David Flores Ruiz
Como resumen a este apartado presentaremos una serie de conclusiones en las que se recogen los principales rasgos que han caracterizado la política turística española hasta la década de los setenta, entre los que sobresalen los siguientes:
- La política turística se dirigió exclusivamente a promover España como destino turístico, centrándose exclusivamente en la demanda extranjera.
- Durante la primera mitad del siglo XX se desarrolla una política turística centrada básicamente en la puesta en valor de los recursos naturales, culturales e históricos-artísticos de España, en la propaganda en el extranjero y en la inversión en infraestructuras de alojamiento y comunicación, debido al escaso desarrollo de estas últimas. No obstante, a pesar de estas importantes medidas, como consecuencia de los transcendentales acontecimientos económicos, políticos y bélicos que se registraron en este período, el resultado de tal política no fue el deseado, pues el incremento de llegadas de turistas extranjeros aún no era lo suficientemente importante como para considerar y prever la gran magnitud que esta actividad iba a tener en el desarrollo económico español de las últimas décadas.
- Sin embargo, podrían destacarse algunas actuaciones importantes en materia de política turística en la primera mitad del siglo pasado pues, aun no habiendo dado los resultados deseados, como consecuencia de las situaciones anteriormente reseñadas, representaron una forma avanzada e innovadora de entender y acometer el desarrollo de los destinos turísticos que, posteriormente, debido al rápido crecimiento experimentado por la demanda turística a partir de la década de los cincuenta, y apoyado en sus ventajas comparativas, no se tuvieron en cuenta. Entre estas actuaciones destacamos la creación de los Sindicatos de Iniciativa de Turismo y del Patronato Nacional de Turismo, los cuales trataban de reunir, para llegar a una mejor coordinación e integración de la política turística, a todos los sectores, públicos y privados, relacionados con el desarrollo turístico, sectores, todos ellos, que deben colaborar en la elaboración del producto turístico -experiencia turística-. No obstante, a partir de los cincuenta, estas políticas no llegaron a implantarse.
- La política turística de los años de rápido crecimiento de la demanda, a partir de los cincuenta, tuvo como finalidad la obtención de las divisas necesarias de una forma fácil para financiar el crecimiento económico de España, lo cual incidió en unas insuficientes medidas de política económica, pues el Estado le asignó unos presupuestos muy escasos e insuficientes para cubrir las necesidades que, ante el importante crecimiento que experimentaba la demanda turística, tenía el país. En este sentido, nos encontramos ante una política turística instrumentalizada, sobre todo, si tenemos en cuenta que también le sirvió al Gobierno como propaganda para mejorar su imagen en el extranjero.
- Por consiguiente, el incremento sustancial de la llegada de turistas extranjeros a España a partir de la década de los cincuenta puede decirse que no se debió, al menos en un primer momento, a ninguna acción planificada y dirigida expresamente a ello desde dentro de España, por lo que no obedeció a ningún tipo de política turística previamente meditada y, posteriormente, implantada.
- No obstante, las principales actuaciones que se dieron fueron las relacionadas con una excesiva ordenación administrativa del sector -reglamentación, inspección y control-, principalmente en los alojamientos, el establecimiento y control de unos precios bajos, y el aumento indiscriminado de la capacidad de alojamiento. Si bien, la financiación pública necesaria para acometer esta tarea fue mínima, teniéndose que recurrir a la financiación extranjera, lo que ocasionó una gran dependencia por parte de las pequeñas y medianas empresas turísticas nacionales -alojamientos hoteleros- respecto a las grandes empresas turísticas extranjeras -turoperadores-, localizadas en los principales países emisores.
Por tanto, como ha quedado suficientemente demostrado a lo largo de los apartados anteriores, podría afirmarse que la política turística española hasta la década de los setenta ha sido una política fundamentalmente macroeconómica, centrada en el fomento del factor país -ventaja comparativa-, preocupada por promover el desarrollo turístico mediante el control de los precios, la devaluación de la peseta, la insuficiente inversión en infraestructuras y la promoción exterior, con el consiguiente desarrollo desequilibrado del sector.
De esta forma, los diagnósticos sobre su posición competitiva respecto a otros destinos se han realizado tomando como indicadores agregados macroeconómicos, tales como: el nivel de precios del sector, el volumen total de ingresos por turismo, el número total de llegadas, la capacidad de la planta hotelera y la contribución del turismo a la mejora del déficit comercial español, entre otros, lo cual ha llevado a realizar diagnósticos generales y erróneos que no han sabido identificar las actuaciones estratégicas que debían haberse llevado a cabo para atajar los principales problemas del sector.
Por contra, la política turística microeconómica, la cual debe centrarse en el fomento, la asistencia, la formación y la ayuda al tejido empresarial turístico, apenas ha tenido presencia, pues la competitividad y el desarrollo de España como destino turístico se consideraba que dependía exclusivamente de la simple explotación de sus ventajas comparativas -recursos turísticos abundantes y de calidad, cercanía a los principales centros emisores de turistas y precios bajos, fundamentalmente- restándole, por tanto, importancia, como consecuencia de la falta de visión estratégica, al papel que la empresa turística podía desempeñar en la competitividad de España como destino turístico.
Este enfoque macroeconómico y a corto plazo de análisis de la competitividad de los destinos turísticos ha llevado a situar las causas de los problemas de competitividad del turismo español fuera de las empresas turísticas, por lo que los propios empresarios también han adoptado esta perspectiva de análisis como argumento para dejarles exentos de responsabilidad en el fracaso competitivo de sus empresas (Pedreño 1996: 220). Tal argumento, como se recoge en el capítulo siguiente, comienza a desaparecer en la década de los noventa.