F) Contestación social.

La contestación social a la LRAU no proviene sólo de quienes están en oposición con su línea de pensamiento como razón exclusiva. Hay un estado de opinión bastante amplio en el que podrían apreciarse muestras de insatisfacción por el modo en que se estaría aplicando esta Ley.

Hacemos referencia a percepciones de cierto rechazo respecto a la concentración del suelo urbanizado en muy pocas manos, tras pasar en el proceso por el tamiz del agente. Lo mismo es posible señalar respecto a la indefensión en que se sienten bastantes propietarios ante abusos – en su percepción- que muchas veces no es más que la expresión de una posición dominante, en absoluto corregida por muchos ayuntamientos que obran con lenidad. Se producen por ello quejas relativas a sobrecostes, a falta de un procedimiento abierto a cualquier empresario que quiera convertirse en agente y presentar una alternativa de Programa con ciertas garantías de poder llevarlo a la práctica.

Este movimiento de contestación social ha ido extendiéndose en supuestos como los de propietarios de terrenos rústicos con una pequeña vivienda que, al ser incluidos en un programa, se ven obligados a realizar inversiones cuantiosas dado que la parcela puede contar con algunos miles de metros. Pero como los propietarios ni desean seguir viviendo en otro sitio que su parcela rústica – en parte por ello la compraron -, ni cuentan con recursos tan abundantes para sufragar la transformación, se ven abocados a una posible expropiación instada por el agente, lo que conllevaría un justiprecio a valores previos al Programa, es decir, como suelo rústico.

El supuesto no es nada teórico, ni tampoco aislado, sino extenso y con implicaciones internacionales cuando ha implicado a extranjeros residentes en España, con procedencia de diversas nacionalidades integradas en la Unión Europea. Incluso se ha recogido en la prensa la convocatoria de una manifestación en Valencia, así como la constitución de varias asociaciones y plataformas para defenderse de la “descontrolada aplicación” de la LRAU.

En el diario EL PAÍS encontramos una información referida a estos casos, donde los redactores afirman lo siguiente: “Mediante los planes de actuación integrada (PAI), el agente puede urbanizar suelo sin contar con el consentimiento de sus propietarios. En muchos casos, éstos no pueden hacer frente a esos gastos, por lo que se ven abocados a malvender sus terrenos o a asistir impotentes a la expropiación.

Es lo que ha sucedido en diversos lugares. Cada día aparecen más casos de propietarios de fincas, casas de campo, apartamentos que se siente atropellados por la figura del agente urbanizador...”Pensamos que algo debe estar fallando para que un número apreciable de ciudadanos nacionales y extranjeros se sientan agraviados ante una forma de actuación urbanística que parece dejarles desprotegidos. Incluso nos hace pensar más el hecho de que entre los descontentos puedan hallarse naturales de Países Bajos o de Alemania, en cuyos territorios ha existido siempre una mentalidad de urbanismo como servicio público llevado a cabo directamente por la Administración, sin dejar tan amplio margen a los beneficios de los particulares que en España nos resultan históricamente muy familiares. Probablemente no sea la actuación de un empresario investido de cualidades como agente público lo que esté sembrando la alarma, sino el hecho sorpresivo y no deseado de un desarrollo urbanístico que puede hacerse contra la voluntad de los propietarios y sin otra justificación en muchos casos que un beneficio directo e inmediato para el agente con moderada participación para las arcas municipales, y una evanescente e imprecisa promesa de beneficios a largo plazo para la comunidad en general. Por supuesto que las críticas ideológicas también aparecen con asiduidad en la prensa. Se trata de opiniones con fundamento netamente liberal, pero también se remiten artículos y noticias desde ciertas posiciones de izquierda, como sucede, a título de ejemplo, con Izquierda Unida de Valencia que mantiene que “el urbanizador (...) se ha convertido en un aliado de los grandes promotores urbanísticos, lo que ha supuesto que en muchas ocasiones haya actuado en contra del interés de los propietarios de los terrenos y en contra, también, de los intereses generales de los municipios”.