5. LAS LECCIONES APRENDIDAS

La implantación del programa de tutorías en la Universidad de Sonora obedeció a compromisos de la administración con el gobierno federal, por un lado, cumpliendo disposiciones del PNE 2001-2006, pero por otro, como una forma de financiamiento. De esta suerte, el interés por aumentar los ingresos nació en la administración y llegó a los docentes, por vía del programa de estímulos.

Los esfuerzos de la administración por elevar el nivel académico de los estudiantes, revistieron en este caso la forma del programa de tutorías, pero tal instrumento permitió la intromisión de la administración en el ámbito académico, generando dos productos genéticamente modificados: el profesor tutor, y el alumno tutorado.

En el caso del personal docente, la calidad de tutor se sobrepuso a la de docente propiamente y con ello a sus funciones de asesor, de consejero, de amigo, que de manera espontánea y libre han venido desempeñando los profesores.

Por el lado de los estudiantes, la propia capacidad de resolver problemas y de abrirse paso por iniciativa propia, quedó fuera de las consideraciones del programa de tutorías, al considerarlos incapaces de valerse por si mismos en el entorno universitario; paradójicamente, esos estudiantes que deben ser asistidos por el tutor, son mayores de edad, son los que votan en las elecciones e influyen en decisiones de trascendencia en la vida política nacional, porque son jóvenes ciudadanos de pleno derecho.

En la perspectiva del gobierno federal y por ende el local, aparece el estudiante como desinserto de un contexto familiar y social, de manera que los factores que causan un bajo desempeño escolar no están asociados a las condiciones de vida, ni mucho menos son imputables a la concepción económica que determina la planeación del desarrollo, sobre todo en materia de empleo e ingreso. Se impone, por lo tanto, una visión asistencialista respecto a cómo afrontar la deserción, el rezago y la baja eficiencia terminal.

La administración se apropió de una función típica del maestro para convertirla en un medio de aumentar ingresos por vía de la acumulación de puntos. El sistema de puntajes por actividades reportadas vio su expresión informática en el sistema de tutorías, y con él la posibilidad de reportar tutorías virtuales en condiciones de impunidad.

La redundancia entre el trabajo de un docente responsable y la tutoría se ve agravada con el ingrediente de tener que intervenir en asuntos personales del estudiante, sin que mediara preparación especializada que hiciera posible una relación de carácter clínico propia del psicoterapeuta.

Los límites de la tutoría permanecieron difusos en la mente de los académicos, desde el principio y hasta la fecha. Por ejemplo, la frontera entre la tutoría y la asesoría carece de delimitación precisa por ser momentos distintos que se pueden presentar en un mismo proceso, y sin embargo, el documento de ANUIES intenta una delimitación improbable en la práctica. La confusión generada, más la presión de la carrera por los puntos permitió que prosperara la simulación y, sobre todo, el avance de la burocracia.

Los departamentos no tienen facultades para crear sus propios esquemas de tutoría, que respondan a las necesidades de carácter formativo de sus estudiantes. Y la razón es simple: el sistema está centralizado, por tener que reportar acciones a las instancias de financiamiento externas a la institución. Está de por medio el PIFI, el Promep, ante quienes están obligados a responder los funcionarios universitarios. Es el imperativo del dinero el que determina la aplicación de los programas, la toma de decisiones, el rumbo de la educación.

La institución universitaria padece de esquizofrenia, y contagia a sus unidades académicas. Economía sufre, por tanto, del mal que contagia a la administración y que esta difunde en la institución.

La Escuela, ahora Departamento de Economía, se ha caracterizado por una activa vida académica y política, plena de inquietudes de carácter social. Pero los crecientes procesos de burocratización que aportó la ley orgánica vigente, desde 1991, año de su entrada en vigor, han generado una serie de cambios que coartan esa vida académica. Los espacios de participación y la toma de decisiones colegiadas dejó de ser una práctica normal para convertirse en su contrario: priva la verticalidad porque así lo propicia la ley vigente.

