Las disparidades económicas intrarregionales en Andalucía

Antonio Rafael Peña Sánchez
 

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LAS DISPARIDADES ECONÓMICAS ESPACIALES.

La perspectiva política: la descentralización.

El proceso globalizador responde, entre otras razones, a la crisis planteada en el Estado-nación (Ohmae, 1995; Santamaría, 2001, Smith, 2004), piedra angular de la organización política del mundo desde tiempos remotos. Las presiones para una redistribución del poder hacia arriba (supranacionalización) obedecen a que el Estado está perdiendo soberanía en el manejo de problemas tales como la macroeconomía, los derechos humanos, medio ambiente, narcotráfico y armamentismo, entre otros, los cuales se consideran cada vez más del resorte de la comunidad y los organismos internacionales. El ejemplo más claro de supranacionalización es el de la Unión Europea, marco en el cual los países miembros ya transfirieron a los órganos comunitarios sus competencias en materia de política comercial y monetaria, y comienzan a hacerlo en otras políticas (política exterior y seguridad).

La globalización, por tanto, antes de suponer el desmonte del Estado-nación, debería inducir su transformación en una entidad capaz de conducir una inserción más discriminada y selectiva en la comunidad internacional; atender y compensar los efectos negativos de la competencia externa en los grupos sociales y territorios más vulnerables; regular los servicios privatizados; y erigirse en una institución social con la aptitud de analizar y atender las demandas económicas y políticas de la población (Moncayo Jiménez, 2002, pág. 11).

El Estado viene siendo debilitado también hacia abajo a través de los movimientos descentralizadores y los diversos procesos de transferencias de competencias políticas, administrativas y fiscales a las áreas regionales y locales. Entendemos por descentralización, dentro de una organización, la transferencia del poder de decisión a órganos subcentrales relacionados con un centro superior, respecto del cual gozan de una autonomía más o menos intensa para resolver cuestiones cuya administración y gestión se ha descentralizado (Boisier, 1997a, pág. 89). Se trata, pues, de la descentralización política, no de la económica o de mercado, por oposición a la economía centralizada (Boisier, 1997b, pág. 380). Se sobreentiende que cuando se habla de un proceso de descentralización el punto de partida es un sistema centralizado (Lázaro Araujo, 1999a, pág. 701; Albertí, 2003, pág. 175) .

Para Alburquerque (1999, pág. 829), la descentralización constituye una herramienta indispensable en los procesos de innovación y desarrollo local al facilitar el traspaso de competencias, recursos y responsabilidades a las diferentes administraciones locales. Ello supone, lógicamente, la movilización de los actores sociales territoriales implicados en los procesos de desarrollo local, con el fin de construir los sistemas de información empresarial pertinentes en cada territorio; mejorar la base empresarial innovativa a nivel local; la calidad y orientación de las infraestructuras básicas; la coordinación de los instrumentos de fomento para microempresas y pequeñas empresas; el acceso a líneas de financiación para este colectivo de empresas; y, en suma, crear la institucionalidad apropiada para el desarrollo territorial, como resultado de la concertación estratégica público-privada del conjunto de la sociedad local.

Para Boisier (1990; 1992; 1998b; 1999), la descentralización territorial es una condición necesaria para el logro de la transformación productiva, de la equidad y de la sostenibilidad del desarrollo. La pura descentralización política territorial contribuye a reducir la inequidad, en la medida en que ella está condicionada también por un limitado acceso al recurso del poder. Cree que la actual revolución científica y tecnológica, a través de sus efectos en la esfera de la producción, de la información y del transporte, está induciendo un nuevo paisaje industrial, la economía difusa, como también se llama a la acumulación flexible, que veremos en un apartado posterior. A primera vista, la descentralización favorece el desarrollo local, por la capacidad de decisión que permite a las autoridades y poderes subcentrales. Proporcionan margen para que los poderes regionales y locales apoyen financieramente proyectos de interés para el desarrollo local, dado que se supone que la auténtica descentralización afecta también a los recursos financieros.

Sin embargo, la relación entre descentralización y desarrollo endógeno no es tan evidente. Rodríguez Pose (1999) llama la atención sobre los negativos resultados de la concesión del estatuto de autonomía especial al Mezzogiorno italiano hace medio siglo, y cincuenta años después las disparidades regionales entre Norte y Sur de Italia son aún tan evidentes como al inicio del proceso, debido a que las condiciones institucionales del Mezzogiorno se han erigido en la principal barrera para el desarrollo.

La descentralización política, según Lázaro Araujo (1999a, págs. 702-703), es una cuestión esencialmente política, escasamente relacionada, y menos como condicionante, con las políticas distributivas. Y es más, aceptando que uno de los aspectos principales de la política regional es la redistribución, solidaridad y cohesión económica y social, manteniendo al margen las discrepancias sobre la mejor estrategia para lograr sus objetivos, su diseño y concepción difícilmente pueden emanar de centros dispersos, sino de un único centro, si bien en estrecha cooperación y concertación con los poderes regionales y locales, esto es, desde abajo. Cosa distinta es que la ejecución pueda y deba ser desconcentrada, que no es lo mismo que descentralizada. Y además afirma que la descentralización ha estado muy bien vista, e incluso impulsada, por los grandes polos mundiales de decisión, sean políticos o económicos, porque, con globalización o sin ella, debilita el poder de los gobiernos nacionales.

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