Sergio Boisier Etcheverry
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El desarrollo de la Ciencia y Tecnología en Chile fue tributario del creciente centralismo que ha caracterizado la evolución del país. Si bien el proceso dista mucho de revertirse, es evidente que en los últimos años se ha impulsado importantes iniciativas de desarrollo de infraestructura y concretado inversiones de gran magnitud, vinculada a la creación de nuevas instituciones –consorcios, centros, institutos, etc. y a esfuerzos interinstitucionales y público–privados.
En consecuencia, una primera conclusión de esto es que en las regiones se ha ido construyendo un complejo sistema institucional que tiene varios componentes, relativamente similares a los existentes a nivel nacional: • Instituciones que diseñan políticas: Gobiernos Regionales, CORECYT y Direcciones Regionales de CORFO 18 universidades públicas regionales que definen sus políticas institucionales propias y realizan investigación con recursos propios y de otras fuentes, principalmente estatales.
Algunas universidades privadas Servicios públicos, programas e instrumentos públicos que financian trabajos de ciencia, tecnología e innovación. En su gran mayoría ellos se vinculan a los Ministerios de Educación, Economía–CORFO, Agricultura, Minería, SEGPRES– CONAMA entre otros.
Empresas estatales que demandan estudios de C&T como CODELCO y ENAMI.
Organismos de carácter interinstitucional que convoca a servicios nacionales, Gobiernos Regionales, Universidades, Corporaciones y Fundaciones Privadas, gremios y empresas privadas. Aquí destacan los diversos Centros y Consorcios Tecnológicos constituidos para desarrollar temas con mayores grados de especialización.
Empresas privadas que empiezan a financiar acciones de C&T.
• • • • • • Es decir, prácticamente todas las regiones cuentan con un abanico de instituciones públicas, académicas y privadas productivas que, con mayores y menores grados, cumplen varias de las funciones propias de un sistema de C&T. Sin embargo, esta supuesta riqueza contiene varios problemas: Uno, las regiones reproducen, con mayor o menor agudeza los problemas que muestra el sistema a nivel nacional o central y que se resumen en los objetivos impuestos al Consejo de la Innovación, ya citado.
• • Falta de estrategias o políticas de corto, mediano y largo plazo Debilidad en la arquitectura institucional, tanto en labores de dirección como de coordinación 280 • Necesidad de revisar criterios de asignación, priorización, ejecución y evaluación de los recursos que el Estado entrega.
Lo concreto es que lo que hasta hace poco se llamaría Comunidad C&T Regional, es básicamente la agregación o sumatoria de investigadores aislados, institutos o centros de universidades, unidades o departamentos de algunos servicios públicos o empresas privadas. Fuera de compartir cercanías físicas–como unidades al interior de cada universidad–o la participación en ciertos eventos o iniciativas esporádicas, históricamente no han actuado como una efectiva comunidad de instituciones e investigadores. Esto no desconoce que en años recientes se estén generando proyectos colectivos–como los Centros de Investigación y Consorcios Tecnológicos en varias regiones–que congregan a equipos de dos o más universidades, de servicios públicos y empresas privadas. Pero, en lo principal, esto constituye un proceso aún en desarrollo más que un fenómeno completamente afianzado. Sin embargo, al menos indica que se ha identificado un camino de futuro y que hay condiciones y potencialidades para avances mayores.
Dos, ante la ausencia en cada región de una institución articuladora como lo debe ser CONICYT a nivel nacional, SUBDERE, a través de su Programa Universidades y Gobiernos Regionales, impulsó la creación de los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología (CORECYT). Estos, considerados una muy buena idea y justificables desde todo punto de vista han tenido resultados heterogéneos; algunos han funcionado regularmente, otros de manera ocasional y varios fenecieron. Al menos, los antecedentes revisados sugieren que en unos casos la iniciativa dio cuenta de una cristalización natural y obvia, en otros más pareció una maduración forzada, que se explica menos por la conversación preexistente de la comunidad científica local que por el impulso dado por SUBDERE y el entusiasmo de los propios Intendentes.
