Las disparidades económicas intrarregionales en Andalucía

Antonio Rafael Peña Sánchez
 

 

LA TEORÍA Y LA POLÍTICA ECONÓMICA REGIONAL.

La Economía Regional, como ciencia que es, nace con un carácter profundamente positivo, pero en cuanto a Ciencia Social, tiene una marcada e irreprimible vocación a la acción . Según Siebert (1969, pág. 3), así como la teoría regional es la explicación del comportamiento económico en el espacio, la política económica regional puede definirse como aquel conjunto de actividades que tratan de influir sobre la conducta económica en el marco espacial. Es indudable, por tanto, el carácter práctico y operativo con que ha nacido y se desarrolla dicha disciplina en el entorno del análisis económico (Venable, 1996).

Los nuevos conceptos teóricos que surgieron con la economía espacial se han incorporado al estudio de la vida real para buscarle solución con los nuevos instrumentos y medidas de política económica que se incorporan al ámbito espacial (Markusen, 1995; Markusen, 1999). Si partimos del análisis económico espacial, de las estructuras territoriales, de las causas y consecuencias de los desequilibrios económicos territoriales o de la ineficiente distribución espacial de los recursos, la Economía Regional se adentra en el terreno de las decisiones políticas para intentar solucionar los problemas anteriormente citados, con lo que estamos entrando en la frontera difusa entre la Economía Positiva y la Economía Normativa. No cabe la menor duda de que entre teoría y política siempre hay un cordón umbilical, sin el cual la segunda carecería de vitalidad y fuerza argumental, no tendría conciencia clara de los problemas en juego e, incluso peor, caería en un mero voluntarismo o practicismo sin orientación ni rumbo (Mella Márquez, 1998a, pág. 27; Casado Raigón, 1978, pág. 41). Es interesante que, aunque sea desde un punto de vista muy generalista, expongamos las conexiones existentes entre las doctrinas teóricas de la ciencia regional y las políticas recomendadas según los principales valores dominantes .

El concepto de política regional tiene dos acepciones que no se excluyen entre sí, como son (Pujadas y Font, 1988, págs. 53-54): a) el conjunto de medidas destinadas a reducir los desequilibrios o disparidades interregionales, y b) los esfuerzos destinados al interior de las regiones (provincias, comarcas y ciudades), consideradas individualmente, para superar problemas de atraso o declive económico. La primera aproximación, que es la clásica, persigue, por razones de eficiencia y equidad, garantizar el crecimiento cohesionado de la economía nacional y lleva implícita un énfasis en el apoyo a los territorios más atrasados. La segunda, que en el medio anglosajón es conocida como “Regional Planning”, busca realizar las potencialidades propias de cada territorio en particular, con independencia de su posición relativa en el ranking nacional (Casado Raigón, 1977; Markusen, 1996).

Existen dos fenómenos, concluyentes en el tiempo, que está configurando el perfil e incrementando la relevancia de las políticas regionales en general: por un lado, y de carácter puramente económico, hemos de decir que la globalización de la economía ha convertido el cambio técnico en un elemento clave de la competitividad y el crecimiento económico, los avances de las nuevas tecnologías han propiciado los actuales procesos de descentralización y flexibilización productiva, y la dotación de activos intangibles y la oferta de servicios a la producción se han demostrado fundamentales en el logro de la eficacia de los sistemas empresariales, a lo que tenemos que añadir las limitaciones cada vez más manifiestas de las políticas macroeconómicas en la dirección de las economías; por otro lado, y con un carácter institucional, la dinámica desatada con la integración y el proceso de descentralización de competencias (como es el caso de los países de la Unión Europea), que han convertido a las administraciones territoriales en auténticas protagonistas del diseño e instrumentación de las políticas regionales y a la cooperación interinstitucional a todos los niveles (comunitario, nacional, regional y local) en una cuestión esencial de la eficacia de las mismas.

Queda claro, pues, que las relaciones entre las distintas teorías del crecimiento regional y las políticas regionales son evidentes. Por ejemplo, una política de promoción de las especializaciones productivas de un territorio, a partir de sus recursos naturales, surge a partir de la teoría de la base de exportación; una política basada en la localización de grandes complejos industriales es un claro instrumento derivado de la teoría de los polos de desarrollo; una política salarial dependiente de la oferta y demanda de trabajo se deduce de la teoría neoclásica del crecimiento regional; y una política favorecedora del entorno empresarial es consecuencia a un enfoque doctrinal en línea con los planteamientos del desarrollo endógeno (Mella Márquez, 1998a, pág. 27).

En la Ciencia Regional se identifican los dos grandes planteamientos que hemos estudiado al comienzo de este capítulo: las doctrinas funcionales y las doctrinas territoriales. Los valores dominantes de cada uno de ellos, así como sus características fundamentales quedan resumidas en el cuadro que presentamos a continuación.

