4.1.6 Experiencias en la Unión Europea

Una legislación adecuada es una herramienta fundamental para lograr niveles socialmente aceptables de transparencia y acceso a la información pública. La experiencia de España es de gran relevancia para México, debido a la similitud de los sistemas legales y a las afinidades históricas (en términos de experiencia con un régimen autoritario), y culturales.

Las restricciones de acceso a la información señalan que este derecho no podrá ser ejercido sobre expedientes que contengan información sobre las actuaciones del gobierno central o de las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas al derecho administrativo. Tampoco los que contengan información sobre la defensa nacional o la seguridad del Estado, o los tramitados para la investigación de delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de derechos y libertades de terceros, o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando. También es de acceso restringido lo relativo a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial, y a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. La respuesta a cualquier petición ciudadana de información en otros rubros, no puede exceder un período de tres meses. Este marco normativo fomenta la creación de canales de participación y vinculación entre el Estado y la sociedad, a través de “sociedades de inversión”, que buscan promover la difusión de la información pública y la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas, para impulsar el desarrollo social.

Del caso de Gran Bretaña se puede aprender de una de las legislaciones más actualizadas, contenida en el Acta de Libre Información (Freedom of Information Act, publicada en el año 2000). El Secretario de Estado, la Cancillería de los Lores y el Comisariado de Información, resuelven las controversias legales que se presenten y tienen como tarea garantizar el acceso a la información, tanto pública como privada. Las peticiones de información deben atenderse en un plazo máximo de veinte días.

Las restricciones pueden ser por Class Exemption, relacionadas con los servicios de inteligencia y la seguridad nacional, negociaciones diplomáticas, relaciones comerciales internacionales, y prevención del crimen, entre otras Public Interest Test, información que está en posesión del gobierno y cuya difusión puede generar beneficios “injustos” a particulares, e incluye también cierta información ambiental, comercial y personal.