III.6.D.6. OTROS MECANISMOS PARA ALCANZAR LA AUTOFINANCIACIÓN: LA REORDENACIÓN DE LA VIDA ECONÓMICA ECLESIÁSTICA A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO, LA CONTABILIDAD Y LA GESTIÓN, LA PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS EN LA VIDA ECONÓMICA.

Al ser la meta perseguida, la de obtener por sí misma los recursos suficientes, para atender a sus necesidades, cuanto mejor y más simplificada sea su organización económico-administrativa, mejor podrán ser utilizados los rendimientos económicos propios, de forma más equitativa y racionalizada y menor habrá de ser la colaboración económica estatal, bien por la vía presupuestaria, bien por la de asignación tributaria personalizada .

La reordenación económica de las diócesis españolas estuvo impulsada por varios factores intra o extraeclesiales:

a) el profundo cambio socioeconómico, que se produjo en la sociedad española;

b) la profundización y aplicación de las enseñanzas, contenidas en el Concilio Vaticano II, tales como: la asunción efectiva de las responsabilidades reales por parte de la Iglesia diocesana; la mayor concienciación de la comunión o unidad eclesial, y su efectiva traducción económica; la resolución de la honesta sustentación de los clérigos y de las excesivas desigualdades económicas existentes entre los mismos clérigos, pertenecientes a una diócesis; superación del sistema beneficial...;

c) la nueva situación política española, con especial incidencia del principio de aconfesionalidad del Estado, lo que hizo que se pensara en la autofinanciación y que se acentuase la corresponsabilidad, activa y pasiva, de los fieles cristianos, también en el campo de la administración de los bienes temporales;

d) la aplicación de las modernas técnicas de la administración económica y la necesidad de contar con expertos en estas materias.

Todo esto se ha visto facilitado con la publicación del nuevo Código de Derecho Canónico, de 1983, en el que se ha dado respuesta a la nueva situación social y se han recogido los planteamientos del Vaticano II .

Con frecuencia se publican en la prensa cifras de los dineros de la Iglesia; en realidad, al indicar el monto total de ese hipotético presupuesto nacional de la Iglesia española, se está dañando la imagen de la Iglesia ante sus fieles. Por el contrario, la verdad es bien diferente; si se estudian los presupuestos sencillos de la parroquia rural o de la pobre comunidad de unas monjas de clausura, se podrá elaborar un plan serio de financiación de la Iglesia. Este plan de financiación solamente será eficaz:

a) si consigue clarificar las fuentes de financiación;

b) si consigue plasmar, en una contabilidad seria, los ingresos y gastos; y,

c) si se constituye en cada parroquia el órgano de gestión, que pueda exigir las características propias de la unidad parroquial, según el número de fieles y el patrimonio, que hubiera que administrar .

El consejo presbiteral de Sevilla, en una sesión, dedicada en 1985, a examinar la organización económica parroquial, decía que "la organización presente de la economía parroquial reviste las siguientes características fundamentales:

1.º No obligatoriedad del presupuesto anual;

2.º No obligatoriedad de la rendición de cuentas a los fieles;

3.º Contabilidad deficiente;

4.º Recursos:

a) Las parroquias están descapitalizadas;

b) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles no están al día. Se da un total descontrol en cuanto al uso y rentabilidad de los bienes muebles -arrendamientos, etcétera-.

c) Tampoco existe un inventario completo de las posibles fundaciones y legados ni se conoce el grado de cumplimiento de las cargas y la rentabilidad de los mismos;

d) Además de las colectas, donativos, cuotas y ofrendas voluntarias de los fieles no se ha conseguido la supresión del arancel o tasa fija en la administración de los sacramentos... Con variadas formas, que van desde pedir "la voluntad" hasta establecer una cantidad fija, pasando por "la voluntad por encima de las mil pesetas", no se ha conseguido que la administración de los sacramentos sea incluso en la apariencia, totalmente gratuita.

5.º Desconocimiento del o que el clero parroquial percibe para la propia sustentación de los ingresos de la parroquia;

6.º El empleo y administración de "los dineros" de la parroquia está exclusivamente en manos del clero;

7.º Falta de conciencia en los fieles de su deber de sostener la parroquia y a la Iglesia en general" -B.O.A. de Sevilla 126 (1985), pp. 545-546-.

