3.2.1. Los problemas de la generación de empleos en el campo.

En la década de los noventa, especialmente en la segunda mitad, los productores agrícolas sufrieron una serie de embates que minaron significativamente su capacidad para generar empleos. Entre los obstáculos que se interponían en el camino de los productores agrícolas estaba el de la cartera vencida con la banca, las altas tasas de interés, escasez de crédito, la apertura de las fronteras a la producción extranjera y el desplome de los precios de los productos agropecuarios. Por ejemplo, cuando surgió El Barzón agropecuario en Veracruz en 1996, se reportaba que debido a las carteras vencidas, el escaso flujo de créditos frescos y de altas tasas de interés:

...la producción de maíz, frijol, trigo y arroz, se desplomó en más del 54 por ciento. La producción ganadera “se fue al fondo” al reportar una caída del 62 por ciento en el censo de reses y una devaluación de su valor comercial del 324 por ciento, en tanto que el sector forestal se “derrumbó” en 64 por ciento […] más de 3 mil hectáreas de arroz en Tlalixcoyan se dejaron de cultivar y en el municipio de Soledad de Doblado, por ejemplo, se producían unas 25 cabezas de ganado diariamente y ahora son tres en promedio diario.

En el año 2000 en esos municipios era mayor el porcentaje de hogares de migración reciente que el porcentaje de hogares que reciben remesas, lo cual indica que muchos trabajadores se fueron a Estados Unidos de manera definitiva.

Lo interesante es que con estas dificultades también se veían afectadas las potencialidades de generación de empleos de los ganaderos de todo el país, quienes en junio de 1996 se decía que producían 4 millones de toneladas de carne, 8 mil millones de litros de leche y generaban 20 por ciento del empleo, y sin embargo, el presidente de la Confederación Nacional Ganadera (CNG) advirtió que:

...los niveles de exportación son los más bajos de los últimos cuatro años. En lo que va del presente ciclo ganadero sólo se han exportado 554 mil 601 becerros, cantidad 77 por ciento inferior a lo vendido en el mismo periodo del ciclo anterior. En 1996 la caída ha sido más grave, pues hasta abril sólo se había exportado 4 por ciento de lo que se vendió en el mismo periodo de 1995. En el caso de las vaquillas, la situación es similar, ya que faltando sólo cuatro meses para que concluya el actual ciclo ganadero, las exportaciones son 76 por ciento inferiores al periodo anterior y comparando el primer cuatrimestre de este año con 1995, la caída es de 94 por ciento.

Hay que recordar que México firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que entró en vigor en 1994, y a partir de entonces se aceleraron los problemas estructurales de la producción agrícola, especialmente de la no empresarial, expuesta más que nunca a la cruda realidad del mercado capitalista internacional con clara desventaja.

Para mantener un mismo nivel de ingresos era necesario que los productores aumentaran su nivel de productividad para compensar la caída de los precios. Sin embargo, eso no podía lograrse y los clamores y las resistencias se hicieron sentir por todo el país ante la dificultad de encontrar el sustento en la producción agrícola y el cierre de oportunidades de empleo en las áreas urbanas. Muchos tendrían que emigrar a Estados Unidos. Además, para el colmo, hasta la naturaleza les volvía la espalda a los campesinos.

Con la grave sequía en las zonas áridas del país en abril de 1996, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural preveía migraciones masivas hacia las grandes ciudades del país y los Estados Unidos, dado que también en el año anterior:

…la sequía, las heladas tempranas y los bajos niveles de las presas causaron la pérdida de alrededor de 120 mil toneladas de cosechas de maíz y frijol en 205 mil hectáreas, con lo que resultaron afectados 62 mil 637 productores, que dejaron de percibir más de 100 millones de pesos.

