4.4.5. Efecto gobierno

Como se ha venido apuntando en los apartados anteriores, la participación de las administraciones públicas, y, por tanto, el “efecto gobierno”, se vuelve fundamental a la hora de desarrollar la actividad turística en los espacios naturales protegidos de una forma competitiva y sostenible, pues su incidencia en los factores que se incluyen en los restantes vértices del “diamante” de competitividad ha quedado suficientemente recogida a medida que hemos ido haciendo referencia a cada uno de ellos. No en vano, esa triple dimensión del desarrollo turístico sostenible -económica, social y medioambiental- se ha completado por autores como Sancho et al (2002), Higón (2003) o Pérez (2004), con la dimensión política, argumentando que no puede haber desarrollo turístico sostenible si este no es consecuencia de la voluntad política y, por tanto, de las administraciones públicas.

Por su parte, Araque (2001:153) afirma que las administraciones públicas, desde la europea hasta la local, han jugado un papel destacado en la promoción y potenciación de este tipo de turismo, impulsadas por dos razones fundamentales: por una parte, en muchos espacios naturales protegidos son las propias administraciones las titulares del suelo sobre el que se establece la infraestructura turística, lo cual las obliga a identificar y adecuar aquellos puntos del territorio que ejercen un mayor atractivo sobre la población y, al mismo tiempo, resultan menos vulnerables ante cualquier tipo de impactos; y, por otra parte, en su afán por reactivar la economía de aquellos territorios más depauperados, los poderes públicos han puesto en marcha medidas de tipo positivo destinadas a fomentar nuevas formas de actividad en el medio rural que contribuyan al desarrollo socioeconómico de esas zonas.

No obstante, a pesar de la importancia que tienen las administraciones públicas a la hora de impulsar el crecimiento turístico experimentado por los espacios naturales protegidos, ello no significa que esta contribución haya sido siempre positiva, pues la gestión de la actividad turística de la mayor parte de estos espacios, tal y como hemos apuntado en anteriores epígrafes, se suele caracterizar por ser una gestión pasiva, frente a lo que sería una gestión activa de los flujos turísticos.

A pesar de ello, las administraciones públicas han de desempeñar un papel fundamental a la hora de abordar el desarrollo turístico sostenible y competitivo de los espacios naturales protegidos, debiendo girar sus funciones en torno a dos grandes líneas de actuación:

- El control de las actividades turísticas que se llevan a cabo en el espacio natural. Dentro de esta línea de actuación es necesario establecer toda una serie de normas de actuación que garanticen la conservación del medio natural, evitando su masificación, pues no olvidemos que la conservación es la principal razón de su declaración como espacio natural protegido.

- La promoción e impulso de la actividad turística, pues en la mayor parte de los espacios el turismo debe ser abordado como una oportunidad para la economía local . Y para ello, el conocimiento científico se convierte en una herramienta fundamental, siendo necesario conocer las características ambientales del territorio, su fragilidad ecológica, la oferta de los recursos naturales y culturales, así como poseer información sobre afluencia, distribución, expectativas y perfil de los visitantes para, de esta forma, adaptarse mejor a sus necesidades.

La gestión turística de las administraciones públicas en los espacios naturales protegidos debe incidir en la mejora y reforzamiento de todos los vértices del “diamante” que hemos comentado con anterioridad. En este sentido, Crosby y Moreda (1996:201-204) afirman que la competitividad de las empresas y regiones TARS -turismo en áreas rurales y naturales- depende, en parte, del estilo de gestión y diseño de la estructura de la administración turística local -“efecto gobierno”-, la cual deberá centrar sus actuaciones en las condiciones claves a las que Porter (1990) atribuye la capacidad de influir sobre la competitividad de un sector específico. Así, siguiendo a estos autores, a continuación recogemos algunas de esas actuaciones de la administración pública sobre cada uno de los vértices que integran el “diamante” con el fin de mejorar la competitividad de este tipo de destinos:

- Condiciones de los factores: entre las actuaciones de la administración pública en este vértice encontramos el establecimiento de sistemas integrados de recogida y análisis de información, que permitan disponer de una verdadera inteligencia de oferta y el perfeccionamiento profesional de los recursos humanos.

- Condiciones de la demanda: implantación de sistemas integrados de información que permitan conocer en profundidad al visitante y ofrecerle información valiosa, antes y durante su visita; difusión a la sociedad receptora de la importancia económica y social de la actividad turística y sensibilización del visitante sobre la necesidad de evitar ciertas formas de consumo que degraden los recursos, así como una normativa que regule las condiciones mínimas de seguridad y calidad de las instalaciones turísticas .

- Características de las industrias conexas: establecimiento de sistemas de información que mejoren su capacidad de I+D; la potenciación del redimensionamiento de las empresas, estimulando su asociación/fusión; la creación de empresas de servicios especializados y de apoyo; el desarrollo de canales de colaboración e interlocución entre los diversos sectores presentes en la actividad turística; la promoción de la creación de equipamientos deportivos, culturales y de ocio, etc.

- Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas turísticas: las administraciones públicas pueden influir en la estrategia y estilo de dirección de las empresas para que resulten competitivas mediante actuaciones como el apoyo a acciones de mejora de la calidad de sus productos, eliminando barreras administrativas, apoyando la creación de empresas especializadas, potenciando las actuaciones de modernización de los activos turísticos e innovación, etc.

En definitiva, las administraciones públicas, mediante una gestión activa, deben jugar un papel muy importante a la hora de asegurar la competitividad sostenible de la actividad turística en los espacios naturales protegidos incidiendo, de una forma coherente, en todos los vértices del “diamante” de competitividad de estos destinos turísticos.