7.5.1.2.1 Retener a las empresas grandes

Si bien el Estado había aplicado políticas para inducir la privatización de las empresas estatales pequeñas y medianas, no podía hacer exactamente lo mismo con las empresas grandes. Dado que estas empresas captaban los mayores niveles de empleo en el sector urbano, eran la fuente más importante de ingresos percibidos por el gobierno, producían bienes estratégicos para el crecimiento industrial, amén de que muchas de ellas producían con eficiencia y eran altamente competitivas. Eran, por lo tanto, un soporte esencial para el crecimiento económico y el desarrollo industrial. La importancia estratégica de estas empresas dificultaba a la autoridad gubernamental inducir hacia ellas políticas de privatización a corto plazo, tal y como lo hiciera para las empresas pequeñas, so pena de ocasionar desequilibrios económicos y sociales. Aunado a lo anterior, el hecho de que algunos líderes gubernamentales no habían roto del todo con las viejas concepciones ideológicas haciendo que los costos posibles de la privatización de esas empresas fuese muy elevado. A pesar de ello, eran concientes de que tampoco podían quedarse inertes ante el cambiante entorno donde la eficiencia y la competitividad empezaban a ser la norma para las transacciones en un medio ambiente de mercado cada vez más vigoroso. De ahí la actitud asumida por la autoridad, “retener” a las empresas grandes y aplicar nuevos criterios de gobernación, sin la pretensión a corto plazo, de modificar y diversificar abruptamente la estructura de la propiedad vigente. Con la aplicación de la política de retener a las empresas grandes el Estado podría otorgarles todo el apoyo necesario para mejorar su posición económica, mediante el establecimiento de políticas preferenciales, subsidios, créditos accesibles, etc., a la vez hacerles experimentar mecanismos corporativos a fin de superar sus problemas de ineficiencia. Estaban convencidos de que mediante la aplicación de una estructura de gobernación efectiva se podría superar la persistente indefinición en los derechos de propiedad y lograr una real separación entre el gobierno y la administración de las empresas. La pretensión de no modificar ni diversificar abruptamente la estructura de la propiedad vigente, en el contexto de una “economía de mercado con características chinas”, significaba admitir explícitamente la posición dominante de la propiedad pública en industrias consideradas como el alma de la economía nacional y dejar en claro el carácter socialista de la economía.

La implementación de esta política en las grandes empresas estatales se inició en marzo de 1996 al anunciar el gobierno su política de conservar bajo el control estatal 1,000 empresas industriales grandes. La consideración de esta política se basaba en el hecho de que 800 de esas 1000 empresas industriales percibían el 63% de la inversión de capital fijo total, generaban el 70% del total de los ingresos por ventas y participaban con el 74% de las utilidades e impuestos generados por el total de las empresas. Retener el control de esas empresas permitiría al gobierno, no solo concentrar esfuerzos para apoyarlas y aplicar sobre ellas una mayor supervisión, sino continuar con una presencia determinante en el sector industrial. Para el año de 1997 ya 100 de las empresas estatales más grandes bajo la supervisión del gobierno central se habían convertido en corporaciones, a la vez, que cientos de empresas bajo control de los gobiernos locales, habían sido transformadas.

A pesar de esa transformación y de los esfuerzos habidos el hecho de que la mayoría de estas empresas siguiera manteniendo una propiedad exclusiva del Estado no le permitió una separación real entre la autoridad gubernamental y la administración de las empresas por lo que siguieron desempeñando una función social y continuaron siendo una fuerte carga para el gobierno.