7.5.1.2. Racionalización en el número de las empresas propiedad del Estado

A mediados de la década de 1990, a pesar del avance en la aplicación de la reforma y el establecimiento de diversos tipos de propiedad en el sector industrial, el Estado controlaba aún un gran número de empresas industriales pequeñas y medianas que operaban con fuertes pérdidas. Considerando que el espectro tan amplio de empresas a disposición del Estado impedía: distinguir la importancia de cada una con relación a los objetivos de crecimiento, definir cuales empresas eran estratégicas y cuales no lo eran, establecer un monitoreo directo y más efectivo en cada una de ellas e impedía la asignación eficiente de los recursos financieros disponibles; es que la autoridad gubernamental, aplicó una política que consistía en “retener las empresas grandes y dejar ir las pequeñas”. Con esta política el gobierno pretendía reducir su participación en el sector industrial y dirigirla solo hacia aquellas empresas consideradas como estratégicas para el desarrollo económico y en aquellas que disponían de una capacidad suficiente para reestructurarse y hacerse competitivas en los mercados doméstico e internacional. En el contexto del nuevo ambiente económico e institucional, esta política que, por primera vez fue enunciada en la Tercera Sesión Plenaria del 14º Congreso del Partido en noviembre de 1993, implementada después de su confirmación en el 15º Congreso en octubre de 1997 y en el 9º Congreso Nacional del Pueblo en marzo de 1998, buscaba, no solamente concentrar esfuerzos y recursos de las empresas pequeñas, onerosas de por sí para el presupuesto estatal en orden a reducir la carga que significaba la responsabilidad de esas empresas, sino que aprovechando esta circunstancia, inducirlas hacia su privatización. Dadas las dificultades económicas que vivían las empresas industriales pequeñas y la carencia de incentivos para empresarios y trabajadores tornaron a estas empresas más vulnerables y receptivas para la aplicación de las propuestas en los cambios de estatus de una propiedad pública a otra de carácter privado.

El Estado cedió los derechos a los administradores y trabajadores de esas empresas adoptando diversos mecanismos; entre otros: contratándolas, vendiéndolas o rentándolas a unidades colectivas o individuales. Aunque, el mecanismo mayormente utilizado consistió en el establecimiento de lo que se denominó “Sistema Cooperativo de Participación de Acciones” (Shareholding cooperative system en inglés). Sistema mediante el cual los empleados y trabajadores contribuían conjuntamente con el trabajo y el capital, disponían de los medios de producción y al mismo tiempo participaban de los riesgos y beneficios según su participación. Los mecanismos que utilizaba el Estado para otorgar la propiedad era diversificada, las mas novedosa tenía que ver con la compra de acciones pagando al contado o mediante créditos emitidos ex profeso para tal propósito, también de podían dar a cambio de recibir compensaciones, etc. Al igual que como antes había acontecido con el Sistema de Responsabilidad Familiar, se esperaba que con una mayor clarificación en los derechos de propiedad y el establecimiento de incentivos individuales y de mercado se mejorara la eficiencia de las pequeñas empresas y se tornaran más competitivas. En cuanto a la transferencia de los derechos de propiedad pública a privada la política de “dejar ir a las empresas pequeñas” fue muy exitosa: de 1995 al año 2000 el número de pequeñas empresas industriales se había reducido a poco menos de la mitad, de ser 72,000 se redujeron a 34,000. Sin embargo, el desempeño de esas “nuevas” empresas fue mixto dado que algunas empresas se hicieron rentables en un corto periodo de tiempo, otras en cambio, tuvieron enormes dificultades para sobrevivir sin el apoyo estatal por lo que continuaron produciendo con altos niveles de ineficiencia dado su equipo obsoleto, su tecnología atrasada y su pobre capacidad administrativa. A pesar de estos problemas, en el Congreso Nacional del Pueblo celebrado en 1999, se decidió extender esta política hacia las empresas estatales medianas y aplicar un procedimiento similar al seguido para las empresas pequeñas. En consideración de estos planes de “adelgazamiento” industrial el Estado esperaba que las 75,000 industrias medianas existentes en 1999 se redujeran a uno o dos mil como máximo para el año 2005.