CONCLUSIONES Y SÍNTESIS FINAL

“Lo bueno, si breve, dos veces bueno” Gracián La manera más concreta de establecer las conclusiones de un trabajo de esta naturaleza es responder a la pregunta: ¿se han cumplido los objetivos de la investigación? Naturalmente será cada lector el que emitirá un juicio final, puesto que todo autor da por descontado el logro de sus propios objetivos; de todas formas, he aquí las conclusiones de quien escribe.

Se dijo que la Tesis perseguiría tres objetivos: a) describir–en una perspectiva histórica–la génesis de la política territorial en Chile; b) explicar la racionalidad de ella; c) prescribir modificaciones a lo hecho y a la hoja de ruta del futuro, si fuese el caso.

Para cualquier conocedor de la realidad chilena resulta bastante obvio que no se conoce–públicamente al menos–un trabajo que pueda compararse a éste, si lo que se evalúa es justamente una descripción acabada del proceso histórico de formulación de una política territorial, plena de altos y bajos, como se ha visto. No se trata de un mérito excesivo ya que la historia profesional del autor, algo más de cuarenta años, ha estado centrada única y exclusivamente en el tema de los procesos sociales en el territorio, como actor, como observador, como analista. 162 Evaluar la capacidad interpretativa de esta Tesis es algo más complejo. Para comenzar la Tesis dejó en claro que a lo largo de la historia chilena se generó una dialéctica casi permanente entre una demanda descentralista originada en la geografía (física, administrativa, política, económica, social) y una oferta centralista originada en la propia historia y en consideraciones sobre gobernabilidad. La síntesis dialéctica se resolvió, en cualquier corte de la historia, a favor del centralismo a ultranza; no obstante esta situación se requebraja en la década de los años sesenta del siglo XX, para abrir espacio a una regionalización precisa (que ahora enfrenta su propia crisis de funcionalidad) y a una descentralización administrativa, lejos del ideal de una descentralización simultáneamente territorial y política, que fue y es un objetivo sociológico final. La Tesis explica a fondo las fuerzas que han operado detrás del escenario presuntamente descentralista.

Las políticas públicas en general, escapan a los marcos sobresimplificados de las dicotomías extremas, de soluciones matemáticamente discretas del tipo “0” o “1”, o del maniqueísmo dieciochesco. La complejidad actual de la sociedad implica que las políticas públicas, en su mayoría combinan aspectos de uno y otro extremo del arco de posibilidades teóricas.

De hecho, del numeroso equipo técnico inicial de la ODEPLAN, sólo dos o tres personas equiparan este recorrido, el arquitecto Estaban Soms García y el geógrafo Esteban Marinovic Pino, ambos apreciados amigos.

El caso que nos ocupa–la política territorial de Chile–muestra como factores impulsores elementos tanto exógenos como endógenos. Los primeros, propios en este caso de la naturaleza, fueron, como se analizó, de carácter telúrico; los segundos, propios de la dinámica social y política, dieron forma a instituciones, organizaciones y modelos mentales proclives a la descentralización que “anclaron” en el Estado y que, lentamente, la sociedad civil hace suyos.

En opinión del autor, la mayor contribución interpretativa consiste en poner en claro que la mencionada política territorial chilena no se incuba en la matriz de la racionalidad económica, sino en la matriz del poder, y lo hace de una manera circunstancial, casi, podría decirse, por azar.

El poder, como es bien sabido, radica en el control asimétrico de un recurso socialmente escaso y desde este punto de vista ya puede afirmarse que entre la racionalidad de la teoría económica neoclásica y la teoría politológica del poder existen escasos puntos de intersección; en tanto la primera presupone información simétrica y un conjunto tan amplio de agentes que resulta imposible que uno detente más poder que otro, la segunda se basa en presupuestos exactamente inversos.

