¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 



 

Las disparidades económicas intrarregionales en Andalucía

Antonio Rafael Peña Sánchez
 

 

CAPÍTULO II.
ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO EUROPEO Y NACIONAL.

Las infraestructuras, la tecnología y el capital humano.

El estudio del papel de la infraestructura en el desarrollo regional ha cobrado un protagonismo creciente desde comienzos de los años ochenta. Se comienza a señalar cada vez con más frecuencia el stock de capital como un input necesario y fundamental para conseguir un dinamismo positivo en el proceso productivo de un determinado territorio. Este planteamiento del proceso productivo a escala regional ha tenido su máximo exponente en el llamado enfoque del Potencial de Desarrollo Regional (Biehl, 1980), según el cual cada región dispone de una dotación de factores productivos propios o específicos que la hacen distinta a las demás, y que son los que determinan que a largo plazo los agentes económicos se encuentren en puntos concretos del territorio nacional. Entre estos factores se encuentra la infraestructura , la tecnología y la dotación del capital humano . El primero de ellos ocupa, además, un papel destacado ya que es el único de estos recursos específicos cuya dotación puede modificar a medio plazo la administración pública, y en ese sentido se configura como el instrumento más potente a la hora de diseñar la política de desarrollo regional (Cancelo de la Torre y Uriz Tomé, 1994, pág. 167).

Generalmente se reconoce que las diferencias de infraestructura contribuyen significativamente a las diferencias de competitividad entre las regiones. Sin embargo, la competitividad depende no sólo del equipamiento de infraestructura física sino también cada vez más de las dotaciones de capital humano, es decir, de las cualificaciones de la mano de obra y la tecnología e innovaciones tecnológicas. De hecho, los sistemas eficaces de educación y de formación pueden contribuir al desarrollo económico tanto como las redes avanzadas de transporte y telecomunicaciones (Comisión Europea, 1999. pág. 121).

Las dotaciones de infraestructuras y el desarrollo territorial.

La infraestructura está formada por una combinación de bienes de capital, esencialmente de naturaleza pública, de muy difícil sustitución, y cuyos efectos externos poseen una acusada dimensión espacial . La dotación de infraestructura ejerce una influencia directa sobre las posibilidades de crecimiento a medio y largo plazo de una economía y sus déficits pueden convertirse en un factor de estrangulamiento (Bandrés, 1993, pág. 1052).

Las infraestructuras se configuran como una condición necesaria para el desarrollo, y en un mundo cada vez más abierto al exterior, su contribución a la función de producción global resulta de gran importancia en la competitividad de la economía. Su alto grado de inmovilidad exige un aprovechamiento de los servicios que proporcionan en el lugar o momento en que se proveen, por lo que su localización en el territorio puede ejercer funciones equilibradoras sobre el desarrollo regional, contribuyendo a movilizar el potencial de recursos de las diferentes áreas geográficas (Bandrés, 1993).

La integración y articulación del territorio andaluz, tanto interna como externamente, es considerado como uno de los obstáculos más importantes para su desarrollo y la principal restricción al aprovechamiento eficiente de sus potencialidades. El carácter periférico de su situación geográfica exige una mayor y mejor conexión con los grandes centros europeos de actividad económica. Aunque el modelo radial en la infraestructura existente prima la conexión exterior frente a la vertebración interior del territorio, ésta última es también fundamental para el desarrollo económico de la región.

Debe tenerse presente que la existencia de un elevado nivel de equipamiento en infraestructura no garantiza el éxito económico de una región. Aunque la existencia de grandes deficiencias en infraestructura puede ser un grave obstáculo para el desarrollo, puede no impedir que éste ocurra. Así pues, aunque la medición del equipamiento de infraestructura es importante para comprender las diferencias entre los resultados regionales, los indicadores elaborados han de interpretarse con cautela desde toda una serie de puntos de vista.