Los académicos, ya sin el estímulo de la participación y el debate de las ideas, han recurrido a otra búsqueda más a tono con las condiciones salariales: la búsqueda de puntos canjeables por ingresos adicionales al salario. La burocratización genera inercias perniciosas y el desaliento campea en la institución. Se procura la “excelencia” aplicando maquillajes y adoptando poses de acuerdo con los tiempos políticos federales. La visión crítica característica del economista busca refugio en la memoria que se difumina por conveniencia, en una especie de pérdida de identidad mediada por un marco legal restrictivo, vertical y burocrático.

La aceptación de las dádivas de la administración no dejan de ser codiciadas pero así, fuente de una autoestima lastimada, que tarde o temprano terminará exigiendo respeto, reconocimiento a la real valía del académico universitario, a su función, a sus aspiraciones, a su derecho a la libertad de ser, y de actuar como tal.

Se tiene un programa impuesto por conveniencias políticas y financieras, basado en un modelo que no surgió de las necesidades claramente establecidas de la comunidad en que se aplica; en él privó el criterio de una burocracia administrativa preocupada por rendir cuentas a una instancia fiscalizadora externa, la SEP.

La puesta en marcha del programa generó una estructura burocrática sui generis que reclamó su espacio de poder y de calificación del mérito o demérito de sus operadores. La respuesta fue el sistema de puntajes creado para tal efecto.

El PIT se instauró como obligatorio, para los alumnos por cuanto al ingresar a la escuela ya tienen un tutor asignado; para los maestros fue obligatorio en la medida en que aspiraran a los puntos requeridos para calificar en los estímulos económicos y en la parte correspondiente a las actividades para la calificación del perfil Promep.

Una estructura burocrática, basada en criterios administrativos, que interviene en la academia para inducir en ella prácticas calificadas de positivas por instancias externas, permite cuadros de simulación que revelan oposición o resistencia pasiva, con lo que deja de funcionar paulatinamente el programa y queda la simple simulación.

Tal es el recuento de las situaciones que caracterizan a la tutoría en Economía. Pero también debo referir que la conciencia de los académicos respecto al carácter burocrático del programa tiene como contraparte la visión de lo que pudiera ser. Visión alentadora basada en la experiencia y en la memoria de lo que ha sido Economía y sus habitantes. En el autoconcepto construido por sus actores fundamentales a lo largo de su historia. Si bien es cierto que la memoria falla, o es ignorada eventualmente por los imperativos de la conveniencia coyuntural, también es cierto que su recuperación es posible. Pero:

¿Cómo construir una memoria en una sociedad donde la clase social cuyo único capital es el saber, es difícil, y donde los que dirigen la economía y la política tienen el poder social que los sitúa en la toma de posiciones, que afectan negativamente a esa otra clase social ilustrada al servicio de ellos? [...] el hecho de que los académicos, es decir, la clase ilustrada, los que “conocen”, no deciden en la era del conocimiento, no se deriva de la falta de pensadores, intelectuales o científicos, sino de que la memoria de sus logros y existencia no se haya constituido en una acumulación de conocimientos que sea fuente de identidad, unidad y de fuerza para los propios académicos. Los académicos, en su dispersión, no han encontrado el espacio de poder que logre contraponerse al peso del poder político y económico dominante, donde el dinero es considerado el principal recurso y la Secretaría de Hacienda el principal patrón (Porter, 2003, p. 210).

La recuperación de la memoria colectiva es resultado de la construcción colectiva, de la forma de contemplarse a sí mismos los docentes, del diálogo y la capacidad de reflexionar críticamente, de dar sentido a la práctica cotidiana mediante la toma de una opción política, es decir “...tomar partido frente a la realidad social, es no quedar indiferente ante la justicia atropellada, la libertad conculcada, los derechos humanos violados, el trabajador explotado. Tomar partido por la justicia, la libertad, la democracia, la ética, el bien común, es opción política y es hacer política” (Gutiérrez, 2005, p.59).

La victoria de la administración sobre la academia es, al final, una victoria pírrica.