Cisneros-Palacios, Johanna-Gabriela *
Baixauli-Pérez, Cristóbal **
Samaniego-García, Rosa-Paola ***
Bautista-Segovia, Alexandra-Maribel ****
Amador-Rodríguez, Belén *****
Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas
johannacis@hotmail.com
Resumen
Esta investigación se centra en la relación entre el turismo comunitario y la Economía Popular y Solidaria como una estrategia para generar empleo y una posible solución de problemas de exclusión social y marginación de la mujer en el área rural. Se trata de un estudio que se centra en Ecuador, donde desde 1980 se han desarrollado emprendimientos de turismo comunitario en las zonas agrarias. El objetivo de esta actividad económica, aparte de la generación de ingresos, ha sido la resistencia a la explotación petrolera y maderera en un contexto marcado por la globalización. De ahí que bajo el concepto de “nueva ruralidad” se engloben las transformaciones en las áreas rurales ecuatorianas, en las que se está desarrollando el turismo comunitario, una alternativa económica para las comunidades enmarcada en la Ley de la Economía Popular y Solidaria. Una norma jurídica que apuesta por la participación comunitaria, la generación de beneficios, la conservación de los recursos naturales y culturales y el buen vivir.
Palabras clave: comunidad - turismo - economía social - empleo - género.
Abstract
This research focuses on the relationship between Community tourism and the popular and Supportive Economy as a strategy to generate employment and a possible solution of problems of social exclusion and marginalization of women in the rural area. It is a study that focuses on Ecuador, where there have been developed community tourism projects in agricultural areas since 1980. The objective of this economic activity, apart from the generation of income, has been the resistance to the exploitation of oil and wood in a context marked by globalization. Therefore, under the concept of "Nueva ruralidad", the transformation in the Ecuadorian rural areas are encompassed, in which community tourism is being developed, an economic alternative for the communities framed in the Popular economy and Solidarity law. A legal standard that posts on community participation, the generation of benefits, the conservation of natural and cultural resources and the buen vivir politics.
Key words: Community - tourism - social economy - employment - gender.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Cisneros-Palacios, Johanna-Gabriela, Baixauli-Pérez, Cristóbal, Samaniego-García, Rosa-Paola, Bautista-Segovia, Alexandra-Maribel y Amador-Rodríguez, Belén (2018): “El turismo comunitario, un modelo de economía popular y solidaria como solución al desempleo rural en Ecuador”, Revista Turydes: Turismo y Desarrollo, n. 24 (junio / junho 2018). En línea:
https://www.eumed.net/rev/turydes/24/turismo-comunitario-ecuador.html
http://hdl.handle.net/20.500.11763/turydes24turismo-comunitario-ecuador
La expansión de las actividades turísticas en las áreas rurales durante las últimas décadas ha llevado a un importante desarrollo de la literatura sobre este tema, tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo (ver, por ejemplo, Aitchison et al., 2000; Ateljevic et al., 2007; Bianchi, 2009; Buades, 2006; Buades et al., 2012; Cordero, 2006; Gascón, 2005; Hall, 1994; Salazar, 2006; Zusman et al., 2008 citados en Gascón y Ojeda 2014, p. 17). Estas investigaciones están vinculadas a la emergencia de nuevos conceptos o enfoques como los de Nueva Ruralidad o la pluriactividad campesina que destacan la importancia creciente de las actividades no agrarias de la población rural y en concreto la conversión de muchos espacios rurales en proveedores de servicios, entre ellos los de ocio como el turismo.
López-Guzmán y Sánchez expresan que “el fenómeno turístico, y dichas iniciativas, han provocado una reordenación natural de los distintos mercados receptores acordes a las corrientes turísticas de la demanda, y ha hecho de determinados destinos emergentes un potencial para mercados cada vez más especializados” (López-Guzmán y Sánchez, 2009a, p. 84). Tanto los destinos emergentes como las periferias turísticas están relacionados con los nuevos turistas, es decir, un turista más sensible y responsable con el medio ambiente, la equidad y el desarrollo local (Prieto, 2011).
El turismo comunitario es un término en construcción que se relaciona con el turismo sostenible y además sus actores forman parte de la Economía Popular y Solidaria por su forma de organización y los principios del bien común que fortalecen las capacidades humanas y conservan los espacios naturales y culturales para las próximas generaciones. Este tipo de turismo tiene características que lo definen como son la participación comunitaria, la generación de beneficios y por último la autogestión y control directo de los recursos por estos miembros, partiendo de que la actividad turística debe generarse desde la propia comunidad o en su caso como una sugerencia, pero nunca como una imposición, desde algún agente externo (administraciones públicas, organizaciones no guberidntales).
La metodología empleada para realizar este trabajo ha sido la cualitativa. De hecho, se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica, ya que se ha elaborado el estado del arte de Turismo Comunitario en Ecuador y la Economía Popular y Solidaria, investigando en varios repositorios bibliográficos y en páginas web institucionales como el Instituto de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria y el Ministerio de Turismo de Ecuador entre otras. Por otro lado, se han consultado las estadísticas que hacen referencia al mercado laboral, se han utilizado los datos de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de diciembre del 2016, y finalmente para el análisis de las organizaciones turísticas se ha tenido en cuenta el catastro de las organizaciones no financieras de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a diciembre del 2017.
