Las disparidades económicas intrarregionales en Andalucía

Antonio Rafael Peña Sánchez
 

 

CAPÍTULO III. LAS DISPARIDADES ECONÓMICAS PROVINCIALES EN ANDALUCÍA 1955-1997.

LAS DISPARIDADES ECONÓMICAS INTERPROVINCIALES.

Las variables consideradas: el Valor Añadido Bruto (VAB) y la Renta Familiar Bruta Disponible (RFBD).

Tradicionalmente, a nivel regional y provincial, se ha investigado la distribución de las macromagnitudes económicas (la población, la producción, renta o valor añadido bruto y la renta familiar disponible han sido las principales) utilizándolas como instrumento para los estudios sobre desequilibrios territoriales con el objetivo fundamental de conocer y explicar las disparidades territoriales de las regiones y provincias españolas.

Intentar medir la actividad económica a partir del valor añadido bruto tiene una serie de deficiencias o debilidades como son (Delgado Cabeza, 1990, págs. 1-2; Rodríguez Rodríguez, 1988, pág. 100): en primer lugar, el valor añadido bruto no tiene en cuenta todas aquellas dimensiones que no se pueden evaluar con la vara de medir del dinero (Carbajo y Rojo, pág. 16) ; en segundo lugar, a través de esta magnitud sólo se recogen las transacciones que se realizan a través del mercado, sin tener en cuenta aspectos fundamentales que repercutan en el desarrollo económico como es la existencia de externalidades; y, por último, al presentarse el valor añadido como un agregado se dejan fuera todos los problemas referidos a la forma en que se distribuye esta variable tanto en el espacio como entre los habitantes de una determinada entidad territorial. Puesto que las comparaciones entre los niveles absolutos de valor añadido bruto de las distintas provincias son escasamente significativas (dadas las enormes diferencias de tamaño y población, sobre todo, entre ellas) (Villaverde Castro, 1992a, pág. 117), se ha optado, asimismo, por prestar atención especial a otra variable, que no sólo es directamente comparable entre distintos entes territoriales, sino que, además, es inequívocamente representativa de la situación económica, como es el valor añadido bruto per cápita (como indicador del nivel de desarrollo (García Barbancho, 1979, pág. 73)).

Muchos trabajos han intentado aproximarse, en el muy largo plazo, tratando de ofrecer una explicación sobre posibles tendencias históricas de localización territorial de las actividades económicas en España . Seguramente, debido a que, desde la perspectiva de las desigualdades territoriales, lo que realmente importa no es tanto la producción territorial como la producción por habitante, ésta ha sido la cuestión a la que se ha concedido mayor atención.

Aunque la información vista anteriormente tiene su relevancia práctica, es más interesante desde una óptica económica conocer el grado de desarrollo espacial y su evolución a lo largo del tiempo. En este sentido, no hay una variable que recoja en su conjunto la complejidad y la multitud de facetas del concepto “desarrollo” (Rodríguez Rodríguez, 1988, pág. 99). Para ello vamos a tomar como variable de referencia el valor añadido bruto per cápita al coste de los factores (cifrado en pesetas constantes de 1986), pues, de todos los indicadores simples , sigue siendo el más representativo, y porque existe una tendencia generalizada a considerar la renta per cápita como la “medida del nivel de desarrollo” (III Plan de Desarrollo, 1972, pág. 105; INE, 1986) .

El PIB o renta per cápita sigue siendo, por tanto, la variable más utilizada a niveles regional y provincial para medir las disparidades económicas territoriales . A pesar de sus deficiencias, como ya veremos más adelante, la ventaja de la disponibilidad de series a estos niveles desde el año 1955 facilita de una manera clara los análisis temporales y espaciales que se pueden hacer sobre su distribución. Desde el punto de vista temporal, las disparidades plantean en nuestra economía un problema evidente, el de la convergencia o divergencia en la distribución de la renta per cápita . Sin embargo, desde una perspectiva espacial, la distribución de la renta per cápita refleja lógicamente la concentración de la actividad económica en las áreas más dinámicas y los déficits económicos y de población en las más estáticas. Por tanto, bajo este último punto de vista, las provincias con una mejor infraestructura industrial y de servicios se encuentran situadas a la cabeza de la distribución de la renta mientras que en el lado opuesto, nos encontramos con provincias con menor renta y una economía agraria dominante (Rodríguez Rodríguez, 1988, pág. 106).

El PIB o VAB per cápita (a partir de ahora VABpc) presenta, no obstante, serias deficiencias (Rodríguez Rodríguez, 1988, pág. 100) que han de tenerse en cuenta cuando realizamos un estudio en el que el mismo va a ser utilizado para la descripción de unos hechos económicos que han ocurrido a lo largo de un extenso periodo. En primer lugar, el valor añadido bruto per cápita se fundamenta en unas magnitudes económicas (bienes y servicios) producidas en un espacio durante un periodo de tiempo y además, viene medida en términos monetarios, dejando de lado, por ello, los aspectos cualitativos (acceso a la educación, sanidad, nutrición, vivienda, preservación del medio ambiente y, sobre todo, grado de participación en la toma de decisiones que afectan a la colectividad y dependencia del exterior) que son precisamente las que diferencian el desarrollo del simple crecimiento económico (Delgado Cabeza, 1976, pág. 518) ; en segundo lugar, también cuenta con la deficiencia de que del valor añadido bruto per cápita tampoco se pueden extraer otros rasgos esenciales como son su distribución personal y funcional u otros valores sociales necesarios para medir el desarrollo; en tercer lugar, otro problema con el que cuenta este indicador es su carácter relativo, es decir, la evolución del valor añadido bruto per cápita depende no sólo del numerador del cociente (valor añadido bruto), sino también del denominador (la población) (Sánchez Maldonado y Marchante Mera, 2002), por lo que, a veces, este indicador se convierte, como ya expusimos anteriormente, en un termómetro demográfico (migratorio) bastante fiel, diluyéndose el verdadero concepto a medir, el valor añadido bruto; y por último, otro hecho importante es que los cambios en el valor adquisitivo de la moneda alteran el valor nominal de la producción, de modo que los procesos inflacionistas pueden apreciarse como procesos expansivos del nivel de desarrollo al aumentar el nivel de valor añadido bruto en moneda corriente (Beltrán, 1971, pág. 141) .