Lo interesante en el caso chileno es que la identificación del poder como matriz generatriz de la política territorial, concretiza tal identificación en tres personas de carne y hueso, que coinciden en el tiempo histórico y que terminan por interactuar prácticamente como resultado de un juego de azar en el que se manifiestan diferentes formas de poder.

En primer lugar, el poder político representado por un Presidente de la República de elevado nivel intelectual, calificado corrientemente como un estadista, más que como un simple gobernante, quien, como se comentó, tenía una predisposición intelectual de larga data a favor de una modificación en la estructura de la geografía política/administrativa del país, don Eduardo Frei Montalva.

En segundo lugar, el poder relacional representado por un funcionario de un prestigiado organismo internacional (CEPAL), detentor él mismo de un prestigio como economista plenamente validado en América Latina y autor de un importante estudio sobre la falta de desarrollo de Chile, Jorge Ahumada, conspicuo militante de la Democracia Cristiana, el partido de Frei, y creador del CENDES–Centro de Estudios del Desarrollo–en la Universidad Central de Caracas, Venezuela.

En tercer lugar, el poder cognitivo de un planificador regional y académico norteamericano considerado ya en los años sesenta como uno de los intelectuales más relevantes en este campo, John Friedmann, que será el principal asesor de la recién creada Oficina de Planificación Nacional. A cargo del Programa de Asesoría de la Fundación Ford al Gobierno de Chile, Friedmann reclutará un equipo de muy alto nivel que jugó un papel de primera importancia en la construcción de la política y en el in job training de una pléyade de técnicos nacionales.

La capacidad prescriptiva de la Tesis está bien configurada sin llegar al extremo del wishful thinking. La identificación de los siete escollos presentes en la experiencia chilena ofrece un amplio campo de sugerencias que podrían–si se combaten tales escollos– contribuir a un sustantivo mejoramiento en la eficacia y eficiencia de la política territorial chilena.

Si hay algo que prescribir, ello quiere decir que hay algo que corregir o agregar para mejor alcanzar los objetivos de la política. Claramente el objetivo permanente a lo largo de cuarenta años ha sido lograr una configuración económica y social del territorio nacional que contribuya a una mejor democracia, a una mayor justicia social y a una mayor equidad.

En términos sustantivos una democracia significa una cierta igualdad (nunca absoluta) en la distribución ciudadana del poder, más allá de una participación electoral formal, y una cierta igualdad en la capacidad de apropiarse del resultado de la actividad económica, con independencia del lugar; la justicia social se refiere a una distribución interpersonal del ingreso exenta de diferencias marcadas y que obedezcan a razones ajenas a las capacidades (sustantivas) de las personas, y la equidad se refiere a la igualdad ex ante de oportunidades, siempre con independencia del lugar.

Es obvio que el cumplimiento de tales objetivos presupone una geografía sustantiva (más allá de la geografía física) caracterizada por una distribución considerada armónica, de los procesos sociales en el territorio. Es igualmente obvio y las cifras así lo muestran que en el caso chileno, cuarenta años de intentos de lograr tales objetivos han tenido una contenido más cerca de una discurso retórico (en la segunda interpretación, despectiva, de la palabra retórica, según el Diccionario de la Lengua Española, 1970) que de la acción real.

Fueron identificadas las dificultades estructurales y coyunturales que han puesto en entredicho el logro de los objetivos, y por tanto la Tesis prescribe acciones correctoras.

Algunas evidencias empíricas que cuestionan la eficacia de la política territorial a) Dinamismo económico regional Si fuese necesario mostrar cifras que apuntan a una escasa efectividad de la política territorial chilena, nada mejor en ese caso que reproducir algunos resultados del Informe INACER (Índice de Actividad Económica Regional) preparado sistemáticamente por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) en su versión 2007, manteniendo en mente que un objetivo central de la política territorial a lo largo de cuarenta años ha sido promover un nivel económico más armónico (sin diferencias extremas) en los trece territorios componentes del sistema regional. Ello ha supuesto siempre lograr indicadores de crecimiento económico más elevados que la media en las regiones prioritarias, principalmente la del Bío–Bío y la de Valparaíso, los contramagnetos principales, regiones en las cuales el conocido conflicto eficiencia/equidad encuentra una solución socialmente aceptable, y también en las regiones con peores indicadores sociales.

