Julio Olmedo Álvarez
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Para darse una idea de cuáles son los problemas del urbanismo hoy en España, basta con echar una ojeada a la prensa y leer las noticias, comentarios o incluso artículos de fondo y editoriales que se producen a diario. Cuando cada mañana las radios emiten información de tráfico en los accesos a las ciudades, cuando un grupo de vecinos se queja de los ruidos provocados por jóvenes o por una actividad, cuando surge un foco de legionella, cuando los clubes de fútbol pretenden solucionar su déficit mediante un traslado de su estadio, cuando se subastan antiguos cuarteles en el interior de las ciudades, cuando grandes cadenas de televisión o bancos construyen ciudades para su actividad... en todos los casos existe un trasfondo urbanístico notorio. Y es que debe tomarse en consideración que el sistema urbano, como conjunto amplísimo de elementos en equilibrio, determina múltiples efectos que trascienden a la mera edificación de un suelo antes rústico o a la apertura de un centro comercial en una explanada previamente vacía.
Son, ya lo decimos, múltiples las consecuencias del urbanismo, pero podemos destacar con ARIAS GOYTRE cómo la actividad urbanística está provocando el deterioro en el medio ambiente urbanizado, con un aumento de la contaminación atmosférica, especialmente por emisiones de monóxido de carbono y óxido de nitrógeno, que se debe como causa principal al tráfico.
La vida urbana está provocando también un considerable incremento de los ruidos, algo que afecta sobremanera a la mayoría de la población, puesto que el cincuenta y uno por ciento se halla expuesto a más de 65 decibelios, volumen apreciable que puede incidir en efectos sobre la salud, dependiendo de las personas. Estos efectos pueden traducirse en alteraciones en el sistema cardiovascular (frecuencia cardiaca, presión arterial y sanguínea); en el sistema digestivo (hiposecreción salivar y gástrica, digestión lenta y úlceras gástricas). Puede producir alteraciones en el ritmo respiratorio durante el sueño y, en el nervioso central, una reducción de la actividad cerebral con la consiguiente disminución de la atención.
Además, produce efectos psicológicos, como perturbaciones en el descanso nocturno, disminución de la capacidad de concentración y sensaciones de malestar o ansiedad.
Como elemento emisor del ruido con cierto relieve nos encontramos de nuevo al tráfico. La nueva configuración de las ciudades, la expansión hacia zonas dormitorio y la motorización por insuficiencia de infraestructuras de transporte público provocan un aumento considerable de la movilidad motorizada, que ha llegado en los últimos años a incrementarse más de un trescientos por ciento en toda Europa.
Ahondando un tanto más, llegaríamos a problemas de congestión en el tráfico y consiguiente falta de movilidad, cuya solución exigiría, según la OCDE, inversiones de entre el dos y el tres por ciento anual del Producto Interior Bruto. Obviamente, tras el problema y entre las soluciones también estaría presente la normativa y la actividad urbanística.
Como venimos insistiendo, la complejidad del sistema urbanístico pone en evidencia que no son exclusivamente los temas más difundidos por los tratadistas los únicos a tener en cuenta. Y un segundo matiz. Es imposible defender ninguna teoría como pieza aislada, sin tener en cuenta las múltiples repercusiones que ello origina y no sólo para el presente, puesto que los edificios son de larga vida. Si pensamos que la vida media de las edificaciones llega a los cien años, podemos concluir que las decisiones sobre urbanismo van a comprometer a las personas durante varias generaciones.
Por otra parte, se va a llevar a cabo un importante gasto de recursos al construir, lo que debería poner alerta a la comunidad sobre la eficiencia económica y social de las inversiones. Téngase presente que, aparte de los efectos que hemos esbozado, se producen importantes consumos de suelo, materias primas, energía y trabajo . Esto supone una responsabilidad añadida para quien se decida a profundizar en cuestiones urbanísticas, ya que la mera exposición de opiniones, científicas o no, puede contribuir a generar repercusiones muy duraderas.
Otro problema de indudable repercusión es la ocupación de amplias zonas de territorio natural que se produce con la expansión no siempre justificada de las ciudades. Los datos a este respecto son muy llamativos: “ El desarrollo de las últimas décadas ha introdu cido una separación extrema de funciones por barrios, la urbanización discontinua y la ocupación extensiva del territorio. Estos cambios están creando problemas nuevos y más graves de habitabilidad y sostenibilidad, junto al despilfarro de suelo e infraestructuras y la elevación de los costes de mantenimiento de servicios. Las grandes ciudades españolas han consumido más suelo en los últimos 30 años que en toda la historia anterior “ .
Esta situación provoca graves efectos, como advierte ALEDO: la ciudad “necesita de enormes cantidades de materia y energía para su sostenimiento lo que favorece la sobreexplotación del medio rural y la puesta en práctica de prácticas agrícolas y ganaderas no sostenibles. También absorbe gran cantidad de población que abandona los núcleos rurales. A cambio, la ciudad exporta ingentes cantidades de materia degradada en múltiples formas: residuos sólidos, aguas contaminadas, aire polucionado, etc. (...) Las tierras circundantes que antes alimentaban a la ciudad se han convertido en zonas de especulación inmobiliaria en donde se desarrolla un nuevo concepto de ciudad, siguiendo el modelo americano que representa un enorme derroche de espacio”.
