b) El proceso urbanístico impulsado por los beneficios a corto plazo, debe tener en cuenta los futuros costes económicos y ambientales para la comunidad.

PARADA vislumbra riesgos en pasar de unas normas que se conforman con procesos de urbanización lentos, en manos de propietarios casi urgidos por los promotores mediante los precios, a otro sistema, como el de agente urbanizador, que puedan desencadenar demasiados proyectos de urbanización. Si creciese el número de modo ostensible podría ocurrir no ya que faltara la función de control por parte de la Administración, sino que ésta perdiera la capacidad de dar respuesta creando los pertinentes servicios y los sistemas generales, así como garantizando un posterior uso en condiciones normales. Todo esto se constata por nuestra parte en algunas zonas del territorio, fundamentalmente del litoral, en las cuales la expansión urbanística se está desarrollando sin garantía alguna de contar con recursos básicos como el agua. Se desarrollan planes que dan por supuesta una solución posterior obligada de la Administración.

A veces, el desarrollo urbanístico está auspiciado no sólo por irrefrenables deseos de beneficio privado, sino también por la cortedad de miras de quienes rigen la propia Administración local. Sucede que las cesiones de terreno o el importe de las licencias urbanísticas mueven las voluntades hacia un optimismo demasiado despreocupado de problemas evidentes. En esos casos falta la reflexión sobre las posibilidades reales de desarrollar a medio y largo plazo una red de infraestructuras que inicialmente no parecen ser gravosas para las arcas públicas.

Estos regidores locales no suelen reparar en el regalo envenenado que reciben muchas veces, puesto que aunque en el convenio suscitado con el urbanizador se prevea que las obras sea costeadas por los propietarios como beneficiarios principales del proceso urbanizador, al final los costes de mantenimiento y mejora se traspasan a la Administración. A partir de ese momento la fase inicial de altos ingresos desemboca en otro periodo, sin horizonte temporal limitado, en que la Administración debe invertir considerables sumas que no son fácilmente repercutibles a los destinatarios finales de una residencia. Piénsese en los numerosos supuestos de zonas residenciales con baja densidad que cuentan con kilómetros de acerado, vías con asfalto, farolas, alcantarillado y otros servicios, que van a correr a cargo de los ayuntamientos una vez concluido el proceso urbanizador.

Una política urbanística con amplitud de miras, basada en un desarrollo sostenible desde el punto de vista ecológico y urbano se hace imprescindible para el futuro. El suelo como recurso escaso debe utilizarse con racionalidad, cuando sea necesario. Llegado el caso, la actuación urbanística, sea directamente pública o por gestión indirecta, debe considerar una intervención lo menos lesiva posible, lo que conlleva una inversión basada en otros parámetros que la cuenta de resultados de quienes intervengan, o la confianza en una demanda infinita que estará dispuesta a hacerse cargo de cualquier suelo y al precio que se le establezca.

Al mismo tiempo, deben desarrollarse dotaciones con el mismo criterio de sostenibilidad, de congruencia con los recursos naturales existentes y de acuerdo a unas disponibilidades presupuestarias por la Administración que exigen una previsión con seriedad. La gestión y ejecución urbanística es desde luego una función pública y como tal exige que sea descartada cualquier perspectiva de negocio a corto plazo, por mucho que sea el entusiasmo de los urbanizadores privados o la apariencia de negocio completo con jugosos ingresos para la Administración.