CUADRO Nº 2.15

INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, ESPAÑA Y UE-15

Según los datos ofrecidos en el cuadro anterior, y siguiendo también el Sexto informe periódico sobre la situación y la evolución socioeconómicas de las regiones de la Unión Europea, la situación en la que se encuentran Andalucía, España y la Unión Europea en cuanto a los distintos tipos de infraestructuras se resume en esta parte (Comisión Europea, 1999, págs. 123-130):

* Equipamiento de infraestructura de transporte: El transporte desempeña una función primordial en el intento de reducir las disparidades regionales, ya que éstas se encuentran muy relacionadas con la localización geográfica y con las facilidades de acceso. Cuanto más periférica y menos accesible es una región, más probable será que cuente con un PIB per cápita menor. Sin embargo, la inversión en transporte no reduce por sí sola las disparidades territoriales de desarrollo, sino que sería necesario tomar medidas complementarias de tal forma que los territorios menos favorecidos se encontraran en condiciones de beneficiarse de las oportunidades creadas por las mejoras del transporte (Ocaña Ocaña, 1999).

Es necesario tener en cuenta también que las infraestructuras de transporte tampoco se pueden considerar independientemente de las necesidades territoriales, es decir, que no basta con igualar simplemente los equipamientos dentro de los territorios de la Unión. Es más probable que las regiones más lejanas geográficamente y menos densamente pobladas necesiten mayores servicios de transporte de carreteras y ferrocarriles por habitante o según la superficie que las regiones más centrales y más densamente pobladas. También, las zonas situadas en la periferia extrema de la Unión, especialmente las islas, tenderán a necesitar más servicios portuarios y aeroportuarios. Y las zonas más céntricas y congestionadas de Europa, la combinación del tráfico de tránsito y el tráfico local pueden necesitar un nivel de servicios superior a la media en relación tanto con la superficie como con la población. El problema consiste en averiguar el grado de subdotación de infraestructura a la luz de estos tipos de diferencias. En este sentido, hay que subrayar que la existencia de un buen sistema de carreteras no sólo es beneficioso en sí mismo, sino que también es importante para garantizar el uso eficaz de otros tipos de transporte, como el de los puertos y aeropuertos.

En la Unión, la mayor parte del tráfico de pasajeros y mercancías se realiza por carreteras. En 1996 cerca del 75 % de los desplazamientos de mercancías (medidos en toneladas-kilómetros) y más del 85 % de los desplazamientos de pasajeros (medidos en pasajeros-kilómetros) se realizaron por carretera.

Las regiones menos desarrolladas y generalmente periféricas de la Unión tienden a tener una red de carreteras menos extensa que otras. Según un indicador compuesto básico que pondera de la misma manera el peso de la población y de la superficie, la red de carreteras de Bélgica es tres veces más extensa que la media de la Unión (según datos de 1994), mientras que las de Francia, los Países Bajos, Luxemburgo y Dinamarca son más de 1,5 veces más extensas. En cambio, la red es mucho menos extensa en la mayoría de los estados miembros menos desarrollados, como España y Grecia (con una red que no llega al 50 % de la media europea) y Portugal (con cerca del 75 % de la media de la Unión). La excepción a este tipo de países se encuentra en Irlanda (que junto a España, Grecia y Portugal forman los países de la Unión con menor desarrollo económico, conocidos como los cuatro países de la cohesión), cuya red de carreteras es el doble de la media de la europea. Al respecto, y según los datos del cuadro anteriormente presentado, observamos claramente como la densidad de carreteras por km2 es muy similar en Andalucía que en España, no así cuando lo comparamos con la población, donde se pone de manifiesto la carencia de este tipo de infraestructura en nuestra región.

En el caso de las autopistas, el Reino Unido, Suecia y Finlandia son los únicos Estados miembros de norte que tienen una red menos extensa que la media de la Unión, mientras que los países del Benelux tienen una red superior a la media en 2,5 veces. Por contra, Grecia e Irlanda cuentan con una red que supone el 80 % de la media europea y Portugal que tiene una red que es sólo del 50 % de la media. La excepción en este caso es España, que tiene más autopistas que la media de la Unión. Además, como apreciamos en el cuadro que hemos presentado anteriormente, la densidad de autopistas y autovías se iguala a la española, aunque en el resto de carreteras de encuentra muy por debajo de la media española.