No se puede, ciertamente, generalizar y extrapolar los juicios en una realidad tan amplia y variopinta, cual es la parroquial. Pero lo cierto es que tal juicio negativo se puede aplicar a muchas de nuestras parroquias. Además, hay escasez de normas diocesanas generales, que regulan los diferentes aspectos de la administración económica de las parroquias. La encuesta preparatoria, enviada por la ACE a las diferentes curias diocesanas, señala que únicamente 21 diócesis tiene promulgada una normativa, que regule, de forma general, y más o menos completa, los diferentes aspectos, que comprende la administración económica parroquial. Atonía general que parece ser fiel reflejo de la realidad económica parroquial .

Las fuentes de financiación de la Iglesia están constituidas por la aportación del Estado, la aportación de los fieles y los rendimientos de su patrimonio. Sin embargo, el peso específico de cada una de estas fuentes es distinto en cada diócesis; sus recursos son, en términos generales, insuficientes, no alcanzando a cubrir, eficazmente, el coste de sus necesidades. También se encuentra con otros problemas:

- no conoce, con exactitud, su patirmonio, ni los rendimientos del mismo;

- ha incorporado, escasamente, las modernas técnicas de gestión económica;

- tampoco ha incorporado, suficientemente, a lo laicos a la gestión de su economía;

- aunque existe un conjunto de economías autónomas -hecho positivo-, están, insuficientemente, coordinadas y comunicadas -hecho negativo-;

- especialmente, porque el pueblo fiel desconoce la situación económica de la Iglesia -de la que no ha sido, tradicionalmente, informado-, creyendo, por lo general, que se trata de una institución muy rica, a la que le basta la ayuda del Estado, para cubrir sus necesidades, no teniendo conciencia,d de que son los propios fieles, quienes deben, mediante sus aportaciones, solucionar el problema .

Actualmente, los recursos patrimoniales ceden progresivamente frente a los tributarios, igual que sucede con los ingresos estatales .

Aunque no sólo ha de buscarse la verdad, sino que debe ser comprensible. Para ello, es conveniente que se trabaje con un presupuesto económico, que corresponda a la planificación pastoral, y que tenga en cuenta las prioridades señaladas en ella. El tema del presupuesto está, íntimamente, ligado con el de la contabilidad. No puede haber presupuesto, si antes no hay contabilidad, que unifique todos los conceptos de la vida económica de la Iglesia. Por esta razón la Conferencia Episcopal estableció, hace años, un modelo de contabilidad económica valedero para todas las diócesis y organismos eclesiásticos de la Nación .

El decreto Presbyterorum Ordinis, refiriéndose a la justa retribución de los presbíteros, dice que "los fieles mismos, como quiera que por su bien trabajan los presbíteros, tienen verdadera obligación de procurar de que se les proporcionen los medios necesarios para llevar una vida honesta y digna". Sin embargo, la realidad es que los fieles no sienten como suya esta obligación de subvenir las necesidades económicas de la Iglesia y de los servidores del altar; prueba de ello es que parte de los católicos se resisten a optar a favor de la Iglesia católica en la "asignación tributaria", o, incluso, los que se niegan a ello, porque el patrimonio de la Iglesia no se presenta bien ordenado, ni se hace rentable, por culpa, según ellos, de una administración imperfecta. Mucho habrá que trabajar para lograr una financiación de la Iglesia, suficiente y ordenada, basada en las aportaciones de los fieles. Teóricamente, es posible, prácticamente, presenta grandes dificultades .

La cuestión técnica no será plenamente correcta, si no aúna los esfuerzos y se articula a escala nacional, diocesana y parroquial. En realidad, existen dificultades, para que ciertos sectores del patrimonio actual de la Iglesia, puedan ofrecer una gestión técnicamente correcta:

a) por tratarse de capitales de fundaciones benéficas, cuya gestión ha de controlar el Ministerio del Interior, creándose cierta lentitud..., y una de las cualidades de la buena gestión es la agilidad;

b) o por tratarse de posesiones multiseculares, en cuya gestión han venido interviniendo multitud de personas, que ya tienen unos derechos adquiridos, que se han de respetar..., lo cual va en contra de la necesaria unidad de gestión;

c) o por el minifundismo jurídico, que existe dentro de los bienes de la Iglesia, ya que el patrimonio actual se ha llegado por fundaciones jurídicamente independientes y de finalidades distintas..., lo cual obstaculiza la necesaria planificación de la gestión;

d) o por el miedo, que se tiene a someterse al riesgo y aleatoriedad de la economía actual, que ciertas finalidades han de cumplir a lo largo de un tiempo indefinido..., con la consecuente tendencia a la inmovilidad, que obstaculiza una gestión, que quiere ser moderna .

