B.5.3.2. La ONUSAL.

El punto de arranque fue el Acuerdo de San José de Costa Rica, de 26 de julio de 1990.Tras éste se acordó que una misión de la ONU verificase que lo conseguido en los mismos se llevaba a cabo.

Creándose con ello las bases de lo que en un segundo momento sería la Operación para el Mantenimiento de la Paz en El Salvador, la llamada ONUSAL. La cual, no se establecería con total operatividad hasta el 26 de julio de 1991 en su primera fase, bajo el mandato de la Resolución 639 (1991) de 20 de mayo de 1991.

Para llegar hasta aquí, en el mes de abril, se envió a la zona una misión técnica de reconocimiento, con doce miembros de Naciones Unidas, entre los cuales se integraban dos oficiales superiores del Ejército de Tierra español: el Teniente coronel Francisco Javier Zorzo Ferrer y el comandante Enrique Vega Fernández. En principio su naturaleza era puramente civil para la verificación del nivel de respeto, por las partes en conflicto, de los derechos humanos1515. Este grupo podría recibir todo tipo de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, tanto de particulares como de instituciones, podrían así mismo visitar libremente lugares o establecimientos sin previo aviso, asentarse en cualquier parte del territorio y recoger aquella información que estimasen necesaria para la labor que venían realizando1516.

Estaba al mando del juez francés Philippe Texier. Pero desde el principio y, por la naturaleza de los acontecimientos, se vio la necesidad de contar con apoyo militar, creándose un equipo de asesores militares, cuya función era, y valga la redundancia, la de asesoramiento del otro equipo. El militar estaba de nuevo al mando de un coronel español, Ignacio Balbín Meana e integrado por 15 oficiales, cuatro de ellos españoles y el resto de Brasil, Canadá, Ecuador y Venezuela1517.

La resolución de la ONU que aprobaba esta operación era la 729 (1992), cuyo fin último era verificar el alto el fuego, así como la separación de las fuerzas del Ejército y el FMLN; la desmovilización de la guerrilla y otras fuerzas paramilitares como la Defensa Civil; las Reservas de las Fuerzas Armadas y la Patrullas Cantonales; la reducción a la mitad de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES); la desaparición de los cinco Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) creados para la lucha contra el FMLN y los 20 de Infantería Antiterrorista (BIAT) y la supresión del Cuerpo de Seguridad Pública (CUSEP)1518.

Cuando se puso fin formalmente a la ONUCA, se reforzó la ONUSAL con una nueva división militar, pasando el General de brigada Víctor Suances Pardo a hacerse mando de la misma1519. Además, se aumentó la plantilla hasta una cifra cercana a los 300 hombres, de los cuales 138 eran españoles1520, 45 brasileños, 54 canadienses, 4 ecuatorianos, 10 hindúes, 16 irlandeses, 10 suecos y 38 venezolanos.

Contingente que vería reducido sus efectivos militares tras la firma de los Acuerdos de Chapultepec, en México, en 1992. Tal y como se verá a continuación, a estos acuerdos acudió Felipe González, como representante del Gobierno español y en los mismos reiteró el compromiso español al proceso de pacificación en la zona1521. El Secretario General para asuntos políticos de Naciones Unidas, Marrack Goulding, le dijo al embajador español ante la ONU que había que dar Gracias a Dios por la ayuda de España a El Salvador1522. En estos momentos, España era el país que más militares de graduación aportaba a las misiones de la ONU.

Para el Presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, la posición de España como miembro de la CE y como país con el que compartimos una misma identidad cultural es trascendental para nosotros. El rol de España fue importantísimo antes de la firma de los acuerdos, lo ha sido durante las negociaciones y Felipe González ya me ha manifestado la intención española de cooperar en lo que ahora es la tarea más importante: consolidar la paz1523.

Por su parte, el Comandante Joaquín Villalobos, opinaba que la aportación española al proceso de paz había sido una de las más importantes. España, como país europeo, ofrece las mayores garantías en materia de verificación de la gestión policial; sus militares inspiran confianza (...) Además, representa un nivel de civilización que puede servir de ejemplo a un país como el nuestro que acaba de salir de una etapa de salvajismo1524.

En noviembre del 92, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, visita el Salvador durante tres días, con el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) Teniente General Ramón Porgueres Hernández1525.

Su misión era conocer sobre el terreno la situación del proceso de paz y entrevistarse con el Presidente Alfredo Cristiani y con su homólogo salvadoreño, General René Emilio Ponce. Allí expresaría la posición española. Para el ministro, España tenía una especial responsabilidad por los lazos históricos con El Salvador1526. Calificando de imprescindible la cooperación internacional para resolver el problema de la tierra.

Esta operación tendría, tal y como ocurrió en el caso de Nicaragua, una ampliación de su mandato para efectuar la observación electoral, del proceso celebrado en mayo de 1994, el cual llegaría a desarrollarse con total normalidad. Sin embargo, antes se tuvo que superar una dificultad en 1993, que estuvo a punto de poner en peligro los acuerdos de paz firmados en México. El 23 de mayo, se descubrió en Nicaragua un arsenal de armas propiedad de la organización Fuerzas Populares de Liberación (FPL), integrantes del FMLN. Esto llevó a que las FFAA solicitaran que el FMLN no pudiera participar en los comicios electorales1527.

Fue también en ese año, en 1993, cuando el ministro del Interior, José Luis Corcuera, acompañado por el Director General de la policía, Carlos Conde Duque, viaja a El Salvador, como país de acogida del mayor programa de cooperación policial española en el exterior. En este viaje realizó una visita a la academia de la Policía Nacional Civil cuyo proyecto estaba prácticamente dirigido por España, y en donde acababa de salir la primera promoción con unos 500 agentes1528. La aportación del Ministerio fue de unos 20 funcionarios españoles, entre profesores y asesores. También visitaría al contingente de más de 100 policías y guardias civiles que formaban parte de la misión de la ONU, junto a ellos también existía en la zona un contingente de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, y como se puede apreciar, en los últimos cinco meses habían viajado al país, el citado ministro del Interior, el ministro de Defensa, Julián García Vargas y el vicepresidente, Narcís Serra1529. El mandato se amplió sucesivamente hasta abril de 1995, transformándose en una misión ya no de mantenimiento, sino de consolidación de la paz, MINUSAL, que contó con la participación de guardias civiles y policías españoles.

Aunque ya no es objeto de análisis en este estudio por cuanto las fechas de realización exceden del período temporal de este trabajo y, además, el país hacia el que se dirige fue excluido del mismo, hay que citar para terminar, que España también participó y lo sigue haciendo en la OMP que se puso en marcha en Guatemala: MINUGUA. La misma fue autorizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de agosto de 1994 para la verificación de los Derechos Humanos, por un período inicial de 6 meses, incluyendo un asesor militar con rango de coronel, un asesor policial, diez observadores militares y 60 oficiales de policía civil. Su fin era verificar la implementación del acuerdo sobre derechos humanos firmado entre el Gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG).

Ayudando también al fortalecimiento de las instituciones que trabajaban por la protección de los citados derechos. Como en los casos anteriores, la participación española ha sido predominante1530.