos de botella, monopolios privados propios de econom�as peque�as y poco integradas, sin embargo, con el tiempo eso deja de ser necesario. Dentro de las razones de ello est� que el crecimiento y modernizaci�n de la econom�a, hace que se puedan crear mercados y por otra parte, el costo social de la intervenci�n aumenta debido a la mayor burocracia y por la politizaci�n de las actividades de los entes p�blicos. Por ello, resulta necesario descontinuar las pol�ticas intervencionistas, no porque hayan fracasado sino porque ya han cumplido su ciclo.

En gran medida la tesis del Dr. Lizano (1999) ha sido acu�ada por los sectores empresariales y quienes han impulsado las reformas econ�micas y del Estado, la idea de un Estado ineficiente y clientelar ha sido una de las justificaciones m�s de peso para promover el cambio:

El funcionamiento �social, pol�tico y econ�mico- de este modelo (GPP, gremialismo, paternalismo, populismo) se basaba, fundamentalmente, en la alianza entre ciertos grupos empresariales, grupos medios burocr�ticos y profesionales y algunas agrupaciones pol�ticas. La alianza se realiza mediante la instrumentalizaci�n del Estado para favorecer los intereses particulares de grupos de presi�n mencionados. As�, los intereses particulares de grupo prevalec�an sobre los intereses generales del pa�s. (Lizano, 1999: 192)

El uso del concepto de inter�s general, resulta de especial relevancia, pues su definici�n ha sido un proceso de construcci�n hist�rica. As� pues la concepci�n pol�tica de Montesquieu es una de armon�a, respetuosa de las diferencias y de los intereses particulares. El inter�s p�blico resulta no de la reducci�n de las visiones distintas, sino de la discusi�n y el acuerdo entre intereses particulares. En ese sentido, la percepci�n de inter�s general que tiene Lizano (1999), sin duda es una dentro de muchas otras, que actores sociales particulares pueden tener sobre lo que debe ser lo mejor desde su perspectiva para el pa�s (Rangeon, 1990).

Para Lizano (1999) una de las tres acciones m�s importantes que se deb�an tomar eran decidir cu�les entidades del Estado del modelo GPP deb�an permanecer, cu�les, por el contrario deb�an desaparecer por innecesarias o superfluas o bien trasladarse al sector privado. Otras ten�an que ver con mejorar la eficiencia del sector p�blico y sanear las finanzas p�blicas.

Los procesos de reforma econ�mica y del Estado no son neutrales, beneficia a unos y perjudica a otros. Una serie de pol�ticas p�blicas en los �ltimos 25 a�os han estado orientadas a fomentar ciertas actividades econ�micas, estableciendo de partida ganadores de las reformas y redistribuyendo el excedente econ�mico de la sociedad. As� por ejemplo, las pol�ticas del tipo de cambio que fueron favorables para las ISI en el per�odo anterior, es empleado como mecanismo para promover las exportaciones. De igual forma la pol�tica tributaria y de gasto p�blico estuvieron orientadas hacia la promoci�n del nuevo modelo econ�mico, en donde nuevas actividades econ�micas son las incentivadas.

Los cr�ticos de las reformas econ�micas neocl�sicas consideraban que para que se puedan desarrollar los mercados es necesario que existan un conjunto de condiciones, en donde es precisamente el Estado, como representante del inter�s general, el que debe paulatinamente ir definiendo y desarrollando las condiciones para que el sistema econ�mico y las formas de convivencia social cuenten con un marco institucional. Al respecto, Stiglitz (2002) indica con respecto a la creaci�n de las condiciones para los mercados :

El sistema de mercado requiere derechos de propiedad claramente establecidos y tribunales que los garanticen, algo que a menudo no existe en los pa�ses en desarrollo. El sistema de mercado requiere de competencia e informaci�n perfecta. Pero la competencia es limitada y la informaci�n esta lejos de ser perfecta �y unos mercados competitivos que funcionen bien no pueden ser establecidos de la noche a la ma�ana. (Stiglitz, 2002: 115)