Con respecto al transporte ferroviario, hay que decir que existen menos diferencias en cuanto al equipamiento que en el caso de las carreteras, si bien las diferencias en este tipo de infraestructuras entre los Estados miembros siguen siendo significativas. Los países con una red más extensa, en función de la superficie y la población, son Luxemburgo, Alemania, Suecia, Finlandia, Bélgica y Austria, donde es 1,5 veces superior a la media europea. Por contra, Grecia, Portugal y España cuentan con una red que supone el 60 % o menos de la media de la Unión, siendo la excepción Irlanda, en la que la extensión de la red sólo es algo inferior a la media. En el cuadro presentado anteriormente también podemos comprobar como tanto la densidad de líneas de ferrocarril como la densidad de líneas electrificadas de ferrocarril de Andalucía se equiparan a la española, aunque se encuentran muy por debajo de las densidades existentes en la Unión Europea.

* La energía: La existencia de fuentes fiables de energía a un coste razonable favorecen de forma relevante el crecimiento y el desarrollo económicos. La relación entre el consumo de energía y el crecimiento económico tiende a variar en el tiempo reflejando los cambios de la pauta de demanda de consumo, la estructura de producción y la presión para ahorrar energía, que dependen, a su vez, de factores políticos, sociales y culturales, así como del progreso técnico, del sistema fiscal y del grado de preocupación por el medio ambiente.

En la Unión, las regiones menos favorecidas siguen mostrando en su mayor parte la situación más desfavorable desde el punto de vista de la energía, ya que, por lo general, son más intensivas en el consumo de energía por unidad del PIB y más dependientes de las fuentes importadas de energías que otras regiones europeas. Pero al mismo tiempo, también hay que decir que estas regiones, por su nivel relativamente bajo de PIB per cápita, tienden a consumir menos energía en términos absolutos y a contribuir menos a las emisiones tóxicas, a pesar de que dependen extraordinariamente de los combustibles fósiles para la generación de electricidad.

Grecia y Portugal cuentan con un consumo en relación al PIB de un 40 % superior a la media de la Unión Europea. Sin embargo, en España e Irlanda el consumo es inferior a la media. La intensidad del consumo de energía es muy superior a la media europea en países como Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Con respecto al grado de dependencia exterior, casi todos los Estados miembros (excepto los cuatro de la cohesión) importan menos del 60 % de la energía consumida, con las siguientes excepciones: Dinamarca, Suecia y los Países Bajos, que importan menos del 40 % y Reino Unido que sigue siendo un exportador neto de energía; la excepción a lo dicho anteriormente viene dada por Luxemburgo, Italia y Bélgica, que necesitan importar el 80 % o más de la energía que consumen. También hay que señalar la dependencia que tienen los cuatro países de la cohesión de energía exterior, ya que importan alrededor del 65 % de la energía que consumen, salvo Portugal, que importa casi el 90%.

Estos cuatro países de la cohesión consumen menos energía por habitante que otros Estados miembros, debido en parte a su nivel relativamente bajo de PIB per cápita. En Portugal y Grecia, el consumo por habitante sólo representa algo más del 50 % de la media europea; en España, alrededor de un 70 % y en Irlanda, algo más del 80 %. En cualquier caso, menos que en cualquier otro Estado miembro excepto Italia. En cambio, Suecia y Finlandia consumen 1,5 veces más que la media de la Unión y Luxemburgo más de dos veces más.

* Las telecomunicaciones: Las telecomunicaciones son importantes, tanto por el apoyo directo que dan al desarrollo económico regional como porque son un complemento de los sistemas de transporte. Mientras que el sistema de transporte más desarrollado sólo puede reducir un poco el efecto de la distancia entre distintos territorios, los sistemas modernos de telecomunicaciones son capaces de eliminar totalmente la distancia como obstáculo para el desarrollo de una amplia variedad de actividades económicas, sobre todo en los servicios más avanzados que están creciendo rápidamente. Los recientes avances de la informática y de las telecomunicaciones han dado lugar a la introducción de servicios totalmente nuevos, como el soporte informático en línea, la telebanca, y la amplia variedad de actividades comerciales generadas por Internet (Ogawa, 2000; Yilmaz et. al., 2002).

