Ana Mercedes Díaz de Iparraguirre
La Investigadora, una vez concluido el proceso de la investigación, ha considerado pertinente presentar una reflexión sobre lo que considera debe ser la gestión compartida universidad - empresa en la actividad económica, política y social del país. Dicha reflexión nace de la actividad de revisión documental y de la información recabada a los informantes clave, así como de la actividad realizada en el curso virtual ofrecido por la OEA y el BID denominado “Ética, Capital Social y Desarrollo Universitario”.
• La Universidad, dentro de los parámetros de competitividad que están exigiendo las comunidades universitarias, para atender las necesidades de su entorno social, debería incorporar tecnologías para el desarrollo de redes globales que permitan mejorar los procesos de formación y puedan ser concebidas por la sociedad como innovadoras, y flexibles para el fortalecimiento del país.
• De igual manera, la universidad debe favorecer los procesos de integración regional como factores de redefinición de la actividad universitaria, incorporando en sus pensa de estudios, además de las asignaturas que involucran aspectos económicos, políticos, involucre el ámbito cultural, ambiental, ético y responsabilidad global con sus comunidades, que les permita la movilidad universitaria y que sus títulos sean reconocidos para el ejercicio profesional en otros países con los cuales hayan acuerdos de integración.
• Así mismo, la certificación y acreditación de las competencias de muchos estudiantes, a raíz de su experiencia profesional, pudiera ser un gran aliado a la hora de impartir clases, ya que serían un complemento en la educación de los estudiantes sin experiencia. Esto pondría a las universidades a la vanguardia de muchas instituciones a nivel técnico superior que forman a los individuos para ingresar al mercado laboral por necesidades económicas y no han podido culminar una carrera a nivel de licenciatura u otro grado profesional. Esto sería una gran fortaleza para la universidad ya que permitiría el otorgamiento de certificados o acreditación de un grupo de individuos con alta competencia profesional.
• En igual sentido, las universidades deberían considerar como competencia académica: El auto estudio, estrategia ésta que empieza a estar disponible electrónicamente en todos los puntos del planeta. Por lo que, la universidad a través de vínculos con organizaciones abocadas a este tipo de formación, debería crear programas viables, con una gran base de sustentación académica que permitiría al individuo dentro de su hogar obtener certificaciones, títulos que le acrediten una competencia formativa que le facilitaría el acceso al mercado laboral y contribuiría con la sostenibilidad económica de su localidad.
• Por otra parte, la denominada “sociedad del conocimiento” permitiría a través de múltiples sistemas de comunicación, interrelacionar información que fluye del mundo entero con los diversos actores de la sociedad: individuos, empresas y comunidades que les facilitaría tomar acciones y decisiones que conduzcan al desarrollo de nuevos conocimientos, cuyas aplicaciones son elementos centrales para el desarrollo económico y social de las sociedades contemporáneas y así responder a los requerimientos y necesidades de la sociedad.
• Es necesario que las universidades reorienten su rol social para tratar la cuestión de la educación para el desarrollo sostenible, estableciendo la vinculación entre la formación, la investigación de diferentes problemas sociales y la búsqueda de acciones para la superación de los mismos a través de actividades, que planteen grandes desafíos, y profundos problemas, para la coexistencia humana y las relaciones con el entorno que requieren el diseño eficiente y participativo de políticas y programas de acción comunitaria, por lo que, deben impulsar estudios y actividades de investigación que sean indispensables para sustentar una docencia actualizada y empíricamente informada, que preste servicios a la sociedad en general para que promuevan alternativas de desarrollo integral a las comunidades locales y regionales.
• Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Estado en concertación con los actores sociales involucrados, ha formulado la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación con el propósito de difundir, usar e integrar el conocimiento para contribuir a la transformación productiva y social del país, fomentando la formación de investigadores, las mejoras de laboratorios de investigación y desarrollo (I+D), a fin de que el conocimiento generado por las actividades de investigación e innovación, se aplique a la solución de problemas sociales y productivos.