CAPÍTULO IV. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES RURALES DE SAHCABÁ Y SU VÍNCULO CON PROTROPICO-UADY A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS.

4.1. Modernidad y desarrollo agropecuario en Yucatán

La modernización agrícola mediante el desarrollo de tecnologías orientadas hacia la maximización de ingresos en el corto plazo, a generado incentivos en el desarrollo de la investigación, el crédito y la asistencia técnica en sistemas de producción, desarrollados durante la época de la revolución verde, y las que se orientaron a estimular y fortalecer la exportación no tradicional, con apoyo y asistencia técnica a sistemas de producción de mercado, y fortaleciendo a un grupo pequeño de grandes empresarios ubicados en valles y terrenos fértiles. Lo anterior puede verse como un cuello de botella que impide el desarrollo del sector de subsistencia, los campesinos pobres, los ignorados y en gran parte marginado por la carencia de una visión integrada de desarrollo, donde uno de los principales problemas, es cómo hacer para que el agricultor pobre se inserte en este proceso de globalización y cuál debería ser su participación y hacia dónde dirigir su producción, si sabemos que en la agricultura campesina pobre, los recursos naturales, especialmente la tierra, la mano de obra familiar, son los principales recursos de que dispone el productor de subsistencia (Barrantes, 2006).

De hecho, como bien señala Toledo (1992), la modernización rural, que sustituye al campesinado con formas industriales de uso de los recursos naturales, constituye un proceso que suele traducirse en sistemas de producción no sustentable. La reforma del artículo 27 y la nueva ley agraria en México experimentó una mezcla de derechos de propiedad privada e individual en donde los campesinos las llevan de perder en el reparto de las tierras y el TLC iniciado con el gobierno de Salinas de Gortari. Además dentro de esta perspectiva, la Ley Agraria de 1992 no sólo fue, un mecanismo anti-campesino y un detonador de conflictos sociales (tales como la revuelta indígena en Chiapas en 1994), sino también un motivo central del renovado y más extensivo agotamiento del ambiente y de los recursos naturales.

En este mismo contexto, el desarrollo económico y la modernidad de la península de Yucatán se encuentra ligado al mega proyecto turístico de la década de los 70, Cancún y con la expansión de la producción petrolera en la Sonda de Campeche en la década de los 80. Dentro de esta propuesta de desarrollo, la península, Yucatán representa una entidad más diversificada y avanzada en urbanismo y se caracteriza como entidad expulsora de mano de obra hacia las vecinas entidades para la industria turística y del petróleo. Así mismo, Mérida se convirtió en un punto de atracción por su oferta educativa, comercial y de servicios (Baños, 2000). De hecho, este detonante generó una serie de cambios estructurales que han convertido a esta región del sur-sureste en una región eminentemente urbano-comercial, trayendo consigo una serie de repercusiones sociales en el sector agropecuario.

Como ejemplo de esta situación socioeconómica, en las comunidades rurales del sur del Estado de Yucatán, en un estudio realizado por Lozano (2006) encontró que los municipios de esta zona, se encuentran en una muy alta marginación, por su nivel de alfabetización, que casi es aún la mitad de su población que no sabe leer y escribir, por su grado educativo que es de nivel básico, porque cuentan con unidades médicas de primer nivel con graves carencias, su dieta alimenticia no incluye carne y leche, su vivienda es en la mayoría de las familias de un cuarto y de palmas de huano (sabal yapa) y sin baño. Su condición se debe a que son comunidades rurales e indígenas que han sido relegadas con la modernización y más aún ahora con el proceso de globalización económica. Por ello, estas comunidades se caracterizan también por sus altas tasas de migración. En promedio las familias mayas de esta zona, tienen un ingreso mensual de $1,000.00 pesos (que representa menos de un salario mínimo por día).

En esta misma zona, Rosales (2004) había realizado un estudio similar a Lozano (2006), donde señala que la realidad socioeconómica de las familias de campesinas pobres de la zona sur del Estado de Yucatán, es que viven de las transferencias del gobierno federal, del apoyo de los programas sociales, como Procampo (para la milpa), el Programa Social Oportunidades, que es más, pero totalmente insuficiente para cubrir sus necesidades elementales, en promedio cada familia del sur de Yucatán recibe entre 300 y 500 pesos bimestrales de ayuda de Oportunidades y hablamos de familias de entre 4 a 7 miembros, sin embargo, este apoyo resulta ser muy significativo para los mayas del sur de Yucatán que tienen una economía de autoconsumo aunque, en la mayoría de la veces tiene que complementarse con el trabajo artesanal, como el urdido de hamacas, donde perciben un mínimo de ingreso debido a la situación de desventaja en al que se encuentran con los intermediarios que son los que se llevan la mejor parte del ingreso.

Las familias con un mejor ingreso, tienen algún miembro de la familia emigrado sobre todo a Estados Unidos, Mérida y al Norte de Quintana Roo. En la medida en que el campo cada vez les deja menos para comer deciden marcharse, buscando mejores salarios, como señala Gurri y Morán (2002), los campesinos mayas de la zona sur han mejorado sus condiciones de vida, gracias a la combinación de la producción de alimentos y al trabajo asalariado en las ciudades, aunque esto desafortunadamente repercute en el tiempo que le pueden dedicar a la actividad agrícola y por consiguiente a la producción del campo.