Como se puede desprender de la cita anterior, las condiciones del marco institucional, as� como de la estructura del sector par el cual se desee desarrollar un mercado son relevantes. Como se podr� ver en el desarrollo de la investigaci�n, el sector el�ctrico tiene una serie de particularidades que restringen y limitan la creaci�n de mercados competitivos que funcionen bien. Por otra parte, junto con la creaci�n de los mercados, el Estado debe promover la adopci�n y desarrollo de leyes, normas, directrices, organizaciones con buena capacidad de gesti�n e independencia, que apoyen el desarrollo del pa�s por medio de la confianza de los ciudadanos. Este marco institucional adem�s incide en la visi�n de los actores sociales, el alcance de sus propuestas, sus preferencias, la posibilidad de acuerdos y la viabilidad sociopol�tica de los escenarios de reforma que ser�n elaborados con base en el an�lisis de la red de actores sociales para la pol�tica de reforma del sector el�ctrico.

Un problema fundamental en los procesos de reforma llevados a cabo por los OFIs, ha sido que �stas han cre�do que autom�ticamente se tendr�n las condiciones para que se creen mercados que funcionen bien. Lamentablemente el mercado como instituci�n hist�rica y social ha tenido fuertes deficiencias estructurales en pa�ses como los latinoamericanos, lo cual ha llevado a que las reformas no hayan tenido los resultados buscados. Unido a ello se debe tener presente que la orientaci�n b�sica ha sido ver al Estado como un problema, lo cual ha conducido a su desmantelamiento y p�rdida de capacidades para regular, fiscalizar y orientar las transiciones, lo cual ha llevado a resultados negativos en muchos pa�ses.

En ese sentido es importante retomar el aporte de North (2005). Para �l es claro que las instituciones surgen para reducir la incertidumbre presente en los procesos econ�micos, una vez que empiezan a adquirir alg�n grado de complejidad. �stas existen por la limitaci�n de los procesos humanos de computaci�n frente al desarrollo de la informaci�n y por la existencia de costos de transacci�n en todos los �mbitos de la interacci�n humana (Valdivieso, 2001).

El proceso de desarrollo es complejo y no siempre se encuentra el sendero que permita de forma homog�nea a una sociedad, identificar las condiciones que le posibiliten cubrir todos los �mbitos. En Am�rica Latina hay sectores o regiones con un importante desarrollo, mientras que otras con niveles lamentables, en donde el atraso, la desigualdad y la precariedad son los aspectos m�s comunes.

Es quiz�s evidente que la reforma debe basarse en una s�lida comprensi�n de la econom�a. Pero al mismo modo que el Consenso de Washington fue criticado por centrarse en objetivos demasiado estrechos, tambi�n es posible criticarlo por haberse basado en el �modelo� equivocado o excesivamente simplista de la econom�a. No tuvo en cuenta las limitaciones derivadas de una informaci�n restringida y asim�trica, los mercados incompletos y la competencia imperfecta: todas ellas son limitaciones importantes en cualquier econom�a, pero especialmente en las econom�as en desarrollo. (Stiglitz, 2002, 27)

Justificante y complementario a lo anterior, est� el hecho de que las instituciones en los pa�ses en v�as de desarrollo no se han desarrollado adecuadamente o bien su capacidad para cumplir sus funciones es limitada por razones hist�ricas, sociopol�ticas, recursos o bien por la misma cultura existente en los pa�ses. Es por ello que antes de pensar en procesos de reforma econ�mica en Am�rica Latina, tal como la privatizaci�n o desregulaci�n de sectores estrat�gicos como el el�ctrico, al margen de otras consideraciones, se debi� analizar las instituciones que se ten�an y fortalecerlas con el fin de que un sistema econ�mico basado en el mercado y empresas privadas tuviera una base institucional m�s s�lida.

Por lo anterior debe buscarse un equilibrio entre el Estado y el mercado, en donde el Estado debe adquirir nuevas competencias en ciertos campos y debe, seg�n indica esta perspectiva, abrirse al juego del mercado de forma acotada, de manera que �ste pueda contar con las condiciones para poder funcionar mejor, creando las bases para que luego pueda desarrollarse y perfeccionar su accionar.

