Sergio Boisier Etcheverry
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La doctrina del uti possidetis o ultima posesión heredada de la administración territorial de España fue asumida por todos las naciones latinoamericanas al momento de definir sus limites. Sin embargo, en todos los países quedaron zonas cuyos límites eran imprecisos pues más de una nación decía poseer títulos que atestiguaban derechos de propiedad. Tal era el caso del límite norte de Chile y también del límite oriental.
Chile reclamaba el territorio al oriente de la cordillera de los Andes desde el paralelo 34º 10’, en que la línea divisoria se internaba en el macizo cordillerano para entroncar con el río Diamante, en toda su extensión, hasta el grado 65 de longitud oeste de Greenwich. A partir de este punto la línea fronteriza se desviaba hacia el oriente hasta tocar el atlántico a la altura del paralelo 38º, latitud aproximada de la actual ciudad de Mar del Plata. Desde este punto al sur toda la costa atlántica hasta el fin del continente en el Cabo de Hornos estaba bajo la jurisdicción de Chile (Vázquez de Acuña; 1991).
Producida la estabilización institucional del país hacia 1830, el gobierno inició una política de activa incorporación de los enormes territorios de la Patagonia y Tierra del Fuego. O’Higgins desde su exilio escribió a Joaquín Prieto, señalándole la importancia de incorporar a la nación el territorio al oriente de los Andes. Luego, instó al gobierno de Manuel Bulnes a hacer efectiva la presencia de Chile en la zona del estrecho de Magallanes. El gobierno chileno envió a Juan Williams Rebolledo al mando de la goleta Ancud, quien tomó posesión solemne del estrecho de Magallanes y de los territorios adyacentes, fundando el fuerte Bulnes para custodiar la soberanía nacional.
En 1847 el gobierno argentino invocó sus derechos sobre la Patagonia. Chile propuso la presentación de los títulos de dominio sobre la zona en cuestión. Argentina eludió el debate ante la imposibilidad de presentar títulos valederos. En 1856 en el marco de un tratado de comercio y navegación se reconoció que los límites entre ambas naciones estaban establecidos por la última posesión al momento de la emancipación. En febrero de 1865 el ministro plenipotenciario de Chile en Buenos Aires, José Victorino Lastarria, propuso infructuosamente al gobierno de Mitre un acuerdo directo o en su defecto un arbitraje para dar solución al problema de las tierras magallánicas. En 1872 Argentina se empeñó en circunscribir el debate a las tierras del estrecho. El canciller chileno, Adolfo Ibáñez, planteó que el debate no sólo se refería a las riberas del estrecho, sino también a las tierras al sur del río Diamante. Sobre esta base propuso la división de la Patagonia en el paralelo 45º y advirtió que de no ser aceptado Chile invocaría el tratado de 1856 y sometería la cuestión a arbitraje. Posteriormente, otro enviado chileno, Diego Barros Arana, también fracasó en las negociaciones. Ante el temor de una guerra el 6 de diciembre de 1878 se firmó un pacto que propuso un tribunal mixto para resolver el problema. Sin embargo, Argentina dilató la ratificación del pacto a la espera del desarrollo del conflicto que Chile sostenía en el norte con Bolivia. Mientras el ejército chileno avanzaba hacia el norte, Argentina iniciaba al mando del coronel Julio Roca una campaña por las tierras patagónicas exterminando indígenas e incorporando este territorio a su país. Chile, apremiado por sus conflictos en el norte, debió renunciar a la Patagonia y firmar el tratado de límites de 1881.