El término Economía Social (ES) nace en el siglo XIX en los países occidentales. Francia fue uno de los principales países que impulsó este modelo de economía con la creación del Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas, Cooperativas y Asociativas, el mismo que en 1980 publicó la Carta de Economía Social. En la carta se define a la ES como el conjunto de organizaciones que no pertenecen al sector público, pero que tienen sentido democrático e igualdad de derechos y obligaciones de sus socios (Monzón y Chaves, 2012).
En Francia, la economía social significa reconciliar lo económico y lo social, es decir, reconciliar el capital y el trabajo (Haribey, 2000; citado por Martínez, 2009). En España se define a la economía social como un conjunto de actividades económicas que buscan el interés colectivo de sus miembros, el interés general económico o social, o los dos a la vez (Algora, 2011). Además, España fue el primer país de Europa donde se aprueba una Ley de Economía Social (Monzón y Chaves, 2012).
Al revisar la literatura es posible observar numerosos significados de este término. Defourny (1992) afirma que la “economía social” o "social economy” pertenece al tercer sector y es un término que está presente en distintas actividades económicas y cuya importancia no deja de aumentar en las economías de los distintos países sin formar parte del sector público y privado tradicional. Por otro lado, Lévesque y Medell (1999), señalan que la economía social reconoce las dimensiones sociales de la economía y, además, es un término polisémico basado en la democracia y la empresa colectiva. Definición que es compartida con Defourny (1992), la cual es considerada como un enfoque alternativo a la economía capitalista en la que se realizan análisis económicos no de la economía clásica sino desde la sociedad, el individuo y los grupos sociales.
Para otro grupo de autores, entre los que se encuentra Barea (1990) la economía social son empresas que actúan en el mercado con el objetivo de producir bienes y servicios y la distribución de los beneficios no está relacionado con el capital aportado y tampoco la toma decisiones recae sobre los socios mayoritarios. Mientras que Defourny (1992) considera que la economía social está compuesta por actividades económicas de las cooperativas, asociaciones, mutualidades y posee los siguientes principios: i) autonomía de gestión, ii) finalidad del servicio de los miembros más que del propio beneficio, iii) procesos de decisión democrática y la primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de beneficios. La economía social es entendida como una agrupación de organizaciones que cuentan con estatutos jurídicos propios, donde prima el reunir personas antes que capitales (Laville, 2010; citado por Martínez, 2015).
En el contexto latinoamericano, los términos que se asocian a la economía social son la economía popular y la economía solidaria. Lo común de estas dos denominaciones es que estén relacionadas con el trabajo y no con el capital. En países como Ecuador, Venezuela, Bolivia y Paraguay los distintos gobiernos han generado normas y políticas públicas de la Economía Popular y Solidaria (EPS) o la Economía Social y Solidaria (ESS) (Bastidas – Delgado y Richer, 2001). Según Coraggio (2009) en América Latina existe una reestructuración capitalista que defienden otras formas de organización económica que no se contemplan con el sistema hegemónico neoliberal.
A continuación, se presenta una breve conceptualización por distintos países de Latinoamérica: En México, a la EPS se la entiende como iniciativas dispersas y desarticuladas que presentan fuertes diferencias entre sus actores principales. En este país la EPS está constituida por cooperativas, asociaciones y mutuales (Díaz, 2012). Desde el punto de vista de Singer, 2009 (citado por Martínez, 2009), en Brasil la economía social es una respuesta a la contradicción que se aprecia entre democracia y capitalismo. El autor considera que el estado cumple una función relevante de gobernanza entre los empresarios y los movimientos sociales existentes.
En Argentina donde el desarrollo de este modelo tiene una trascendencia importante se entiende la economía social dentro de un estilo populista apoyado y dirigido por el estado, el cual busca resolver o aliviar los problemas de grandes masas de personas (Coraggio, 2012).En Ecuador, el estado señala que la Economía Popular y Solidaria se ha construido como respuesta a las desigualdades provocadas por los sistemas tradicionales, buscando crear sinergias e interactuar con la sociedad, el mercado y la naturaleza, sin exclusiones para nadie; sin embargo, Ecuador aún está en proceso de construcción del modelo, el mismo que sigue sin estar claro, para la ciudadanía (Samaniego y Cervantes, 2017).
De forma complementaria, Ecuador reconoce la economía popular y solidaria como un modelo económico que permite construir lazos comerciales, productivos, de servicios y de financiamiento que beneficia tanto a sus miembros como a la colectividad, donde los primeros generan ingresos propios y los segundos se benefician con los bienes y servicios que encuentran en el mercado (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011). Un aspecto que se considera bastante definido por la Ley en Ecuador es que el modelo contempla dos sectores: el sector financiero popular y solidario y el sector no financiero popular y solidario, además presenta varias formas de organización como son la comunitaria, asociativa, cooperativa y unidades económicas populares.
