Revista Tlatemoani. ISSN: 1989-9300

---

PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESTATALES EN MÉXICO 1982 - 2000

---

INTRODUCCIÓN
La privatización es adoptada en diferentes países y sus objetivos varían según el contexto, dependiendo de las circunstancias socioeconómicas y la cultura política predominante. Entre sus principales objetivos se encuentran aquellos dirigidos a fortalecer el mercado; por otra, pueden perseguir reducir el déficit de operación del gobierno. Igualmente, los objetivos políticos pueden ser la reducción del papel del Estado en la vida pública, la formación de nuevos grupos de interés, la transferencia de poder a una nueva élite empresarial (Ibarra, 2014: 17).
A lo largo del siglo XX, después de la crisis de 1929, y más aún después de la Segunda Guerra Mundial, el dominio público había ido aumentando en casi todo el mundo, para corregir lo que se suele llamar “fallas del mercado”, es decir: la oferta insuficiente o monopólica, precios excesivos, sin garantías. Y se habían formado en todas partes empresas públicas: de energía, carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones, entre otros-, para ofrecer bienes y servicios que se consideraban básicos. En los años setenta los servicios públicos comenzaron a deteriorarse gravemente.  No había dinero suficiente para mantener en buen funcionamiento los servicios públicos. Además, aumentaron el déficit y la deuda pública. Y, por si fuera poco, abundaron las huelgas. El hartazgo de la gente coincidió con el primer auge de las ideas neoliberales que encontraron un público receptivo, predispuesto a aceptar la idea de que las empresas públicas eran por definición ineficientes, costosas, una carga para el erario público (Escalante, 2015: 203-204).
La privatización y desincorporación de empresas públicas fue un elemento esencial de las reformas estructurales. Abrió espacio a la iniciativa privada y ayudó a corregir las finanzas públicas ya que, salvo contadas excepciones las empresas desincorporadas operaban en números rojos. La venta de paraestatales se efectuó mediante licitación pública, el gobierno aceptó o rechazó la oferta en función del precio ofrecido y, en alguna medida, también de los planes de inversión y empleo (Moreno & Ros, 2010:777).
Entre las diferentes modalidades privatizadoras se encuentran las siguientes: a) Medidas relacionadas con la enajenación de la propiedad como la venta (desinversión o desnacionalización) y la coinversión; b) Medidas organizacionales como el arrendamiento y los contratos de administración gerencial, la reestructuración de empresas públicas, la fragmentación de monopolios públicos, la desregulación y la liberalización; c) Medidas operacionales como la subcontratación, cobro por uso de servicio, los incentivos compensatorios, la racionalización del control gubernamental, el abandono o la pospuesta de iniciativas gubernamentales de abrir nuevas empresas (Ibarra, 2014: 17).
El retiro del Estado de la esfera económica se expresó, además, en un cambio radical en su forma de intervención en diferentes sectores de actividad. Se desechó la estrategia basada en la identificación de sectores con potencial de desarrollo, se eliminaron las prácticas de fomento selectivo y en lugar de ello se adoptaron políticas horizontales que a priori no son selectivas por rama o tipo de actividad (Moreno & Ros, 2010: 779).
En el presente trabajo, proponemos hacer un repaso por los principales hitos de del proceso de privatización. Toda vez que el proceso fue complejo y su dimensión temporal, 18 años, lo abordaremos de forma superficial, dejando al lector bibliografía donde se puede ampliar la comprensión de este cambio en la economía mexicana.
1.- EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESTATALES EN MÉXICO
El cenit de las empresas paraestatales se alcanzó al finalizar el sexenio de José López Portillo, había 1150 empresas propiedad del Estado. Éstas compañías abarcaban varias ramas de la economía: petróleo, petroquímica, minería, electricidad, telefonía, comunicaciones, ferrocarriles, transportación aérea, química, automotriz, acero, azúcar, bienes de consumo duradero, banca, comercio y diversos servicios (Guillén, 1996: 16).

La privatización de empresas estatales fue un proceso de dimensión mundial. La complejidad y profundidad de la crisis del modo de regulación en los diferentes países, evidenció limitaciones de la intervención económica estatal pata salir de la crisis. Tanto en los países industrializados como en el Tercer Mundo, los déficits de las finanzas públicas crecieron como la espuma. El conocido carácter anti-cíclico del gasto público perdió eficacia ante la presencia de círculos viciosos de estanflación (Guillén, 1996:17).