De acuerdo a las cifras del último informe INACER (Índice de Actividad Económica Regional) entregado en Febrero del 2007 por el INE, en el período de diez años comprendido entre 1997 y 2006, el dinamismo regional (medido a través de la tasa de crecimiento media del PIB) fue encabezado por las regiones IV (Coquimbo) y XI (Aysén) con expansiones iguales a 7.9 % y 5.7 % respectivamente, en tanto que la región del Bío– Bío tuvo una expansión de sólo 2.5 % en igual período y la de Valparaíso alcanzó a un 4.5 % en el mismo período decenal. Como es bien sabido, la dinámica de la Región IV está ligada al sector minería y a la vitivinicultura, en tanto que en el caso de la Región XI la dinámica es empujada por la expansión de la salmonicultura.

En el año 2006 el mismo estudio del INE señala que la Región I (Tarapacá, antes de su partición), encabezó el crecimiento regional con una tasa anual de 11.8 %, seguida por la Región III (Atacama) con un 10.0 %. La única cifra negativa en el Norte del país la muestra la Región II (Antofagasta) con un –1.3 % (debido a problemas en los minerales de Chuquicamata y La Escondida); magras son las cifras de las regiones VII, VIII, y V (Maule, Bío–Bío, Valparaíso) con valores de 3.5 %, 2.2 %, y 0.3 % respectivamente. Las demás regiones muestran guarismos que fluctúan en torno al 4.0 %. 163 El cuadro siguiente muestra la evolución desde 1996 hasta el 2006 del Índice de Actividad Económica Regional (INACER) calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

El INACER muestra claramente la dinámica sectorial que ha empujado el índice en las regiones IV, VI, XI, y XII: minería, fruticultura y turismo, fruticultura y silvicultura, salmonicultura, y finalmente, metanol respectivamente. Nada que se pueda atribuir de una manera directa a una política territorial, nacional o regional.

Sea en el corto plazo o en el mediano e incluso en el largo plazo, el crecimiento del PIB en las regiones parece no estar asociado ni a los objetivos permanentes ni a la política territorial misma. No es un resultado halagüeño para los políticos y técnicos envueltos en la cuestión regional en Chile.

b) ¿Qué sucede con el desarrollo humano, “proxy” del bienestar y del desarrollo? Pero si bien las cifras reflectantes del crecimiento económico en y entre las regiones no avalan un logro de objetivos en esta materia, las cifras que muestran la evolución del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por regiones entre los años 1994 y 2003 parecieran apuntar en dirección contraria, esto es, parecen mostrar que el “bienestar”, gruesamente asociado a este índice, y por tanto a una concepción contemporánea del desarrollo (como se discutió en el Capítulo I) tuvo impactos de mayor envergadura justamente en algunas de las regiones con peores indicadores sociales. Según el informe del PNUD: 164 “El IDH especial para Chile se incrementó de 0, 659 en 1994 a 0,725 en 2003, con una disminución de la distancia que lo separa del ideal propuesto como pleno desarrollo humano de un 19,0%.

Hay que tener en cuenta que las cifras del INACER no incluyen la Región Metropolitana.

