4.5.1.2 Las relaciones del aparato gubernamental y del partido

Considerándose como prioritario el objetivo de eficiencia económica, la burocracia política mantenía sin cambios esenciales la estructura organizacional del sistema político, sin embargo, se modificaron aquellas relaciones entre el partido y el gobierno que habían obstaculizado el logro de una mayor eficiencia en su funcionamiento. En tal sentido:

 Se estableció un sistema meritocrático a través del cual se seleccionaba a la burocracia y se promovía mediante criterios profesionales a fin de mejorar la calidad en las tomas de decisiones gubernamentales. Sin embargo, se permitió al Partido retener el poder en la toma de decisiones fundamentales de la economía y se reservaba el derecho de supervisar el trabajo del gobierno, aunque no se pretendía sustituirlo. El Comité Central del Partido (CCP) establecía la línea general y retenía para sí la autoridad para rechazar decisiones gubernamentales, aunque delegaba a la burocracia la autoridad de efectuar políticas particulares y administrar a las gigantescas empresas que eran propiedad del Estado .

 Se concedió un mayor poder discrecional y autonomía a las burocracias gubernamentales de las provincias y localidades para la aplicación de las “reformas”. Esta estrategia resultó ser muy atractiva para alentar a los líderes a que afrontaran los retos políticos que implicaba la aplicación de la reforma. Dado que la promoción en la esfera gubernamental dependía de los resultados obtenidos, los gobiernos locales estaban obligados a ser más eficientes. Es común, por ejemplo, encontrar líderes locales que aprovechándose del éxito en la aplicación de ciertas medidas económicas en sus provincias lo utilizaron como trampolín para alcanzar mejores posiciones al interior de la burocracia gubernamental; aunque habría que agregar, que tomar decisiones e instrumentar acciones determinadas, implicaba también, asumir los riesgos que se derivaban de esas elecciones.

Un efecto importante de la disminución del control del partido sobre las empresas y del establecimiento de una mayor autonomía a los gobiernos locales en la toma de decisiones fue el acelerado dinamismo experimentado por la industria rural. El hecho de que a los gobiernos locales, instalados en la base de la jerarquía gubernamental, se les haya delegado mayor autonomía y responsabilidad con respecto a las empresas colectivas rurales les permitió actuar como al equivalente de un “cuerpo directivo” y mas directamente como “oficiales ejecutivos en jefe” de las empresas de su jurisdicción. Si bien esta burocracia al ser parte del aparato administrativo, forma parte del Estado: son a la vez, entidades que se diferencian del Estado central en cuanto disponen de sus propias agendas y trabajan con recursos propios. Aún y cuando estos progresos en la redefinición de las relaciones entre las burocracias del partido y del gobierno éstas se vieron limitadas por las preocupaciones del CCP por permanecer en el poder debido a lo cual se mantuvo un estricto control sobre la burocracia estatal a través de una serie de mecanismo institucionales, como fueron:

 Atribuirse el derecho de ubicar al personal en las actividades claves del gobierno. Por ejemplo se establece un estricto control en la promoción de la burocracia y para no perder control sobre los trabajadores se mantiene un fuerte vínculo con el ministerio de trabajo;

 A través de las diversas organizaciones del Partido, establecidos en los diferentes niveles de la administración, guiar y supervisar los trabajos del gobierno;

 Tener siempre la mayoría en la legislatura, por lo que se establecieron las medidas pertinentes a fin de que solo los miembros acordes a la línea del Partido fuesen electos al Congreso Nacional del Pueblo;

4.5.1.3 La separación de las funciones atribuidas al aparato del Partido y al control administrativo de las empresas;

En el contexto de las transformaciones operadas, producto de la aplicación de la reforma y en la búsqueda de una mayor eficiencia, se fueron dando, de manera paulatina, pequeños cambios con la pretensión de separar las empresas del control del partido. Los reformistas estaban convencidos de que el excesivo control del partido sobre las empresas había retardado a la economía y restringido la acción de la burocracia empresarial en todos los niveles. Por lo que se consideró necesario garantizar a las empresas un cuerpo de directores con el poder de efectuar decisiones económicas sobre quienes se depositaría la responsabilidad de su funcionamiento. De ahí esta política de “separar al partido del gobierno y de las empresas”. En un primer momento, la introducción experimental de un sistema de responsabilidad en el campo y en las ciudades indujo a un retroceso en el control central y estimuló a las unidades locales a tomar decisiones propias y establecer criterios particulares de producción. Conforme éstas prácticas reformistas se fueron generalizando, de manera paulatina, se fue promoviendo una mayor autonomía en las empresas. En un contexto de cambios graduales, esta autonomía se fue desplazando, primero de la propuesta de un control de las empresas estatales por un Comité del Partido, posteriormente, al establecimiento de un “Sistema de Responsabilidad Administrativa de la empresas bajo el liderazgo de un Congreso de trabajadores”, y finalmente, a un “Sistema de Responsabilidad bajo el liderazgo de un Comité Administrativo de Empresa o Junta directiva”. En este proceso se buscaba, no solo remover la influencia creciente del partido, sino reducir la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas y dejar la responsabilidad en un administrador o “grupo directivo”. En varios grados y dependiendo del tipo de empresa, conforme se fue ampliando la aplicación de la reforma, los productores fueron ganando mayor autonomía en determinar que, como y cuanto producir, así como, donde y a que precios vender. Esa autonomía no implicaba quedar fuera de la supervisión de los gobiernos respectivos, basándose en una relación contractual establecida previamente y negociada con los gobiernos, los directores de empresas tenían que rendir cuentas acerca de los compromisos contraídos.