3.3. “El peso de la noche”, la administración del territorio y la irrupción de los regionalismos

Un estereotipo más que centenario señala que Chile sería un caso ejemplar en América Latina por la estabilidad de su sistema político y por su capacidad para alcanzar soluciones consensuadas y modernas para resolver sus conflictos (Salazar; 1990). Según Mario Góngora, en Chile “el Estado es la matriz de la Nación” por tanto son las instituciones las que han modelado la sociedad y la irracionalidad y violencia política han sido confinadas a los márgenes episódicos de la historia nacional. Alberto Edwards plantea la idea de un Estado configurado gracias al pensamiento de Portales quien habría restaurado la idea de obediencia del sistema colonial cambiando al rey por la ley y las instituciones. Lo específicamente portaliano, a pesar de su escepticismo, habría consistido “en fundar la religión del ejecutivo omnipotente” (Góngora; 1984).

Esta visión debe ser matizada para que adquiera pleno sentido, señala Alfredo Joselyn–Holt, pues debe considerarse que en los primeros treinta años del régimen autoritario el país estuvo casi la mitad del tiempo sometido a regímenes de emergencia, lo que hizo que el orden institucional operara en un sentido a lo menos nominal. En este período estallaron al menos dos guerras civiles y el propio ministro del interior Diego Portales fue asesinado. Por ello, finalmente, más que el Estado, habría sido la elite y el orden tradicional o “el peso de la noche” la principal fuente de estabilidad política (Joselyn–Holt; 1997).

El hecho es que la imposición del orden emanado desde Santiago fue impuesto a sangre y fuego en el resto del territorio nacional. En este período, el país tuvo varias guerras civiles: una en su origen 1829–1830, dos en su apogeo (1851 y 1859) y una en su declinación (1891). También se involucró en tres guerras externas.

María Angélica Illanes destaca que si bien la constitución de 1833 construyó el modelo centralista sobre la clásica red de intendentes y gobernadores nombrados por el presidente de la república, las autoridades municipales se elegían por votación directa y mantuvieron amplias prerrogativas en el ámbito de la policía de salubridad, de la educación, profilaxis social y obras públicas. Las municipalidades tenían autonomía para invertir sus caudales, repartir las contribuciones y formar sus propias ordenanzas y petitorios para ser sometidos a la aprobación del presidente de la república. Las autoridades que representaban al ejecutivo en las localidades sólo suspendían las medidas adoptadas por el municipio si aquellas tendían a vulnerar el orden público. Las “asambleas provinciales” de la década de 1820 habían pasado al olvido. Sólo pervivía el municipio, semi amarrado a las decisiones del intendente, gobernador o subdelegado. En este contexto, mientras los objetivos y planes de las elites locales y nacionales coincidieran no se desarrollarían mayores conflictos.

Illanes, explica que, en el caso de Copiapó, el adelanto urbano implicó la creación de una serie de impuestos como el de sereno y alumbrado, de carnes muertas, de agua potable, de mercados de abasto, recovas y tenderos, de carruajes de cargas, en fin, una serie de contribuciones que lentamente causaron fricciones sociales. La idea de autonomía comenzó a sumar adherentes. No obstante, las elites copiapinas, radicadas en el municipio, apoyaron a Montt en las elecciones de 1850. Aún más, cuando ocurren los alzamientos liberales, populares y regionales de la guerra civil de 1851, los señores de Copiapó, aun los que se decían liberales, tomaron la causa del gobierno central, reprimiendo las manifestaciones de rebeldía, especialmente populares, en Copiapó y sus minerales. Los intereses del poder central y local nuevamente coincidían en la mantención del orden establecido. Los problemas se produjeron porque Montt, en respuesta a la guerra civil de 1851, dictó una ley y reglamento muy intervencionista por parte del gobierno central: la ley de organización y atribuciones de la municipalidades de 1854 que restó poder a las instancias locales otorgándole la decisión final de un conflicto al intendente u otro representante del poder central. En este contexto, en el marco de una grave crisis de la minería de Copiapó, y como reacción del poder local ante la decadencia, el descontento general y la represión del poder central, la elite regional tomará la iniciativa armada contra el gobierno central en 1859. En nombre de la reforma constitucional y el respeto de las libertades públicas estallaría la guerra civil comandada por el caudillo Pedro León Gallo quien, junto con los hermanos Guillermo y Manuel Antonio Matta, logró el respaldo de los mineros de Atacama.

En la batalla de Los Loros se enfrentó al intendente de Copiapó a quien derrotó, iniciando entonces con su ejército una marcha hacia Santiago. Sin embargo, en la batalla siguiente fue vencido, debiendo huir a Argentina. Finalmente, las nuevas familias y fortunas que emergieron de las actividades mineras del norte chico serían cooptadas a través de matrimonios y otras alianzas por las elites que manejaban el gobierno central, produciéndose entonces una fusión de la aristocracia y la burguesía (Villalobos; 1987), que limitó el despliegue de las fuerzas regionalistas de la nación. No obstante, sobre la semilla esparcida por Gallo, surgió el partido radical, que agrupó a los liberales mas radicalizados, a los grupos sociales vinculados al artesanado, a los mineros y a los anticlericales. Sus propuestas fundamentales se dieron en torno a una reforma constitucional, educación estatal, descentralización administrativa y libertad absoluta de sufragio.

En el caso de Concepción, las guerras civiles de 1851 y 1859 también tuvieron un componente regionalista, de oposición al poder central que ejercía la capital. Lo más preocupante para las fuerzas capitalinas fue que el levantamiento en Concepción contaba con el apoyo del ejército de la Frontera. Al frente de él se puso en 1851 el general José María de la Cruz. No obstante, el triunfo en la batalla de Loncomilla del ex presidente, el general Manuel Bulnes, restableció el régimen constitucional y la continuidad del orden institucional.