CONCLUSIÓN GENERAL

En el desarrollo de la presente investigación, hemos dejado plasmados una serie de conceptos fundamentales que le dan soporte, entre otros, los relativos a:

Órgano de Fiscalización Superior

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Democracia

Fiscalización

Transparencia

Rendición de cuentas

Corrupción

Eficiencia, eficacia, productividad y honestidad en el uso y destino de los recursos públicos

Estado de Derecho

Ética

Etc.

Conceptos fundamentales que le dan identidad a esta investigación, pues amén de ser conceptos de actualidad, la importancia que revisten al vincularse entre sí, es esencial para la investigación misma, así como para analizar el impacto cultural, político, económico, social y moral, en la relación gobierno y sociedad.

El problema planteado, así como la hipótesis sugerida al inicio del presente trabajo y que se formuló para responder como un supuesto al referido problema, la cual sufrió algunas modificaciones al revisar la información recopilada, se expresan en los siguientes términos:

Problema planteado: ¿Es posible que mediante la instauración del Órgano de Fiscalización Superior y el Instituto Estatal de Transparencia y acceso a la información pública en el Estado de Oaxaca, se pueda combatir la corrupción, en los entes gubernamentales?

La hipótesis sugerida para responder al problema es: “La implantación del Órgano de Fiscalización Superior y el Instituto de Transparencia y acceso a la información pública en el Estado de Oaxaca, como elementos inherentes de la democracia, serán los promotores del combate a la corrupción, a través de la Fiscalización, la Transparencia y la Rendición de Cuentas, del sector gubernamental, que propicien el manejo eficaz, eficiente, con economía, productividad y honestidad, de los recursos públicos”.

Las variables independientes planteadas fueron dos, mismas que se expresan así: Implantación del Órgano de Fiscalización Superior y el Instituto de Transparencia y acceso a la información pública.

Y, la variable dependiente es: Combate a la corrupción.

En este caso las Unidades de observación son: Örganos de Fiscalización Superior y de Transparencia, Fiscalización, Transparencia, Rendición de Cuentas, Corrupción, y Democracia.

A lo largo del presente trabajo, se han expuesto y analizado de manera concreta y objetiva, conceptos o definiciones de cada uno de los términos que conforman las variables dependiente e independientes, así como de las unidades de observación; de igual forma, al final del mismo existe un Glosario de términos, que precisa diversos conceptos utilizados en el desarrollo de la Investigación.

Asimismo, se ha expuesto la vinculación estrecha entre el triduo que forman los conceptos: fiscalización, transparencia y rendición de cuentas con el concepto democracia, así como el impulso que a través de ellos se da al combate a la corrupción para el manejo eficaz, eficiente, productivo y honesto de los recursos públicos.

De la investigación efectuada para la comprobación de la hipótesis arriba planteada, tanto de la información obtenida de lo que acontece en otras partes del mundo, como de lo que sucede en México, puedo deducir por analogía que efectivamente la hipótesis planteada se confirma, ya que se observa que los países que cuentan con Órganos de Fiscalización Superior e Instituciones de Transparencia, avocados a la fiscalización, la rendición de cuentas y al manejo transparente de la información pública, dichos entes se han constituido en promotores del combate a la corrupción y desvío de los recursos públicos y por ende han propiciado el manejo eficaz, eficiente, productivo y honesto de los mismos.

En nuestra conclusión consideramos importante destacar algunos conceptos o temas esenciales derivados de la investigación efectuada, que refuerzan la comprobación de la hipótesis planteada, entre otros expresamos que:

La ausencia de transparencia produce democracias de baja calidad y, por consiguiente, susceptibles de ser destronadas por una regresión autoritaria.

