8.7.- De cara al futuro, la Administración urbanística debería ser más activa en la defensa de los intereses colectivos afectados por el negocio inmobiliario.

El examen de lo referido a nuestro ordenamiento jurídico en materia urbanística permite plantear algunas consideraciones respecto a nuestro futuro inmediato. La participación de los particulares bajo cualquier título, ya sean propietarios, empresas urbanizadoras o meros ciudadanos debe traducirse tanto en la posibilidad de colaborar activamente con la Administración, como en la oportunidad de convertirse en beneficiarios de espacios urbanos y naturales. La actividad pública debe recuperar un tono más activo en la defensa de unos intereses colectivos que a veces parecen quedar postergados por intereses económicos más evidentes, quizá más aparatosos, pero desde luego menos apreciables a largo plazo.

La participación privada implica de partida lo que CAMUS reseña como la reconquista de la ciudad por sus habitantes, conforme a la cual sería preciso abandonar perspectivas a corto plazo para centrarse en las verdaderas necesidades de la colectividad para este siglo. Ello supondría, por ejemplo, huir de la arquitectura envoltorio destinada a crear espacios para la nueva economía: centros comerciales, centros de negocios... todos ellos forjados con arreglo a criterios de uniformidad, ambiente neutro y posibilidad de reconfiguración inmediata.

Debe aspirarse a un entorno que permita abandonar la concepción de las ciudades como un espacio lúdico pensado sobre todo para visitantes efímeros, tal y como nos describe ZACHARIAS. El modelo que se critica trata de lograr una presencia constante de la ciudad en los medios, de manera que la ciudad quede caracterizada por una apariencia atractiva, a la que puede sumarse la creación de elementos auxiliares. Entraríamos entonces en el desarrollo de parques temáticos, edificios singulares de todo tipo y otras recreaciones con el objetivo de añadir ingredientes válidos para ese espacio de consumo que se busca. No en vano estos proyectos urbanísticos en las grandes ciudades vienen promovidos por grandes grupos constructores e inmobiliarios.

La participación de los particulares debe quedar incardinada en otros principios de actividad urbanística, como los que recientemente ha propugnado el Defensor del Pueblo. Según esta institución, debe concebirse la ordenación del territorio partiendo de otras premisas que no sean sólo perspectivas políticas, técnicas e instrumentales, sino que pongan de relieve la dimensión ética. Se trata de encontrar soluciones territoriales que utilicen las transformaciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esto compromete a la Administración pero también a los promotores particulares, como explica en el siguiente párrafo: “El sector inmobiliario frecuentemente olvida los principios éticos que han de presidir la planificación territorial y muchas veces estos mismos principios son vulnerados por las propias Administraciones Públicas. Fiel reflejo de esta afirmación lo constituye el hecho de que se haya instaurado en nuestra cultura urbanística una teoría que predica en esencia que el mejor uso del suelo lo realizará aquella actividad que más pueda pagar por él”.

Para superar esta concepción mercantilista deben adoptarse planteamientos más ambiciosos que abarquen todas las esferas del proceso productivo y de desarrollo urbano. LORA TAMAYO da cuenta de cómo la nueva ley francesa de solidaridad y renovación urbanas abarca aspectos como las grandes políticas públicas de estructuración del planeamiento urbanístico, la armonización de las políticas de transporte, vivienda, ayudas públicas y privadas para la renovación inmobiliaria o para el desarrollo y protección de arrendamientos sobre los inmuebles..

Como explica la autora “ bajo una óptica común se aglutinan urbanismo, vivienda y transportes y se aporta una visión omnicomprensiva del hecho urbano que parte de la necesaria consideración de la larga duración de los efectos que produce el establecimiento de casas, de barrios, de edificios, de calles y de equipamientos tienen sobre el territorio que pueden durar décadas e incluso siglos”. Se llega a una dimensión que vincula el logro de los fines comunes (concretados en el concepto de calidad de vida), con una planificación limitada por las posibilidades del desarrollo sostenible. Esto permite a su vez actuar de otro modo en zonas que no se consideran estrictamente zonas urbanas, pero que son de su entorno y deben sujetarse a regulación protectora, como sucede con los espacios rurales.

El planeamiento urbanístico, y con él los objetivos públicos y de los particulares, debe tomar una perspectiva diferente también en nuestro país, so pena de que suceda en el caso del medio rural lo que anticipa GARCÍA BELLIDO: “las posibilidades políticas, sociales y demagógicas de que los mejores suelos rústicos acaben bajo las botas de una demanda incansable y en constante crecimiento de urbanitas ansiosos hemos visto que son –no sólo eso, meras posibilidades, sino más aún – auténticamente altas probabilidades, llegando a ser inevitable su deterioro irreversible, deglutidos por la ciudad difusa”.