Las disparidades económicas intrarregionales en Andalucía

Antonio Rafael Peña Sánchez
 

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LAS DISPARIDADES ECONÓMICAS ESPACIALES.

Hacia un nuevo paradigma del desarrollo regional.

Como hemos podido ver anteriormente, existen numerosos indicios de que en el campo del desarrollo económico está emergiendo un nuevo paradigma: el desarrollo (o la competitividad) territorial, es decir, el carácter localizado de los procesos de acumulación, de innovación y de formación de capital social. Parece que las distintas vertientes teóricas examinadas con anterioridad están convergiendo (por vías independientes) hacia una concepción del territorio según la cual éste ya no sería un factor que puede incorporarse circunstancialmente al análisis del crecimiento económico, sino un elemento explicativo esencial de los procesos de desarrollo (Moncayo Jiménez, 2001). Desde esta perspectiva, el territorio es considerado como una estructura activa (de desarrollo, de estancamiento o de regresión) y no solamente como un perímetro-receptáculo de las actividades productivas, es decir, los territorios no son campos de maniobras, sino actores (Veltz, 1999, pág. 18).

En efecto, la gravitación de los clusters en el enfoque de Porter; el énfasis de la Nueva Geografía Económica en los efectos de aglomeración; la importancia de las redes de interacción en las teorías de los distritos industriales y del medio innovador; el papel determinante del compromiso cívico en los enfoques del capital social; y el concepto de biorregión en la perspectiva del desarrollo sostenible, tienen como sustrato común la revalorización de la territorialidad del desarrollo. La competitividad, pues, es cada vez más un asunto de orden regional (o local) o, en todo caso, secto-regional (Bendesky, 1999). Para efectos prácticos no es muy útil considerar la capacidad competitiva de una nación, ya que la competitividad es un atributo de sectores y actividades económicas específicas y, a partir de ellas, corresponde a una región geográfica en particular.

La convergencia en el plano teórico de los distintos enfoques que hemos mencionado da lugar a postular una Teoría de la Competencia Regional, que implica la existencia de un sistema productivo regional (Lawson, 1999). Este concepto integra los enfoques de la competencia en el campo de las firmas individuales y los de las distintas vertientes de la geografía económica. De este modo, tal visión integrada se refiere más a una aproximación territorial del desarrollo que a una teoría del crecimiento regional. En términos de Kuhn, la noción misma de territorio sería la innovación lingüística mayor del nuevo paradigma emergente (Furió Blasco, 1996a, pág. 102). Pero esto no niega, en modo alguno, las fuertes interrelaciones circulares entre la función y el territorio. Las características propias de las actividades funcionales (sectoriales) influyen en la configuración de la dimensión territorial, pero, a su turno, esto último también condiciona las características concretas que asumen las primeras (Furió Blasco, 1996a, pág. 128).

Es necesario destacar que todo cambio profundo de las estructuras tecno-económicas de una sociedad induce una modificación correspondiente de las instituciones políticas y sociales que la gobiernan. Entendidas, pues, las instituciones como un conjunto de reglas que articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos, los grupos sociales y el Estado, caen en esta órbita las políticas públicas, las distintas modalidades asociativas de la sociedad civil y, en general, las diversas formas de regulación de la conducta de los individuos. Las transferencias de competencias hacia niveles subnacionales de gobierno, las políticas económicas regionales, la paradiplomacia de los cuasi-estados regionales y las complejas redes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de movimientos sociales, son algunas de las manifestaciones de las transformaciones que se están produciendo en el plano de las instituciones y las formas de gobierno.

Según algunos enfoques, a cada régimen de acumulación corresponde un régimen social de regulación ; por tanto, la transición del régimen fordista de acumulación al régimen postfordista debe acarrear un cambio correspondiente en el régimen de regulación de los actores en las diferentes esferas de la sociedad. Ello explicaría la crisis o transformación sufrida en el Estado-nación referido anteriormente y plantea la pregunta de cuál sería el mejor marco de regulación para una forma de acumulación basada en las economías localizadas y flexibles que se perfila como característica de la fase actual del capitalismo.

Según Jessop (1999), así como el Estado de Bienestar Keynesiano era la forma de regulación más apropiada para la reproducción ampliada del fordismo, el Estado de Trabajo Schumpeteriano proporciona el mejor armazón político posible del postfordismo. Mientras que los objetivos del primero con respecto al sistema económico fueron promover el pleno empleo de una economía nacional relativamente cerrada, a través del manejo de la demanda principalmente, y generalizar las normas del consumo masivo, a través de los derechos de bienestar, los objetivos del Estado de Trabajo Schumpeteriano son la promoción de innovaciones de productos, de procesos organizacionales y de mercados; el mejoramiento de la competitividad estructural de las economías abiertas, principalmente mediante la intervención en el lado de la oferta y la subordinación de la política social a las exigencias de flexibilidad del mercado de trabajo y la competitividad estructural. En síntesis, sus rasgos más específicos son el interés de promover la innovación y la competitividad estructural en el campo de la política económica y el impulso a la flexibilización y la competitividad en el campo de la política social.

Pero si, como hemos observado anteriormente, la innovación, la competitividad y la flexibilidad son cada vez procesos más localizados, de aquí se sugiere que el principal escenario del Estado de Trabajo Schumpeteriano sería la región (o la ciudad) y su principal preocupación la de cómo modelar las economías regionales para hacerlas más competitivas en la nueva economía mundial. En este contexto, se entiende que mientras el Estado de Bienestar Keynesiano era centralista y sus políticas regionales se orientaban prioritariamente a la (re)localización de la actividad económica para asegurar el pleno empleo y reducir las diferencias entre regiones, el Estado de Trabajo Schumpeteriano es más disperso y emplea políticas regionalizadas de educación y entrenamiento, de innovación tecnológica, de riesgo y de dotación de infraestructura. En otras palabras, frente al enfoque del Estado de Bienestar Keynesiano con marcado carácter nacional, surge un Estado de Trabajo Schumpeteriano más centrado en los niveles regionales y locales.

En el nuevo Estado no sólo se está produciendo un movimiento desnacionalizador (hacia arriba y hacia abajo tal y como vimos en el apartado que trató sobre la perspectiva política del desarrollo), sino una dinámica hacia la desestatización que implica la asociación entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la planificación y promoción del desarrollo, es decir, aparece el Estado empresarial asociado con la iniciativa privada y la cívica, en diversas modalidades neocorporativas (Moncayo Jiménez, 2002, pág. 28).

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