Como lo ha sostenido la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, para dar plena vigencia a los derechos políticos es necesaria una reforma del Estado, que implique que todas las esferas del gobierno pongan como ejes de su acción: los derechos humanos, la participación ciudadana, la tolerancia política y la reforma electoral. Un derecho humano fundamental es el derecho a la información; así mismo, podemos afirmar que la participación ciudadana en la función fiscalizadora es fundamental para tener éxito como nación en materia de rendición de cuentas.

Uno de los pilares más importantes de los órganos fiscalizadores, será lograr obtener una sólida credibilidad ante la opinión pública como resultado de su trabajo.

Otro de los pilares importantes de estos órganos fiscalizadores, es la independencia de su gestión por disposiciones de ley, hecho que garantiza imparcialidad de criterio, objetividad y veracidad en los informes que se efectúan.

El derecho a la información es otro componente clave de la rendición de cuentas y la transparencia. Este derecho se puede definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan el acceso de los ciudadanos a la información de interés público, en especial la que se genera en los órganos del Estado, pues la información de otras fuentes está protegida por el derecho a la privacidad.

La rendición de cuentas y el acceso a la información son dos componentes esenciales de cualquier gobierno democrático. Constituyen mecanismos de gobernanza, haciendo posibles condiciones de participación y proximidad ciudadana en los procesos gubernamentales, abriendo nuevos canales de comunicación entre el Estado y diversos actores sociales. Su difusión y aceptación implican una transformación cultural en la concepción y práctica del servicio público, ya que significa someter la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos al escrutinio crítico de la sociedad.

Los países de derecho codificado como México, han seguido con frecuencia la ruta más ineficaz y onerosa para que sus gobiernos rindan cuentas. Se han creado innumerables controles administrativos para limitar la corrupción, pero esos controles internos sólo han dado lugar a altos costos burocráticos y administrativos y, en ocasiones, han generado más corrupción. Los economistas neoclásicos han mostrado cómo la sobrerregulación burocrática sólo crea más espacios para la corrupción, porque al haber más trámites que cumplir, más oficios que llenar, más reportes que entregar y más obstáculos que evadir, surgen burócratas que lucran con esa tramitología para exentar de esos trámites a otros burócratas que pagan sobornos y dádivas para evadir el control. Cuando la rendición de cuentas es asumida por las élites políticas y burocráticas, su costo se eleva y se concentra en el presupuesto público con resultados magros. Por ello, se debe descentralizar la rendición de cuentas para disminuir su costo y elevar su eficiencia. Los politólogos Mathew McCubbins y Thomas Schwartz han ejemplificado este problema con la analogía de las alarmas de detección de fuego y los carros de bomberos. Para combatir los incendios, una ciudad tiene dos opciones: estacionar un carro de bomberos en cada esquina para que al primer indicio de humo acuda el carro más cercano y apague el siniestro; o bien, colocar una alarma de incendio en cada esquina para que los vecinos la activen en caso necesario. En el primer caso, el costo de apagar fuegos es absorbido por el gobierno y su monto puede ser altísimo. En el segundo caso, el costo es compartido por el gobierno que instala alarmas y por la sociedad que detecta indicios de fuego y activa la alarma en caso de peligro. Es claro que las alarmas constituyen la solución menos onerosa y más eficiente. No obstante, en países como México se ha optado más por colocar carros de bomberos en cada esquina en lugar de involucrar a la sociedad en la labor de vigilar el desempeño de sus gobiernos y activar alarmas cuando haya indicios de corrupción y comportamiento oportunista. Pero para que la sociedad pueda detectar el humo y activar las alarmas, es indispensable que los vecinos puedan observar el humo y activar la alarma. Y ese es el mayor problema de países, como México, en los que sus gobiernos son opacos porque su información es inaccesible, restringida y, con frecuencia, los funcionarios no están obligados o se niegan a proporcionarla.

