1.3.3 Los criterios de Transparencia Internacional sobre Financiamiento Político y Discrecionalidad

Los criterios de TI sobre Financiamiento Político y Discrecionalidad están basados en los valores de integridad, equidad, transparencia y rendición de cuentas. Surgen de la preocupación por la influencia del dinero y los favores en política, lo que afecta al proceso democrático y a la vigencia de la ley. Se los presenta en el contexto de un compromiso internacional por contener la corrupción expresado en la Convención de la ONU contra la Corrupción, cuyo texto debía ser adoptado en diciembre de 2003, y están sostenidos en el reconocimiento global de los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal y las convenciones vinculadas con ella, estos criterios son:

1. Eliminar la venta de influencias y los conflictos de intereses

Las donaciones a los partidos políticos, candidatos y funcionarios electos no deben ser un medio de obtener favores personales o políticos o comprar el acceso a servicios políticos o civiles. Los propios partidos y candidatos deben practicar la transparencia y demostrar su compromiso con los criterios éticos de la vida pública. Los gobiernos deben implementar una adecuada legislación del conflicto de intereses, incluyendo leyes que regulen las circunstancias bajo las cuales un funcionario electo puede seguir con su cargo en el sector privado o en una compañía estatal.

2. Transparencia por medio de la difusión y la publicación

Los partidos políticos, candidatos y políticos deben dar a conocer sus recursos, ingresos y gastos a un organismo independiente. Esa información debe ser presentada anualmente, y también antes y después de las elecciones. Deben informar los donantes y los montos de sus donaciones, incluyendo las que sean en especies y alquileres, y también sobre gastos. Sujeta a evaluación confiable y segura respecto de los riesgos de donantes o beneficiarios, la información debe estar disponible de forma tal que el público pueda acceder a ella antes de las elecciones. Se puede requerir que compañías que coticen en bolsa den a conocer todas sus donaciones a partidos políticos de cualquier país en sus balances anuales a los socios y se debe prestar aprobación de los socios para esas donaciones.

3. Efectividad en la aplicación y la supervisión de las medidas de regulación

Organizaciones controladas por la población deben supervisar efectivamente la observancia de las leyes y medidas regulatorias. Para cumplir ese objetivo, deben estar dotadas de los recursos necesarios, facultades, independencia y poderes para investigar. Junto a cortes independientes, deben asegurar que los delincuentes sean responsabilizados y debidamente sancionados. Se debe criminalizar el sostenimiento de partidos políticos con fondos ilegales.

4. Diversidad de ingresos y límites al gasto

Se debe prestar especial atención a los beneficios del financiamiento estatal de los partidos y candidatos y al estímulo de la participación de los ciudadanos a través de pequeñas donaciones y cuotas sociales. También se debe prestar atención en limitar los apoyos de las corporaciones y del extranjero, así como a las donaciones individuales muy abultadas. Para controlar la demanda de financiamiento político, se deben considerar mecanismos como los límites al gasto y el acceso subsidiado a los medios.

5. Equidad e integridad en el acceso a los medios de comunicación

Los candidatos y partidos deben tener un acceso equitativo a los medios. Se deben establecer, aplicar y mantener criterios para alcanzar una cobertura mediática equilibrada y una integridad de los medios. Los medios deben jugar un papel independiente y crítico, tanto en las elecciones como en el proceso político más amplio. Se deben usar instrumentos como la legislación sobre el conflicto de intereses para evitar que el control político de los medios públicos y privados cree una cobertura parcial de la política.

6. Participación de la sociedad civil

La sociedad civil debe participar activamente en promover la legislación adecuada en el terreno del financiamiento político y en el control de las finanzas políticas y su impacto sobre la representación política. El marco legal, tanto regulatorio como institucional, debe permitir a las organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con los medios independientes, hacerse cargo de estas actividades. Este marco debe también garantizar el acceso a la información y la posibilidad de que la sociedad civil pueda incidir en los debates sobre nueva legislación, entre otras medidas.