Julio Olmedo Álvarez
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Es obvio que el volumen de la obra a realizar terminará condicionando la competencia, pues si la zona de actuación es extensa y requiere un nivel aceptable de infraestructuras con alto coste de obra pública probablemente exigirá un alto nivel de recursos sólo al alcance de unas pocas empresas de gran tamaño, sustentadas por grandes constructoras o por grupos financieros.
El mayor tamaño de estas empresas podría generar prácticas restrictivas de la competencia, con formación de monopolios u oligopolios, algo que ya ha sido objeto de fuertes denuncias en ciudades como Alicante, en que apenas tres o cuatro empresas controlan la mayor parte del suelo urbanizable o ya transformado. También en este sentido parece necesario mejorar las condiciones de elección de manera que el libre acceso a la condición de agente no quede reducido a una garantía formal con difícil aplicabilidad en la práctica.
Los fenómenos de concentración empresarial pueden tener una explicación racional en aras de la búsqueda de una dimensión mínima con la que poder afrontar obras de cierto volumen y riesgo, como explica BLANC, pero no pueden suponer en modo alguno ningún tipo de amenaza para la competencia. Es preciso poner sumo cuidado en medidas que garanticen la competencia real si de verdad se busca una eficacia que se traduzca en mejores resultados por cuanto se acreciente la superficie de suelo urbanizado necesario, pero a la vez con unos costes para los propietarios y para la sociedad que no rebasen lo que se presupone a una función pública tan trascendental como esta.