En el mismo período todas las regiones incrementaron su nivel de desarrollo humano. Si se analiza la variación del valor absoluto del IDH con respecto a su distancia con la meta ideal (brecha de desarrollo humano), Aysén es la región que más ha incrementado su nivel de logro durante la década (redujo en un 23% su brecha). Aracanía, Los Lagos y Coquimbo presentaban en 1994 valores IDH comparativamente más bajos, pero ahora muestran los mayores avances. Las regiones de Tarapacá y Valparaíso son aquellas cuyo incremento de IDH muestra un menor nivel de logro en el período. Si bien exhiben un avance impoprtante, se encuentran por debajo del promedio nacional (10,2% y 15,6% respectivamente) en cuanto a la reducción de su brecha de IDH.En 1994, según el IDH para Chile, las regiones con mayor logro de desarrollo humano son la Metropolitana, de Tarapacá, y de Magallanes. Las con menores logros son las del Maule, de la Araucanía, y de Los Lagos. En 2003 se mantiene esa tendencia. Sin embargo, en el período se registran cambios en la posición relativa de algunas regiones. Las que mejoran son las regiones de Magallanes, Aysén, Coquimbo, y Antofagasta. Por otro lado, la Metropolitana, de Los Lagos, de la Araucanía, del Bío Bío y del Maule mantienen su posición relativa. Las que desmejoran su posición relativa son las regiones de Tarapacá, aunque continúa dentro de las con mayores logros de desarrollo humano, Atacama, O´Higgins y Valparaíso.En este período también se ha reducido la inequidad interregional del desarrollo humano en Chile.

El año 1994 la diferencia entre el IDH de la región con mayor valor y la de menor valor correspondía a 0,105. En 2003 disminuye a 0, 085, lo que implica una reducción de la brecha interregional de 19,0%” (2006: 13–15).

Probablemente detrás del juego algo contradictorio de las cifras de variaciones en el PIB y en IDH se explique por el mayor grado de focalización de las variables que reflejan instrumentos de intervención ligados a los factores del desarrollo humano; más mercado en la macroeconomía y más direccionalidad estatal en la microsociología.

c) ¿Convergencia o divergencia? 165 De acuerdo con la “corriente principal” (mainstream) ahora se dispone de varios estudios empíricos sobre la convergencia/divergencia regional en Chile, que no ofrecen, por lo demás, una conclusión única. Ya lo escribió Laureano Lázaro en un excelente y ameno artículo sobre “viejos y nuevos paradigmas” (Lázaro, 1999:685–706): “Llama también la atención otro elemento que permanece a lo largo del tiempo en los estudios regionales y territoriales. Se trata no ya de la diferencia de conclusiones a que llegan los diversos autores, sino de la clara discrepancia en bastantes casos. Es normal que se discrepe a la hora de dictaminar sobre las políticas que deben seguirse y los instrumentos que han de utilizarse, tanto si se habla en términos generales, como si se hace referencia a un caso concreto. En materia de estrategias debería haber menos margen de discrepancia y, sin embargo, también se da, a veces de forma notoria, tanta como la distancia que separa a los creyentes que defienden el desarrollo exógeno de los predicadores que propugnan el desarrollo endógeno. Más chocante puede resultar comprobar que con argumentaciones teóricas y con aplicaciones prácticas unos autores sostienen que las diferencias territoriales de niveles de desarrollo van en aumento y otros mantienen lo contrario.” (sublineado de este autor).

La convergencia económica deriva del modelo de Solow (1956) y Swan (1956), el que predice que, dado un stock inicial de capital por trabajador, una economía converge a un equilibrio de largo plazo (steady state) en el cual el producto por trabajador crece a una tasa constante igual a la tasa de cambio técnico. La idea de convergencia también se relaciona con la idea de que las economías más pobres cierran la brecha con las más ricas durante la transición dinámica hacia el equilibrio; en otras palabras, las economías más pobresn crece más rápido que las más ricas. Hay dos tipos de convergencia en este modelo: beta y sigma.

Convergencia beta ocurre cuando las economía más pobres crecen más rápido que las más ricas, hasta que ellas alcanzan el mismo nivel de producto. Convergencia sigma ocurre cuando la dispersión en el ingreso por persona, medida a través de la varianza, disminuye en el tiempo. También la literatura establece la convergencia absoluta cuando las economías más pobres siempre crecen más rápido que las más ricas, y la convergencia condicional que ocurre cuando la relación entre la tasa de crecimiento del producto por persona y su nivel inicial es negativa cuando se controlan los factores que condicionan el steady state.

