3.3. Los problemas de generación de empleo en las ciudades.

El cambio de orientación hacia el crecimiento absoluto en México fue debilitando paulatinamente la capacidad de generación de empleos estables y bien remunerados en las zonas urbanas del país mientras que la entrada de las maquiladoras redefinió el carácter de los nuevos empleos creados.

Ubicadas principalmente en las zonas fronterizas del norte, estas empresas ocuparon en su mayoría a trabajadores con bajas remuneraciones, precarias prestaciones sociales y duras condiciones de trabajo, lo que hace pensar que gran parte de los trabajadores se ocupaban temporalmente, toda vez que tenían muy cerca un gran mercado de trabajo en Estados Unidos en el cual, si bien las condiciones de trabajo también son muy difíciles, las remuneraciones son mayores debido a las transferencias de valor hacia allá por la compra de productos del trabajo general de parte de países subdesarrollados que aumentan allá los niveles de empleo haciendo que el ejército de reserva sea más reducido.

Por su parte, grandes ciudades internas que habían venido jugando un papel central en la generación de empleo se vieron seriamente afectadas por el cambio en la forma de crecimiento y con la crisis de 1995 los despidos masivos de personal y el cierre de empresas fortalecieron aún más las tendencias a la disminución de la capacidad de crear nuevos puestos de trabajo.

Muchas ciudades costeras y otras cercanas a centros de atracción turística afortunadamente mantuvieron buenos niveles de empleo, pero su capacidad en este sentido no podría ser mayor que las necesidades de acceder a una fuente de ingresos mínima para miles de trabajadores ni satisfactoria para muchos otros más.

Ante estas dificultades de la economía mexicana para generar empleos es lógico que los problemas sociales internos aumentaran y con ellos las presiones para migrar. Es bien conocido que a raíz de la crisis de 1995 en todos los sectores de la economía se desplomó la producción y el empleo.

Una de las trabas que dificultó la generación de empleos en el país fue la cartera vencida, situación en la cual estaba casi la mitad de los usuarios de crédito bancario a mediados de 1996 y, según la CONCANACO, del total de la cartera vencida con los bancos, el sector servicios tenía el 47%, el comercio el 26%, la industria el 25%, el sector agropecuario el 11%, los créditos a la vivienda el 8% y los créditos al consumo también el 8%.

Eso mantenía asfixiadas las posibilidades de generar empleo. Por ejemplo la escasez de obra, aplazamiento de nuevas inversiones, restricciones crediticias, alto costo del dinero y el ajuste del presupuesto público provocaron una caída real de 47 por ciento en la industria de la construcción y una pérdida de 41.13 por ciento en la ocupación de mano de obra durante 1995, según el informe anual de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC). En ese año se perdieron 191 mil 980 plazas de trabajo, las que se suman a una pérdida acumulada superior a los 2.5 millones de empleos, provocada por el cierre de unas 7 mil empresas durante los últimos tres años, resultando más afectados el Distrito Federal, Veracruz y Jalisco, que juntos sumaron 99 mil 206 plazas.

Aunque ya en el primer bimestre de 1996 el entonces Departamento del Distrito Federal anunciaba que se habían creado 28,600 nuevos empleos, según el registro del número de altas en el Seguro Social, en noviembre del mismo año el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) comentaba que los errores de diciembre habían provocado que a finales de 1996 la ADI sólo tuviera inversiones equivalentes al 20 por ciento de los niveles alcanzados en 1994 y de los 250 mil empleados que concentraba esta asociación en aquel año, a fines de 1996 sólo había 80 mil, mientras que en Provivac, otra asociación de grupos medianos, de los 180 mil empleos generados en 1994 solo existían 50 mil en 1996.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CAMIC) informaba que en 1997 se habían generado en el sector de la construcción 250 mil empleos, la mitad de los que se crearon en 1993, y para 1998, se decía:

...nos conformamos con preservar esa plantilla y lamentablemente no tendremos oportunidad de generar los empleos que demanda la gente de provincia que viene a trabajar a la ciudad de México en la que se realiza entre 20 y 25 por ciento de la obra nacional.

Según una encuesta que aplicó el Banco de México en 377 empresas del sector manufacturero de todo el país, el 71% manifestó que habían disminuido la producción y el número de empleados para hacer frente a la crisis y el 75% esperaba que en los primeros seis meses de 1996 se incrementara la demanda interna a la cual, no obstante, el 72% creían que podrían satisfacerla con una cantidad de personal menor o igual a la actual. Sin embargo, cuando de un total de 27 mil empresas exportadoras sólo 750 concentraban el 80% de las exportaciones, el director del Banco Nacional de Comercio Exterior en 1996 decía, en abierta defensa de los banqueros:

...la problemática financiera de México no comienza en el sistema bancario, sino en la falta de capacidad del sector empresarial para presentar proyectos viables y por lo tanto financiables en el futuro.”