El indicador básico de la infraestructura de telecomunicaciones viene dado por el número de líneas telefónicas existentes, mientras que la proporción de líneas conectadas a centrales digitales da una idea razonable de la calidad del servicio. Las conexiones digitales son las únicas que permiten acceder a las redes avanzadas que son un elemento esencial de los sistemas modernos de transmisión de datos.

Con respecto a las redes telefónicas, a pesar del fuerte crecimiento experimentado en los últimos tiempos, todavía existen fuertes disparidades entre los Estados miembros y las regiones europeas. En la mayoría de los Estados miembros más desarrollados hay entre 50 y 60 líneas por cada 100 habitantes. Suecia, con 63 líneas, es el país con mayor densidad de redes. Bélgica y Austria son las excepciones, ya que tienen algo menos de 50 líneas por cada 100 habitantes. Por contra, España, Irlanda y Portugal cuentan con menos de 40 líneas, mientras que Grecia tiene 52.

En 1996, las líneas conectadas con centrales digitales en Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido eran de entre el 90 y el 100 %, y en el resto de los países más desarrollados el porcentaje sobrepasaba el 70 %. La tasa de digitalización no era mucho menor en los cuatro países de la cohesión: 83 % en Irlanda, 79 % en Portugal y 67 % en España. Grecia, con un 43 %, era el único Estado cuya tasa era considerablemente inferior a la del resto de los países de la Unión.

* Las infraestructuras relacionadas con el medio ambiente: La infraestructura relacionada con el medio ambiente (examinada aquí desde el punto de vista de la capacidad para suministrar suficientes cantidades de agua potable y para eliminar los residuos domésticos e industriales) contribuye a la actividad económica y es, al mismo tiempo, una fuente de protección contra los daños ecológicos que produce el proceso de desarrollo. Es, pues, un factor clave para garantizar un crecimiento sostenible. Si tomamos en consideración el dato ofrecido en el cuadro anterior, podemos observar como el porcentaje de superficie sujeta a protección medioambiental en 1997 era en Andalucía del 17,1 %, doblando su valor al de la española y la Unión Europea.

El agua es quizás el recurso natural más importante para la acuicultura y para los hogares y uno de los más importantes para muchas industrias. La gestión correcta del medio ambiente exige que el proceso de suministro de agua no interfiera indebidamente en el ecosistema. La existencia de agua depende de la localización geográfica, de la geología y del clima, mientras que sólo puede saberse si un determinado suministro es adecuado en relación con la pauta de desarrollo económico y con el tamaño y la distribución espacial de la población.

Un indicador claro de las tensiones del agua viene dado por el total de recursos de agua pura renovables por habitante en relación con la media de la Unión Europea. La situación en este sentido es muy dispar, ya que nos encontramos Estados miembros como Suecia y Finlandia, que tienen hasta seis veces más de agua que la media de la Unión, mientras que otros como Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido tienen menos agua que la media. En las regiones del norte, el problema viene de la mano de la alta densidad de población y el elevado desarrollo industrial, mientras que en el sur el problema es la escasez de precipitaciones, unida a la elevada evaporación y el alto consumo agrícola (para el riego). Si embargo, en Portugal, Grecia y Austria el agua es relativamente abundante, a pesar de las escasas precipitaciones, debido al enorme caudal de los ríos que nacen en los países vecinos. En este sentido, hay que decir que casi la mitad del suministro de agua de Portugal procede de ríos que nacen en España.

Respecto a las aguas residuales, las diferencias entre los Estados miembros es muy acusada. En Dinamarca casi todos los hogares están conectado a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, y en Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos, Suecia y Reino Unido, más de un 85 % de los hogares. Por contra, en Grecia sólo el 34 % de los hogares tienen acceso a instalaciones de tratamiento de aguas residuales y en España e Irlanda la cifra es inferior al 50 %.