Esta tendencia del patrimonio de la Iglesia ha de tener ciertas notas o características :

a) Ha de ser comunitaria, ya que se pide se le encomiende a una comisión, formada por presbíteros y laicos, que no sólo sean técnicos, sino que tengan un verdadero sentido pastoral;

b) Ha de ser diáfana. Ha de lucharse contra todo recelo a publicar las gestiones económicas y contabilidades de la Iglesia, tanto por razones de tipo fiscal, como por miedo a los comentarios. Ella ha dado lugar al secreto y al misterio de la gestión, que tiene como contrapartida el susurro y la exageración entre el clero y el pueblo .

En efecto, la existencia de patrimonios desmembrados, afectados a un solo fin impiden una gestión económica unitaria y da lugar a la congelación de bienes. Por otra parte, el beneficio, como sistema de retribución de los titulares de oficios eclesiásticos, es fuente de desigualdades injustificadas en los momentos actuales. Dentro de una concepción moderna, la retribución de las personas, que dedican sus servicios a la organización eclesiástica, debe responder a criterios equitativos y estar encuadrado como un derecho derivado de la relación de servicio .

Efectivamente, uno de los avances más importantes en el Derecho canónico ha sido, sin duda, el tránsito, al menos parcial, a manos de seglares de la administración de los bienes eclesiásticos en todos los niveles. Si es cierto, como lo es en realidad, que el síntoma más evidente de la renovación de la Iglesia emana de la renuncia a toda forma de temporalismo político y económico, y de la reiteración luminosa del tema de la pobreza, el ceder a los "laici" las unidades patrimoniales obtendrá resultados de gran servicio, liberando al clero de preocupaciones, generalmente supletorias, respecto a su trabajo espiritual, propiamente dicho; manifestando, claramente, que la Iglesia es fiel, en la parte eclesiástica, al consejo evangélico de la pobreza, y se considera las riquezas de su propiedad no como una posesión, sino como un servicio; haciendo que dichas riquezas produzcan frutos más copiosos, abandonando unidades administrativas, que hoy se han convertido en económicamente absurdas, cosa que es posible a los seglares, más hábiles, en realidad, y más expertos, al menos, estadísticamente, que los eclesiásticos .

Sólo se podrá lograr la financiación de la Iglesia católica, si cada una de las entidades, que integran ésta, es capaz de autofinanciarse; sólo cuando sea, verdaderamente, imposible, se deberá acudir a la ayuda de los instrumentos de colaboración económica intraeclesiales. Además, debe cambiarse la mentalidad y acogerse a una gestión moderna, que incorpore los conocimientos y la ilusión de los laicos preparados. Además, se debe cambiar también la mentalidad de los fieles, dándoles a conocer la situación económica de la Iglesia, y hacerles saber, que el sistema histórico normal de financiación de la Iglesia ha sido la autofinanciación, y que, en el caso de España, el sistema de ayuda por el Estado representa sólo un breve paréntesis en la Historia de España .

Además, se debe reestructurar la economía de la Iglesia católica. Para ello se deberá hacer un inventario de las necesidades pastorales -determinar, si es, realmente, necesario construir nuevas Facultades o Institutos de Teología; montar nuevas Escuelas de Catequistas, mantener ermitas en lugares, prácticamente abandonados, etcétera-. Además, deberá realizarse un inventario de los recursos humanos y de los recursos económicos -¿qué poseemos?, ¿con qué periodicidad?, etcétera-. También es necesario, elaborar los presupuestos de las entidades, de las parroquias, de las diócesis, de las Conferencias regionales, y, en general, de la Iglesia española. También es imprescindible programar la gestión económica -¿qué se debe hacer, para administrar mejor nuestro patrimonio?, ¿qué hacer para lograr recursos eocnómicos?, ¿qué vamos a necesitar?, etcétera-. Además, será necesario montar un sistema propio de recaudación -para saber qué se necesita, dónde darlo y llevarlo a otros lugares donde sea más necesario-. El creyente debe saber qué dar, cómo darlo -por colectas, por suscripción, mediante "cepillos..."-, dónde darlo y qué parte pasará a otras entidades y también para qué da .

