4.1.2 El derecho a la informaci�n

El derecho a la informaci�n es otro componente clave de la rendici�n de cuentas y la transparencia. Este derecho se puede definir como el conjunto de normas jur�dicas que regulan el acceso de los ciudadanos a la informaci�n de inter�s p�blico, en especial la que se genera en los �rganos del Estado, pues la informaci�n de otras fuentes est� protegida por el derecho a la privacidad. Existen empresas p�blicas o privadas, llamadas Sociedades de Informaci�n, que se dedican a la venta de reportes con datos personales de individuos, tales como historial crediticio, m�dico o de empleo. Estas empresas contribuyen al flujo de esta informaci�n como factor coadyuvante del desarrollo econ�mico, sin embargo, deben guardar un balance con la protecci�n de la privacidad.

En lo que se refiere a la privacidad, es dif�cil definirla, pues su noci�n var�a en los diversos contextos culturales e hist�ricos. Pero dentro de la esfera privada se consideran las relaciones personales y familiares, de filiaci�n y afectivas, las convicciones personales, inclinaciones sexuales, preferencias pol�ticas y religiosas, en algunos lugares se incluyen a la situaci�n financiera, personal y familiar.

Se trata de un derecho humano fundamental, en el cual se excluyen a otros individuos, organizaciones y el Estado, del conocimiento de ciertos aspectos de la vida de cada persona. Se vincula con otros derechos espec�ficos como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, al honor y la integridad de la propia imagen, y a ser respetado y no molestado. Se relaciona tambi�n con la libertad de pensamiento e ideas, de procreaci�n, de expresi�n y de imprenta, puesto que el respeto a la vida privada de los individuos constituye una limitante a su ejercicio.

Seg�n una directiva del Parlamento Europeo, los datos personales comprenden toda informaci�n sobre una persona f�sica, �identificada o identificable�. Es identificable cualquier persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente con elementos espec�ficos caracter�sticos de su persona, ya sea f�sicos, psicol�gicos, o de situaci�n econ�mica, social o cultural. En la era actual, las redes inform�ticas y de comunicaci�n hacen cada vez m�s probable el uso indebido o ilegal de datos personales. La protecci�n de esta informaci�n es un componente cr�tico del derecho a la privacidad.

Adem�s, el derecho a la informaci�n tiene l�mites que se establecen por razones de seguridad nacional. En M�xico, existen las categor�as de �reservada� y �confidencial� para la informaci�n p�blica.

La reservada se refiere en t�rminos generales, a aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad p�blica y la defensa nacional. Se considera tambi�n la que cuya publicaci�n podr�a menoscabar las relaciones y negociaciones internacionales, o que ponga en riesgo la estabilidad econ�mica y financiera del pa�s. La informaci�n confidencial son los datos personales de particulares entregados con tal car�cter, cuando tengan el derecho de que se conserve de tal manera.

En contraste, en la Uni�n Europea se distinguen las categor�as de �Top Secret�, �Secret�, �Confidential� y �Restricted�. La primera se aplica a toda informaci�n y material cuya difusi�n no autorizada puedan causar �perjuicios excepcionalmente graves� para los intereses de la Uni�n Europea o alguno de sus Estados miembros; la clasificaci�n Secret es para aquella que pueda da�ar seriamente los �intereses esenciales� de la Uni�n Europea o alguno de sus Estados miembros; la Confidential tiene que ver tambi�n con potenciales da�os a intereses esenciales si se divulga sin autorizaci�n, pero involucra a un n�mero m�s amplio de funcionarios con acceso a ella; y la Restricted es aquella cuya difusi�n puede resultar �desventajosa� para los intereses de la Uni�n Europea o de algunos de sus Estados miembros. En Estados Unidos, existe un plazo en el cual prescribe la prohibici�n de acceso a cualquier informaci�n gubernamental. Una vez concluido este plazo, cualquier ciudadano puede hacer la petici�n formal de que se vuelva p�blica.

Sin embargo, estas restricciones presentan el costo de no permitir una revisi�n cr�tica amplia que haga posible la retroalimentaci�n, se corre el riesgo de provocar la desconfianza en las acciones y organizaciones gubernamentales, y puede usarse de manera indebida para proteger los intereses de funcionarios u organizaciones espec�ficas.4 Lo importante es que existan especificaciones claras y precisas, de cu�ndo y bajo qu� condiciones la informaci�n es de acceso limitado o restringido y que su resguardo est� contemplado en las leyes, as� como propiciar y promover un balance con la apertura informativa en todos los dem�s renglones de la informaci�n generada por �rganos p�blicos.

Al margen de las limitaciones de respeto a la privacidad y protecci�n de la seguridad nacional, el derecho a la informaci�n es un derecho fundamental que tiene relevancia real y pr�ctica en la vida de los ciudadanos, pues le permite obtener informaci�n �til para proteger sus intereses y participar en el �mbito de lo p�blico.

Se parte del principio que toda la informaci�n gubernamental pertenece al p�blico, y debe ser del dominio p�blico a menos que existan razones expresas y justificadas para mantenerla reservada. El acceso a esta informaci�n es esencial para el desarrollo de la confianza en las instituciones p�blicas, y el funcionamiento de un r�gimen democr�tico.

Por otro lado, este mismo acceso a la informaci�n presiona para inducir cambios en la sociedad, al influenciar el comportamiento de sus distintos actores quienes la utilizar�n para decisiones de voto, comportamiento de mercado, y acciones legales. Al involucrar intereses pol�ticos y econ�micos, invariablemente existe el potencial de conflicto, y el resultado suele ser un acomodo de la necesidad de protecci�n de secretos industriales, comerciales y personales, con la seguridad nacional y la autonom�a del Estado. Los costos de una informaci�n distorsionada o incompleta son elevados, por lo que se requiere un cuidadoso dise�o y un continuo seguimiento en materia pol�tica de acceso a la informaci�n.