Para que la sociedad detecte malos manejos y active la alarma del Congreso y de otros entes de fiscalización, es necesario que los gobiernos sean transparentes, que la información sea de acceso libre y público, para que cualquier ciudadano, organización o partido político pueda detectar irregularidades e iniciar el proceso de rendición de cuentas. Por eso, una ley de acceso a la información como la que se plantea para Oaxaca, - que atienda a un modelo como el planteado en el Apartado III -, es un cambio estructural que puede alterar la lógica del sistema de rendición de cuentas. La ruta de solución no se encuentra en más leyes de control y en más oficios que llenar, sino en descentralizar la vigilancia y el sistema de rendición de cuentas, esto es, instalar alarmas anticorrupción en todas las esquinas de la sociedad para que esta participe en su combate.

Después de varias décadas de lucha y negociaciones interminables, México cuenta ya con una democracia electoral que da el triunfo a quien lo obtiene en las urnas. Tantos años dedicamos para conseguir que los votos se contaran con transparencia, que descuidamos otros aspectos centrales de la democracia representativa, el más importante de los cuales es cómo garantizar que los gobernantes electos democráticamente cumplan su mandato con honestidad, eficacia y eficiencia.

Parece una mala broma darnos cuenta que después de alcanzar la alternancia y la competitividad entre partidos, la responsabilidad de nuestros gobernantes sigue siendo muy limitada. Aún con elecciones limpias y equitativas, muchos gobernantes siguen siendo insensibles frente a las necesidades y demandas de los votantes.

Deben darse dos vertientes del sistema de rendición de cuentas para elevar la eficacia y la eficiencia del gobierno en Oaxaca, para el combate a la corrupción:

Por un lado, promover la transparencia de las instituciones de gobierno, establecer incentivos adecuados para limitar el oportunismo de los agentes políticos, aumentar la responsabilidad política de los legisladores mediante la reelección inmediata, mejorar los sistemas de supervisión al Ejecutivo y hacer efectivas las sanciones en caso de incumplimiento. Por otro lado, es preciso que la sociedad en su conjunto se involucre en el sistema de rendición de cuentas y asuma parte del costo de su operación. Un sistema ágil y ligero de vigilancia política implica ciudadanos con poder para denunciar y detonar mecanismos legales de rendición de cuentas.

La responsabilidad de los votantes va más allá de emitir su voto cada tres o seis años. Su participación para exigir cuentas es indispensable para que nuestra democracia electoral sea a la vez una democracia gobernable y que resuelva los problemas cotidianos de la población.

La corrupción es un fenómeno de muchas aristas, que como ya ha quedado expresado, constituye un flagelo con amplias y profundas raíces sociales, que demanda atención urgente y eficaz y, que a la vez su erradicación constituye un reclamo social que se acrecienta cada vez más; para ello ha sido necesario investigar que instrumentos, que factores, que mecanismos, que medios, que reformas, son necesarios implementar para su combate eficaz y eficiente.

Nuestro trabajo de investigación nos permite afirmar y recomendar ahora, con base en la información recabada y analizada, que en el Estado de Oaxaca, se hace imprescindible una reforma legal e institucional, para dar origen a los entes ya descritos, con las características ya citadas, (ver el Apartado III), que nos permitan como sociedad y como gobierno, combatir de una manera pragmática la corrupción. También será sumamente importante en la sociedad generar y difundir de manera amplia y profunda la cultura de la rendición de cuentas y el derecho a la información, hasta lograr su participación directa, como la principal interesada.

La corrupción continúa amenazando el desarrollo: “La corrupción es una de las mayores causas de la pobreza, a la vez que representa una barrera para combatirla”, según el Presidente de Transparency Internacional, Peter Eigen. “ambos flagelos se alimentan mutuamente, atrapando a las poblaciones en el círculo vicioso de la miseria. La corrupción debe ser abordada con fuerza si se busca que la ayuda al desarrollo tenga resultados para liberar a los pueblos de la pobreza”.

