a) La violencia del ejército y los grupos paramilitares como detonantes de migración.

En primer lugar destaca la violencia del ejército y grupos paramilitares a raíz del surgimiento de los movimientos guerrilleros en el sur del país. Especialmente desde 1994 con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, se intensificaron las incursiones del ejército en todas las zonas indígenas del territorio nacional de manera represiva y cruel para controlar al país.

En Chiapas el partido del Frente Cardenista se involucró en la formación de grupos paramilitares que combatieran a los zapatistas y el grupo paramilitar Paz y Justicia en julio de 1997 recibió 4 millones 600 mil pesos como apoyo para proyectos productivos pero también para la compra de armas para combatir a campesinos simpatizantes del movimiento neozapatista. De este modo:

Con esta estrategia la organización se fortaleció, pero también el número de desplazados creció a 8 mil. En Chenalhó llegó a 12 mil, porque todos aquellos que no aceptaron convertirse en agresores de los zapatistas prefirieron huir para evitar las represalias. De ahí nació el concepto oficial de “autodesplazados”.

En su informe del 24 de septiembre de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informaba que:

En los últimos años se ha producido el fenómeno de la acrecentada presencia de fuerzas armadas en zonas predominantemente indígenas. En sus observaciones al presente informe, el Estado reconoce que "en los puntos de conflicto ha habido un incremento de la presencia militar", pero disiente en cuanto al uso del término "militarización". Un factor central de ese incremento ha sido la aparición de grupos armados disidentes en distintas zonas del país, que llevaron al Estado a ampliar la presencia militar en las mismas. La CIDH ha recibido información según la cual dicha militarización implica restricciones a la libertad de tránsito, comercio y a la tranquilidad general de la población; así como casos de violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad contra la vida, la integridad, la libertad y la propiedad de la población civil rural e indígena.

De este modo, el ejército fabricó delitos y hostigó, torturó física y psicológicamente a indígenas y apresó a líderes sociales acusándolos de guerrilleros o narcotraficantes. Las ejecuciones de indígenas, violación de mujeres y la destrucción de viviendas y medios de subsistencia de los poblados indígenas estuvieron presentes en las páginas de los diarios nacionales constantemente durante la segunda mitad de los años noventa en donde siempre aparecían comprometidos miembros del ejército y grupos de paramilitares.

Los grupos de paramilitares, matones al servicio de los finqueros terratenientes, asesinaron a cientos de personas sin llegar a recibir castigos por ello de parte de las autoridades. No solamente hubo las matanzas en masa de Aguas Blancas en Guerrero o Acteal en Chiapas, sino también el recurrente asesinato de indígenas en el país durante la mayor parte de la segunda mitad de los noventa, aterrorizando a la población de las comunidades y provocando el desplazamiento de miles de indígenas y el rechazo a la entrada del ejército a las comunidades a las que supuestamente iba a proteger.

Aunque este tipo de violencia fue más cruel en Chiapas y Guerrero, también fue brutal en el centro y sur de Veracruz, en Oaxaca, en la sierra de Puebla, en las huastecas de Hidalgo y San Luis Potosí. Pero en general las zonas indígenas del país sufrieron de la intromisión del ejército en sus territorios con el fin de sofocar cualquier rebelión armada y evitar que el país se saliera de control.

De este modo, aunque no sabemos y tal vez nunca se sepa el número de indígenas que tuvieron que abandonar sus comunidades de origen a raíz de toda la violencia desatada, es muy probable que grandes cantidades se hayan dirigido a diferentes puntos del país antes de emigrar a Estados Unidos.