La economía social y solidaria implica hablar de otra economía, pero con comportamientos solidarios de una economía incluyente de individuos con sus identidades y capacidades que protegen el bien común. El fundamento de la economía social y solidaria se fundamenta en el trabajo y los sistemas de organización, y la base material exige contar con medios de producción, créditos y mercados (Coraggio, 2005). Las organizaciones de la economía social pueden ser denominadas empresas, pero con un rostro social o humano, aunque al mismo tiempo son capitalistas, y en éstas se admite la división de trabajo, sistemas de representación y control de responsabilidades (Coraggio, 2005).
En la figura n° 1 se delimita la Economía Popular y Solidaria como una intersección de la Economía Popular y la Economía Solidaria enfocándose desde un sistema de economía mixta. La economía mixta está conformada por los sectores públicos, empresas capitalistas y populares con lógicas vinculadas con el bien común y la acumulación del capital. En este modelo de economía se destaca el papel de las familias, comunidades que son consideradas como unidades económicas, domésticas y sus extensiones que son las cooperativas, mutualidades, asociaciones y redes (Coraggio, 2013).
En síntesis, se puede decir que las definiciones de economía social, solidaria y popular de cada país latinoamericano presentan similitudes como búsqueda de agrupación de personas u organizaciones, conformación de cooperativas y asociaciones, igualdad de derechos y de obligaciones de sus socios, equiparando aspectos económicos y sociales (Coraggio, 2011). En varios países de Latinoamérica aún sigue siendo un término confuso la conceptualización de la “economía social” “economía popular” y “economía solidaria”, a pesar de las diferencias conceptuales tienen algo en común como es enlazar todas las formas de organizaciones económicas sin segmentar la economía, generando empleo y reduciendo la pobreza.
El término “turismo comunitario” sigue siendo por el momento un concepto en construcción que se relaciona de forma genérica con el medio ambiente, el desarrollo sostenible, el desarrollo local y los diferentes tipos de turismo alternativo. Un concepto que se ha venido transformando por la definición otorgada por varios documentos oficiales de organismos internacionales relacionados con el turismo, el medio ambiente y el desarrollo económico.
El turismo comunitario se define como “toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes” (Maldonado, 2005, p. 5). Se debe destacar que el turismo comunitario fue concebido como una alternativa al turismo tradicional. Una opción que permite gestionar la conservación de los espacios naturales y la participación de la comunidad en la actividad turística, contribuyendo al desarrollo local en las áreas rurales. Los orígenes de estos emprendimientos han sido muy diversos y estos han aparecido en zonas rurales también muy diferentes, tanto por su cultura e historia como en lo relativo al nivel de pobreza. Por ello el turismo comunitario es un modelo complejo en cuanto a sus características, reconocimiento y alcance (Cañada, 2015; Pastor et al., 2011).
Por su parte, López-Guzmán y Sánchez (2009b) afirman que el turismo comunitario “se fundamenta en la creación de productos turísticos bajo el principio de la participación comunitaria” (p. 85). Para ello el desarrollo turístico debe estar bajo el control de la propia comunidad, desde la planificación hasta la gestión de los emprendimientos.
Para concluir estas notas conceptuales recogemos la aportación de Henríquez, Zechner, y Sampaio (2010) según la cual el turismo comunitario tiene tres pilares: comunidad, convivencialidad y cotidianidad, siendo el rasgo fundamental el ser un turismo más humano que comercial: “la clave conceptual para comprender el turismo comunitario estaría orientada hacia el propio concepto de comunidad” (Ruíz y Solís, 2007, p. 7). Nos detenemos brevemente en aquellos tres pilares:
El turismo comunitario surge en América Latina a partir de la década de 1980, en un contexto de fuertes cambios económicos, sociales y políticos. Se trata de un período con importantes movimientos de reivindicación de los pueblos indígenas sobre sus territorios, como defensa frente a la presión de empresas extractivas (forestales, mineras, petroleras). Y unos años en los que, por otro lado, la deficiente dinámica de las actividades agropecuarias tradicionales contribuyó a la persistencia de elevados índices de pobreza y desempleo en las poblaciones rurales (OIT, 2008). A ello cabe añadir a nuestros efectos la dinámica del turismo, con un crecimiento exponencial del conocido como “turismo de masas”, y la preocupación latente por el desarrollo sostenible (Maldonado, 2007; Villavicencio, Zamora y Pardo, 2016).
De acuerdo con Ruiz et al., 2008, en Ecuador el turismo comunitario empieza a desarrollarse desde 1980 y estuvo relacionado con el ecoturismo. Estos emprendimientos surgieron como resistencia de las comunidades indígenas a las actividades petroleras y madereras. El turismo comunitario toma forma desde 1991 cuando los movimientos indígenas se consolidan, en 1999 se crea el Código Ético Mundial del Turismo Sostenible. En el 2001 se firma la Declaración de Otavalo donde se impulsa la creación el turismo comunitario.