A pesar de avances en muchos frentes, incluyendo la eminente entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas, contra la corrupción, 70 países – casi la mitad de aquellos incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción – obtuvieron una puntuación de menos de 3 en el IPC, lo que confirma graves problemas de corrupción, donde 0 es altamente corrupto y 10 es altamente honesto.

México como país y Oaxaca como Entidad Federativa, reflejan graves problemas de corrupción y de pobreza que hay que combatir, pues se han constituido corrupción y pobreza en un binomio de freno al desarrollo.

El mundo se ha puesto como objetivo reducir la pobreza extrema a la mitad para el año 2015. la corrupción obstaculiza el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al socavar el crecimiento económico y el desarrollo sustentable que liberaría a millones de personas de la pobreza. La lucha contra la corrupción debe ser parte integral de los planes destinados a aumentar los recursos para lograr estos objetivos, ya sea a través de la cooperación internacional o bien de acciones domésticas en los países.

Además, un gran número de estudios muestra que la inversión extranjera es menor en los países percibidos como más corruptos, lo que reduce aún más las oportunidades de prosperar. Cuando los países mejoran su gobernabilidad y reducen la corrupción, consiguen un “dividendo del desarrollo” que, según el Instituto del Banco Mundial, incluye la posibilidad de mejorar los índices de mortalidad infantil, los ingresos per cápita, y el nivel de alfabetización.

“La corrupción no es un desastre natural: es el robo frío y calculado de las oportunidades de los hombres, mujeres y niños menos capaces de protegerse a sí mismos”, dice David Nussbaum, Director Ejecutivo de Transparencia Internacional. “ Los líderes deben ir más allá de las palabras y cumplir con sus promesas de cooperar con el compromiso y los recursos necesarios para mejorar la gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas “.

La reciente ratificación de la Convención de las Naciones Unidas representa un avance en la lucha contra la corrupción al establecer un marco legal global para el progreso sustentable contra este flagelo. La Convención, que entró en vigor en diciembre de 2005, acelerará la recuperación de fondos robados, forzará a los centros bancarios a tomar medidas contra el lavado de dinero, permitirá a las naciones perseguir a las compañías extranjeras y a individuos que hayan cometido actos de corrupción en su territorio, y prohibirá los sobornos a funcionarios públicos extranjeros. Los países de menores ingresos que adopten e implementen la Convención tendrán una oportunidad para atraer a la inversión extranjera y generar crecimiento económico.

La riqueza no determina el avance en la lucha contra la corrupción, la riqueza no es un pre – requisito para el control exitoso de la corrupción. Un análisis a largo plazo del IPC, llevado a cabo por el Prof. Dr. Johann Graff Lambsdorff muestra que la corrupción ha decrecido significativamente en países de bajos ingresos tales como Colombia y Bulgaria en la ultima década; sin embargo, en el caso de países con mayores ingresos, tales como Canadá e Irlanda se ha registrado un marcado aumento en la percepción de la corrupción en los últimos diez años, lo que demuestra que incluso los países ricos, con un alta puntuación, deben seguir trabajando para mantener el clima de integridad.

De manera similar, la responsabilidad de la lucha contra la corrupción no recae solamente en los países de bajos ingresos. Los países más ricos, además de enfrentar numerosos casos de corrupción dentro de sus propias fronteras, deben compartir la responsabilidad asegurando que sus empresas no se vean involucradas en prácticas corruptas en el extranjero. Los infractores deben ser procesados e impedidos de participar en licitaciones públicas. La oportunidad para asegurar el avance sustentable también recae en manos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que necesita promover activamente la transparencia y la lucha contra la corrupción en el comercio mundial.

La lección es clara: Los factores de riesgo como el secretismo de los gobiernos, la influencia inadecuada de los grupos de elite y el financiamiento político distorsionado, tienen lugar tanto en los países ricos como en los pobres, y ningún país rico permanece inmune al flagelo de la corrupción.