La situación nacional, de inexistencia de una institucionalidad única y orientadora en la materia, conclusión de la primera parte de este estudio, explicaría las dificultades y, en consecuencia, la falta de interés en buscarles solución en cada región. Además, es entendible que las autoridades –como el GORE, Intendente y SEREMI– probablemente vean de mayor utilidad concentrarse en temas o ámbitos donde pueden ejercer autoridad sobre los recursos a comprometer que en intentar direccionar y coordinar iniciativas y esfuerzos cuyos esquemas históricos muestran una gran inercia.
Tres, en cada contexto regional la comunidad científica y tecnológica, como también los agentes sociales, culturales y productivos se enfrenta a una multiplicidad de programas y ventanillas de apoyo a la investigación. Estos programas o instrumentos dependen o se vinculan con numerosos organismos centrales, operando cada uno con grados variables de autonomía. Así, aquí también es aplicable el juicio planteado sobre la situación nacional: “Una dispersión tan extrema conlleva la imposibilidad de una acción pública coherente, eficiente y eficaz”, como lo reconoce, página 71, el Informe Final del Consejo de la Innovación.
Asimismo, el contexto regional da cuenta de una fuerte heterogeneidad entre los agentes sociales, culturales y productivos, lo que complejiza el trabajo de C&T. Para ejemplificar, en el caso de estos últimos, en cada región se observa la coexistencia de dos mundos: sectores integrados y marginados de los circuitos económicos modernos. Sin embargo, por la falta de articulación de las iniciativas públicas, esto se traduce en la dificultad de equilibrar los esfuerzos en desarrollo de ciencia aplicada a procesos productivos de relevancia local y la generación de respuestas tecnológicas, temas de interés de empresas modernas medianas y grandes, con el trabajo de difusión y transferencia a los agentes económicos más atrasados –PyME, economía campesina, talleres urbanos, etc–.
En este propósito son auspiciosos los avances de diálogo y colaboración que han surgido en prácticamente todas las regiones entre investigadores, agentes públicos y empresarios. Sin embargo, es importante que en la participación de estos últimos, también se considere a las PyME, particularmente las empresas de tamaño mediano, que tienen mayores posibilidades que las chicas de insertarse en nuevos circuitos. La marginación de ellas podría significar que todo el esfuerzo que se pretende hacer culmine en la gestación de algunos polos o núcleos actuando más en la lógica de enclaves productivos, tecnológicos y humanos que como efectivos agentes de crecimiento económico, de inclusión social y diseminación territorial de los beneficios del desarrollo.
Finalmente, con la excepción de algunas universidades de gran trayectoria–como las de Concepción, Austral de Valdivia, Católica de Valparaíso y unas pocas más–y de algunas iniciativas privadas, como el Centro de Estudios de Valdivia y el Instituto Técnico del Salmón, en general las unidades o centros de investigación muestran severos déficit de infraestructura, equipamiento, cantidad y calidad de sus recursos humanos y posibilidades de perfeccionamiento y de integrarse efectivamente a redes nacionales e internacionales.
Esto explica que las principales instituciones generadoras de Ciencia y Tecnología y cerca del 70% de los investigadores se localicen en Santiago.
En los últimos 15 años ha habido un sustancial incremento de los recursos para financiar proyectos, incrementar la infraestructura y el equipamiento destinado a la C&T, como también los programas de magísteres y doctorados y becas para acceder a ellos.
También debe reconocerse que han aumentado las fuentes de financiamiento, pues al Estado Central y sus ministerios y servicios se agregó los Gobiernos Regionales, empresas locales y, durante varios años, la Cooperación Internacional. Sin embargo, cuando se analiza las condiciones en que se desenvuelve cada unidad, centro e incluso muchas universidades, no puede menos que concluirse que el 0.7% del PIB destinado a este tema debe incrementarse sustantiva y rápidamente.