Por su parte, en el sector de la confección en el ramo textilero, más del 80% de las empresas, 9,287, dejaron de tener registro fiscal y no cubrían las cuotas de seguridad social de sus trabajadores, que se estimaba en 46,435 personas, a decir del presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Esto había sido ocasionado por la crisis de 1995 ante la contracción del mercado interno y el aumento de la competencia de las importaciones. En relación a las posibilidades de generar empleos, el líder textilero decía que “...es común encontrar empresas con pedidos, pero sin capital de trabajo para surtirlos debido a la austeridad crediticia.”

Otra de las malas noticias en el mundo del trabajo vendría a ser el anuncio en junio de 1996 de que serían despedidos 28,300 trabajadores de Ferrocarriles Nacionales, pues se estimaba que para que funcionaran las tres principales vías en que se dividió la red para su privatización se necesitaban sólo 18,700 trabajadores, cuando en ese tiempo la plantilla laboral era de 47 mil personas. Pero en realidad a todos se les despediría para recontratar solamente los que las nuevas empresas privadas del ferrocarril necesitaran y en sus propios términos. Hay que recordar que ya entre 1992 y 1994 “salieron” más de 30 mil trabajadores ferrocarrileros. Los efectos de estas medidas pronto se harían sentir en los pueblos ligados al ferrocarril. Por ejemplo en 1999, en Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, de entrada:

...cerca de 300 trabajadores fueron despedidos, quienes semanas más tarde, ante el desempleo e incomunicación, migraron a otras ciudades, particularmente a los Estados Unidos. El resto, unos 170 trabajadores, mantuvieron su puesto a cambio de un incremento en su carga de trabajo y de la disminución de su salario de 132 a 113 pesos diarios.

El Consejo Coordinador Empresarial informaba que en 1995 se perdieron 850 mil empleos formales y se cerraron 15 mil 600 empresas en todo el país. Tan sólo Keenworth Mexicana en Mexicali, Baja California, una de las principales empresas armadoras de tractocamiones en México, “suspendió temporalmente” a mil trabajadores.

A nivel de estados, en Hidalgo la Secretaría de Industria y Comercio calculaba que entre enero de 1995 y junio de 1996 se habían perdido 11 mil empleos en diversos renglones, más acentuado el problema en la industria de la construcción, puesto que sólo ahí se habían perdido 5 mil empleos y 42 empresas habían cerrado. Los mayores despidos se dieron en Pachuca, Tulancingo, Tula de Allende e Ixmiquilpan.

Toda esta panorámica aumentaba las presiones por demanda de empleo en el país, aunado a que de las 12 millones de plazas que debieron haberse creado entre 1982 y 1994 para satisfacer la demanda de empleo producto del crecimiento de la población en edad de trabajar, sólo fueron generadas dos millones 400 mil empleos remunerados, lo cual desplazó a miles hacia el llamado sector informal, según John Saxe-Fernández.

Tiene sentido pensar que miles también se vieron obligados a migrar a Estados Unidos al agotarse las posibilidades de encontrar empleo en el país. Por ejemplo en Monterrey, Nuevo León, una ciudad que había venido jugando un papel muy importante en la absorción de empleo no sólo de la propia entidad sino de otros estados vecinos, en 1995 fueron despedidos 50 mil trabajadores y muchos otros, teniendo niveles de calificación profesional sobrevivían en trabajos de baja calificación y escasa remuneración. En Tamaulipas, de 78 mil profesionistas y técnicos, la mitad sobrevivían de choferes, albañiles o en el comercio ambulante, mientras que en Veracruz, donde una tercera parte de la población se encontraba en el subempleo, en Coatzacoalcos, Petróleos de México (PEMEX) había despedido a 50 mil trabajadores y sólo la empresa Tubos y Aceros de México había reducido su plantilla laboral en dos mil trabajadores, según un estudio de la Universidad Veracruzana. Y como escribió el reportero González Amador:

Las instantáneas sobre la situación del empleo en los estados del país sólo confirman la realidad nacional en materia laboral”.

En Chihuahua tan sólo en el sector de la construcción el número de trabajadores decreció de 10,864 a 9,076 en sólo 12 meses. Por eso, ante la lenta recuperación que se observaba el presidente del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León recomendaba:

No es correcto echar las campanas al vuelo, en materia de empleo la situación comienza a mejorar, pero no en la magnitud que asegura el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para quien la tasa de desempleo abierto en mayo fue de 5.4 por ciento de la población en edad y condición de trabajar.

Y es que las estadísticas del INEGI en realidad sobreestiman el empleo y subestiman el desempleo porque, por ejemplo, consideran que una persona que trabaja una hora a la semana ya está empleada. La realidad es que en 1996 había 24 millones 893 mil personas sin un empleo fijo, ya sea por la cancelación de plazas existentes o por la insuficiente generación de las mismas.

El alcalde de Poza Rica, Veracruz, en 1999 informaba que en los últimos siete años se habían perdido 17 mil empleos directos e indirectos en ese municipio y estimaba que había entre 10 mil y 15 mil personas sin trabajo. Estas notas ayudan a entender el por qué de la aceleración de los incrementos de la migración a Estados Unidos en esa entidad.