En el año 2002 se aprueba la Ley de Turismo para reconocerlas oficialmente y además crea a la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) para fortalecer a los distintos emprendimientos comunitarios de los pueblos indígenas, campesino, afrodescendientes y montubios. Las comunidades pioneras en vincularse al turismo comunitario fueron Capirona en la región Amazonía y Agua Blanca en la región Costa (OIT, 2008: 56). En el 2007 se elabora el PLANDETUR 2020 y el Plan Nacional del Buen Vivir. A partir del 2010 se emite el Reglamento para Centros Turísticos Comunitarios. Y en el 2015 se elabora el Plan Minga Nacional del Turismo Comunitario.
De acuerdo con la revisión bibliográfica desde finales de 1980 y 1990 se localizaron alrededor de más de 50 emprendimientos de turismo comunitario que se encontraban a lo largo del territorio ecuatoriano. En el 2016 se han contabilizado alrededor de 231 comunidades que se encuentran dispersas en 24 provincias, de los cuales únicamente se encontraban 99 emprendimientos activos (Cabanilla, 2016). A diciembre del 2017 se encuentran registradas en el Catastro de Ministerio de Turismo 37 centros de turismo comunitario.
De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de diciembre del 2016, la población del Ecuador fue de 16.714.929 habitantes de las cuales la población en edad de trabajar (PET)1 es de 11.696.131. La PET estuvo compuesta de una población económicamente activa (PEA)2 de 7.874.021 habitantes y la población económicamente inactiva (PEI) 3 fue de 3.822.110 habitantes.
En el gráfico n° 1 se detalla la composición de la población a nivel nacional con sus respectivos porcentajes. Describiendo en mayor detalle la distribución de la población y el empleo, la población en edad de trabajar PET se sitúa en el 70,0% (69,0% en hombres y 70,9% en mujeres). Entre la PET se distinguen: la población económicamente inactiva PEI con un 22,9% (13,4% en hombres y 32,1% en mujeres) haciéndose muy evidente la brecha entre ambos sexos; y la población económicamente activa PEA que se encuentra en el 47,1% (55,6% en hombres y 38,9% en mujeres). Por último, se distingue dentro de la PEA entre población desempleada y empleada. Registrándose unos niveles de desempleo entorno al 2,4% respecto de la población total en ambos sexos. Y haciendo un total de PEA empleada de 44,7% (53,1% en hombres y 36,5% en mujeres).
Es importante remarcar que de las definiciones de la ENEMDU se extrae que las mujeres amas de casa no son consideradas población desempleada, sino población económicamente inactiva. Quedando fuera de cualquier informe sobre población económicamente activa. Asimilando los datos en hombres a los de mujeres podemos estimar que el porcentaje de mujeres incluidas como “amas de casa podría estar rondando aprox. el 20% de las mujeres”.
Por otro lado, es importante analizar el mercado laboral del Ecuador diferenciando entre áreas urbana y rural. En diciembre de 2016, Ecuador contaba con una PEA de 7.874.022. De entre los cuales, la población se distribuía del siguiente modo: Rural 32,5%, Urbana 67,5%; Hombres 58,2%, Mujeres 41,8%; Rural-Hombres 19,2%, Rural-Mujeres 13,3%, Urbano-Hombres 39,0%, Urbano-Mujeres 28,6%.
Al mismo tiempo, el INEC 2017 nos describe un gran incremento de la PEA del Ecuador de forma monótona creciente, pasando de 6,5 millones de personas en 2010 a casi 8 millones en 2016. En apenas 6 años el país incrementó su PEA en aproximadamente un 23%. Este incremento es observado tanto en el área rural, como en la urbana y del mismo modo en ambos sexos. Aunque Ecuador experimentó un incremento de su PEA, la integración de toda esta población en el mercado laboral sufrió dinámicas bien diferenciadas en este periodo que podemos distinguir tanto en función de su situación de partida como en la evolución de cada uno de estos grupos de población según su área o sexo de pertenencia.
Para analizar estas dinámicas con mayor detalle usaremos las categorías definidas en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo asociadas a la PEA. La ENEMDU distingue entre: Desempleo, Empleo no remunerado, Subempleo por insuficiencia de Ingresos, Subempleo por insuficiencia de tiempo, Empleo no clasificado, Empleo no pleno y por último empleo adecuado o pleno. Para evidenciar las diferencias entre sexos y áreas en cada categoría, usaremos las proporciones de población respecto de la PEA. Y representaremos gráficamente las series temporales de las proporciones de cada categoría entre 2007 y 2016, diferenciando entre área y sexo, obteniendo el gráfico n° 2.
Con lo que respecta al subempleo 4en Ecuador tiene un carácter más estructural de acuerdo con Larrea (2006) debido a los estancamientos económicos de las décadas anteriores, así como también la apertura comercial y los cambios tecnológicos han intensificado el subempleo en los últimos tiempos. Las tasas del subempleo a nivel nacional representan un 19,90% con un incremento de 5,9 puntos con respecto al año anterior. A nivel urbano tiene un incremento de 6,1 puntos pasando de 12,7% a 18,8%, y en área rural también tuvo un crecimiento significativo de 5,3 puntos de un 16,8% a un 22% (INEC, 2017b).
