I. INTRODUCCIÓN

La actual crisis en el campo mexicano se puede describir a partir de: a) la pobreza de la población tanto urbana como rural, b) la importación de alimentos, y c) la pérdida de la soberanía alimentaria. El conocimiento nuevo que se genere a partir de la investigación agronómica debiera fundamentarse en esta realidad para darle el sentido social del que ha carecido en lo general, y no solo en México, sino en el mundo, la ciencia, y en lo particular, la agronómica.

De acuerdo con Damián y Boltvinik (2003), la evolución de la pobreza en México muestra un signo desalentador ya que los niveles de ésta son los mismos que había hace más de 30 años. Según cifras del Banco Mundial, en 2002 la mitad de la población mexicana vivía en condiciones de pobreza y la quinta parte en pobreza extrema (Walton y López, 2005); es oportuno anotar que, según Székely (2005), los niveles de pobreza y desigualdad observados en 1984 son prácticamente los mismos que en el 2002, a la vez que en 1984 el 10% más pobre de la población obtenía 1.4% del ingreso total y el 10% más rico obtenía 39.5%, y casi dos décadas después, en el año 2002, el 10% más pobre seguía obteniendo 1.4%, mientras que el 10% más rico aumentó su participación para concentrar 40.5% del total. En cuanto a la pobreza, el porcentaje de pobres alimentarios (extremos) bajó ligeramente de 22.5 a 20.3% de la población total, mientras que la proporción en pobreza moderada permaneció casi constante —se redujo solamente de 53 a 52%—. Sin embargo, debido al crecimiento poblacional, el número absoluto de personas en situación de pobreza aumentó significativamente.

Según Baca (2006), de los aproximadamente 100 millones de habitantes (103.1 millones en 2005, de acuerdo con INEGI, 2006) que posee el país, más de 50% se encuentran por debajo de la línea de pobreza; En el sector rural la proporción de la población pobre es mayoritaria, pues según las mediciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), de los cerca de 26 millones de habitantes rurales, 70% carece de ingreso suficiente para cubrir los requerimientos básicos de alimentación, salud, educación y vestido y 35% no recibe un ingreso que le permita pagar al menos sus gastos en comida, por lo que se encuentra en clara vulnerabilidad alimentaria. María y Volke (2006), con información obtenida con productores agrícolas del Valle de Huamantla, Tlaxcala, y al usar el ingreso per capita mensual determinado por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en las áreas rurales en 2002 ($485.7, $843.2 y $1047.3 per capita mensual para las líneas de pobreza 1, 2 y 3, respectivamente) encontraron que 60.4% de la población de productores muestreada se ubicó en la línea de pobreza 1 (pobreza alimentaria); 89.6% en la línea de pobreza 2 (pobreza de desarrollo de capacidades) y 91.7% en la línea de pobreza 3 (pobreza de desarrollo de patrimonio).

Según Calva (2006), los programas neoliberales aplicados desde 1982 hasta el presente, comprendieron un proceso de liberalización del sector agropecuario, cuyas vertientes principales son: 1) la severa reducción de la participación del Estado en la promoción del desarrollo económico sectorial; 2) la apertura comercial unilateral mediante la inclusión total del sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); 3) la reforma de la legislatura agraria que suprimió el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de la propiedad campesina ejidal y comunal, instituido por la Revolución Mexicana, abriendo múltiples vías para el comercio de tierras y la concentración agraria en grandes unidades de producción. Como resultados se tiene que, en kilogramos per capita, la producción de los ocho principales granos en 2002-2004 resultó 9.8% inferior que la obtenida en 1980-82, la producción per capita de carnes rojas se redujo 29.3% durante el mismo lapso, y la producción forestal maderable en decímetros cúbicos per capita en 2002-04 resultó 47.1% inferior que la producida en el trienio 1980-82. Como contraparte, no obstante la reducción del consumo alimentario de los mexicanos que cayeron en la pobreza y en la pobreza extrema, las importaciones de alimentos se dispararon de 2 755.7 millones de dólares anuales durante el trienio 1980 - 1982 a 12 965.6 millones de dólares por año durante el trienio 2002-2004.

