LAS COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO COMO FORMA DE INTEGRACIÓN:
ESPECIAL REFERENCIA AL EFECTO IMPOSITIVO
Raquel Puentes Poyatos
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El primer paso previo al estudio empírico, ha sido elegir nuestra población objeto de estudio, la cual fue las SCSG agrarias de la Comunidad Andaluza.
La elección de esta población de estudio está fundamentada en dos hechos, por un lado, en la importancia que el sector agrario tiene tanto a nivel nacional, como andaluz, y, por otro, en el peso que el movimiento cooperativo posee en el sector agrario.
Así desde un punto de vista cuantitativo, según datos del Libro Blanco para la Agricultura y el Desarrollo Rural (2003) , en el año 2000 la actividad agraria generó el 3% del PIB nacional, proporcionó ocupación al 6,2% de la población ocupada y originó el 10,2% de los intercambios totales de mercancías con el exterior. Por Comunidades Autónomas, es la Comunidad Andaluza la que mayor potencial agrario dispone. El 23,5% del Producción Final Agraria Nacional durante el trienio 1998-2000 fue originado en esta región.
Por otro lado, la importancia que el movimiento cooperativo tiene en este sector es notable, como lo atestigua que el año 2001 el 45,4% de la Producción Final Agraria fuera generado por estas estructuras, según datos de la CCAE (2001) . Por Comunidades Autónomas, es la Comunidad Andaluza la que se encuentra por excelencia a la cabeza. Es la región con más sociedades cooperativas agrarias con actividad económica en el año 2001, en la que tiene su sede 786 entidades, lo que representa el 20% del total, y la que mayor número de socios agrupa –240.000 socios, el 24,6% del total–.
Continuando con la misma fuente, el peso del cooperativismo de segundo grado en el sector agrario también se hace patente. Es un instrumento base de concentración empresarial, que permite emprender procesos de comerzialización e industrialización que de forma individualizada serían inalcanzables. La importancia de estas entidades se puede observar a través del volumen de facturación que generan, el cual se ha duplicado en el periodo 2000-2001. Se ha pasando de facturar 3.762,85 M€ en el año 2000 a facturar 6.302,21 M€ en el año 2001.
Puesto de manifiesto la justificación de la población elegida para el estudio, a continuación desarrollamos el proceso seguido para la determinación de la población real de SCSG agrarias en Andalucía.
A) DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN REAL.
Para conocer el número de SCSG agrarias realmente existente en Andalucía, hemos dispuesto de dos censos para el ejercicio 2003: uno obtenido de la Dirección General de Economía Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de la Junta de Andalucía, y otro, de información suministrada por la Unidad Central del Registro de Sociedades Cooperativas, de la Junta de Andalucía, ambos referidos a SCSG, agrarias y no agrarias. Al cotejar los datos de los censos descubrimos que existían algunas diferencias. Las principales consistían en que, por un lado, los datos obtenidos de la Dirección General de Economía Social, incluían también a las sociedades de ulterior grado (tercer y siguientes grados) y a las denominadas cooperativas de integración y, por otro, a que los datos facilitados por el Registro recogían tanto entidades adaptadas a la LSCA de 1999, como entidades no adaptadas.
Para la elaboración del censo, procedimos en primer lugar a depurar los datos. Para ello nos pusimos en contacto con las sociedades cooperativas para asegurarnos de su existencia, comprobar su calificación como SCSG –agraria o no agraria– y confirmar los datos de su localización. Fueron muchas las sociedades, sobre todo sociedades no adaptadas, que resultaron ilocalizables a través del teléfono de que disponíamos, en cuyo caso buscamos esa información en otras instituciones y asociaciones.
Como primera opción hablamos telefónicamente con los Ayuntamientos, para que nos remitieran al departamento encargado de gestionar el Impuesto de Actividades Económicas, y así comprobar que habían declarado dicho impuesto, lo cual era prueba de la existencia de la sociedad cooperativa. Si dicha información no se facilitaba, solicitábamos el teléfono de la sociedad o de una persona de contacto, principalmente el presidente o algún socio cooperativa de base. Si por ésta vía, no obteníamos información alguna, nos remitíamos a las Confederaciones o Federaciones de Cooperativas o a SCPG localizadas por la zona de la SCSG, e incluso llamábamos a teléfonos particulares, donde amablemente nos suministraron la información que requeríamos. Con la mayor parte de las SCSG no adaptadas no pudimos contactar telefónicamente, lo que nos venía a indicar que no estaban activas.
El resultado de este trabajo fue obtener la población de SCSG de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2003. El censo obtenido recogía a 99 SCSG, distribuidas por toda la geografía de la comunidad, de las cuales 65 eran sociedades adaptadas a la LSCA de 1999 y 34 no adaptadas (ver Anexo II).
Así, el censo real de SCSG en el año 2003 recogía a 65 SCSG, que distribuidas por tipo de actividad agrupaba a 43 sociedades agrarias , 11 de servicios, 5 de suministros, 5 de trabajo asociados y 1 industrial.