El proceso de privatización mexicano tuvo tres etapas: la primera de 1982 a 1988 donde se privatizan empresas de diversa índole y actividad; la segunda de 1988 a 1994, se realiza la privatización a fondo de varios sectores como la siderúrgica, la banca y teléfonos; y, la tercera, de 1995 a 2000, se profundiza aún más el proceso y se realizan cambios constitucionales para vender los ferrocarriles y la comunicación satelital (Sacristán, 2006: 54).

Aunque el creciente papel del Estado en la vida económica no dejaba de provocar fricciones entre el gobierno y la iniciativa privada, sobre todo a partir de la crisis de 1982 se hizo evidente, las relaciones entre ambos tenían un alto grado de organicidad. No sólo el sentido general de la política económica era favorable a las grandes empresas, sino que en buena medida la mala situación financiera en que se encontraban las entidades paraestatales obedecía a la existencia de subsidios indirectos al capital privado por la vía de precios y tarifas bajos, más que a los malos manejos o a la incapacidad administrativa de los directivos. El alto grado de entrelazamiento de los capitales llevó a que algunos analistas propusieran el concepto de capitalismo de estado.

El nuevo eje de la gran propiedad capitalista, su estructura patrimonial y el control de la misma; es decir, el proceso de centralización del capital a partir del cual articulan y garantizan el proceso de valorización mediante la intermediación y apropiación de una gran parte de la riqueza social generada, cuyo fundamento se halla en el proceso de privatización, primero de los grandes grupos de capital financiero a partir de 1983, después, mediante la venta de los Certificados de Aportación Patrimonial de la banca nacionalizada en 1987, y por último, a partir de 1990 con la privatización de Telmex, Minera Cananea y la banca, lo que coincidiría con la apertura del país a la inversión extranjera (Morera, 1998: 50).

En la etapa inicial del proceso de privatización, se procedió a la promulgación de la Ley Federal de Entidades Paraestales, en la que se clasificaron los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria como estratégicos, prioritarios y no prioritarios, y se ordena todo el sector paraestatal conforme estos criterios. De tal suerte, que se inicia con la privatización de aquellas empresas clasificadas como no prioritarias. La mayor parte de las empresas no prioritarias eran filiales de Nacional Financiera y de Somex (Sacristán, 2006: 55).

En la segunda etapa de 1988 a 1994 – durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari- se desincorporaron empresas de manera generalizada sin más límite formal que los sectores estratégicos de la economía. En este periodo se intensificó el programa de privatizaciones, que incluyó a empresas con fuerte poder de mercado (incluso monopolios y oligopolios) y gran viabilidad económica. Los objetivos del programa de desincorporación rebasaron la mera eficiencia y se buscó además maximizar los ingresos por la venta de empresas y minimizar la intervención del Estado en la economía (en 1989 el PIB del sector público representaba el 16% del producto nacional, mientras que en 1983 esta cifra fue 25%). Con esta finalidad, se fusionaron algunas empresas para incrementar su potencial y hacerlas atractivas para los inversionistas privados que pagarían por ellas un mayor precio. Asimismo, se liberaron sectores estratégicos y de gran impacto sobre el manejo de la política económica, como la telefonía y las instituciones financieras (Clavijo & Valdivieso, 2000: 30)

En la tercera etapa, de 1994 a 2000, la principal tarea de la agenda de privatizaciones se había realizado. El número de empresas administradas por el Estado era ya muy reducido y los sectores en los que aún participaba eran pocos, aunque importantes. En este contexto, a partir de 1994 se observó una limitada venta de empresas, y los esfuerzos por involucrar al sector privado en las áreas anteriormente ocupadas por el Estado se concentraron principalmente en la concesión para la administración de activos públicos. En este periodo se concesionó la prestación de algunos servicios de transporte y carga como los ferrocarriles, administraciones portuarias y carreteras, la operación de canales de transmisión de ondas de radio vía satélite y los aeropuertos. Asimismo, se ha avanzado de manera importante en materia de conducción de electricidad, y en su generación bajo ciertas condiciones (Clavijo & Valdivieso, 2000: 44).