Existen aspectos hist�ricos, culturales, sociopol�ticos y econ�micos que influyen en la forma de organizaci�n social, en la manera como los agentes individuales y colectivos toman sus decisiones de consumo, inversi�n y de convivencia social. El pensar que con m�s intervenci�n del Estado o m�s mercado, sin comprender la realidad de cada pa�s, en sus diversas e interrelacionadas dimensiones, ha llevado a tomar decisiones de pol�tica p�blica e incluso modelos econ�micos y sociales que no son viables en el contexto latinoamericano o bien sus resultados no son los deseados.

Las teor�as dieron como un hecho la existencia de una sociedad y de una organizaci�n proclive al desarrollo de los mercados y las libertades, es decir, nunca plantearon la necesidad de construir un capital social y una infraestructura institucional indispensable para la coordinaci�n de decisiones y proyectos de inversi�n. (Ayala & Gonz�lez, 2001: 11)

Es importante rescatar el siguiente planteamiento:

El hallazgo de North es doble: por una parte, apunt� que el mercado no es capaz de generar las instituciones necesarias para el crecimiento, pero, por otro, se�al� que el Estado a menudo provee y mantiene instituciones ineficientes e inequitativas. (Ayala & Gonz�lez, 2001: 7)

Los pa�ses de la regi�n requieren consolidar una visi�n, una concepci�n; un modo de convivencia compatible con su realidad, pol�tica, socioecon�mica y cultural. En el caso de que se considere efectivamente que hay elementos que desde una perspectiva amplia sean una limitante para el desarrollo, las transformaciones deben tratar de llevarse a cabo en esa dimensi�n, junto con los cambios normativos e institucionales requeridos.

Los procesos de privatizaci�n en t�rminos generales han dejado de lado el contexto, las caracter�sticas estructurales de los pa�ses en el �mbito social, econ�mico y pol�tico. Por otra parte se han tenido tesis que se�alan casi como imposible que puedan existir empresas p�blicas eficientes, que tengan funciones estrat�gicas para propiciar condiciones para el desarrollo, en donde la empresa privada no necesariamente puede hacerlo o bien los costos de transacci�n por la regulaci�n son elevados debido a su complejidad.

Seg�n los economistas Stallings & Peres (2000), en un libro para la CEPAL, las cinco llamadas "reformas estructurales de primera generaci�n", son: la liberalizaci�n de las importaciones, la liberalizaci�n de los sistemas financieros internos, la apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos, privatizaciones y reforma tributaria.

Por su parte las reformas de "segunda generaci�n" incluir�a pol�ticas activas para: (Stallings & Peres, 2000)

a. Aumentar el crecimiento,

b. Mayor cooperaci�n y enlaces (linkages) entre empresas peque�as, una asignaci�n m�s eficiente de la inversi�n,

c. Incentivos para una m�s r�pida acumulaci�n de capitales,

d. Pol�ticas para atraer m�s inversiones en industrias nuevas (antes que comprar los activos existentes),

e. Mejor funcionamiento de los mercados laborales (y no s�lo la mera flexibilizaci�n de �stos),

f. Mayor cooperaci�n entre los gobiernos y los actores econ�micos privados, y

g. Medidas para atenuar la volatilidad financiera importada.

Resulta relevante tener presente el punto d, en general los procesos de reforma del sector el�ctrico en Am�rica Latina implican la privatizaci�n y venta a empresas transnacionales, en muchos casos a precios que han sido considerados excesivamente bajos, m�s all� de ello, se mostr� que lo que resulta especialmente importante para el sector el�ctrico, era tener una inversi�n sostenida en los segmentos de generaci�n el�ctrica, en especial con fuentes renovables, dadas las necesidades que el crecimiento econ�mico est� planteando en t�rminos de demandas energ�ticas en los pr�ximos a�os.

Para contar con inversi�n en el sector el�ctrico las privatizaciones de los activos existentes no llevaron a las inversiones adicionales requeridas en fuentes renovables. Para ello era necesario contar con un dise�o del sistema el�ctrico con reglas claras y orientadas al fomento del uso de las fuentes renovables, adem�s de una buena regulaci�n del Estado y capacidad de gesti�n de las organizaciones relacionadas con el sector. Lo anterior era relevante pues, en los pa�ses en v�as de desarrollo por lo general se tienen instituciones d�biles, un desarrollo empresarial y econ�mico insuficiente, sectores estrat�gicos de infraestructura y servicios con importantes limitaciones, adem�s de altas desigualdades distributivas.

