2.2.3 Servidor público

En México, muchos de los servidores públicos acceden a la administración pública por factores diversos como el clientelismo político, nepotismo, compromisos o cualquier otra circunstancia inadecuada; lo que provoca que en algunas ocasiones desconozcan las necesidades y demandas de la sociedad, los derechos y obligaciones de ambas partes. Un factor esencial es que los recién llegados desconocen las instancias, procedimientos y etapas administrativas que las actividades requieren, lo cual resulta, en que por ignorancia, muchas veces, se desencadenan inconvenientes de todo tipo como juicios contra el Estado, anulaciones y retrocesos, caducidades jurídicas y más; que finalmente, como no se encuentran responsables; quien resulta perjudicada es la sociedad.

En la administración pública, las decisiones de los servidores públicos en específico las de los funcionarios, pueden afectar de forma directa a millones de personas, elevando o disminuyendo su calidad de vida; o alterándola drásticamente, para bien o para mal. Lo cual significa una enorme responsabilidad. No se puede olvidar que el factor corrupción tiene innumerables formas de manifestarse; no solo en lo más inmediato, o en aquel soborno en el que se entrega dinero en efectivo, que tal vez sea lo primero que viene a la mente; sino que corrupción también es la repetición de antiguos mecanismos que no han dado resultados, así como la incapacidad o ineficiencia en el desempeño de las tareas y obligaciones como servidores públicos. Asimismo, es relevante mencionar su relación con la burocracia, por el exceso de poder que el servidor ejerce y por la relación con el ciudadano en la cual lo pone a su servicio.

Otro factor que se integra cuando se habla acerca del servidor público en la burocracia es el número de servidores, al respecto Zarco Quintero menciona, que al arribo de la presente administración federal se elaboró un inventario encontrando el número de empleados federales en cuatro millones doscientos mil, de los cuales un importante porcentaje no tendrían una función claramente definida. Se puede pensar que el número de empleados estatales y municipales en el país pueda ser similar al de empleados federales. Es decir que se tendría en el país alrededor de ocho millones de servidores públicos. El seguro social tiene registrados algo más de doce millones de trabajadores, entre los cuales se encuentran la generalidad de los empleados municipales y estatales, por lo tanto, alrededor de ocho millones de empleos formales no burocráticos.

Para Mario Martínez Silva, el servidor público siempre ha constituido el principal mediador entre gobernantes y gobernados; él aplica las disposiciones de los gobernantes, regula y comunica las demandas de los gobernados; puede, en un momento dado, ser un instrumento pasivo del gobernante, u orientar sus acciones en beneficio de sí mismo o de algún grupo social, e inclusive llegar a la toma del poder político. Está dentro de su poder que el gobierno haga la vida del ciudadano más cómoda, más rica y más segura. Alternativamente, puede hacer del gobierno una pesadilla de terror, de carga y de vejación.

De la misma manera, debido a que el gobierno es el principal organismo productor de bienes y servicios en la sociedad actual, el volumen y complejidad de estas operaciones hace indispensable que sean ejecutadas continuamente a pesar del cambio de funcionarios políticos por las personas más capacitadas, a fin de que la política gubernamental se desarrolle con la mayor eficiencia posible, el Estado debe procurar atraer, formar, retener, utilizar y desarrollar en el servicio público, a la persona más capacitada y los mejores talentos e integrarlos dentro de las diversas funciones y ocupaciones estatales, para ello se capacita y forma en la actualidad al servidor público.

El escenario que se presenta para el servidor público es muy difícil de enfrentar, dado que implica modificaciones, adecuaciones, transformaciones y cambio, siendo un reto que conduzca a resultados de bienestar y desarrollo para la nación e impacto al exterior. Ello conlleva por un lado a los directivos - funcionarios de alto y medio nivel a encontrar las habilidades que se requieren aplicar en dicho escenario, para lo cual la ley de Servicio Público de Carrera (SPC) es una posibilidad, así como, su relación con la capacitación y formación de los servidores públicos de los puestos que se sujetan al SPC de los mandos medios y superiores de las dependencias; los cuales desempeñan algún cargo de confianza. Estos puestos comprenden seis estamentos que en orden jerárquico son:

• Directores generales

• Directores generales adjuntos

• Directores de área

• Subdirectores de área

• Jefes de departamento

• Enlaces coordinadores

En relación con los empleados estos tendrán que responsabilizarse y comprometerse con su labor para dignificar el ser un servidor público.

En la actualidad para responder a la necesidad de contar con cuadros de cambio y continua formación del servidor público, se cuenta con avances en la implantación del modelo de Servicio Civil de Carrera. Sus esfuerzos han estado orientados a la incorporación del Servicio Civil de los servidores públicos que ya se encuentran en funciones, los que ya laboran dentro de la administración estatal. El proceso de incorporación ha sido desarrollado en dos grandes fases:

1ª. Fase: Capacitación y evaluación en competencias genéricas: Esta primera etapa tuvo como objetivo homologar los conocimientos básicos e indispensables que todo servidor público del Gobierno del Estado de Aguascalientes debe tener independientemente de la función y el puesto desempeñados y para lo cual se capacitó y evalúo a los servidores públicos en cinco grandes dimensiones:

1. Habilidades directivas

2. Valores y ética profesional

3. Conocimientos administrativos

4. Conocimientos jurídicos y

5. Conocimiento informáticos

En esta primera fase se contó con la participación de 768 servidores públicos del gobierno central y 14 organismos públicos descentralizados significando 35,880 horas de capacitación. Del total de los participantes, el

97% aprobó la evaluación correspondiente y en consecuencia acreditó esta primera fase de incorporación.

2ª. Fase: Capacitación y evaluación en competencias específicas: Su objetivo consiste en certificar a los servidores públicos que son competentes en los puestos que actualmente desempeñan. Esta fase, se lleva a cabo de la siguiente manera: se identifican las competencias necesarias para el logro de la misión del puesto, se evalúan y certifican dichas competencias y en su caso, se capacitan a los servidores públicos para lograr el desarrollo de las mismas

Es evidente que el cambio exige un directivo – funcionario con habilidades de dirección, esto se reafirma en la ley de SPC, en el cual se menciona, que las habilidades de dirección que se requieren son: a) diseño de estrategias para proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo, b) gestión de proyectos y c) comunicativas- afectivas.