No menos importante es crear un servicio informático acerca del sistema de recaudación. El creyente debe acostumbrarse a dar más para las necesidades generales de la Iglesia, que para fines concretos -en contra de sus hábitos actuales-, y se deberá ir dando "índices" sobre qué cantidad debe aportar -un porcentaje sobre los ingresos totales, o sobre el gasto total, o sobre lo que se gasta en fiestas...-. Naturalmente, para dar índices razonables, es preciso, que, quien los dé, conozca el costo total de la entidad o comunidad, que los produce, el número de fieles, sus posibilidades económicas, etcétera .

Es necesario crear instrumentos de solidaridad -mediante los presupuestos y los "fondos comunes"-. Los presupuestos , porque los de todas las entidades diocesanas -parroquias, instituciones, entidades, etcétera- deberán, siempre que sea posible, incluir una partida de ayuda a otras entidades -normalmente, a través del "fondo común diocesano", partida que deberá ser fijaa por el equipo responsable de la economía diocesana. Y los "fondos comunes diocesanos", porque deberán siempre integrar una partida de ayuda a otras diócesis o entidades de carácter general de la Iglesia española . La Iglesia española es consciente, de que no es una unidad económica, y que cada diócesis, en su aspecto económico, goza de autonomía. Por esta razón, en los años 1978-1981, intentó lograr información económica completa y fomentar la colaboración solidaria entre las diócesis. Primero, se aprobaron modelos presupuestarios, según tipo de entidades e instituciones, con el objeto de recoger información, en orden a la constitución y reparto del "fondo común interdiocesano", y, luego, se estableció el Plan General de Contabilidad -P.G.C.I.E. '81-, como instrumento, adecuado e imprescindible, para conseguir tratamientos contables comunes, consiguiendo, con ello, una homologación. Este Plan se puso al día con el Nuevo Plan General de Contabilidad de la Iglesia española, para 1991. Sin embargo, se observa que, en cada una de las diócesis, hay un grado de desarrollo muy diferente entre sí; y que la aplicación del Plan Contable no se ha aplicado a todas las realidades y actividades económicas .

Junto a estas instituciones, deberán realizarse campañas con todos los medios modernos de comunicación, dosificando el esfuerzo y la intensidad, para lograr concienciar a los fieles de sus responsabilidades económicas, pero sin dar la imagen de una Iglesia "poderosa" o que se preocupa de su economía por "simples razones de economía". Habrá que dejar claro que la Iglesia sólo quiere los recursos que precisa para ser una Iglesia dinámica y operativa que cumple, con la mayor eficacia posible, su misión. El mejor sistema, para alcanzar la autofinanciación, es el de las renuncias sucesivas -de unas diócesis después de otras- y progresivas -de unas cantidades después de otras- a la ayuda, que, vía Conferencia Episcopal española, o, en el caso de las diócesis de las Comunidades autónomas, vía Conferencia Espiscopal regional, reciban del Estado o de la Comunidad autónoma; renuncia a favor de otras diócesis de menor capacidad económica. Será necesario, eso sí, tiempo, pero fomenta la solidaridad. No debería tratarse de renuncias irreversibles en el momento de hacerlas, sino tra sun período de prueba. Éste es el mejor sistema, porque la renuncia global de la Iglesia española presenta el doble riesgo, de que puede desanimar a los fieles y, hecha esta renuncia, ya es irreversible. Para determinar, que la Iglesia ya ha conseguido recursos suficientes, para cuantificar, lo que la Iglesia recibe por la "asignación tributaria" y la aportación de los fieles, y, pedir a los fieles, que, a partir de un momento dado, hagan sus aportaciones, únicamente, por vía directa, y dar el salto a la renuncia; o bien, esperar un tiempo, antes de renunciar, para cuantificar los resultados .