Las restricciones estructurales al mejoramiento socioecon�mico de significativos segmentos de la poblaci�n, hacen necesario que el Estado deba tener atribuciones y competencias en �mbitos mayores que las que por lo general son necesarias en los pa�ses desarrollados. Estos elementos en los procesos de reforma econ�mica y del Estado en las d�cadas pasadas, usualmente no ha sido tenido en cuenta, por el contrario, bajo los lineamientos del Consenso de Washington se promovi� la disminuci�n del papel de Estado en la sociedad, desmantelando en muchos casos organizaciones, que pese a sus deficiencias, cumpl�an una funci�n relevante en dichas sociedades.

En general, las d�cadas de 1980 y 1990 han estado dominadas por una orientaci�n hacia el libre mercado, la empresa privada y la menor participaci�n del Estado. Esto ha ido creando una dicotom�a que para muchos es falsa con la regulaci�n inteligente y racional de los mercados, la participaci�n p�blica en �reas estrat�gicas y la orientaci�n de pol�ticas p�blicas discrecionales que promuevan el desarrollo y disminuyan las desigualdades sociales (Ocampo & Bustillo, 2003).

El mercado y el Estado son dos componentes claves del marco institucional y no necesariamente est�n en conflicto. La descontextualizaci�n hist�rica, social, pol�tica e institucional ha llevado a la recomendaci�n de reformas econ�micas muy similares en pa�ses con sociedades distintas, con instituciones de diferentes caracter�sticas y capacidades, por lo cual los resultados y los efectos de estos procesos no han sido los esperados.

Se debe tener presente que tanto el Estado como el mercado tienen limitaciones, debilidades y fallas. La b�squeda de pol�ticas p�blicas basadas en an�lisis rigurosos de la realidad, que permitan adoptar inteligentes combinaciones de instrumentos en donde el mercado y el Estado se complementen por medio del desarrollan capacidades institucionales. Lo anterior con el fin de que tanto el Estado como el Mercado puedan cumplir una funci�n que contribuya al logro de los objetivos de pol�tica nacional que lleven a un desarrollo equitativo. (Germa, 2004).

El mercado y el Estado no tienen porqu� ser contradictorios, en el contexto de Am�rica Latina se deben generar complementariedades entre uno y otro, ya que la realidad social, pol�tica, econ�mica e institucional es compleja, requiriendo crear las condiciones a mediano y largo plazo para mejorar el bienestar de la mayor�a de la poblaci�n. Al respecto recordemos lo que indica el premio N�bel de Econom�a 1992, Douglass North:

La teor�a neocl�sica es sencillamente una herramienta inadecuada para analizar y prescribir pol�ticas que induzcan el desarrollo. Se preocupa por la operaci�n de los mercados m�s no de c�mo �stos se desarrollan. �C�mo puede prescribir pol�ticas sin entender la manera en que se desarrollan las econom�as? Son precisamente los m�todos utilizados por los economistas neocl�sicos los que han impuesto el tema y los que han militado en contra de tal desarrollo. (North, 1993)

Dentro del desarrollo del sistema capitalista, el mercado ha tenido un papel b�sico, requiriendo un proceso de depuraci�n y de desarrollo hist�rico. El mercado es una instituci�n hist�rica que se ha ido construyendo y a la cual los mismos Estados han tenido que ir estableciendo ajustes normativos con el fin de que puedan contribuir a ciertos fines de una colectividad, mejorar la asignaci�n de los recursos y no generar poder excesivo de determinados agentes. Los errores, ajustes e intervenciones por parte de los Estados desarrollados sobre el mercado a trav�s de muchos a�os son elevados, mostrando que pese a que podr�an ser un buen asignador de recursos en una econom�a, estos no se crean de la noche a la ma�ana.