Toda la teorización está ligada a los conceptos de crecimiento exógeno y endógeno.

Probablemente el trabajo más reciente y acabado–incluyendo unas matemáticas sólo para iniciados–sea el de Roberto Duncan y Rodrigo Fuentes, de la U. de Wisconsin y del Banco Central de Chile respectivamente (2006:82–112), del cual se extraen parte de los comentarios siguientes y cuya bibliografía chilena es muy completa.

La evidencia empírica trabajada por Duncan y Fuentes tiende a respaldar la hipótesis de convergencia en el PIB per cápita, tanto en términos de convergencia beta (convergencia en los niveles) como sigma (convergencia en la dispersión).

No obstante este resultado está acompañado por tasas lentas de convergencia, levemente inferiores al 1 %, lo que implicaría que el tiempo necesario para reducir a la mitad la brecha entre regiones “ricas” y “pobres” fluctúa entre 81 y 96 años!! El economista colombiano del ILPES, Luis Mauricio Cuervo, es el autor de un importante documento (2003) sobre evolución de las disparidades territoriales en América Latina, cuyo primer capítulo trata de la teoría económica de la convergencia y la divergencia regional, con abundantes comentarios empíricos. En el caso de Chile, Cuervo basa sus comentarios en los trabajos de Aroca y Claps (s/f), Fuentes (1997) y Morandé, Soto y Pincheira (1997).

Algunos de los puntos rescatados por Cuervo son: “Para el intervalo más largo (1960–1996) en las trece regiones chilenas se obtiene un estimativo estadísticamente significativo del coeficiente beta, cercano a 0,013 y, por consiguiente, podemos afirmar que la evidencia da soporte a la hipótesis de convergencia beta” (Aroca y Claps, s/f, p.5).

“Las estimaciones de la dispersión en las tasas de producto por persona regional por año, convergencia sigma, muestran la existencia de varios períodos, con tendencias de diferente signo: 1960/1965, con dispersión creciente (divergencia); 1965/1975, con significativa disminución en la dispersión (convergencia); 1975/1982, con aumento en la dispersión (divergencia); 1983/1996, con disminución en la dispersión. Estos resultados son bastante consistentes con las estimaciones del coeficiente beta…”(Cuervo, 2003: 34).

Otro de los trabajos examinado por Cuervo es el de Morandé, Soto, y Pincheira (1997), que llega a resultados que contradicen parcialmente la evidencia mostrada por otros estudios, específicamente la aceptación de la hipótesis de la convergencia absoluta en Chile.

De acuerdo con los estados estacionarios estimados por Morandé et. alli., podría sugerirse la existencia de tres grandes conglomerados regionales (clubs) en Chile: el primero conformado por las regiones I, II, y XII que convergen hacia niveles per cápita en un 15 % superiores al promedio nacional; el segundo, conformado por las regiones RM, III, V, y VI que convergen alrededor del promedio nacional; un tercero, conformado por las regiones IV,VII,VIII, IX, X, y XI que convergen hacia un promedio cercano al 75 % del promedio nacional.

La conclusión final de Cuervo es que “se necesitan estudios mejor dotados de información específica” para avalar distintas hipótesis de convergencia/divergencia en el caso chileno.

Así es que–en definitiva–el autor tiene sobradas razones para sentirse satisfecho del esfuerzo realizado, jamás perfecto, por supuesto, pero honesta y laboriosamente realizado.

Los objetivos de la Tesis fueron cumplidos; los de la política territorial de Estado (calificada así por su permanencia en el tiempo, más allá de cambios de sistemas y gobiernos), no lo fueron, aunque la política social parece haber sido más consonante con los objetivos generales ligados al territorio.