Sin embargo, un estudio realizado por el Colegio de la Frontera Norte con base en una encuesta aplicada a personas que buscaban internarse a Estados Unidos sin documentos por ciudades fronterizas, como Mexicali, Tijuana, Nogales, Matamoros, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Reynosa, principalmente, concluía que:

El móvil principal de la mayoría de los mexicanos que viajan con propósitos laborales a Estados Unidos no es el desempleo, sino las diferencias salariales entre México y el vecino país, pues 74 por ciento de quienes emigran, tanto obreros como profesionistas, cuentan aquí con un trabajo, el cual abandonan en busca de mejores condiciones de vida […] aumenta el número de los que cuentan con escolaridad avanzada […] solamente 21 por ciento de los migrantes mexicanos no contaban con un empleo seguro antes de partir hacia Estados Unidos, mientras que el restante cinco por ciento se compone de estudiantes o amas de casa que realizaban labores en el hogar. Asimismo, un alto porcentaje de profesionistas llegan a realizar labores menos calificadas, las cuales no son atendidas por la población estadounidense.

La pregunta en este caso es a qué se le llama empleo seguro, porque como hemos venido observando la realidad del desempleo y la amenaza de caer en él estaban presentes en todo el país y las remuneraciones al trabajo eran de niveles tan bajos que es difícil pensar que el 74% de los migrantes de los que se habla hayan tenido un empleo seguro, y más si se toma en cuenta que “…los precios aumentaron casi 200 por ciento más que el salario en los primeros dos años del régimen zedillista, lo que implica que por cada peso de incremento en las remuneraciones se pagaron tres más en la compra de alimentos básicos.”

Ahora bien, el liderazgo en la generación de empleo lo estaba tomando la frontera con Estados Unidos, algo que vendría a reforzar las tendencias a migrar hacia aquel país al atraer en un primer momento a grandes contingentes a esta zona que la utilizarían como soporte para recuperar fuerzas y luego continuar el viaje al “otro lado”. Tan sólo entre enero y marzo de 1996 se instalaron en el país 134 maquiladoras generando 10,336 nuevos empleos para sumar un total de 3,047 empresas de este tipo, de las cuales el 71% se ubicaba en la frontera norte y el resto en el interior del país, según un informe de la SECOFI.

La misma dependencia apuntaba que en 1997 el porcentaje de las maquiladoras que se ubicaban en la frontera era de 67.3%, lo cual indica una variación poco significativa en la distribución , y en diciembre de 1999 la propia SECOFI y el Banco de México reportaban que hasta junio de ese año había más de 3,300 plantas instaladas en el país que generaban arriba de 1 millón 150 mil empleos concentradas principalmente en Baja California, donde había 1,124 maquiladoras. Las otras entidades con más maquiladoras eran Coahuila, con 270 plantas; Chihuahua, con 387; Sonora, con 260, y Tamaulipas, con 370.

Pero este tipo de empresas se caracterizan, entre otras cosas, por cerrar de un día para otro sin ninguna consideración por los trabajadores que se quedan sin empleo. Noticias en este sentido abundan, y para muestra, un botón: en 1998 la maquiladora Zenco, del ramo de la electrónica, anunciaba que cerraría su planta en Ciudad Juárez ante la inseguridad y falta de infraestructura para operar, por lo que liquidaría a sus 3 mil empleados. Sin embargo en realidad la causa era el emplazamiento a huelga en demanda de incremento salarial de 30 por ciento, más prestaciones porque es también muy conocido que en las maquiladoras los salarios son muy bajos. Por ejemplo, la Asociación de Maquiladoras, A. C. denunciaba en 1998 que en Ciudad Juárez las 400 plantas registradas generaban aproximadamente 200 mil empleos directos, la mayoría con pago de salario mínimo, mientras que el personal técnico y los directivos son en su mayoría estadounidenses, en un ambiente donde: “Es imposible formar organizaciones laborales y sindicatos independientes o afiliados a las organizaciones oficiales para defender al obrero, por los nexos que tienen las autoridades estatales y municipales con directivos de las maquilas y las juntas de Conciliación y Arbitraje”, decía el líder de la Asociación Civil de Empleados de Maquila, por eso no se les dificulta imponer salarios de 26 pesos diarios en jornadas de hasta 10 horas con rotación del 25% de los trabajadores en todas las plantas contratando a “...hombres y mujeres de 16 a 50 años, con el único requisito de presentar acta de nacimiento y las mujeres un examen de que no están embarazadas, practicado por un médico de la propia empresa.”

Ya podemos concluir que con lo desarrollado en este capítulo queda demostrada la hipótesis planteada para esta parte. Hemos visto cómo, en términos generales, la reconfiguración de la estructura productiva nacional para someterla a una dinámica favorable al sector exportador y en general a los capitales que se podían beneficiar de la apertura indiscriminada de las fronteras a la producción extranjera, no hizo sino incrementar los procesos de expulsión de población, que se vieron reforzados además por la violencia y los fenómenos naturales.

En el siguiente y último capítulo tratamos sobre el carácter de la migración a Estados Unidos que tiene su base en los procesos de expulsión analizados pero también destacamos el rol que en ello juega el país de destino.