Otro importante indicador de la repercusión de la actividad humana en el medio ambiente viene dado por el nivel de residuos sólidos urbanos generados en relación con la población (Palma Martos y Martín Navarro, 2001). Este indicador se encuentra muy relacionado con los niveles de renta, por lo que cabe esperar que los cuatro países de la cohesión generen menos residuos sólidos urbanos que los países cuyo nivel de PIB per cápita sea mayor. El nivel anual de residuos sólidos urbanos generados en Grecia ascienden a 310 kilogramos por habitantes, en Portugal y España es de unos 370 y en Irlanda es de unos 440. En el resto de la Unión, las cifras van desde los 400 kilogramos por habitantes en Finlandia hasta los casi 600 en los Países Bajos y más de 600 en el Reino Unido.

Los residuos sólidos urbanos pueden gestionarse de distintas formas: incinerándolos, fabricando abonos, reciclándolos o trasladándolos a vertederos. Este último método es el más frecuente y menos caro y se utiliza en la mayoría de los países de la cohesión: la proporción va desde un 85 % en España hasta un 100 % en Irlanda. Sin embargo, también es un método importante de gestión de los residuos sólidos en casi todos los demás Estados miembros, sobre todo en Italia (86 %), Finlandia (77 %) y el Reino Unido (70 %). El otro método principal de eliminación es la incineración, que puede dañar el medio ambiente, y que es utilizado por Luxemburgo para la gestión del 71 % de sus residuos sólidos urbanos, Dinamarca para el 63 % y Bélgica para el 49 %.

A continuación, nos adentraremos en la comparación del stock de capital que poseen tanto Andalucía como España.

GRÁFICO Nº 2.9

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mas et. al. (Dir.) (1996, págs. 174-175).

En el gráfico anterior (gráfico nº 2.9) hemos representado el porcentaje de stock de capital neto territorializado de Andalucía con respecto a España, tanto el público como el privado y el total, en el que podemos observar como el stock de capital privado no llega a superar en ningún momento (por supuesto, dentro del periodo analizado) la cota del 15 % del total nacional, haciendo que el porcentaje de capital total tan sólo llegue a ser ligeramente superior al 15 % desde el año 1989. Si tenemos en cuenta que el territorio con el que cuenta Andalucía en el marco nacional es del 17,29 % y que la población no ha bajado por debajo del 17 % (también en el periodo analizado), además de ser un territorio periférico dentro de un país periférico perteneciente a la Unión Europea, podemos observar como las deficiencias en capital privado es evidente, lo que limita claramente el despegue económico de esta región.

Podemos observar también como a partir de 1978 la evolución seguida ha sido muy positiva, ya que en el conjunto nacional, Andalucía está incrementando la participación de capital tanto del privado como del total.

Con respecto al capital público, representativo de gran parte de la infraestructura con que cuenta Andalucía, podemos decir que también muestra una evolución muy positiva a partir de 1984 fundamentalmente, llegando incluso a superar la barrera del 17 % del total nacional en 1992 (concretamente el porcentaje es de 17,56 %), que si lo comparamos con el territorio y la población de Andalucía, podemos comprobar como se acerca mucho más a los porcentajes que ostenta (la población andaluza en 1992 era el 17,95 % del total nacional), pero que teniendo en cuenta las características de lejanía y perifericidad de Andalucía con respecto a los centros de gran actividad económica, aún es un porcentaje escaso y que limita el desarrollo socioeconómico de Andalucía.

En el cuadro siguiente (cuadro nº 2.19) vamos a desglosar el stock de capital público neto territorializado (representativo de la infraestructura de Andalucía) en sus distintas modalidades, comparando los años que van desde 1955 a 1992.