Según las regiones naturales el subempleo rural se encuentra en la Sierra con un 49,24%, en la Costa con un 42,26% y en la Amazonía con un 8,50% (INEC, 2017a). La ocupación en la Sierra “depende en gran medida del cultivo de sus propias parcelas minifundistas. Como estas no logran proporcionar los ingresos suficientes para la supervivencia, los campesinos deben emplearse en otras actividades que tampoco garantizan estabilidad ni ingresos significativos” (Carrión y Herrera, 2012, p.116). La evolución del subempleo entre hombres y mujeres del área rural, los porcentajes fluctúan en función si la matriz productiva es capaz de generar empleo estable y de calidad o únicamente las empresas se basan en la competitividad a cambio de la precarización laboral para reducir los costes.
La población urbana tiene proporciones de empleo adecuado que llegan a doblar a las de las áreas rurales. En el área rural predominan los empleos no plenos en ambos sexos, y en el caso de las mujeres rurales la proporción de empleo no remunerado se eleva alarmantemente hasta un aprox. 25% de la actividad. Por otro lado, observando las diferencias entre sexos en función de cada grupo Urbano o Rural; En el área urbana se observa como las mujeres sufren niveles de empleo inferiores al de los hombres (Empleo Adecuado: 60% Hombres y 45% Mujeres; Desempleo y empleo no remunerado: 8% hombres, 15% mujeres). Pero estas diferencias se hacen radicalmente dramáticas en el área rural (Empleo Adecuado: 30% Hombres y 15% Mujeres; Desempleo y empleo no remunerado: 10% hombres, 30% mujeres).
Analizando la serie temporal encontramos dos periodos bien diferenciados cuyo punto de inflexión se encuentra en 2014. El primer periodo comprendido entre 2010-2014 representa en el área urbana un periodo de estabilidad en la proporción de población en cada categoría de empleo. Por otro lado, este mismo periodo tuvo una dinámica muy positiva en el área rural incrementando las proporciones de población con empelo adecuado o pleno en ambos sexos. Generando un efecto doblemente positivo en el área rural.
Por el contrario, el segundo periodo comprendido desde 2014 hasta el final de la serie en 2016, representa un periodo de grave destrucción de empleo de calidad en ambos sexos y ambas áreas. Reduciéndose los niveles de empleo adecuado y empleo no pleno e incrementándose sobre todo la categoría de Subempleo por insuficiencia de tiempo.
A pesar de que la PEA en Ecuador ha experimentado un incremento del 23% entre 2010 y 2016 y con ello se ha incrementado considerablemente la capacidad productiva del país. El retroceso del segundo periodo entre 2014-2016 en el empleo de calidad, ha dejado unos niveles de calidad en el empleo en la población similares a los de 2009.
Para concluir, las áreas rurales de Ecuador han sido definidas por las características regionales de la agricultura en Ecuador; en la Sierra predominan los minifundios y pequeñas propiedades familiares con una agricultura destinada para el consumo interno, mientras que en la Costa se desarrolla un modelo de agroindustria destinada a la exportación donde predominan los medianos y grandes productores con uso intensivo de capital y tecnología. Y en la Amazonía predomina la explotación petrolera caracterizada por una ganadería extensiva y la insuficiencia de empleo (Carrión y Herrera, 2012).
En cuanto las actividades económicas que han generado un mayor empleo adecuado a nivel nacional fue el sector del comercio (16,5%), enseñanza y servicios sociales y de salud (13,10%), manufacturas (13%) y la agricultura (11,3%). En área rural el empleo adecuado se centró en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca (31,17%), manufactura (11,66%) y construcción (11,43%) (INEC, 2017a).
En el área rural no únicamente se comercializa la producción, la tierra y el trabajo, sino que existen otros factores como el patrimonio, la cultura y la naturaleza. Según Martínez (2013) en el sector rural se desarrolla una nueva ruralidad, centrándose en la relevancia que implica las nuevas actividades relacionadas con la comercialización de la naturaleza, el folklore, la vida campesina o rural que se abre en el mercado de turismo nacional e internacional. Estas nuevas actividades que incursionan en los entornos rurales deben ser consideradas como actividades complementarias a la agricultura y además promueven el desarrollo económico y productivo de los territorios (Idrovo, 2016).
El concepto de ruralidad en la región latinoamericana se define desde los cambios demográficos, económicos e institucionales de los entornos rurales. Lo rural no se basa únicamente en las actividades agropecuarias sino también son consideradas las actividades complementarias como la artesanía, el pequeño comercio, el turismo y demás servicios públicos y privados (García, 2007). En Ecuador, el concepto de ruralidad viene modificándose y aún sigue estando en construcción. La definición de ruralidad ha sido impulsada por los movimientos de indígenas, campesinos, empresarios que intentan definirlo en función de los capitales disponibles. En la actualidad, el concepto de ruralidad se enfoca desde las divisiones políticas administrativas (Martínez, 2013a).
