Las disparidades económicas intrarregionales en Andalucía

Antonio Rafael Peña Sánchez
 

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LAS DISPARIDADES ECONÓMICAS ESPACIALES.

La perspectiva social.

Dentro de este apartado, analizaremos el enfoque institucionalista o economía institucional y el capital social como factores determinantes del crecimiento económico.

El enfoque institucionalista.

Los procesos de desarrollo no se producen en el vacío, sino que tienen profundas raíces institucionales y culturales (Appendini y Nuijten, 2002). El desarrollo de una economía lo promueven, siempre, los actores de una sociedad que tiene una cultura y formas y mecanismos propios de organización. El nuevo pensamiento institucional argumenta que la relevancia estratégica de las instituciones en los procesos de desarrollo reside en que permite reducir los costes de transacción y producción, aumenta la confianza entre los actores económicos, estimula la capacidad empresarial, propicia el fortalecimiento de las redes y la cooperación entre los actores y estimula los mecanismos de aprendizaje y de interacción (Rodríguez Pose, 1998a; Rupasingha et. al., 2002). Una adecuada institucionalidad constituye, entre otros, uno de los factores relevantes para estimular el desarrollo, como expuso el Premio Nobel de Economía Douglas North. Para este autor, las instituciones son las reglas del juego del funcionamiento de una sociedad, son las restricciones concebidas por el hombre que configuran las interacciones entre los seres humanos (North, 1992, pág. 3; North, 1998). Estas restricciones pueden ser formales, como reglamentos o leyes, o informales, como convenciones y códigos de conducta. Hay que añadir también que para North es preciso distinguir entre instituciones (reglas del juego) y organizaciones, siendo las primeras las que tienen efectivamente una capacidad para influir en el resultado económico de una sociedad. Las organizaciones están más definidas en términos de estructuras de funciones reconocidas y aceptadas, mientras que las instituciones están más definidas en términos de creencias, normas y reglas que permiten el desarrollo de estas funciones y estructuras (North, 1990; Ostrom, 1995; Scott, 1995).

Las instituciones tienen una gran importancia sobre todo respecto a los contratos, por cuanto el recurso a unos tribunales fiables para dirimir en última instancia las controversias, cuando otros ordenamientos privados no sean suficientes, actúa como reductor de un riesgo contractual, de tal forma que si no tuviese esta función, podría determinar la no conclusión de los contratos. Las economías con buenas reglas del juego están en mejores condiciones de soportar transacciones más complejas y potencialmente más arriesgadas, que otras economías con normativas menos desarrolladas o de menor fiabilidad en cuanto a sus instrumentos coercitivos y de control relacionados con la ejecución de los contratos (Williamson, 2002; Lamboy y Boschma, 2001; Nelson, 1995).

Lo que interesa realmente en este enfoque es evaluar en qué medida las instituciones existentes en los distintos territorios son flexibles, veloces, inteligentes y virtuales. La flexibilidad es requerida con el fin de ajustar las instituciones a la cambiante realidad del medio; la velocidad es indispensable para entrar y salir de acuerdos y de redes y para aprovechar oportunidades en un entorno que a su vez, cambia a una velocidad sorprendente; la inteligencia institucional se refiere principalmente a la capacidad de aprender y a la capacidad de establecer nodos con otras instituciones; y la virtualidad es una condición para operaciones ad-hoc frente a determinadas y específicas situaciones y para configurar arreglos estratégicos (Boisier, 1997b, pág. 394).

El desarrollo económico toma fuerza en aquellos territorios que tienen un sistema institucional evolucionado y complejo. Cuando las empresas están integradas en territorios caracterizados por redes densas de relaciones entre las empresas, las instituciones de formación y de investigación, las asociaciones de empresarios y los sindicatos, y los gobiernos locales pueden utilizar más eficientemente sus propios recursos y mejorar su competitividad. Las barreras al desarrollo aparecen, frecuentemente, como consecuencia de las carencias y mal funcionamiento de la red institucional, que dificultan el desarrollo de los procesos de crecimiento autosostenido.

Las instituciones tienden a jugar un doble papel. Por un lado, reducen los costes de transacción generados en toda relación económica. Una fuerte presencia institucional puede facilitar el intercambio (que de otra manera resultaría muy costoso, ya sea en tiempo o en dinero) entre agentes económicos . Por otro, las instituciones cumplen con la función de contribuir a generar mayor confianza entre los agentes económicos y garantizar el cumplimiento de los contratos. En esta doble faceta, las instituciones favorecen tanto la cooperación entre empresas como la creación de redes, contribuyendo pues a aumentar el nivel de intercambio, a la vez que desempeñan un papel fundamental en la aceptación de normas y en el fomento de la capacidad de aprendizaje por parte de los agentes económicos. Como señala Vázquez Barquero (1999a, pág. 243), uno de los factores que han contribuido al desarrollo de la estrategia de desarrollo endógeno durante las dos últimas décadas en los países europeos ha sido el aumento y mejora de la red de instituciones locales y, sobre todo, el cambio de las formas de organización del Estado hacia modelos que favorecen los procesos de descentralización administrativa.