Ahí mismo se decía que ocho de cada diez campesinos producían para el autoconsumo y destinaban pequeños excedentes para la comercialización, que les generaban ingresos a nivel de subsistencia. Un mes después la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) reportaba que la sequía en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí había provocado la pérdida de 10 millones de toneladas de granos básicos “...cuyo valor en el mercado es de 19 mil millones de pesos, la muerte o venta por abajo de su precio de 3 millones de cabezas de ganado y la desaparición de alrededor de 3 millones de jornales” que afectaban a 150 mil jornaleros agrícolas debido a que se dejaron de sembrar 650 mil hectáreas de distritos de riego, decía un día después el secretario de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en tanto que la CNPR calculaba que un millón de pequeños propietarios e igual número de ejidatarios habían resultado afectados en sus actividades agrícolas.

Sin embargo, lo que más conviene resaltar de esta nota es que los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Durango, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se caracterizan por recibir cada año cerca de 3 millones de jornaleros migrantes, la mayoría acompañados por sus familias, procedentes especialmente de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, pero también de Zacatecas, Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y hasta de Sinaloa y Nayarit.

Ellos trabajaban en “...condiciones precarias de seguridad laboral, servicios públicos y otras situaciones que se unen al desempleo por la corta duración del empleo jornalero, que alcanza en promedio 180 días al año” con pagos de 547 pesos por trabajo semanal en el año 2000 en San Quintín, Baja California.

Los jornaleros indígenas procedentes del sur del país se trasladan de una región agrícola a otra en el transcurso del año, por ejemplo, a fines de octubre o principios de noviembre los miles que trabajan en Baja California se van a Sinaloa, luego de ahí a Sonora para después regresar nuevamente a Baja California. Andrea Becerril escribe que un copropietario de un consorcio agroindustrial comenta que “...él personalmente ha acudido en varias ocasiones a reclutar mixtecos para que laboren en sus campos.”

La SEDESOL reportaba en el año 2001 la existencia de cinco rutas de migración de jornaleros agrícolas en el país. Pero tal vez no capta cabalmente el movimiento de estos trabajadores. Por ejemplo, se dice que la ruta del Pacífico comprende los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Nayarit. Pero no se habla de todos los migrantes procedentes del sur del país que llegan a esas entidades y ya se mencionaron.

Sin embargo lo interesante de la información es que se dice que los jornaleros son contratados por empresas agroindustriales de capital nacional e internacional, lo cual lleva a pensar que las mismas empresas son las que enganchan jornaleros para llevarlos a trabajar a los campos agrícolas de Estados Unidos en la cosecha de fresa, uva, melón, sandía, tomate y papa, y es esa una de las razones por las que la agricultura de aquel país se ha ido indigenizando, ya que este tipo de trabajadores soporta las jornadas de trabajo de más baja remuneración y en las peores condiciones, como escriben Durand y Massey.

Ese hecho y la cercanía de los campos agrícolas de Baja California respecto de Estados Unidos explican que tan sólo en los campos agrícolas del norte de San Diego, California, trabajen miles de mixtecos, quienes a pesar de las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios:

No quieren irse a sus lugares de origen, porque ya no tienen familiares: a todos se los han traído. Sufren mucho y son fáciles presas de engaños, explotación e intimidación.

A partir de esto es de preverse que si el INEGI calcula el índice de intensidad migratoria en el año 2010, seguramente éste saldrá subestimado si la base vuelven a ser los hogares, ya que miles de trabajadores se han ido definitivamente con todo y familia, con todo y hogar.

Por eso uno se pregunta, cómo estarán las condiciones en la tierra natal de todos esos migrantes que prefieren soportar las duras condiciones de trabajo fuera de sus pueblos.

No obstante, al parecer en todo el país las condiciones de trabajo eran muy difíciles, pues según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Chapingo y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC):

En México, 57.5 por ciento de la población que se dedica a las actividades agropecuarias sólo recibe por su trabajo comida y bebidas embriagantes, mientras 36.5 por ciento percibe una paga ínfima […] en lugar de que se atienda a fondo los problemas de los jornaleros agrícolas, la respuesta, en la mayoría de los casos, se orienta hacia “la violencia, opresión, represión, asesinatos y encarcelamientos”' de los trabajadores del campo.