Los problemas del campo yucateco no son nuevos, aunque ciertamente en estos últimos años se agudizaron y se agregaron otros. La historia nos enseña el camino que ha seguido la agricultura en Yucatán, como señala Baños (1996b), en el caso del oro verde, el henequén desde los 80’s, se mostró un claro descenso, de 1960-1990 se redujo un 80%. La política agrícola de austeridad y recorte de créditos agudizó la tendencia a la caída de la producción de henequén, en 1990, se realizó una “indemnización” anticipada de cordeleros y la actividad henequenera ejidal prácticamente desapareció. En este mismo contexto histórico se señala que:

En 1992 el gobierno del estado publicó el Programa Regional de Desarrollo Henequenero dentro del cual se proponen 3004 proyectos con el objeto de incorporar a la región a la modernización productiva, así como de desarrollo social y ecología. Desafortunadamente se siguió la estrategia de imposición del desarrollo a través de paquetes tecnológicos, sin considerar las características ecológicas y socioeconómicas de la región, ni las necesidades y aspiraciones de los campesinos (Jiménez, 1995).

En cuanto al maíz, Banrural apoyó la agricultura de la milpa, pero la inflación encareció los insumos, las tasas de interés y en general los costos de producción, terminando por retirarse y el “apoyo” paso a manos de Pronasol. Y por ultimo, los cítricos, impulsados por El Plan Chac en el sur de la entidad, que aunque hay autores como Eastmond (1991) que señalan que el Plan Chac sí fue exitoso, la realidad fue que conforme pasaron los años, se quedaron sin ningún mercado y apoyo suficiente para sostener la industria “juguera de Akil”, y entraron en crisis, resultando finalmente no sustentable (Baños, 1996b).

El deterioro de la agricultura tradicional y comercial se ha acelerado, más por la crisis económica, que no es nueva, y que se ha agudizado con el enfoque neoliberal con que se atienden sus problemas. Ello ha afectado las condiciones de vida de la mayoría de los productores rurales, quienes culturalmente, pese a la resistencia al cambio provocado por la modernidad, se han visto en la necesidad de que las nuevas generaciones emigren a la ciudad por trabajo asalariado, con tendencia a perder sus tradiciones. Algunas mujeres jóvenes optan por trabajo en el hogar, donde confeccionan prendas bordadas, hamacas, tejidos, entre otras artesanías. Pero la mayoría prefieren conseguir un empleo en la ciudad. Lo urbano y lo rural se empieza a entremezclar y a aparecer una nueva ruralidad, y sin embargo pese a este mundo cambiante, las familias rurales aun mantienen sus lazos de parentesco más fuertes (Baños, 1996b; Rosales, 2004; Lozano, 2006).

Aunado a esta situación se suma la modificación al artículo 27 constitucional de 1992 donde Baños (1993) hace una análisis prospectivo y señala que surgieron dos posiciones: a) el optimista, fluidez en la inversión privada y con ello se capitalizaría y modernizaría el agro mexicano; y b) el pesimista, venta masiva de terrenos ejidales, concentrando la propiedad y provocando migración del campo a la ciudad. Quince años después la situación actual, al parecer tiende más a lo que Baños llamó los “pesimistas”, cuando al menos en el Estado de Yucatán, las migraciones se han agudizado, la especulación y venta de terrenos ha conllevado al grado de que los campesinos ex henequeneros, sobre todo los de la periferia de la ciudad de Mérida, no sólo se estén quedando sin sus terrenos agrícolas, sino que como señala García (2006: 67,71) en el Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Mérida, de 1996 a 1997 la superficie agrícola cultivada era de 3,041 ha y en el periodo de 2002 al 2003 se presentó una disminución de 61.66% registrando sólo 1,166 ha.

Esta pérdida de espacios cultivados en el Municipio de Mérida, también se refleja en los indicadores censales del sector primario 1999-2005 donde la población ocupada en este sector, pasó de 555 trabajadores a 357 en el 2005. Esta situación de descenso agrícola, nos hace reflexionar sobre la relevancia de buscar nuevas estrategias agrícolas y pecuarias que permitan la sobrevivencia del campesino maya, si no logramos revertir esta tendencia, se continuaría poniendo en riesgo la sobrevivencia del campesino yucateco.

Para concluir este apartado, estamos de acuerdo con Calva (2004) cuando señala que el campo agropecuario mexicano se descapitaliza y sufre de abandono por el Estado, los productos nacionales luchan por sobrevivir frente a los productos importados, y aunado a esta situación, la reforma “neoliberal” que ha despojado a campesinos de sus tierras (descampenización) los ha conllevado a ser cada vez más pobres y sin nada. De igual manera, los precios de los granos y la inversión pública tuvo descensos significativos. Se suponía que el modelo económico incrementaría las inversiones de capital en la agricultura, crecería la eficiencia, el desarrollo de la producción de alimentos, materias primas agropecuarias, y simplemente, no sucedió. En este contexto socioeconómico y político se circunscriben los dos grupos de productores rurales estudiados, Ixchel y Yaxcol de la comunidad maya de Sahcabá, Yucatán, como veremos a continuación.