Mauro Alberto Sánchez Hernández
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En la década más reciente, un número sin precedente de países han adoptado leyes de acceso a la información y transparencia, llegando a más de cuarenta en la actualidad, y con cerca de otro número igual en proceso de aprobación. En gran medida esto ha sido resultado de la iniciativa de organizaciones no gubernamentales y académicas, así como de organismos multilaterales. El punto de partida general ha sido que la información confiable y oportuna es crítica para la credibilidad de los gobiernos, y la transparencia contribuye a la eficiencia de los mercados y las políticas públicas, en un contexto de globalización económica. Para atraer inversión tanto nacional como extranjera, gobiernos y empresas deben mostrar sus estados financieros al público, para generar confianza y certidumbre y atraer capitales. El potencial de desarrollo económico de un país esta fuertemente ligado con prácticas de transparencia.
Los estudios del Banco Mundial (BM) muestran que las instituciones de gobierno transparentes tienen un impacto positivo sobre el crecimiento de la economía y el logro de objetivos de desarrollo social. Los países con instituciones gubernamentales transparentes tienen regulaciones y procedimientos claros, y han generado un estado de derecho efectivo en donde se protege a la ciudadanía y a la propiedad privada, y en donde existen instancias externas de rendición de cuentas.
Este desarrollo institucional se puede lograr sin necesariamente tratarse de un país “modernizado” o con altos ingresos, es decir, no son característica de los países “ricos”. Las reformas económicas y sociales estructurales que requieren muchos países necesitan de un gobierno “eficiente, responsable y transparente”, con mayor participación ciudadana.
Esto permitirá una mejor y más rápida respuesta a los retos de la democratización y la rendición de cuentas, la globalización económica, la descentralización del poder a niveles locales, y la corrección de los desequilibrios sociales.
En lo que se refiere a otros organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pone énfasis en la transparencia de la información sobre asuntos fiscales en los distintos países, como medida para reducir la vulnerabilidad ante crisis y fluctuaciones económicas, al favorecer la credibilidad y certidumbre en las políticas públicas y los mercados financieros. En 1999 publicó el “Código de Buenas Prácticas y Transparencia en la Política Fiscal”, y el “Código de Buenas Prácticas y Transparencia de las Políticas Monetarias y Financieras”. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promueve la difusión de prácticas de transparencia, así como la cooperación en el combate a la corrupción de sus Estados miembros, y en el año 2000 organizó la “Conferencia sobre Transparencia y Desarrollo en América Latina y el Caribe”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promueve entre los gobiernos de sus países miembros un enfoque pro-activo en la solución de las demandas sociales. Se debe ganar la confianza de los ciudadanos, ofreciendo alternativas de políticas públicas, democracia y transparencia. El acceso a la información pública y la participación en el proceso del diseño de políticas públicas son aspectos esenciales de la gobernanza. Para garantizar la transparencia, es conveniente la existencia de un marco legal que le de sustento. La participación ciudadana es fuente de ideas y recursos para mejorar la toma de decisiones. Ambos contribuyen a la construcción de la confianza pública en las instituciones de gobierno, mejorando la calidad de la democracia.