5.4.2. Reforma en la administración de las empresas

En consideración de las prácticas experimentales habidas y de la dinámica gradualista de “caminar a tientas sobre piedras al cruzar el río”, los reformadores estaban claros de que una de las mayores fuentes de ineficiencia en el sistema económica estribaba en la confusión habida entre los derechos de propiedad y los mecanismos de gestión en la propiedad pública generada por una aplicación rígida de los principios del socialismo, y en ese sentido, daba lugar a una ambigua responsabilidad en el funcionamiento de las empresas estatales. En virtud de lo anterior se instrumentaron diversas reformas administrativas con la finalidad de lograr una separación efectiva de los derechos de control y administración con respecto a los derechos de propiedad en las empresas del Estado, es decir, separar a las empresas de la burocracia gubernamental para fortalecer la autonomía y hacerlas más responsables, tanto de las utilidades como de las pérdidas habidas. Uno de los primeros pasos en el sentido de conceder una mayo autonomía de las empresas estaba directamente vinculado al establecimiento de un Sistema de Responsabilidad Administrativa con la que se pretendía otorgar una mayor autoridad al responsable de la dirección de la empresa y evitar al máximo se diluyera la responsabilidad en el proceso de la toma de decisiones.

Cuadro V.2

Ampliación en el poder de toma de decisiones en las empresas

Aspecto

Medidas de la Reforma

Requisitos

En la planeación de la producción

Las empresas se hacían responsables de sus propios planes de producción considerando nuevos productos y desarrollarse según su capacidad

Cumplir previamente con las exigencias que habían sido establecidas en un proceso de negociación previo gobierno- empresas

Esta política era posible para aquellos bienes que no estaban sujetos a una política de control de precios.

Capacidad para la compra y venta de productos en el mercado

Las empresas podían comprar los insumos requeridos o vender sus productos directamente en el mercado y/o negociar s directamente con empresas comerciales.

El poder de fijar precios

Las empresas podían fijar los precios de sus propios productos de acuerdo con los costos y las condiciones del mercado. Para ciertos productos se adoptaba una política de precios flotantes en un rango estipulado por el Estado

El derecho en la utilización de los fondos La proporción de fondos retenidos por las empresas se incrementaba anualmente. Los fondos retenidos se dividían en fondos para: producción, desarrollo, desarrollo de nuevos productos, bienestar, bonos y reservas. Se dio a las empresas capacidad para manejar sus propios fondos de depreciación Las empresas tienen la capacidad de retener hasta un 70% en fondos para depreciación

Derecho en la asignación de fondos y bonos

Las empresas tenían el derechos de asignar fondos y bonos de acuerdo con los rangos estipulados por el Estado. Cuando se excedían los límites se estipulaba un impuesto para contrarrestar el exceso. El Estado estipulaba el rango de incrementos permisibles y determinaba los objetivos de promoción

Libertad para establecer asociaciones Las empresas tienen el derechos de establecer asociaciones entre estas demarcaciones permitiendo el intercambio de capital y tecnología, cooperación n materia de producción y personal calificado.

El derecho de controlar el empleo

Las empresas tienen el derecho de reclutamiento de trabajadores dependiendo de los requerimientos del trabajo en la producción.

Determinar los niveles de calificación y habilidades demandas por un trabajo particular. Con excepción de las grandes empresas los directores de las empresas son electas por responsables de la empresa y/o los trabajadores.

Fuente: Elaboración propia en base a: Shangquan Gao, Chinas economic reform, publicada por St. Martin's Press, New York :, 1996, p. 70-73

Las principales características de este sistema consistieron en que:

- Se presenta una separación de la burocracia del Partido y del gobierno con respecto a las diversas actividades administrativas y del proceso de toma de decisiones al interior de la empresa.

- El gobierno, sobre la base de un concurso de méritos, nombra a un administrador en quien se hace recaer la responsabilidad, tanto del funcionamiento como de los resultados obtenidos por la empresa. Mediante este sistema el director tiene la absoluta responsabilidad de elegir su propio equipo de trabajo, y dada la separación del secretario del partido de las actividades administrativas y de decisión de la empresa, es quien dispone de mayor poder y autoridad.

- El administrador tiene el derecho de retener utilidades y, dadas las limitaciones establecidas por el gobierno central, se le concede la autoridad para decidir sobre inversión y distribución de bonos.

Este sistema de responsabilidad administrativa va a evolucionar al grado que para 1987 se establece lo que se denominó un Sistema de Responsabilidad Contractual bajo el cual se firma un contrato entre la agencia supervisora (típicamente el buró industrial) y el administrador de la empresa, con la responsabilidad de éste último de remitir al gobierno la cantidad de ingresos contratada por la vía de impuestos y utilidades, sin embargo, tienen el derecho de disponer de la parte excedente para reinversión o para el pago de bonos a los trabajadores, asimismo se le concede el derecho de decidir sobre las operaciones diarias de la empresa. Mediante este sistema el gobierno no solo busca garantizar a las empresas estatales, al menos nominalmente, de una mayor autonomía administrativa, sino el de hacerlas responsables de sus propias pérdidas y utilidades.