Lo rural en Ecuador se considera a las áreas geográficas donde la población vive de manera dispersa en el campo y en pueblos de hasta 15 000 habitantes. De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda del 2010 la población que vive en zonas dispersas alcanza los 3.715.343 habitantes, de los cuales se encuentran en las regiones naturales: Sierra, 1.926.196; Costa, 1.421.441; Amazonía, 478 y en la región Insular 2228. Los sistemas productivos de estas poblaciones están relacionados con la agricultura, actividades de transformación y servicios (turismo y recreación). Por otro lado, la dinámica rural ecuatoriana tiene una característica importante, la revolución de medios de transporte y comunicación que permiten conectar el campo con la ciudad y con el resto del mundo (Instituto Geográfico Militar del Ecuador, 2017).
El desarrollo de actividades turísticas es una estrategia bajo los supuestos de que existen pocas alternativas de ingresos disponibles para los habitantes rurales pobres, el turismo comunitario complementa las actividades de trabajo (Belsky, 1999). El turismo comunitario puede ser considerado como una maniobra de la Economía Popular y Solidaria para combatir el desempleo a través del desarrollo de empresas turísticas comunitarias. De acuerdo con Ruiz y Solís (2007) “el turismo comunitario se entendería mejor desde la economía social y las economías populares (formas organizativas) que desde el sector turístico tal cual (objeto de la actividad), ya que su elemento definitorio es su organización comunitaria” (p.8).
Para Maldonado (2005) lo comunitario desde la perspectiva empresarial se caracteriza por la forma de organización y los fines que persiguen basados en el control de recursos y el reparto equitativo de los beneficios. Estas empresas comunitarias se enmarcan en el contexto de la economía solidaria que permite la generación de empleo y la distribución equitativa de los beneficios entre todos los miembros de la comunidad (OIT, 2001).
El turismo comunitario está relacionado con los principios de la Economía Popular y Solidaria que buscan un equilibrio entre el buen vivir y el bien común, la equidad de género, la conservación de medios naturales y culturas, así como también la distribución equitativa de los beneficios. La Economía Popular y Solidaria está recogida en la Constitución del Ecuador aprobada en el 2008, en la que define a otra economía en el artículo 283 como un “sistema Económico Social y Solidario” que identifica a las formas de organización económica privada, pública y popular y solidaria.
En relación con la Constitución, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria de Ecuador (LOEPS) aprobada en el 2011 tiene como objetivos: i) potenciar prácticas de actividades económicas que se desarrollan en las comunidades, pueblos y nacionalidades y ii) establecer un marco legal que amparen a las personas naturales y jurídicas. Así como también, en el artículo 8 se establece y define las formas de las organizaciones integradas por los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012).
En el cuadro n° 1 se identifican las características de las formas de organización según la LOEPS que son objeto del análisis de esta investigación.
En Ecuador, la entidad encargada de la supervisión y control de las organizaciones del sector económico popular y solidario de los integrantes y las comunidades es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS5 ), la cual inició sus actividades de gestión en junio de 2012. La SEPS clasifica a las organizaciones en el sector financiero y no financiero de acuerdo con los principios que se establecen en la Ley Orgánica Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.
El sector financiero incluye a las cooperativas de ahorro y crédito, y el sector no financiero incluye el sector real, es decir, las asociaciones, cooperativas de economía popular y solidaria, organismos comunitarios y organismos de integración. De acuerdo con el catastro de la SEPS a diciembre del 2017 se encuentran registradas alrededor de 12.595 organizaciones que aparecen activas en el sector no financiero del Ecuador que se encuentran resumidas en la figura n° 2.
En la figura n° 2 se presentan a las distintas organizaciones de la EPS y son clasificadas según el tipo organización (asociaciones, cooperativas, organizaciones comunitarias y organizaciones de integración). En el catastro del sector no financiero se identifica al sector servicios que es objeto de este estudio y se observa que se encuentran registradas alrededor de 12 organizaciones comunitarias, 174 asociaciones y 11 cooperativas a nivel nacional que ofrecen servicios turísticos (SEPS, 2017).
Siguiendo con el análisis de las organizaciones no financieras y del sector turístico se procedió a analizar los emprendimientos que se dedican al turismo en las categorías asociaciones y organizaciones comunitarias (Gráfico n° 3).
Como se puede observar en el gráfico anterior, la mayoría de los emprendimientos se encuentran ubicados en las provincias de Pichincha, Manabí y Napo. Dentro de esta clasificación existen 21 centros con la denominación “turismo comunitario” y se encuentran registrados como organización comunitaria y asociación en la SEPS, de acuerdo con la Ley Orgánica Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario que define los principios de las organizaciones. De acuerdo con Cabanilla (2017), menciona que el turismo comunitario de Ecuador no tiene “una sola forma de asociatividad como comuna, pues en otros lugares funcionan perfectamente corporaciones civiles, cooperativas u otro tipo de asociación” (p. 17).