Se concluye que ya no hay condiciones de sobrevivencia mínima en los lugares de origen de esos trabajadores y sus familias, lo que los ha obligado a migrar.

Sin embargo, hay que distinguir entre las regiones donde hace décadas empezó la migración a Estados Unidos de aquellas de migración reciente. Seguramente a todas les afectaron las políticas neoliberales de apertura indiscriminada de las fronteras a la producción que compite directamente con la producción nacional y la reducción de subsidios e impactaron en el aumento de los niveles de migración debidos a las caídas drásticas de los niveles de empleo, pero en las regiones de migración reciente se dieron algunos procesos y fenómenos que impulsaron radicalmente la migración hacia otras regiones del país y los Estados Unidos.

a) La violencia del ejército y los grupos paramilitares como detonantes de migración.

En primer lugar destaca la violencia del ejército y grupos paramilitares a raíz del surgimiento de los movimientos guerrilleros en el sur del país. Especialmente desde 1994 con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, se intensificaron las incursiones del ejército en todas las zonas indígenas del territorio nacional de manera represiva y cruel para controlar al país.

En Chiapas el partido del Frente Cardenista se involucró en la formación de grupos paramilitares que combatieran a los zapatistas y el grupo paramilitar Paz y Justicia en julio de 1997 recibió 4 millones 600 mil pesos como apoyo para proyectos productivos pero también para la compra de armas para combatir a campesinos simpatizantes del movimiento neozapatista. De este modo:

Con esta estrategia la organización se fortaleció, pero también el número de desplazados creció a 8 mil. En Chenalhó llegó a 12 mil, porque todos aquellos que no aceptaron convertirse en agresores de los zapatistas prefirieron huir para evitar las represalias. De ahí nació el concepto oficial de “autodesplazados”.

En su informe del 24 de septiembre de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informaba que:

En los últimos años se ha producido el fenómeno de la acrecentada presencia de fuerzas armadas en zonas predominantemente indígenas. En sus observaciones al presente informe, el Estado reconoce que "en los puntos de conflicto ha habido un incremento de la presencia militar", pero disiente en cuanto al uso del término "militarización". Un factor central de ese incremento ha sido la aparición de grupos armados disidentes en distintas zonas del país, que llevaron al Estado a ampliar la presencia militar en las mismas. La CIDH ha recibido información según la cual dicha militarización implica restricciones a la libertad de tránsito, comercio y a la tranquilidad general de la población; así como casos de violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad contra la vida, la integridad, la libertad y la propiedad de la población civil rural e indígena.

De este modo, el ejército fabricó delitos y hostigó, torturó física y psicológicamente a indígenas y apresó a líderes sociales acusándolos de guerrilleros o narcotraficantes. Las ejecuciones de indígenas, violación de mujeres y la destrucción de viviendas y medios de subsistencia de los poblados indígenas estuvieron presentes en las páginas de los diarios nacionales constantemente durante la segunda mitad de los años noventa en donde siempre aparecían comprometidos miembros del ejército y grupos de paramilitares.

Los grupos de paramilitares, matones al servicio de los finqueros terratenientes, asesinaron a cientos de personas sin llegar a recibir castigos por ello de parte de las autoridades. No solamente hubo las matanzas en masa de Aguas Blancas en Guerrero o Acteal en Chiapas, sino también el recurrente asesinato de indígenas en el país durante la mayor parte de la segunda mitad de los noventa, aterrorizando a la población de las comunidades y provocando el desplazamiento de miles de indígenas y el rechazo a la entrada del ejército a las comunidades a las que supuestamente iba a proteger.

Aunque este tipo de violencia fue más cruel en Chiapas y Guerrero, también fue brutal en el centro y sur de Veracruz, en Oaxaca, en la sierra de Puebla, en las huastecas de Hidalgo y San Luis Potosí. Pero en general las zonas indígenas del país sufrieron de la intromisión del ejército en sus territorios con el fin de sofocar cualquier rebelión armada y evitar que el país se saliera de control.