A pesar de las limitaciones que tiene este indicador, la generalización del empleo del valor añadido bruto per cápita en el diagnóstico de los desequilibrios espaciales es una clara prueba de la idoneidad de este indicador del nivel de desarrollo de una colectividad (García Barbancho, 1979, pág. 118; Rodríguez Rodríguez, 1988, pág. 100) . No deja de ser cierto también que, a menudo, conviene complementarla con el empleo de otras magnitudes económicas; de esta manera (y aunque no se consigan eliminar plenamente) se pueden atemperar en alguna medida determinados tipos de sesgos que se producen habitualmente en la interpretación de los resultados, cuando sólo se toma como referencia el PIB per cápita. Probablemente sean las variables relacionadas con la renta familiar disponible (RFD) las que, después del PIB por persona, aportan una información de base más relevante para captar mejor el nivel y las evoluciones del grado de desarrollo de una zona determinada (Villaverde Castro, 1992a, pág. 192).

Como sabemos, el concepto de renta familiar disponible se refiere a las rentas de las que disponen efectivamente las familias o individuos para satisfacer sus necesidades de consumo o inversión y ahorro después de haber deducido de sus ingresos los impuestos directos y añadido las transferencias de diferente clase que puedan percibir (Torres López, 1993, pág. 600, Cuadrado Roura (Dir.) et. al., 1998, pág. 160). Es decir, si del PIB o VAB al coste de los factores de un determinado territorio se restan las rentas pagadas a los propietarios de factores no residentes en dicho territorio y se añaden las rentas recibidas de otros territorios por los propietarios de factores residentes en éste se obtiene la renta regional bruta de dicho territorio (RRB). Y si de ésta se restan los impuestos directos sobre las familias, las cuotas de la seguridad social pagadas por los trabajadores, los beneficios no distribuidos por las empresas antes de impuestos y las rentas de las administraciones públicas, y se suman las prestaciones sociales y transferencias recibidas por las familias y las transferencias netas recibidas del exterior, se obtiene la renta familiar bruta de dicho ente territorial, que es lo que las familias pueden destinar finalmente al consumo y al ahorro (Marchante Mera y Ortega Aguaza, 1999, págs. 213-214; Martín Rodríguez, 1996, pág. 167-168, Alcaide Inchausti, 1992a, págs. 13-14).

La renta familiar disponible constituye, por consiguiente, un buen indicador del bienestar económico o “del nivel de renta efectiva de una población” (De Paz Báñez, 1997a, pág. 314; Tomás Adrián y Villar, 1993, pág. 165) y puede utilizarse para medir las desigualdades interregionales e intrarregionales en términos de capacidad de gasto. El conocimiento del nivel de renta alcanzado en una determinada área territorial ha sido un objetivo perseguido por los estudiosos de la economía en todo tiempo y lugar, debido fundamentalmente a la consideración de aquélla como uno de los principales indicadores de riqueza o desarrollo económico de un espacio determinado, como ya dijimos anteriormente, aunque esto anterior no es absolutamente cierto ya que el bienestar o desarrollo en su más amplia concepción, como sabemos, no es sólo renta.

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que sí es cierto es que si no se puede considerar como un indicador definitivo, si hay que considerar la renta como un indicador relativamente importante del nivel de riqueza o desarrollo de una zona geográfica determinada (Clavero et. al., 1988; Pérez Blanco, 1983a). Y además, puesto que las partidas más importantes que se suman y restan para llegar desde el PIB per cápita o valor añadido bruto per cápita a la renta familiar bruta disponible per cápita se derivan de las políticas públicas, la comparación de los índices de desigualdad en términos de PIB per cápita y renta familiar disponible per cápita nos dará una buena medida de la eficacia de las políticas redistributivas y de su incidencia en la corrección de las desigualdades económicas inter e intrarregionales. Ello, como sabemos, debido a que el sector público contribuye a reducir las disparidades territoriales mediante dos vías o recursos: en primer lugar, por la vía de las transferencias corrientes y, en segundo lugar, por la vía de los impuestos directos (Villaverde Castro, 1999a, págs. 23-25).

El argumento favorable a que las disparidades regionales se estudien en términos de producción y no de renta familiar disponible es que mientras en el primer caso lo que se toma como referencia es el valor de la producción generada (valor añadido generado) anualmente, es decir, una variable que está implícitamente relacionada con la economía real de cada territorio, en el segundo, la variable que se utiliza incorpora las intervenciones realizadas por el sector público en aplicación de leyes y normas que tienen un claro origen político/social y que, en definitiva, lo que hacen es modificar la realidad regional originaria al incidir sobre la renta disponible de los ciudadanos de las distintas regiones. Para determinadas regiones, estas acciones suponen una detracción de rentas, al recaer sobre ellas impuestos y cotizaciones que superan las transferencias recibidas del sector público, mientras que otras regiones se convierten en receptoras netas de rentas, como consecuencia de un saldo neto positivo entre sus cotizaciones e impuestos y las transferencias que reciben (Cuadrado Roura (Dir.) et. al., 1998, págs. 160-161).

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