Se recomienda consultar diversas investigaciones y estadística a nivel internacional y nacional, relacionadas con el tema de la corrupción, mismas que obran en el Tomo II Apéndices del 2 al 12, las cuales ilustran de manera real las causas, características, efectos y las vías de acción ante este flagelo.

Nuestra aportación, hace eco de una sentida demanda social y, ha sido realizada con apego a una Metodología de Investigación, que fundamenta la tesis que aquí se sustenta, en el sentido de que los entes u órganos en comento, son inherentes a la democracia y constituyen eficaces y eficientes medios para el combate a la corrupción, al propiciar la eficiencia, eficacia, transparencia, economicidad y honestidad en el uso y destino de los recursos públicos.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, conforme al decreto núm. 310 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha septiembre 16 del año 2006 y que entrará en vigor 18 meses posteriores a su publicación, a nuestro juicio tiene limitantes sustantivas como son: en el artículo 3 fracción III, no se hace referencia a los entes autónomos siendo que estos también administran recursos públicos y deben ser sujetos de esta Ley; En el artículo 9 se deja al arbitrio de los sujetos obligados el análisis y la clasificación de la información, siendo dichos sujetos quienes le den el carácter de pública o reservada, cuando debió expresarse con toda precisión por parte del legislador dicho carácter; en el mismo artículo 9 se expresa de manera limitativa lo que los poderes del Estado y los municipios deben dar a conocer, siendo dicha información muy restringida, quedando fuera la información de verdadera trascendencia para la sociedad, como son en el caso de los ayuntamientos todo el capítulo de egresos por concepto de gasto corriente y gasto de inversión en bienes, obras públicas y acciones sociales básicas; en el artículo 10 fracción III queda señalada como información reservada, información que a nuestro juicio debe ser pública, como lo es la relativa a la información o documentación generada, adquirida u obtenida por los órganos de control y fiscalización de los poderes del Estado y municipios; por su parte el artículo 10 fracción XVII, considera como información reservada la relativa a las posturas, ofertas, propuestas o presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y obra pública;

lo más criticable en el caso de la información reservada es lo señalado en el artículo 11 que suspende el derecho a la información hasta por un término de 10 años o antes cuando dejen de concurrir las causas que motivaron su clasificaciòn, éste período puede ampliarse por 5 años más a juicio de la autoridad si subsisten las causas que motivaron la clasificación de la información como reservada; en el artículo 32 no se señala que las sesiones que celebren los consejeros (que son la autoridad máxima del Instituto) deban ser públicas, hecho que representaría un verdadero avance en materia de transparencia; de igual forma en la Ley no se expresan facultades sancionatorias claras y contundentes como atribución del Instituto de Transparencia, hecho que representa que no se cuente con un Órgano con la suficiente fortaleza para hacer cumplir la ley; con este tipo de legislación lo único que se genera es opacidad e impunidad. Oaxaca necesita una Ley de Transparencia sin mordazas, que no este hecha solamente a la medida de los intereses de ciertos grupos de poder.

Es muy probable, porque nada es absoluto, que los medios aquí propuestos no sean los únicos para hacer frente a la corrupción; pero lo que si podemos afirmar es que constituyen dos instrumentos –de los muy pocos con que cuenta la sociedad-, probados en otras latitudes a nivel internacional y nacional para este fin y, por analogía se infiere que para Oaxaca también serán de esencial importancia para lograrlo.

Por lo anteriormente expuesto, recomendamos para el Estado de Oaxaca, la implementación de la reforma legal e institucional, que de origen al funcionamiento de un Órgano de Fiscalización Superior y de un Instituto Estatal de Transparencia y acceso a la información pública, sin limitaciones ni mordazas, para propiciar se genere un combate efectivo de la corrupción en la administración pública y por ende la vigencia de buenos y mejores gobiernos.

La presente investigación seguramente servirá para que en un futuro, otros investigadores profundicen más acerca del tema y logren mayores aportaciones al respecto.