III.6.D.1. LA POSTURA OFICIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA, CON RESPECTO A LA "AUTOFINANCIACIÓN" DE LA MISMA.

El sínodo de Tortoso afirma que "se ha de mentalizar a los fieles acerca de la necesidad de la autofinanciación de la Iglesia Diocesana y se han de dar pasos en este sentido" . Igualmente, el arzobispado de Pamplona . En este mismo sentido, la diócesis de Canarias . E, igualmente, el arzobispado de Granada . El sínodo de Toledo recordará que "la autofinanciación no libera, sin embargo, al Estado de su responsabilidad económica frente a la Iglesia. Sus fieles, que son al mismo tiempo ciudadanos del Estado y contribuyen como los demás con el pago de sus impuestos, tienen derecho a que el Estado atienda también la dimensión trascendente del hombre y sus necesidades religiosas. Y del mismo modo que otorga subvenciones a distintos organismos y personas para los más diversos objetivos, debe hacerlo también con la Iglesia, como institución pública, a fin de que ésta pueda dar respuesta satisfactoria a otras necesidades de carácter social, cultural y religioso" . En mayo de 1990 el consejo presbiteral de Mallorca y el consejo pastoral diocesano estudiaron una ponencia sobre "autofinanciación de la Iglesia de Mallorca" en donde se exponían diecisiete conclusiones. De entre ellas, destacan tres como más urgentes:

"1. [...]

- No vemos posible la autofinanciación de la Iglesia si no se camina hacia la autofinanciación de cada uno de sus elementos.

- No vemos posible la autofinanciación de la diócesis si previamente no se intenta la autofinanciación de cada una de sus parroquias.

- No vemos posible concienciar a los fieles si no se da una transparencia administrativa en toda la Iglesia: en lo que tiene, en lo que necesita y en qué y cómo lo administra.

El sistema de suscripciones parece positivo y eficaz [...]

Conviene que ante el pueblo haya unos seglares que sean los responsables de la economía de las parroquias. Que actúen como tales y den cuenta a la gente. Pero no por eso debe abandonar el párroco su propia responsabilidad" .

A las donaciones y colectas se le deberían sumar las sucripciones fijas mensuales o anuales, formulación más moderna y, si es posible, domiciliadas en los bancos o cajas de ahorro .

En una campaña a favor de la autofinanciación de la archidiócesis de Madrid, se aconseja entregar el uno y el cinco por ciento del salario neto a la Iglesia, preferentemente a través de suscripciones bancarias periódicas, que daban derecho a una desgravación del diez por ciento en la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas desde el 1 de enero de 1992 . En la diócesis de Murcia también se ha iniciado una campaña de autofinanciación, que aconseja una cuota fija mensual de 1.000 pesetas, que podrán domiciliar en su banco o caja de ahorros . Pero lo cierto es que la autofinanciación está todavía lejana. Las aportaciones de los fieles son aún insignificantes. Las diócesis más próximas a conseguir esa meta son las catalanas, donde se ha alcanzado un porcentaje de autofinanciación del 79'29%, aunque Barcelona, individualmente, ha conseguido llegar al 85'75%. Bilbao apenas el 72% y Madrid rondaba el 62% antes de su fragmentación .

Pero cuando los obispos españoles proclaman más la necesidad de ayudar a la Iglesia católica, es con ocasión de cumplimentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas -I.R.P.F.- .

En 1992, los obispos españoles insisten en la "autofinanciación" directa de la Iglesia y señala los cauces más efectivos para realizar esa ayuda: a) "asignación tributaria" a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas; b) donativos a la Iglesia católica, que están sometidos a un régimen fiscal especial; c) ofrecimientos directos de colaboraciones parroquiales -mensuales o anuales- . En este mismo año de 1992 se recordarán los esfuerzos, realizados por la Iglesia, para organizar más adecuadamente su economía, la necesidad de una más directa y regular "autofinanciación" de la Iglesia por parte de sus fieles, etcétera, pero también "el derecho de la Iglesia a ser ayudada por el Estado con fondos públicos, incluso en sus actividades religiosas, como una sociedad de interés social, por lo menos con los mismos títulos que otras muchas. Y todo ello sin merma alguna de la libertad religiosa ni alteración de la aconfesionalidad del Estado apoyada en su justa significación por todos nosotros" .

El documento elaborado sobre este tema por los secretariados sociales diocesanos de Pamplona y Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria -"¿Aportación económica del Estado a la Iglesia?", en San Sebastián, en septiembre, de 1989- también parte de que "la autofinanciación de la Iglesia es una meta que goza del consenso de la mayoría", para alcanzar la "autonomía" .

También han surgido críticas intraeclesiales. Es el caso de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, que manifiesta una postura totalmente contraria a la "asignación tributaria": un Estado laico y una Iglesia autónoma deben ser absolutamente independientes económicamente. La Iglesia debe ser sostenida "a todos los efectos por los miembros que la constituyen como pueblo. Una Iglesia que no recibe adecuadas aportaciones económicas de sus fieles, o no tiene fieles o no es Iglesia. Todo los demás, es decir, las aportaciones estatales, ciertos manejos eclesiásticos turbios de las finanzas y algunas donaciones a la Iglesia poco esclarecidas, no se justifican evangélicamente", afirmando que les gustaría que se llegase "lo antes posible a la sola donación voluntaria de los fieles". Postura análoga es la mantenida por las Comunidades Cristianas Populares .