De acuerdo con Fuente, J. de la, et al. (1990), a partir de 1974 México deja de ser un país exportador neto de productos agrícolas y se transforma en importador de los mismos. México importó de Estados Unidos un promedio anual de 2800 millones de dólares en productos agrícolas en el trienio 1989-1991 mientras que las exportaciones representaron un promedio anual de 2 500 millones de dólares (Banco Mundial, 1994). Las importaciones de maíz pasaron de 361.9 millones de dólares en el trienio 1980-1982 a 987.5 en el trienio 2002-2004; las de trigo fueron de 154.7 millones de dólares a 440.1 para el mismo periodo y las de frijol de 225.4 a 49.9 millones de dólares (Calva, 2006). Salazar et al. (2006) reportan que los dos principales instrumentos de política de apoyo a la producción de maíz han sido el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y el Programa de Apoyos a la Comercialización, y según las proyecciones del mercado del maíz en México obtenidas, de mantenerse los apoyos, las importaciones serían de 11 168 927 toneladas en 2010, de 13 806 981 toneladas en 2015 y de 15 609 013 en 2020; en cambio, de terminar los apoyos en 2008, las importaciones serían de 12 732 998 en 2010, de 16 259 351 en 2015 y de 18 389 148 en 2020. Concluyen en su estudio que la dependencia de maíz del exterior era de poco más de 22% en 2004 y que de seguirse aplicando la política actual, para 2010 éste será de 41%, para 2015 de 47% y para 2020 de 51%, y en caso de eliminarse dichos apoyos, para 2010 será de 46%, para 2015 de 55% y para 2020 de 60%; toda vez que las importaciones de maíz van en aumento, con o sin los apoyos de Procampo y el Programa de Apoyos a la comercialización, las proyecciones indican que la aplicación de la actual política de apoyos no es suficiente para lograr la autosuficiencia en el futuro, lo cual implica cada vez mayor dependencia alimentaria del exterior.

De acuerdo con Gómez y Schwentesius (2004), a 10 años del TLCAN México está perdiendo su soberanía alimentaria por una mayor dependencia de las importaciones, que han generado una gran fuga de divisas. Ello contradice lo reportado en el Capítulo XVII de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable referente a la Seguridad y Soberanía Alimentaria, en que se menciona que el Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional; y deberá conducir su política agropecuaria a fin de que los programas y acciones para el fomento productivo y el desarrollo rural sustentable, así como los acuerdos y tratados internacionales propicien la inocuidad, seguridad y soberanía alimentaria, mediante la producción y abasto de los productos básicos y estratégicos.

El campo mexicano tiene un retroceso de más de 38 años, si se considera las condiciones que prevalecían al inicio del Plan Puebla en 1967 y de aquel triángulo estratégico agricultores- técnicos – instituciones, y las condiciones que predominan actualmente en el campo mexicano (Díaz et al., 1999), cada vez se observa más aislados y abandonados a los primeros y desconcertados e inseguros a los terceros por la propuesta del ex presidente Vicente Fox, sexenio 2001-2006 (fuente: Art. 2º. transitorio, Propuesta de egresos 2004) y Egresos), para desincorporarlos del sector público agropecuario. Como resultado de las políticas neoliberales implementadas desde 1982, el productor agrícola de subsistencia ha sido abandonado por el Estado Mexicano; se encuentra descapitalizado (sin crédito ni seguro agrícolas), con una extensión de tierra cultivable en temporal inferior a 4 ha (frecuentemente de mediana a baja productividad) y sin el apoyo de la investigación y la asistencia técnica en las áreas que no poseen ventajas comparativas (como las de los cultivos de riego) (Calva, 2006).

De acuerdo con Laird (1977), generalmente los objetivos del desarrollo agrícola de una nación se expresan en términos de los aumentos proyectados en la producción de cultivos o ganados específicos; las razones principales para dar prioridad y concentrar recursos en la producción de determinadas actividades agropecuarias son: reducir las deficiencias domésticas de alimentos y fibra, disminuir las importaciones de productos agrícolas o aumentar las exportaciones de éstos. Así, en la agricultura de subsistencia, el objetivo central de su desarrollo consiste en lograr los cambios en la producción agropecuaria que resulte en mayores ingresos netos para la población rural; ello representa el paso esencial y primordial en el mejoramiento de la calidad de vida en esas áreas rurales. Los bajos ingresos agrícolas de los agricultores tradicionales son una consecuencia directa de las superficies pequeñas de tierra que cultivan y de la baja productividad de ésta; para lograr los aumentos en los ingresos agrícolas de estos pequeños productores es necesario aumentar la superficie de tierra que cultivan, reducir los costos de producción o incrementar la productividad de sus tierras (Laird, 1977).