De este modo, aunque no sabemos y tal vez nunca se sepa el número de indígenas que tuvieron que abandonar sus comunidades de origen a raíz de toda la violencia desatada, es muy probable que grandes cantidades se hayan dirigido a diferentes puntos del país antes de emigrar a Estados Unidos.

b) El rol del narcotráfico.

En segundo lugar cabe mencionar la ocupación de elevados porcentajes de campesinos contratados en el cultivo de mariguana y amapola básicamente con el propósito de obtener el sustento para la sobrevivencia.

Un estudio del Programa de Desarrollo Rural Integral para las Zonas de Producción Intensiva de Enervantes del Centro de Planeación para el Control de Drogas de la Procuraduría General de la República arrojó que entre 1992 y 1995, más de 130 mil campesinos y jornaleros de Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Durango, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Chiapas se dedicaron a las actividades de cultivo y producción de mariguana o amapola y antes de dedicarse a ello tenían un ingreso “inferior a 20 pesos diarios.” Además, se dijo, el 85 por ciento de esos trabajadores del campo eran jóvenes “menores de 31 años y casados”', y “casi todos delinquieron por necesidad económica.”

La magnitud del problema se entiende mejor cuando se compara la proporción de esos campesinos respecto de la PEA: En el municipio de Atlixtac, Guerrero, 60.14%; Sinaloa, 4.5%; Chihuahua, 3.7%; Oaxaca, 1.7%; Durango, 7.36%. La mayor parte, dice el estudio, se ubica en zonas indígenas y serranas de alta marginalidad y pobreza, con tendencia al aumento del número de personas involucradas.

Los ingresos por concepto de narcotráfico posiblemente hayan reforzado las tendencias de la gente a migrar a Estados Unidos en algunos lugares, en la medida en que accedieron a más recursos para solventar los gastos del traslado y que el ejército penetró brutalmente en esas zonas. Eso pudo ocurrir por ejemplo en Atlixtac, Guerrero, un municipio donde el 8.85% de los hogares tenía al menos un migrante en Estados Unidos que se había ido sin regresar en los últimos cinco años, pero sólo el 6.31% de los hogares recibían remesas. Eso tal vez se debe a que mucha gente ha emigrado definitivamente, puesto que las condiciones de marginación social y represión del ejército a raíz de estos estudios no ofrecen ningún incentivo para regresar.

Este fenómeno de la represión debida al cultivo de enervantes incluso tal vez sea menos cruel en las partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua que en las zonas indígenas de los estados ya mencionados debido a la respuesta de las bandas de narcotraficantes que contestan asimismo intimidando a los “soplones” y las autoridades. Por eso, aunque se vayan a Estados Unidos por temporadas, los narcos de menor rango regresan a disfrutar el negocio del narcotráfico.

Pero toda esta violencia de la que se ha hablado tiene que ver en el fondo con el despojo de las tierras a las comunidades indígenas de parte de los finqueros terratenientes que buscan expandir sus áreas agrícolas y explotar la madera de los bosques, lo cual reforzó la migración junto con el hecho de que cayeron drásticamente los precios de los productos más campesinizados, como el maíz, el frijol y el café al tiempo que el Estado retiraba los subsidios y abría las fronteras a la importación de estos mismos productos.

c) Los desastres naturales y la migración.

En tercer lugar, pero no menos importante, están los desastres naturales, como inundaciones y sismos en las partes costeras del país, mayormente en los estados del sur y centro, las cuales sólo trajeron desgracia para la población de esos lugares. Lo grave del asunto, en términos de generación de empleo es que estos fenómenos naturales vinieron a reforzar las presiones migratorias en entidades donde la migración no era lo bastante significativa. Esto se da en el momento en que enormes cantidades de población se quedan sin nada para sobrevivir, sólo con la ayuda de poca monta y corta duración en la forma de empleos temporales de gobierno y el suministro de alimentos, lo cual a todas luces es insuficiente.