La actual política regional (dados los nuevos valores y problemas con los que se enfrenta la ciencia regional) trata de dar respuesta al reto de la competitividad internacional; a través del mayor aprovechamiento posible de los recursos endógenos de los diferentes territorios, la aplicación de instrumentos que promuevan la creación de empresas y el fomento de la innovación tecnológica y de todo tipo de activos intangibles, y la asignación de un gran protagonismo a los agentes públicos y privados a nivel local. También considera como fundamental la política medioambiental regional emergiendo el concepto de calidad de vida y ambiental como un elemento nuevo en la carrera competitiva de los diversos espacios. Recientemente se han puesto de manifiesto las transformaciones que experimentan la política regional, caracterizándola en los siguientes puntos (Pujadas y Font, 1998): 1) Estrategias territoriales. Se ha pasado de la devaluación del polo de desarrollo industrial a la revaluación del polo tecnológico y el distrito industrial, con acrecentada importancia de los ejes de desarrollo y redes generadoras de sinergia; 2) En cuanto a la organización de la producción, se ha pasado a la producción flexible merced a las nuevas tecnologías que han ido abriendo posibilidades a las ciudades medianas y poco desarrolladas; 3) Los sectores productivos que han de potenciarse se vinculan a un mayor énfasis en los servicios a las empresas, a ciertas economías agroindustriales en áreas rurales y al desarrollo turístico; 4) La política tecnológica se basa en un nuevo papel de la ciencia y la tecnología como factor de polarización a través de los complejos de innovación tecnológica y los consecuentes Parques Tecnológicos; 5) En relación con las infraestructuras, se ha pasado de una cierta desconfianza al papel central de las infraestructuras físicas, a una mayor consideración de las infraestructuras de telecomunicaciones energéticas, etc. 6) La calidad de vida y medioambiental como nuevos factores básicos en el futuro regional. Y en esta dirección, se considera la calidad de vida no como consecuencia, sino como causa del desarrollo económico; y la calidad ambiental como factor de atracción; 7) Por último, la nueva política regional pretende dinamizar las potencialidades locales y el desarrollo endógeno a través de una revalorización y un mayor protagonismo de las administraciones locales y territoriales.

Efectivamente, desde la óptica de la política regional actual, la calidad de vida y medioambiente constituyen factores de competitividad importantes. Se ha de insistir en la consideración de que la política medioambiental es una dimensión de reciente valor estratégico para la competitividad, tanto de empresas como de territorios. Empresarialmente, las competencias, experiencia y enfoque estratégico no sólo influye en el coste que la política conlleva, sino que puede hacer de la dimensión medioambiental una fuente de ventajas competitivas y un factor de innovación y eliminación de bolsas de ineficiencia, mediante la elevación de la productividad de los recursos y la utilización productiva de los residuos que se generan en el proceso productivo. En la nueva política regional, por tanto, todo hace pensar que de una preocupación centrada en los desequilibrios, en los procesos de convergencia, se está pasando a la consideración creciente de competencia entre territorios. Por ello, la nueva política regional se encuadra más en el criterio de eficiencia y competitividad y menos en el viejo criterio de equidad territorial que era el dominante anteriormente (Del Río y Cuadrado, 1994).

Y en relación a esta nueva perspectiva de política espacio-temporal no es ajeno el cambio que el proceso de globalización está generando, tanto en las economías nacionales como regionales. Si en la segunda mitad de los setenta las disparidades regionales (diferencias de renta, empleo, crecimiento, etc.) se consideraban el centro neurálgico de la preocupación de los actores políticos, en la década de los noventa el centro de atención lo constituyen la flexibilidad productiva e institucional, así como la capacidad innovadora de los diversos espacios para colocarse en la nueva división internacional del trabajo (Bono Martínez, 1998, pág. 609), siendo la cohesión económica y social, el desarrollo sostenible y la mejora de la competitividad, los objetivos que deberían orientar el desarrollo regional. Esta creciente mundialización del proceso productivo que comporta la globalización tiene unas consecuencias un tanto paradójicas, y es que cuanto más se mundializan los lugares, más se tornan singulares, específicos y únicos (Hiernaux, 1996; Hiernaux y Lindón, 1997); razón por la cual las políticas regionales se tornan también más singulares, con lo que se adaptan mejor a la cada vez mayor fragmentación económica y espacial creciente (Méndez, 1997a, pág. 350).

Las nuevas tendencias emergentes de política territorial o regional vienen dadas como respuestas a un conjunto de nuevos retos que se plantean para la ordenación del territorio y otras políticas públicas en la década de los noventa: la globalización económica, la creación del Mercado Único y la ampliación territorial de la UE, el rápido cambio tecnológico, la transición hacia la sociedad de la información, la apertura de los países del Este y la evolución demográfica (envejecimiento, migraciones), retos todos que también tienen impactos territoriales a los que la política de ordenación del territorio ha de estar atenta . Estas tendencias las podríamos resumir en las siguientes (Hildenbrand, 1999, págs. 787-790): a) el incremento de la dimensión ambiental de la ordenación del territorio; b) la creciente aproximación de la ordenación del territorio a la economía; c) mayor atención al cambio tecnológico, especialmente a las necesidades que plantea la transición hacia la sociedad de la información; d) la incorporación de la dimensión europea en los planes de ordenación del territorio; e) la simplificación de los contenidos de los planes, es decir, la concentración en los temas realmente prioritarios para la ordenación del territorio y, a su vez, la presentación de documentos más breves, bien estructurados y de fácil lectura; f) la agilización del proceso de planificación y de los procedimientos en el ámbito de la ordenación del territorio; y g) la creciente preferencia por un enfoque de planificación territorial de orientación estratégica.

---

Volver al índice de la tesis doctoral Las disparidades económicas intrarregionales en Andalucía

Volver al menú de Tesis Doctorales

Volver a la Enciclopedia y Biblioteca de Economía EMVI