La lecci�n fundamental que hay que extraer de la historia de prosperidad y crisis-a saber, la necesidad de un equilibrio entre el papel del Estado y el de los mercados- es una que evidentemente el mundo ha tenido que aprender una y otra vez. (Stiglitz, 2002: 62)

El dilema es c�mo compatibilizar la mayor eficiencia del mercado que indican sus defensores con la equidad, as� como la acci�n del individuo racional y ego�sta, con ciertas orientaciones b�sicas y necesarias que aseguren la reproducci�n social que brinde equidad. En qu� medida por tanto, el conflicto entre el Estado y el Mercado existe o bien hay espacios en donde se puedan definir funciones y potestades a ambos que permita un marco de convivencia social que beneficie a la colectividad y promueva el desarrollo. Estos aspectos son centrales para el dise�o de una posible reforma del sector el�ctrico en Costa Rica.

En la relaci�n mercado y Estado las diferencias mayores se encuentran en muchos casos en elementos relacionados con la gradualidad, el diagn�stico adecuado y los riesgos que ocasiona la incertidumbre cuando los mercados est�n liberados (sector financiero), por la movilizaci�n especulativa de los recursos.

La discusi�n entre privatizaci�n, desregulaci�n, mercado y Estado ha dejado de lado que se requiere de un marco institucional b�sico y que la capacidad de gesti�n del Estado y las organizaciones, es decir en un sentido amplio la institucionalidad, constituyen elementos centrales, para que una econom�a funcione bien.

�(�) El Estado es fundamental para el proceso de desarrollo econ�mico y social, pero no en cuanto a agente directo del crecimiento sino como socio, elemento catalizador e impulsor de ese proceso.� (Banco Mundial, 1997: 1)

Al planteamiento anterior del Banco Mundial debe adicion�rsele que para esta entidad el Estado debe tener una doble estrategia para apoyar el desarrollo. Por una parte, acomodar su funci�n a su capacidad, sopesando d�nde y c�mo intervenir. Adem�s deben de revitalizarse las instituciones p�blicas para que puedan ejercer las nuevas funciones. El Banco Mundial encontraba la siguiente relaci�n entre el Estado y el mercado:

Sobre todo, ahora tenemos conciencia de la complementariedad del Estado y el mercado: aquel es esencial para sentar las bases institucionales que requiere �ste. Y la credibilidad de los poderes p�blicos-la previsibilidad de sus normas y pol�ticas y la coherencia con que se aplican- puede ser tan importante para atraer la inversi�n privada como el contenido de esas mismas normas y pol�ticas. (Banco Mundial, 1997: 4)

Para Hern�ndez y otros (2006) el Banco Mundial en la d�cada de 1990 ha sugerido dos posturas acerca del papel que debe cumplir el Estado en el proceso de desarrollo:

a) una que sostuvo que el Estado y su intervenci�n constituyen fundamentalmente un problema para alcanzar el desarrollo, y la cual tiene ra�ces en documentos aparecidos a comienzos de esa d�cada;

b) otra, m�s reciente, que lo plantea como una soluci�n.

En el plano del papel del Estado como lo muestra el estudio realizado por Hern�ndez y otros (2006), la posici�n del Banco Mundial ha sido m�s orientada a verlo como un obst�culo que como parte del andamiaje institucional que coadyuva al sistema econ�mico. Un an�lisis cuidadoso evidencia una l�nea clara de continuidad que liga una y otra postura o, mejor dicho, que marca la subordinaci�n de la segunda a los postulados centrales de la primera. Pese a ello, se ha dado una reorientaci�n en algunos organismos internacionales como el mismo Banco Mundial, en donde se reconoce la relevancia de instituciones con reglas claras y capacidad de gesti�n, en donde un componente relevante es el Estado.

En general las tesis que han dominado han sido las que buscan disminuir al m�ximo el papel del Estado en la econom�a, en contra muchas veces de las experiencias exitosas en donde ha jugado una funci�n relevante en los cambios estructurales que han permitido el desarrollo econ�mico, tal como una serie de pa�ses del este asi�tico, de forma m�s intensa el FMI ha tenido una visi�n poco equilibrada de ambos:

�El FMI alentaba una visi�n demasiado optimista sobre los mercados y demasiado pesimista sobre el Estado, que si no era la ra�z de todo el mal, ciertamente formaba parte m�s del problema que de la soluci�n.� (Stiglitz, 2002: 128)

Posterior al desmantelamiento de las organizaciones del Estado en muchos pa�ses, ha surgido por lo general, la necesidad de contar con leyes, normas, organizaciones que funcionen bien y orienten las relaciones de convivencia social. Ello ha llevado a la necesidad de fortalecer las organizaciones para que el Estado, el mercado y la democracia pol�tica, sean efectivos medios para promover el desarrollo y la equidad social.