Dentro de este enfoque institucional, con una visión más evolucionista, podemos encontrar dos modelos presentes en la literatura económica como son los sistemas regionales de innovación (Edquist, 1997) y el modelo de región en aprendizaje (Cooke, 1996; Cooke y Morgan, 1998) . El primero de los modelos destaca el rol del aprendizaje colectivo, haciendo referencia a las relaciones de cooperación entre los miembros del sistema. Este proceso creativo de innovación cuenta con los siguientes rasgos: fuerte interacción entre los agentes de este proceso con la presencia de un sistema de retroalimentación o feed-back; los aspectos acumulativos que presentan la actividad innovadora; y la especial orientación de este proceso para resolver los problemas, lo que muestra la específica naturaleza de la actividad innovadora. No obstante, la innovación no se presenta únicamente en la tecnología sino también en la organización, y es esta última faceta la que determina realmente la innovación tecnológica por sí misma (Moulaert y Sekia, 2003, pág. 293). El segundo de los modelos se podría considerar como una síntesis en la línea del modelo de la innovación territorial. Agrupa ideas acerca de la literatura de los sistemas de innovación, la economía institucional-evolucionista, los procesos de aprendizaje, y la especificidad de la dinámica institucional regional (Cooke, 1998; Morgan y Nauwelaers, 1998). La intención del mismo es conectar los conceptos de red o asociación –como la innovación interactiva y el capital social- con los problemas del desarrollo regional. Se basa, primeramente, en dos proposiciones de la economía evolutiva: la innovación es un proceso interactivo; y la innovación se forma a partir de una variedad de hechos institucionales y convenciones sociales (Morgan, 1997, pág. 493). Señala que el conocimiento es el recurso estratégico más importante y por tanto, el proceso de aprendizaje juega un papel fundamental en el desarrollo económico espacial; subraya la importancia que la dinámica de innovación presenta para los geógrafos económicos , destacando los esfuerzos que realizan éstos en la utilización de la visión que aporta la teoría económica evolutiva, sobre todo en lo que respecta al proceso de aprendizaje, la innovación y el papel de las instituciones en el desarrollo regional (Morgan, 1997, pág. 494).

Capital social, cultura y desarrollo.

En la última década un nuevo concepto se ha ido afirmando en las ciencias sociales: el de capital social. Se podría definir como el conjunto de normas y valores que rigen la interacción entre las personas, las instituciones a las que están incorporadas, las redes de relaciones que se establecen entre los diferentes agentes sociales y la cohesión global de la sociedad. En una palabra, el capital social constituye el elemento aglutinador de toda la sociedad. Para el economista esto incluye un capital de normas, hábitos y relaciones que facilitan el intercambio, la innovación y, por lo tanto, el desarrollo social (Camagni, 2003). El capital social, en definitiva, viene dado por las características de la organización social, como la confianza, las normas y las redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando las acciones coordinadas (Putnam, 1993b) .

Pero es necesario distinguir entre instituciones (familia, valores culturales, derechos de propiedad, …) y capital social: éste último lo podríamos considerar como el “pegamento” que mantiene a las instituciones cohesionadas y las hace eficientes y operativas. La relevancia del capital social para el crecimiento y el desarrollo económico se da en el ámbito político y social, desde el cual se transmite a la economía. Las sociedades de elevado nivel de capital social presentan un mejor comportamiento económico derivado de la confianza que impregna las relaciones sociales . De la misma forma, la cultura del diálogo social entre empleadores y trabajadores evita confrontaciones violentas que entrañan un coste económico (huelgas, despidos, recurso a los contratos temporales). Las disputas políticas, religiosas, o étnicas, cuando se dan, se reconducen por cauces pacíficos y raramente perturban la actividad económica. A su vez, el crecimiento económico puede generar capital social en la medida en que venga acompañado de una mayor justicia social.