CUADRO Nº 2.16

STOCK NETO DE CAPITAL PÚBLICO TERRITORIALIZADO

En el mismo podemos observar como en carreteras, infraestructuras hidráulicas y puertos, el porcentaje que ostenta en 1992 es muy significativo, así como la evolución (muy positiva por cierto) que ha seguido en el periodo analizado. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de las estructuras urbanas de los centros locales, de la educación y la sanidad, que no sólo representan un porcentaje inferior al del territorio y la población andaluza en el contexto nacional, sino que la participación ha tenido una dinámica regresiva. No obstante, el conjunto del stock neto de capital territorializado de la Comunidad Autónoma Andaluza presenta una evolución positiva en el periodo analizado. Si a ello añadimos aquellas partidas de capital no pertenecientes a la Comunidad Autónoma Andaluza, como autopistas, puertos de otras administraciones y aeropuertos, comprobamos como la evolución seguida por separado ha sido positiva en cada una de las modalidades, aunque en el conjunto la dinámica ha sido negativa en 5,27 puntos. Ello hace que la evolución del conjunto de infraestructuras en Andalucía haya tenido la tendencia que hemos descrito anteriormente.

Cambio tecnológico e innovaciones tecnológicas.

Es comúnmente aceptado que la competitividad tanto de las empresas como de las instituciones públicas de una región es un factor determinante de su crecimiento económico y, claro está, para el mantenimiento del nivel de empleo y creación de nuevos puestos de trabajo (Martín Navarro y Palma Martos, 1993; Palma Martos, 1989 y 1997; Palma Martos et. al., 1998; Coronado y Acosta, 1999; De Groot et. al., 2001; Audretsch, 2003). Dicha competitividad viene muy influida por la capacidad que tienen empresas e instituciones para introducir nuevas técnicas apropiadas para el proceso productivo (O´Kean Alonso et. al., 1989). La innovación puede ser el resultado de la transferencia tecnológica y de conocimientos procedentes de fuera de la región o puede ser fruto de la investigación y desarrollo tecnológico llevados a cabo por las propias empresas e instituciones de la región.

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, como indicadores de la actividad tecnológica vamos a utilizar los gastos realizados y el personal que dedica en I+D y el número de patentes europeas.

CUADRO Nº 2.17

GASTOS INTERNOS Y PERSONAL DEDICADO A LA I+D, 2001

La capacidad innovadora y tecnológica de Andalucía a partir de los gastos internos y el personal dedicado a la actividad de investigación y desarrollo nos permite hacer también una serie de consideraciones. La primera es que el porcentaje del PIB que dedica a I+D (0,61) es muy inferior a la media española (0,96) y a la media de la UE-15 (1,90). Ello crea una situación de desventaja respecto al conjunto de las regiones españolas y europeas. Por otro lado, si nos centramos en el personal que dedica a estas actividades de I+D (2,01 y 1,47, datos expresados por 1.000 habitantes), podemos comprobar claramente como el dato es inferior a la media española (3,08 y 1,96 respectivamente), lo que la coloca en una situación desfavorable respecto a su entorno nacional. Observamos que la situación de Andalucía, respecto a estos últimos indicadores que hemos presentado, no es tan grave, cuando constatamos que existen regiones como Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, que presentan indicadores inferiores al de Andalucía.

CUADRO Nº 2.18

SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

(Patentes por millón de habitantes)