Con toda razón se podría decir que ese tipo de eventos naturales siempre han existido en esas zonas del país. Pero interesa traerlos a colación porque en la medida que las condiciones de la población empeoran en la fase del crecimiento absoluto los desastres naturales adquieren mayor intensidad. La fuerza destructiva de la naturaleza es potenciada por relaciones sociales en las que los trabajadores sufren brutalmente la embestida del capital y la baja capacidad financiera y técnica para enfrentar la situación.

El Secretario de Agricultura en 1997 informaba que en México se siembran 20 millones de hectáreas al año y se pierden entre 200 mil y 300 mil debido al “temporal errático”, pero en ese año el clima fue tan adverso que se estimaba en casi 700 mil hectáreas afectadas a nivel nacional, ya sea por exceso de lluvia o por carencia de ella.

Tan sólo por efecto del huracán Paulina, en Chiapas la cosecha de café se redujo en 50% en 1998, lo cual se combinó con una caída de 210 a 120 dólares por cien libras del aromático que en México se paga en función de las cotizaciones internacionales, resultando afectados más de 300 mil cafetaleros del país, las dos terceras partes concentrados en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, más de la mitad indígenas.

Ante las desastrosas lluvias en el sureste en octubre de 1999 que destruyeron casas, y miles de hectáreas de cultivos, en noviembre alcaldes de la frontera norte se reunieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el fin de pedir al gobierno federal un presupuesto extra para atender a los cientos de migrantes damnificados que se habían desplazado por las lluvias. Es de suponerse que varios pensaban cruzar la frontera con Estados Unidos en cuanto pudieran, si no, entonces ¿por qué iban al norte?

El desastre provocado por las lluvias fue de tal magnitud que tan sólo en el municipio serrano de Metztitlán, Hidalgo, de 22 mil habitantes, el 80% de los trabajadores quedaron sin empleo dado que la gran mayoría tiene por ocupación la agricultura y las 5,200 hectáreas de cultivo estaban anegadas y cientos de viviendas destruidas. Las inundaciones fueron tan graves que en algunos pueblos estaban totalmente cubiertas de agua las viviendas y los postes de energía eléctrica apenas asomaban la punta.

Agricultores de “toda la vida” calculaban que no habría trabajo en la agricultura en por lo menos un año, pues primero se tendrían que nivelar las tierras para la labranza y luego limpiar. Por lo pronto se esperaba que el programa de empleo temporal para rehabilitar las comunidades comenzara a funcionar, con un pago diario de 26 pesos. Poco más de dos semanas después se reportaba que adultos y jóvenes de este municipio y la mayoría de los demás del estado de Hidalgo se habían visto obligados a salir rumbo a Estados Unidos en busca de empleo.

En esa misma temporada en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz las lluvias afectaron a tal grado las comunidades que se incrementó el desempleo, la migración y la delincuencia porque:

...las fincas no se pueden recuperar con facilidad. En los ranchos donde los árboles quedaron devastados, éstos tardarán cinco años en crecer y empezar a producir, mientras que los platanares se llevan un año, pero para rehabilitar todo se requiere dinero que no tienen.

Al día siguiente y por las mismas lluvias, la misma periodista que escribió la nota anterior notificó de la difícil situación por la que atravesaban dos pueblos de 60 mil habitantes cuyos ingresos dependen del turismo.

Ahora bien, se ha dicho que los pobres no emigran, y que quienes lo hacen son personas que de alguna manera cuentan con algunos recursos económicos y contactos en el “otro lado”. Sin embargo también es innegable que los procesos de empobrecimiento de capas de población que habían venido contando con ingresos más o menos suficientes para llevar una vida aceptable en sus pueblos han presionado fuertemente a grandes contingentes a irse a los Estados Unidos con la esperanza de acceder a un nivel de ingresos que en México se ha perdido.

Estos fenómenos naturales acabaron con cultivos, grandes cantidades de ganado, casas y en general con las fuentes de sustento de mucha gente. Por eso también aumentó la migración a muchas ciudades del país y hacia las regiones agrícolas del norte, presionando aún más los procesos migratorios a Estados Unidos desde todos los puntos del país al intensificarse la contradicción de la tendencia a la pérdida de empleos y la mayor demanda de estos por los trabajadores.