Uno de los trabajos seminales de la vertiente del capital social consideró las diferencias regionales en un país desarrollado y trató de explicar por qué se presentan resultados tan dispares en el proceso de descentralización iniciado en Italia en el decenio de los setenta entre las regiones del norte y del sur, cuando todas ellas han experimentado los mismos cambios institucionales y legales. Encuentra la respuesta en tres factores: el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad; las normas de comportamiento cívico practicadas; y el nivel de asociatividad (Putnam, 1994). Estos elementos muestran la riqueza y fortaleza del tejido social ya que la confianza, por ejemplo, ahorra conflictos potenciales, el comportamiento cívico (que incluye desde el cuidado de los espacios públicos al pago de los impuestos) contribuye al bienestar general y la existencia de altos niveles de asociatividad indica que dicho territorio tiene capacidades para actuar en forma de cooperativa, armando redes, concertaciones y sinergias de todo orden. La existencia de elevados niveles de confianza entre los agentes sociales sería el resultado del elevado nivel de capital social en una sociedad (Grootaert y Van Bastelaer, 2001; Stiglitz, 1999). Se entiende el compromiso cívico como la base de una corriente teórica del republicanismo consistente en un alto grado de identificación de los ciudadanos con los intereses de la comunidad en la que viven, en los que el patriotismo, solidaridad y las virtudes ciudadanas son los conceptos centrales (Gargarella, 1999). El interés en los asuntos públicos y la devoción a las causas públicas son los signos claves de la virtud cívica, y la principal manifestación del compromiso cívico es la asociatividad, o sea, la propensión de los ciudadanos a participar en asociaciones que buscan el bien común.

Por otro lado, Newton (1997) opina que el capital social puede ser visto como un fenómeno subjetivo, compuesto de valores y actitudes que influyen en la forma en que se relacionan las personas. Incluye confianza, normas de reciprocidad, actitudes y valores que ayudan a la gente a superar relaciones conflictivas y competitivas para establecer lazos de cooperación y ayuda mutua. Baas (1997) relaciona el capital social con la cohesión social y lo identifica con las formas de gobierno y con expresiones culturales y comportamientos sociales que hacen que la sociedad sea más cohesiva y represente más que una suma de individuos. Joseph (1998) percibe el capital social como un conjunto de ideas, ideales, instituciones y arreglos sociales, a través de los cuales las personas encuentran su voz y movilizan sus energías particulares para causas públicas . El trabajo empírico econométrico de Knack y Keefer (1997) confirma que el capital social (confianza y normas de cooperación cívica) es determinante para el desempeño económico en una muestra de 29 países desarrollados, pero corrobora la tesis de Putnam en cuanto a la importancia de la asociatividad. Para estos autores, el capital social puede medirse mejor a través de los indicadores de Trust, definido como el porcentaje de personas que creen que la mayoría de la gente es confiable, y de Civic, referido al grado de compromiso de las personas con las normas cívicas de cooperación (honestidad en el pago de impuestos y tasas públicas, entre otras). Narayan y Pritchet (1997), en un estudio sobre el grado de asociatividad y rendimiento económico en hogares rurales de Tanzania, descubrieron que las familias con mayores niveles de ingresos eras las que tenían un más alto grado de participación en organizaciones colectivas, y el capital social que acumulaban a través de esa participación las beneficiaba individualmente y creaba beneficios colectivos por diversas vías. Por otro lado, para Stiglitz (1998) la cultura es un factor decisivo de cohesión social. En ella las personas pueden reconocerse mutuamente, crecer en conjunto, desarrollar la autoestima colectiva y preservar los valores culturales, cuestiones que tienen una gran importancia para el desarrollo, por cuanto ellos sirven como fuerza cohesiva en una época en que muchas otras se están debilitando. A la misma conclusión llegan Dziembowska-Kowalska y Funck (2000), tratando de proporcionar un fondo teórico y una evidencia empírica sobre la importancia de la cultura en el desarrollo económico regional en la Unión Europea.

Según Fukuyama (1996), sólo las sociedades con un alto nivel de confianza social podrán crear las organizaciones empresariales flexibles y de gran escala necesarias para competir exitosamente en la economía global emergente. Otros autores se han ocupado de analizar empíricamente la asociación positiva entre capital social y desarrollo económico en diversos conjuntos de países . De esta forma comienza a surgir lo que Storper llama la “Nueva Geografía Institucional” (Storper, 1997).

Por último, Rupasingha et. al. (2002), en la búsqueda de los factores explicativos de las diferentes tasas de desarrollo económico entre los estados de EE.UU., concluyen que, por un lado, la diversidad étnica se asocia a índices más rápidos de crecimiento económico; por otro lado, los niveles más altos de desigualdad en renta per cápita se asocia a tasas más bajas de desarrollo económico; y, por último, los niveles más altos de capital social tienen un efecto positivo en tasas de desarrollo económico.

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