En el cuadro que presentamos hemos querido presentar la situación de Andalucía en el contexto nacional y europeo respecto al número de patentes europeas solicitadas, además de la evolución seguida en el periodo 1990-2000. Constatamos notoriamente dos hechos que resultan representativos. Por un lado, comprobamos como la actividad innovadora respecto a las patentes solicitadas por Andalucía respecto a España y la UE-15 ha crecido en el periodo en cuestión, no sólo a nivel absoluto (ya que pasa de solicitar 1,1 patente por millón de habitantes en 1990 a 5,9 como media de los años 98-99-00), como a nivel relativo con respecto a España y Europa, ya que de tener un ratio con respecto a España de 15,3 y respecto a UE-15 de 1,2 en el año 1990, dichos ratios experimentaron crecimientos significativos en el periodo analizado, hasta alcanzar los valores 26,8 y 4,2 respectivamente. Por otro lado, observamos como los valores de Andalucía están muy por debajo de la media española y de la europea, ya que el número de patentes por millón de personas en España es casi 4 veces superior al de Andalucía, y el de la UE-15 es casi 25 veces superior al de Andalucía en los últimos años analizados (media de los años 98-99-00). Por tanto, queda claro que la actividad creadora de innovación en Andalucía se encuentra aún en un estado muy incipiente dentro de su entorno nacional y europeo. No obstante, el crecimiento experimentado en los diez años analizados ha sido muy intenso, ya que el número de patentes por millón de habitantes se ha quintuplicado, un crecimiento muy superior al experimentado por la media española (en la que el número de patentes se ha triplicado) y a la de UE-15 (que ni siquiera se ha duplicado). Lo anterior puede permitir a Andalucía, si sigue con los crecimientos de patentes superiores a la media nacional y europea, alcanzar una mejor posición en su entorno, lo que le permitiría conseguir una mayor competitividad.

CUADRO Nº 2.19

SOLICITUDES DE PATENTES EUROPEAS

En un intento de presentar la región andaluza en el contexto de las regiones españolas (cuadro nº 2.19), podemos hacer una serie de consideraciones. Por un lado, podemos constatar como el crecimiento experimentado por el número de patentes ha sido algo superior al experimentado por la media nacional y de la UE-15 en el periodo 94-00, lo que en principio puede suponer una ventaja con la que cuenta Andalucía en su entorno nacional y europeo. Por otro lado, hemos de destacar que el número de patentes por millón de habitantes es muy escaso en Andalucía (5,9), sólo precedido por el dato que presenta Extremadura como media de los años 98-99-00 (3,2), lo que nos indica la escasez de actividad innovadora y tecnológica que presenta nuestra región en el entorno nacional. Ello lo comprobamos más claramente cuando la comparamos con Cataluña (51,2), Navarra (48,2), Madrid (37,1), País Vasco (34,3), Aragón (27,9) y Comunidad Valenciana (24,8), cuyas solicitudes son muy superiores a las que presenta Andalucía en el mismo periodo. Por tanto, podemos constatar que, por una parte, Andalucía cuenta con una ventaja, como es el crecimiento que ha experimentado la actividad innovadora respecto a su contexto nacional y europeo, siempre y cuando siga la misma tendencia, pero cuenta con una desventaja, y es la posición que ocupa en el ranking nacional y europeo, con un número de patentes aún muy escaso, lo que limita su capacidad competitiva y su potencial desarrollo económico.

La dotación de capital humano.

En un primer lugar hemos de resaltar, de nuevo, la importancia con que cuenta el capital humano en el desarrollo económico. Aunque la educación ha jugado un papel menos relevante en los modelos de crecimiento regional, es también cierto que una región mal dotada en capital humano tendrá un potencial de desarrollo limitado. Por ello, también queremos prestar atención en este trabajo a este aspecto concreto.

Como ya se dijo al principio de este apartado, la competitividad de las regiones no sólo depende de la dotación de infraestructura física y del nivel tecnológico alcanzado, sino también, y cada vez en mayor proporción, de la dotación de capital humano o lo que es lo mismo, de las cualificaciones de la mano de obra. De hecho, a nivel espacial es un hecho contrastado la relación existente entre la cualificación de la mano de obra y el grado de desarrollo económico . En este sentido, Cuadrado y Sáez (1991) muestran, a través de una tipología de las provincias españolas en términos de niveles educativos, una elevada asociación entre el nivel de desarrollo económico y el grado de formación de la mano de obra.

Del mismo modo, la teoría del capital humano sostiene que el desarrollo económico de un país, región o territorio se encuentra íntimamente ligado a su desarrollo educativo ya que éste favorece la productividad en el trabajo (Delgado y Barrios, 1999, pág. 80). Esto supone que el nivel de cualificación requerido es cada vez mayor debido a que con el desarrollo tecnológico se destruyen los puestos de trabajo no cualificados, se reunifican gran parte de los puestos que ya existen y se crean nuevos empleos altamente cualificados (Beitia, 2002).