Para continuar con el desarrollo de esta investigación es necesario resaltar al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) que viene trabajando con la SEPS y tiene como misión “el fomento y promoción de las organizaciones sujetas la presente Ley 6. Aplica de manera desconcentrada, los planes, programas y proyectos relacionados con la economía popular y solidaria” (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012, p.85).
El IEPS cuenta con competencias adquiridas en la LOEPS y ha desarrollado varios proyectos de desarrollo local a nivel nacional. Entre las principales actividades que han colaborado con el turismo comunitario se pueden resumir en las siguientes actividades: i) levantamiento de información In Situ, ii) identificación de emprendimientos comunitarios, iii) asistencia técnica y capacitación en la gestión turística, iv) mercadeo y promoción turística comunitaria entre otras.
Uno de los proyectos de mayor envergadura del IEPS fue el Proyecto de Desarrollo del Corredor Central (PDCC). Este proyecto se desarrolló con emprendimientos administrados por mujeres de las zonas rurales. Los ejes temáticos estuvieron relacionados con el género, el fortalecimiento organizacional y la sostenibilidad de emprendimientos productivos. Los beneficiarios de este proyecto fueron las organizaciones que forman parte de la Economía Popular y Solidaria (IEPS, 2013). A continuación, se detallan brevemente tres emprendimientos que están relacionados con el turismo comunitario del Ecuador, donde el IEPS ha intervenido mediante la aportación económica, la asesoría técnica y capacitaciones.
Caso 1: Fortalecimiento socio-organizativo y generación de estrategias de comercialización de la artesanía tradicional en las comunidades Waorani de la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana – “AMWAE”
El objetivo de este proyecto fue fortalecer a la nacionalidad Waorani7 mediante el empoderamiento y liderazgo de capacidades técnicas y financieras. Este emprendimiento se desarrolló para disminuir la explotación petrolera, maderera de la zona. La asociación AMWAE está conformada por 169 socias y 350 artesanas. Las actividades económicas de la localidad se han diversificado, inicialmente su actividad principal fue la agricultura y la caza. Actualmente, ofrecen artesanías, turismo entre otros servicios. Este emprendimiento favoreció a varias comunidades como: Tiwino, Bataburo, Meñepare, Acaro, Tarangado, Enkedido, Kiwado, Nemompade, Zapino, Toñampade, Enkedido, Kenaweno, Tiwen y Damointado (IEPS, 2013).
Con este proyecto se revitalizó la diversidad cultural y la conservación del entorno natural y, por otro lado, las mujeres de las comunidades indígenas han logrado generar nuevos empleos que les permite mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus familias. Durante la ejecución del proyecto, las mujeres se visibilizaron por sus habilidades de organización y, además, han modificado el estereotipo de la mujer en las zonas rurales (IEPS, 2013).
Caso 2: Aprovechamiento de áreas con potencial turístico en la parroquia Teniente Hugo Ortiz Asociación Kichwa de Agro productores Sacha Warmi” AMKASAW”
El objetivo de este proyecto fue aprovechar los recursos turísticos de los que dispone la comunidad de nacionalidad Kichwa y Shuar ubicadas en la parroquia Teniente Hugo Ortiz de la provincia de Pastaza ubicada en la región de la Amazonía. El desarrollo del turismo fue una actividad complementaria para mejorar los ingresos de las 25 familias que forman parte de esta asociación.
La actividad principal es la agricultura. Las familias encabezadas por las mujeres han explotado los atractivos turísticos como son las costumbres ancestrales, danzas, gastronomía, prácticas ancestrales como la minga y los cultivos de la chacra. Esta iniciativa sirvió para potenciar los atractivos turísticos respetando los entornos naturales y revitalizando las costumbres de las nacionalidades Kichwa y Shuar. Por otro lado, la participación de la mujer en la toma decisiones fue importante para el desarrollo del proyecto (IEPS, 2013).
Caso 3: Rescate de la música y danza tradicional Kichwa en la comunidad San Virgilio
El proyecto se desarrolló en la comunidad de San Virgilio del cantón Arajuno, provincia de Pastaza de la región amazónica. La comunidad es de nacionalidad Kichwa y está formada por 17 familias. Esta iniciativa tuvo la finalidad de revitalizar las costumbres y la conservación de los recursos naturales y además han logrado generar ingresos complementarios mediante el turismo. Las mujeres incursionan en el emprendimiento a través de la organización de las actividades propias de la zona en los alimentos, artesanías, los cultivos de las huertas y los hombres realizan las actividades de la caza, pesa y recolección de frutas (IEPS, 2013).
El IEPS viene fortaleciendo a la Economía Popular y Solidaria mediante la implementación de proyectos que contribuyen a la reducción de la pobreza y la generación de empleo sostenible. Esta institución colabora con los emprendimientos solidarios desde la creación legal hasta la puesta en marcha de los negocios. Entre las funciones se destacan, las capacitaciones, acuerdos institucionales, acompañamiento con la constitución legal en la SEPS, asistencia técnica administrativa, asesoría en la elaboración de planes de negocios solidarios, cofinanciamiento para emprendimientos solidarios (IEPS, 2015).