Y este problema tampoco debe pasar desapercibido para quienes sostienen que la carestía del suelo se debe fundamentalmente a su escasez, porque no concuerda el uso ingente de un recurso con el lamento de su ausencia. Además, debe colegirse de esto la falta de validez de unas normas tradicionalmente criticadas, como la Ley del Suelo de 1956, que surgieron en un momento en el que todavía no era previsible esta abrumadora expansión. Había unos mecanismos que miraban al pasado o a lo que estaba ocurriendo en otros países, pero que no eran válidos para mantenerse durante décadas en un contexto tan cambiante como el que sobrevino.
Tampoco hay que soslayar el distanciamiento del urbanismo para lo que fue uno de sus fundamentos iniciales y que luego ha ido cobrando importancia como derecho social y económico. Me refiero al acceso a una vivienda adecuada, objetivo que se ha ido alejando cada vez más. Como señala PEREGIL “el precio medio de una casa nueva alcanzó en España la cifra de 20 millones de pesetas” (...) “esto significa que un comprador medio español debería emplear el total de su salario, ¡el total!, durante cinco años y medio de su vida para comprar un piso, y si vive en Madrid, serían siete años en vez de cinco y medio”.
He aquí un problema clásico, el de la especulación, que repercute en millones de ciudadanos, pero especialmente en millones de personas con hipoteca , familias endeudadas cada vez a más largo plazo, cuanto mayor es el precio total que debe pagarse por la vivienda. Así, se estima que, actualmente, el periodo medio de amortización por una hipoteca oscila entre los 20 y 25 años.
Esto a su vez compromete las decisiones económicas y especialmente de consumo, puesto que los afectados se ven constreñidos durante casi un tercio de su vida biológica, lo que a todas luces parece un tanto desproporcionado. Pero lo cierto es que desde el Urbanismo se producen repercusiones sociales y económicas que limitan a una gran parte del país, con lo cual magnifica un problema que de ninguna manera se ciñe al suelo o al edificio en concreto.
También podemos hablar de cambios sociales derivados del urbanismo. El uso de los espacios públicos y privados puede verse condicionado por las actuaciones de los agentes inmobiliarios, como señalan muy acertadamente ARRIZABALAGA y WAGMAN . Según ellos, “la necesidad de más o menos espacio de vivienda también depende de la relación que se establece entre vida pública y vida privada. (...) El empobrecimiento de la vida pública es en gran medida consecuencia de la adopción de nuevos estilos dominados por la prisa, el individualismo y la competitividad. La división entre lo público y lo privado se ha agudizado, provocando una ruptura del tejido social. En las ciudades, la calle ya no se utiliza como lugar de encuentro; cada día es más difícil conocer a los vecinos y la vida de barrio tiende a desaparecer. Esto ha hecho que la casa se haya convertido en un refugio en el que nos protegemos de un mundo exterior cada vez más hostil”.
Vemos, pues, un contexto complejo en el que convergen problemas desde múltiples perspectivas y donde las opciones de solución han de tomar aquellas en cuenta, al tiempo que fomentan la planificación estratégica en la toma de medidas preventivas y en la respuesta oportuna.
Esta búsqueda permanente de soluciones, en un proceso constante de respuesta a problemas que van surgiendo con el tiempo, puede provocar la idea de un urbanismo inerte con apenas mejoras. Tal percepción olvida que los retos no son necesariamente los mismos, sino que, como señala MIRALLES , “los problemas se eternizan porque siempre se perciben problemas, unos u otros, no resueltos y siempre se percibe, de manera simplista pero real, el urbanismo como una asignatura pendiente”. Con ello se omite que los logros quedan relegados ante nuevos retos sociales y económicos, propios de nuevas etapas, pero diferentes en muchos casos, aunque no dejan de provocar lo que este autor evoca sobre el personaje de Alicia en el país de las maravillas que siempre llega tarde.
Como respuesta permanente a esos desafíos siempre nuevos a los que acabamos de referirnos, las normas, planteamientos ideológicos aparte, van a constituirse en fundamento y motor de la actuación urbanística, en cauce de satisfacción para las demandas sociales de todo tipo y en instrumento conservador del patrimonio natural, histórico y artístico. Será a través del Derecho donde podamos hallar cual es el margen que se atribuye a la iniciativa privada en la consecución de objetivos que trascienden al mero lucro y que se sitúan en el ámbito de los derechos sociales de contenido público. Por esta razón, el papel de la Administración va a ser crucial, tanto si actúa en nombre propio y de modo directo, como si permite la intervención de personas privadas, aunque siempre en desarrollo de la actuación administrativa indirecta.
De ese conflicto entre el interés privado empresarial y el público, que debe alcanzarse por iniciativa de la Administración, va a depender el papel asignado a la empresa particular. Desde una función un tanto marginal, como instrumento de propietarios o Administración, hasta una posición esencial, cual se desprende de la normativa sobre el agente urbanizador.
Sobre esto haremos una rápida revisión histórica, que nos retrotraerá a los primeros tiempos de nuestra civilización y que culminará en la etapa actual. En todo ese lapso, iremos reparando en la evolución de la iniciativa privada, que ha caminado por límites estrechos en algunas circunstancias, pese a que haya estado presente en prácticamente todas las regulaciones. Más tarde, nos adentraremos en aspectos que delimitan esa intervención privada, como son los relativos a la relación urbanismo y propiedad de los solares; a las posibilidades que se ofrecen para la gestión privada y al estudio de su figura más reciente, la del agente urbanizador.