Los procesos de reforma econ�mica han tenido el juego del p�ndulo, un ir y venir desde las concepciones m�s confiadas en la iniciativa privada y el mercado, pasando por la concepci�n de que el Estado deb�a ejecutar y controlar directamente una gran cantidad de actividades econ�micas. Ante los desaciertos del Estado en su accionar, as� como las cr�ticas ideol�gicas y los intereses de actores en las econom�as nacionales e internacionales, llevaron a volver de nuevo la confianza en el mercado, a partir de esta concepci�n y con la llegada de los sectores conservadores al poder pol�tico en pa�ses desarrollados de mayor influencia, y bajo el contexto de las crisis de la deuda y el agotamiento del modelo de desarrollo hacia adentro, propiciaron las condiciones para los procesos de privatizaci�n, desregulaci�n y liberalizaci�n econ�mica de finales de 1980 y gran parte de la d�cada de 1990 en Am�rica Latina.

Los resultados obtenidos, las desigualdades econ�micas y sociales, as� como complejos procesos sociopol�ticos, llevan a cuestionar las reformas econ�micas, dentro de este contexto se tiene al menos dos opciones:

a. Retroceder en los procesos de privatizaci�n y liberalizaci�n y volver a los modelos estatistas.

b. Efectuar los ajustes a los sistemas reformados con una mayor rector�a, regulaci�n, participaci�n cuando sea conveniente y supervisi�n del Estado, promoviendo un desarrollo de las instituciones que promuevan reglas del juego que permitan el desarrollo del mercado, con un papel m�s activo del Estado.

Los planteamientos de Gordon (2002) y Goodwin (1998), muestran parte de las cr�ticas que se han realizado bajo una visi�n de mundo que cuestiona desde sus cimientos al capitalismo. En esta investigaci�n se asume que el sistema tiene serias deficiencias, para lo cual, a partir del desarrollo de un marco institucional adecuado y una participaci�n equilibrada y responsable del Estado y el mercado se puede tener un funcionamiento mejor del sistema capitalista, no entrando a cuestionar el sistema prevaleciente como tal, sino analiz�ndolo y estableciendo a partir del juego de actores sociales los distintos escenarios de reforma del sector el�ctrico, para analizar las ventajas y desventajas de cada uno ellos y as� se determinen las implicaciones, que permitan orientar las decisiones de pol�tica p�blica de reforma del sector el�ctrico.

En la presente investigaci�n se parte del criterio de que se requiere un Estado eficiente, eficaz y con capacidad de orientar, promover y regular cuando sea necesaria la actividad econ�mica. Esto no descarta la posibilidad de que el Estado ejecute actividades que pueden ser estrat�gicas y que como se ha visto en muchos pa�ses que privatizaron los resultados no necesariamente han sido mejores y el Estado perdi� la posibilidad de usar instrumentos de pol�tica p�blica para el logro de fines de desarrollo.

Adicionalmente, se ha podido ver que en muchos casos, el Estado debe tener un papel importante en la redistribuci�n del ingreso, pues el enfoque del goteo ha mostrado sus limitaciones y ha llevado en la mayor�a de los casos al empeoramiento de las condiciones sociales, de distribuci�n del ingreso, de la calidad de vida y bienestar de importantes sectores de la poblaci�n de los pa�ses en desarrollo, en el caso costarricense eso ha quedado en evidencia en la secci�n 3.3.

El debate y acciones de reforma en el sector el�ctrico tienen como marco de referencia el contexto cognitivo, hist�rico, social e institucional que en secciones anteriores hemos analizado, seguidamente de forma espec�fica se exponen las orientaciones de la reforma del sector el�ctrico en el �mbito internacional, en donde los elementos previamente considerados tienen vigencia en el estudio sectorial.

Con base en el marco de referencia general de las reformas econ�micas y del papel del mercado y del Estado, en la siguiente secci�n se esbozar�n las orientaciones generales, que coherentes con lo expuesto en la secci�n 4.1 se plantean para el caso del sector el�ctrico en el �mbito internacional.