3.6.1.4 Conformación organizacional del sector eléctrico en Costa Rica

Las actividades del sector eléctrico en Costa Rica son desarrolladas por el (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), las empresas municipales: JASEC y la ESPH, y por cuatro cooperativas de electrificación rural: Coopeguanacaste, Coopesantos, Coopelesca y Coopealfaro Ruiz, en la figura 5.1 se presenta un esquema con la conformación institucional del sector eléctrico de Costa Rica, además ver tabla 3.1.

Mediante la ley 449 al ICE se le asignó el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía que posee la nación, principalmente la hidráulica. Además, se le responsabiliza de encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz fue constituida mediante ley Número 2, del 8 de abril de 1941; se le concedió el derecho de explotación de la electricidad en las principales ciudades del país, incluyendo la generación y la distribución. En la actualidad, esta empresa pertenece en un 96% al ICE, por lo que cuenta con un marco jurídico acorde con las empresas de capital privado. Durante muchos años esta empresa se concentró en la transmisión y distribución eléctrica (a excepción de pequeñas plantas que tenían) y su área de atención es la ciudad capital y algunos poblados circunvecinos. Con el replanteamiento que se está dando en el sector eléctrico, se ha ampliado su marco de acción, con el fin de que participe más activamente en la generación eléctrica. Otras actividades que se le están otorgando son la protección de cuencas y la administración de la demanda.

Durante más de 50 años, el ICE ha sido la institución encargada de identificar, por medio de la investigación en diferentes disciplinas científicas y a través de sus dependencias, el potencial energético del país, y efectuar la planificación eléctrica a largo plazo, lo cual incluía la indicación de las obras que debían llevarse a cabo, las proyecciones de demanda y de expansión de la red eléctrica nacional, de acuerdo con un plan de expansión de carácter obligatorio.

En 1963 el ICE asume el reto de desarrollar el sector telefónico nacional, el cual estaba hasta entonces en manos de empresas transnacionales. Las telecomunicaciones se modernizaron y pocos años después, se contaba con un sistema telefónico moderno, con amplia y rentable cobertura. Pese a ser diferentes desde el punto de vista técnico, ambas actividades estratégicas se complementaron desde el punto de vista financiero, ya que el sector telefónico era más rentable, requería inversiones de menor cuantía y tenía una recuperación a más corto plazo que el sector eléctrico. Este hecho condujo a que por muchos años el sector telefónico internacional financiara parte de la expansión del sector eléctrico nacional y los programas de telefonía rural.

Las cooperativas y las empresas municipales:

Las empresas municipales JASEC y ESPH fueron constituidas para la generación y distribución de energía eléctrica en los cantones de su jurisdicción mediante las leyes número 3300 del 16 de julio de 1964 y 5889 del 8 de marzo de 1976.

Por su parte, las cooperativas de electrificación rural se constituyeron en 1963, con el propósito de prestar servicios de distribución de electricidad en sus respectivas comunidades. Hoy en día las cooperativas cuentan con un consorcio encargado de la actividad de generación y con un proyecto de 20 MW en operación.

Estas empresas se han encargado de brindar los servicios de distribución en sus zonas de influencia. Con el cambio de legislación las organizaciones han podido participar directamente en la generación. Las modificaciones a las leyes crean la posibilidad de que empresas como ESPH o JASEC puedan desarrollar una gran cantidad de proyectos.

En la tabla 3.1 se presenta un resumen de las principales políticas públicas que han llevado a modificaciones o reformas en el sector eléctrico de país o bien han incidido de forma indirecta en los resultados de éste.

Un hecho de especial relevancia lo constituye la aprobación de las leyes 7200 y 7508, que como se verá ha llevado a que cerca del 12% de la generación eléctrica del país corresponda a productores privados amparados a esta legislación. La ejecución de estas acciones estuvo influenciada por sectores empresariales ligados estrechamente a figuras políticas de relevante presencia. Por otra parte, se ha criticado severamente los altos precios que tiene que pagar el ICE por la energía eléctrica a las empresas generadoras privadas.

La creación de la ARESEP ratificó el hecho de que el país tenía una visión relativamente distinta de la forma como se dan los servicios públicos, al establecer precios regulados y se establecen las tarifas bajo el principio de servicio al costo más un rédito de desarrollo que permite obtener los ingresos con los cuales se logra cubrir los costos de operación y generar recurso para el desarrollo de las obras necesarias del futuro.

La ley de ARESEP es de 1996 y se da cuando en la mayoría de países de América Latina se estaban llevando a cabo privatizaciones y desregulaciones en las actividades económicas que ejercía el Estado. Sin embargo, el enfoque u orientación de la ARESEP es significativamente interventor y regulador, mostrando que pese a que ha habido una influencia de las corrientes económicas internacionales, de igual modo el país ha tenido algún grado de autonomía y se ha desviado de las orientaciones ortodoxas.

Complementado con lo anterior y basado en la Ley de Planificación Nacional, un instrumento clave en el sector energía y en especial en el sector eléctrico ha sido el uso de la planificación como instrumento de política pública. El sector energía es quizás el único sector que ha tenido por más de 20 años capacidad para elaborar un plan de energía a largo plazo y de articular sus acciones con los recursos y planes de las entidades públicas.

Por su parte, en el sector eléctrico desde la creación del ICE se ha planificado el desarrollo eléctrico a largo plazo. Los planes se elaboran con base en un conjunto amplio de criterios económicos, ambientales, técnicos, financieros, que mediante modelos econométricos, de simulación y de optimización definen la expansión del sistema eléctrico nacional. La capacidad de gestión institucional pese a las restricciones y políticas públicas de debilitamiento de las instituciones no se ha perdido hasta ahora. Estos planes han sido orientadores para todos los actores del sector eléctrico, incluidos los generadores privados que dependen de las políticas que se indiquen en dichos planes para poder acceder a la construcción y venta de energía al ICE.