A la luz del conocimiento actual es claro que las políticas neoliberales de los últimos 25 años en nuestro país no están orientadas a fortalecer las actividades agropecuarias de los productores de subsistencia ni a disminuir su pobreza. Según Navarro (2007), solo 10% de los agricultores nacionales se queda con 54% de los recursos de Alianza para el Campo, o como lo asegura Escalante (2007), en el sector agropecuario el gobierno federal se ha ocupado de financiar a los productores más ricos del país, a los que destina 75% de los apoyos para el campo, mientras que a los pequeños productores, que son la mayoría, solo les destina el 25% restante. Tampoco se vislumbra un mejoramiento en el gasto público para el fomento de las actividades agropecuarias y forestales; el porcentaje empleado en este rubro pasó de 3.12 del PIB en 1980 a 0.82 en 1993 (Calva, 1997); de tal modo que a partir de 1981, la investigación agropecuaria y forestal se vio afectada por una drástica reducción presupuestaria de aproximadamente 46.9 por ciento de decremento, equivalente a una tasa media anual de decremento de 11.9 por ciento (Moncada, 1991). De acuerdo con Ekboir et al. (2001), el gasto presupuestal del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) pasó de 106 millones de dólares en 1981 a 58 en 1990 y a 48 millones de dólares en 1995; el del Colegio de Postgraduados (CP) fue de 53, 20 y 21 millones de dólares en esos años, respectivamente.

Por otro lado, en los estudios de potencial productivo realizados por el INIFAP, (Medina et al., 1997; María et al., 2003) se ha considerado que los factores de estratificación de las áreas como el cociente precipitación/evaporación, profundidad del suelo, pendiente del suelo, altura, etc., tienen una misma importancia o efecto en el desarrollo de los cultivos; ellos han sido usados por las instituciones del sector agropecuario y forestal para reorientar la aplicación de programas de apoyo al campo (Pérez, 1997). Algunos autores han cuestionado la validez de ese supuesto, y han propuesto procedimientos metodológicos como el enfoque de limites difusos (García et al., 1999; García et al., 2004) y la evaluación multicriterio (EMC) (Ceballos-Silva y López-Blanco, 2003) para mejorar la precisión de las estratificaciones de las áreas agrícolas.

El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés) es uno de los métodos de EMC para el auxilio en la toma de decisiones más utilizados en la actualidad, tanto en el entorno de la investigación operativa como en el de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), en una diversidad de actividades humanas como la industria (Barbarosoglu y Yazgac, 1997; Dey y Gupta, 2000) y los recursos naturales (Schmoldt y Peterson, 2000; Ávila, 2000; Merritt, 2006), y en México recientemente, para estratificar las áreas de acuerdo con su aptitud para la plantación de especies vegetales (Ceballos-Silva y López-Blanco., 2003; Bustillos, 2006; Olivas, 2006). No obstante el amplio uso del AHP, algunos autores reportan que la subjetividad (expresada por un conocimiento experto) usada para asignar los pesos de las preferencias es una debilidad de este procedimiento (Ávila, 2000; Hahn, 2003; Hahn, 2004; Prakash, 2003; Barzilai, 2007).

En México este método, bajo el entorno de los SIG, ha sido empleado recientemente para determinar la aptitud de tierras agrícolas (Ceballos, 2002; Ceballos-Silva y López-Blanco, 2003) y forestales (Olivas, 2006; Bustillos, 2006); sin embargo, en esos estudios no se hace referencia a algunas limitaciones que presenta esa metodología, como son la subjetividad de los juicios para asignar los pesos de importancia de las preferencias del decisor (Ávila, 2000; Hahn, 2003; Hahn, 2004; Prakash, 2003; Barzilai, 2007).

De acuerdo con lo anterior, se requiere revisar las estrategias que utilizan los productores agrícolas para mantener en operación sus unidades de producción, tipificarlos socioeconómicamente (clasificación según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, 1982; líneas de pobreza, Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, 2002, y clasificación de Janvry, A. de, 1995, citado por Mata, 2002), bajo el supuesto de que de ello depende el tipo de estrategias que siguen y decisiones que toman, así como establecer relaciones a partir de la información experimental disponible de maíz sobre el efecto de los factores de suelo, topografía, clima y manejo en la productividad del cultivo de maíz para con su efecto expresado en kilogramos por hectárea hacer la evaluación de la matriz de comparación de las metas globales en el método de EMC del AHP y con ello desarrollar un modelo que pueda influir en las decisiones de los productores y la planificación de sus actividades agrícolas.