SÍNTESIS FINAL

“El resto es silencio” Hamlet, acto V W. Shakespeare La obra se ha estructurado en torno y sobre las siguientes proposiciones: 1. El Estado chileno se construyó históricamente mediante un proceso continuo de centralización política y administrativa y de concentración territorial en una sola ciudad; 2. La geografía chilena ha exhibido históricamente un patrón inusual de modificaciones, en los planos físico, administrativo, económico, social, y político, generando una demanda esporádica a lo largo del tiempo por una administración descentralizada; 3. Esta suerte de dialéctica centralización/descentralización no se resuelve sino hasta entrado el siglo XX debido a dos enormes desastres naturales, el primero de los cuales, en 1939, origina una profunda modificación en la geografía económica y el segundo, en 1960, introduce paulatinamente la idea de un cambio en la geografía política–administrativa del país, abriendo la puerta para una posterior regionalización; 4. A estos fenómenos de la naturaleza se sumará, en los años sesenta del siglo XX, un cambio político estructural al asumir el control del gobierno el Partido Demócrata Cristiano, en cuyo corpus doctrinario se encontraba la idea de la descentralización, ligada al concepto político de la subsidiariedad desarrollado en el seno de la Doctrina Social de la Iglesia Católica; 5. Una tríada de personas llevará a la práctica esta concepción: el Presidente Eduardo Frei Montalva, el economista Jorge Ahumada, y el académico norteamericano John Friedmann. En el texto se recapitula esta parte de la historia; 6. El Estado inicia una política nacional de desarrollo territorial/regional cuyo “epicentro” se localizará en la ciudad de Concepción y en su región, la Región del Bío Bío o Región VIII. El capítulo V examina a fondo cuarenta años de intervención en esta región; 7. Sin embargo, la economía del país sigue encajada en una camisa de fuerza representada por su fuerte ligazón a las exportaciones de recursos naturales, fuente de todos modos del dinamismo de las últimas décadas. Como se ha demostrado en otras investigaciones del autor, una economía que basa su crecimiento en este tipo de bienes y servicios y en su base de ventajas comparativas, ofrece escasos grados de libertad para modificar el patrón de crecimiento comparativo de las regiones, dada la especificidad territorial de los recursos naturales en Chile; 8. Probablemente el caso chileno representa el experimento más amplio y sostenido que es posible observar en América Latina para crear condiciones que respalden un modelo económico, social y político descentrado y descentralizado a lo largo y ancho del territorio, si bien en otros países la creación de instituciones específicas (CFI, SUDENE, CVC, CGV) ha sido más notoria; 9. Un obstáculo importante en este esfuerzo, y que ha contribuido en no poca medida a su escasa eficacia y eficiencia, ha residido en un profundo desfase cognitivo entre pensamiento y acción. Las intervenciones territoriales–tanto institucionales como administrativas y económicas–se han diseñado sin que medie en los responsables políticos y técnicos un claro entendimiento de la naturaleza–estructura y dinámica–de los procesos de cambio social en el territorio; 10. A partir de esta premisa, el capítulo primero de la obra plantea un ambicioso marco conceptual en torno a los conceptos de descentralización, regionalización, crecimiento territorial y desarrollo territorial; 11. El último capítulo examina los obstáculos estructurales, principalmente en el plano de la cultura social y administrativa, y los obstáculos más contingentes que han entrabado y entraban el logro de los objetivos y se identifican siete escollos que deben ser superados para ello. Los siete escollos son: i) artificialidad de la regionalización; ii) ausencia de identidades regionales; iii) falta de legitimidad de los gobiernos regionales; iv) relativa precariedad de los recursos financieros; v) desarticulación y falta de coordinación del abanico de instrumentos específicos; vi) falta de actividad sustantiva de investigación científica y tecnológica en y para las regiones; vii) bajo nivel de conocimiento actualizado sobre los procesos de cambio en el territorio por parte de la tecnocracia regional; 12. Cuarenta años de discurso no han logrado socializar el tema territorial en la sociedad chilena, con la excepción de una paulatina y extraña construcción de referentes identitarios territoriales basados en números y con la aparición de una tímida y elitista denuncia regional en la sociedad civil; 13. Bajo la forma de un anexo la tesis termina por preguntar: ¿qué futuro nos espera? como país, pregunta cuya respuesta depende de la capacidad nacional para construir futuro o, por el contrario, para aceptar pasivamente el futuro.