A partir de las experiencias anteriores según Hiwasaki (2006) el turismo basado en comunidad es una herramienta para la conservación de los recursos naturales y culturales, así como también promueven entornos sostenibles y responsables con el turismo, al mismo tiempo contribuyen con el desarrollo local. En los países en vías de desarrollo está forma de turismo sostenible puede aliviar la pobreza y a conservar los recursos naturales y patrimoniales para el disfrute de las nuevas generaciones (Aguera, 2013).
En las áreas rurales el turismo comunitario tiene un impacto directo en las familias y contribuye al desarrollo socioeconómico de la población local (Manyara y Jones, 2007); además ayuda a erradicar la pobreza (WWF Internacional, 2001). Este modelo de organización comunitaria es una oportunidad para solucionar problemas relacionados con la exclusión social y marginación de hombres y mujeres.
Durante muchos años el mercado laboral ha sido segmentado por cuestiones de género en temas relacionados con la incorporación y las remuneraciones. En el sector del turismo se ha observado un crecimiento considerable de la incorporación de la mujer en las actividades económicas. El turismo comunitario favorece a la erradicación de la discriminación de las mujeres y las diferencias salariales (Ordoñez y Marco, 2005). El turismo en las zonas rurales deber ser entendido como parte del conjunto de actividades productivas entiendo que las actividades agrarias predominan en estas zonas (Inostroza, 2008). El sector del turismo tiene un inmenso potencial, puesto que genera mayores oportunidades para crear puestos de trabajo en el área rural. Incorpora a la economía a personas con alta, media y baja cualificación tanto mujeres como hombres (Ordoñez y Marco, 2005, p.9).
Bajo este contexto, la economía popular y solidaria es una alternativa para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Es así como el turismo comunitario a través de las ofertas de servicios, su organización interna y el trabajo de reproducción solidaria puede lograr el desarrollo local en las comunidades del Ecuador. La sostenibilidad de estos emprendimientos dependerá en buena medida de la planificación de todos los actores (comunidad, sector público, privado, ONGs, etc) y el contexto local a nivel socioeconómico, político y cultural donde se desarrollare el proyecto. Para el desarrollo de los emprendimientos comunitarios debe existir “un encuentro con la teoría, con el conocimiento científico, y esa “ecología de saberes” 8 puede ser clave para dar otro alcance a las estrategias de sobrevivencia y resistencia al capitalismo” (Coraggio, 2008, p.48).
Los centros de turismo comunitario se han visto afectados por el abandono de los programas y colaboraciones internacionales. En algunos casos varios de estos emprendimientos fracasaron por falta de empoderamiento por parte de la comunidad. Bajo esta situación latente en varias comunidades, las autoridades deben generar políticas de asistencia técnica, capacitaciones que garanticen la sostenibilidad de estos negocios.
El sector rural es un sector emergente y necesita que se prioricen programas, políticas generadoras de empleo de buena calidad destinados a los pobladores para que no abandonen sus tierras en busca de mejores oportunidades en las áreas urbanas del Ecuador. De acuerdo al análisis del empleo en el Ecuador, el desempleo no sería el mejor indicador para evaluar el desempeño del mercado del trabajo tras desagregar los componentes de la PEA. Porque las personas que se encuentren en la categoría del desempleo pasarían a formar parte del empleo no remunerado o de mala calidad según las definiciones del INEC. Por lo cual, se deberían analizar con indicadores relevantes que midan el deterioro real del mercado laboral como por ejemplo el Empleo pleno y no pleno.
El turismo comunitario es una actividad que complementa a la agricultura. Entendiendo que las actividades turísticas implican un riesgo debido a las fluctuaciones estacionales, crisis económicas, y de otros factores exógenos que la población no puede controlar.
En cuanto a la legalización de los centros de turismo comunitario, se debe destacar los problemas de reconocimiento como “comunitarios” bajo la Ley de Turismo emitido por Ministerio de Turismo que no benefician a las comunidades y es un obstáculo para emprender. Actualmente se encuentran registrados 37 centros de turismo comunitario y existen más 100 centros a nivel nacional que están en funcionamiento bajo la denominación de “turismo comunitario”. Por otro lado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene registrada jurídicamente a los centros de turismo comunitario clasificados en asociaciones y comunidades. Hasta el momento no existe una única ley a nivel nacional que agrupe a estos emprendimientos, por lo que es necesario que los ministerios responsables y la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) se reúnan y emitan una ley en beneficio de las comunidades que desarrollan el turismo comunitario.
El Instituto de Economía Popular y Solidaria está trabajando de forma conjunta con los emprendimientos que se encuentran registrados en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para fortalecer y empoderar a las comunidades rurales, además de garantizar la sostenibilidad de los centros de turismo comunitario. El IEPS debe ser un ente intermediario para que las comunidades puedan ser visibilizadas en la comercialización de los servicios que ofrecen y un puente en las políticas públicas que toman los gobiernos descentralizados del país, reflejando la realidad socioeconómica, política y ambiental de las comunidades rurales.
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