El nexo de unión que liga a los procesos educativos y el mundo laboral pone de manifiesto la necesidad de una cierta adecuación entre el tipo de formación que poseen los trabajadores y aquél que es deseable para desempeñar las funciones inherentes a los puestos de trabajo (Blanco, 1997). El desajuste educativo, entendido como una falta de adecuación entre la formación de los trabajadores y la formación requerida por los puestos de trabajo, ha sido señalado como uno de los posibles responsables de una asignación no óptima de los recursos humanos en la economía española y andaluza. Al respecto se apuntan dos posibles consecuencias negativas. La primera es la dificultad para cubrir los puestos de trabajo vacantes para aquellos niveles educativos con escasez de candidatos, y un desempleo considerable en los niveles con exceso de candidatos en relación con los puestos de trabajo. Este desequilibrio, que puede medirse a través de la dispersión relativa de las tasas de desempleo por niveles educativos, llevaría a una elevación de la tasa de desempleo agregada. En segundo lugar, pueden producirse emparejamientos no óptimos entre trabajador y puesto de trabajo, en los que el trabajador tenga un nivel de formación superior al requerido por el puesto de trabajo (sobreeducación) o inferior (infraeducación). El resultado de esta deficiente asignación sería una productividad inferior a la potencial, debido a un subempleo de recursos.

Para reforzar la ventaja comparativa es importante que existan unos sistemas eficaces de educación y formación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los países miembros de la Unión Europea, aún todavía existen grandes diferencias. En este sentido, hay que recalcar que una prioridad en toda la Unión Europea es la adaptación de los sistemas de educación y de formación a los profundos cambios que se están registrando . Es necesario responder a los avances tecnológicos, que están haciendo que las cualificaciones existentes se queden obsoletas, y a las tendencias demográficas, que están reduciendo el número de jóvenes que entran en el mercado de trabajo (Comisión Europea, 1999, págs. 130-133).

El nivel de estudios de la población en edad activa se configura como un indicador clave de la existencia de mano de obra cualificada en una región y aún hay grandes disparidades entre los niveles de estudios de los distintos Estados miembros de la Unión Europea, como veremos a continuación.

CUADRO Nº 2.20

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA EN ESPAÑA Y UE, 2001

Refiriéndonos al potencial humano, como factor productivo esencial en cualquier territorio, podemos observar como Andalucía se encuentra con una alta participación de población con un nivel de escaso nivel de instrucción (64,5 %) frente a la Unión Europea – 15 (34,2 %) y España (57,6 %), en ésta última sólo superada por Extremadura y Castilla La Mancha. También podemos observar como la carencia alcanzada por la población andaluza en el nivel medio de instrucción salta a la vista (15,2 %), algo inferior al que presenta la media española (17,6 %), sólo superior a Castilla La Mancha, Galicia y Extremadura, pero muy inferior al que presenta la UE-15 (43,5 %). Por último, el porcentaje de población con una alta cualificación es en Andalucía (20,3 %) también inferior al que presenta la UE-15 (22,3 %) y la media nacional (24,9 %), encontrándose en peor posición Baleares, Canarias, Castilla La Mancha y Extremadura.

Resumiendo lo anterior, un hecho relevante de Andalucía en el entorno nacional y europeo es el escaso porcentaje de población que presenta con altos y medios niveles de instrucción, sobre todo de este último, y el alto porcentaje de población con bajos niveles de instrucción. Andalucía, por tanto, se encuentra con un factor productivo poco especializado y preparado para encarar los fuertes cambios que se están originando como consecuencia del proceso de globalización que se está viviendo actualmente, acentuándose de nuevo en esta variable las fuertes disparidades sociales y económicas en el entorno europeo.


Volver al índice de la tesis doctoral Las disparidades económicas intrarregionales en Andalucía

Volver al menú de Tesis Doctorales

Volver a la Enciclopedia y Biblioteca de Economía EMVI


Google

Web www.eumed.net