Según el informe del equipo de consultores del SERVILAB/UAH ya citado varias veces, las políticas regionales futuras deben considerar : i) una atención particular a los factores impulsores de la competitividad, no sólo entre regiones sino también entre ciudades; ii) el refuerzo de los elementos intangibles (capital social, entorno social favorable, condiciones institucionales, etc.); iii) el fomento al cambio estructural; iv) la estrecha coordinación con otras políticas sectoriales y en particular, con las actuaciones, vía políticas activas de empleo, del desarrollo de los recursos humanos; v) la desarticulación y falta de coordinación de los instrumentos específicos.

Post Scriptum El 12 de marzo del 2007, en el Salón de Honor del Congreso Nacional y ante más de medio millar de “regionalistas” de todo el país, la Presidenta Dra. Michelle Bachelet firmó un mensaje dirigido a la Cámara de Diputados incluyendo tres artículos sustitutivos del proyecto de reforma a la LOGCAR que se discute desde el año 2005.

El primero de estos artículos elimina definitivamente el patronímico numérico de las regiones establecido–hay que recordar, en 1966 con la primera propuesta de regionalización–para ser ahora reemplazado por patronímicos tradicionales. No sé si Pierre Bourdieu estaría de plácemes si viviese; mal que mal los chilenos habían ofrecido el mejor test empírico del concepto de poder simbólico, ya que cuarenta años de discurso había en efecto transformado un conjunto de números romanos en referentes identitarios territoriales para la población.

El segundo artículo sustitutivo establece la elección directa de los Consejeros Regionales, por cuatro años, reeligibles por un segundo período de igual duración y sin posibilidad de postularse a cargos públicos durante cuatro años, una vez terminado su ejercicio. Tendrán remuneración adecuada como para ejercer a tiempo completo. Si este artículo es aprobado por el Congreso, dará satisfacción a una consistente demanda regionalista.

El tercer artículo establece perentoriamente el traspaso de competencias a los gobiernos regionales; de partida, las SERPLAC´s pasarán a ser órganos del gobierno regional y no del MIDEPLAN.

¿Qué motivó al Ejecutivo a dar finalmente un paso adelante, no sin trascendencia, en la política territorial?, ¿La legitimidad de la demanda?, ¿El auto convencimiento derivado de una “racionalidad” tecno burocrática? La realpolitik transita muchas veces por tortuosos senderos. La razón oculta (o que se quisiera mantener oculta) reside una vez más en una casualidad lateral (serendipity). En efecto, esta decisión nace en la necesidad de superar una situación caótica en extremo y capaz de terminar con cualquier gobierno: el proyecto estrella heredado de la Administración de Lagos, el revolucionario nuevo sistema de transporte público en Santiago–el Transantiago–que causa una indignada reacción en la población directamente afectada, la que vive en la capital, y un no menos airado reclamo de los “regionalistas”, parlamentarios incluidos, que temen que la imperiosa necesidad de inyectar más y más recursos al transporte capitalino se haga a expensas del gasto y de la inversión pública en regiones. Quizás si el Transantiago hubiese funcionado adecuadamente desde su inicio (10/02/07) nada de esto habría sucedido; los medios de comunicación habrían carecido de un tema que han sobreexplotado aparatosamente aunque no sin razón y la oposición política no habría recibido gratis una bandera de lucha.

Pero en definitiva, como lo dice Machado, “se hace camino al andar”.

¡ALEA JACTA EST!