I.6 Ingresos públicos municipales

Se entiende por ingreso público a aquellas aportaciones de tipo económico con carácter público que reciben los gobiernos locales (municipios), para la implementación y aplicación de políticas de desarrollo dentro de su jurisdicción política.

El análisis de los ingresos municipales se aborda desde el enfoque que sustenta al ingreso como un factor de expresión del ejercicio de gobierno, en este sentido, el análisis se desarrolla bajo la premisa al menos hipotética, de que el Estado tiene el papel rector de la economía y que es a partir de su acción como gobierno que la dirección de las actividades económicas se materializan. Desde esta perspectiva resaltan dos aspectos: por un lado el de la Economía Pública y por el otro el de la Administración Pública, como marcos de referencia a partir de los cuales se puede identificar el impacto del ingreso público en la acción gubernamental (Agranoff: 1998).

Es así que a partir del uso de los ingresos públicos municipales, la percepción que se genera como consecuencia acerca de la gestión local que a su vez influye en la aceptación de los grupos políticos, es de gran importancia para la comprensión de los movimientos políticos y del cambio (alternancia) o continuidad de los partidos políticos en el poder

Este enfoque reconoce el hecho de que la conducción económica del Estado, repercute en las acciones que emprenden los individuos en la esfera económica, trasladándose invariablemente a la esfera de lo político, identificando a las relaciones de poder como el resultado de un intercambio complejo que se sustenta en la evaluación o preferencia individual, sobre la base de la consecución de resultados (Ayala: 2000).

Las regulaciones administrativas que se componen el ingreso público distingue desde el impuesto predial que se aplica a la posesión de inmuebles, hasta el pago de derechos por ocupación de espacios en los mercados o tianguis municipales pasando por el pago de derechos de agua y drenaje y en algunos casos, por la disposición final de residuos sólidos, además de la explotación comercial de algunos productos en viveros o por el uso de rastros, así como la obtención de recursos por la enajenación de bienes muebles o inmuebles (Martínez: 1996).

Asimismo, el requerimiento de las autoridades estatales para la comprobación de los gastos devengados por el uso de las participaciones federales, precisa a los ayuntamientos a llevar a cabo el manejo de tales recursos en apego a la normatividad establecida y con base en un cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras públicas que se realizan en los programas de apoyo al fortalecimiento municipal (Saucedo; 1996)

Es por esto que los ayuntamientos se ven obligados al menos idealmente, a presentar proyectos de obras viables y con un sustento social que las apoye, con la finalidad de continuar accediendo a recursos de programas de apoyo por parte de los gobiernos federal y estatal para la promoción del desarrollo municipal.

En la investigación se aborda este factor, como supuesto generador de los cambios políticos (alternancia) en lo gobiernos locales, porque en la medida en que los ayuntamientos tienen mayor capacidad de gestión y oferta de proyectos de desarrollo viables, contarán (al menos hipotéticamente) con el consenso de su comunidad acerca de una gestión eficiente y efectiva. Es sobre esta base que se construye la imagen y percepción del gobierno local en México (Martínez: 1995).

Como se mencionó antes, al menos hipotéticamente el monto y uso del ingreso público posibilita la calificación de una gestión local respecto de lo que los habitantes del municipio esperan de ella, siendo en las elecciones donde la comunidad se decide por la continuidad o por el cambio del partido político en el gobierno (alternancia) en el siguiente periodo.

Con esta base se ha seleccionado a este nuevo factor de tipo gubernamental como probable causa, de la alternancia en los gobiernos locales de Tlaxcala durante la década estudiada.