2.- LA RACIONALIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL CON MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
En medio de la contracción económica y la masiva transferencia de recursos al exterior, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) inicia en 1983 los primeros cambios estructurales: reducir el tamaño y complejidad del sector público y abrir la economía a la competencia del exterior. Se eliminaron permisos previos a la importación y redujeron aranceles. En 1985 México ingreso al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio, por sus siglas en inglés), lo cual le daba a la política liberación comercial un marco institucional de mayor permanencia para los próximos años. La rápida apertura comercial no genero un cierre de empresas o despidos masivos de trabajadores y se dio prácticamente sin oposición de empresarios o trabajadores, cuestión que cambio más adelante cuando empezaron a resentir más fuertemente la competencia externa (Cárdenas, 2010: 534-535).
La administración de Miguel de la Madrid ejecutó un proyecto que proponía llevar cambios estructurales en el sector paraestatal. Básicamente fueron tres las políticas que diseñó esa administración en este ámbito; en primer lugar, la racionalización del sector paraestatal que significó la desincorporación de un número importante de entidades: en segundo lugar; en buena medida contraparte del anterior, la reestructuración financiera y el cambio estructural; finalmente la reconversión de algunas ramas de la industria estatal (Delgado, 1991: 413-414).
El proceso de desincorporación de empresas estatales en el sexenio de Miguel de la Madrid fue acelerado. El 93 por ciento de las empresas desincorporadas se asignó al capital privado nacional y el 7 por ciento a inversionistas extranjeros. La presencia estatal en la industria se redujo, de 28 ramas en 1982 a 12 en 1988. El Estado se había retirado totalmente de las industrias automotriz, bienes de consumo duradero, bienes da capital, textil y del vestido, química básica, y se había retirado parcialmente de la minería, la producción de azúcar, el comercio y los servicios (Guillén, 2006: 21).

La desincorporación de empresas del Estado durante el sexenio del presidente De la Madrid tuvo diferentes mecanismos, a saber, la disolución y liquidación, la extinción, transferencia y la venta. A continuación, presentamos un cuadro donde se establecen los supuestos generales de cada mecanismo:
De los procesos de desincorporación, las ventas y liquidaciones representaron el 67% del total de las entidades más afectadas por dichas operaciones, correspondieron casi en forma absoluta a empresas de participación estatal, pues las extinciones (un poco más del 18%) son únicamente y por ley los fideicomisos (Gasca Zamora, 1988: 23-25)
El Estado se retiró total o parcial de 24 áreas de actividad económica clasificadas. Por tipo de empresas de empresas se desincorporaron 45 empresas que laboraban alimentos, entre las más importantes 5 empresas del grupo Garci-Crespo productoras de refrescos y aguas minerales, 21 ingenios azucareros, 14 procesadoras de alimentos marinos (grupo Productos Pesqueros Mexicanos) y 5 empresas agroindustriales. En bienes de consumo duradero se encuentran 3 empresas automotrices: Renault de México, Vehículos Automotores Mexicanos y Equipos Automotores, además de unas 10 empresas productoras de electrodomésticos y el grupo Cóndor (3 empresas productoras de bicicletas y sus partes) [Gasca Zamora, 1988: 24).
3.- LA PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DURANTE EL SEXENIO DE CARLOS SALINAS DE GORTARI

El comienzo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el 1 de diciembre de 1988, coincidió con cambios profundos en el sistema económico y político mundial. Los cambios en la Unión Soviética liderados por Miljaíl Gorbachv; el reformismo en el Reino Unido impulsado por Margaret Thatcher; y, el regreso de los republicanos con Ronald Reagan en Estados Unidos marcó una época de cambió profundo hacia la derecha. El proceso de unificación europea también se aceleró en esos años.  Pero sin duda, el momento más paradigmático fue la caída del muro de Berlín a fines de 1989 y el desmembramiento del bloque soviético de la propia URSS en los meses que siguieron. El fracaso del modelo centralmente planificado parecía no dejar opciones en vías de desarrollo más que la preeminencia de mercado y la liberación económica. Ello coincidía con el fin de una década de estancamiento económico y problemas crónicos de inflación y devaluaciones monetarias en muchos países de América latina. La respuesta fue el llamado consenso de Washington, que llamaba a la liberación de los mercados, la reducción del tamaño del estado a niveles mínimos, el libre comercio de bienes y de capitales, la eliminación de déficit público y delos subsidios excesivos, y la formación de capital a largo plazo. El reformismo de Carlos Salinas de Gortari se enmarcó en este proceso de transformación internacional (Cárdenas, 2010: 535-536).

El proceso de desincorporación de entidades paraestatales durante el salinismo fue muy intenso. En el sexto y último informe presidencial de Carlos Salinas, se informó que el sector paraestatal se encontraba constituido por 209 entidades, quedando pendientes 50 operaciones de desincorporación de empresas poco significativas. Durante esa administración se concluyeron operaciones de venta por alrededor de 20 mil millones de dólares. Destacaron por su importancia – además de los bancos- la venta de Telmex, de las empresas siderúrgicas y de la Minera Cananea (Guillén, 1996: 22).

En materia de empresa pública, la modernización económica se instrumentó como estrategia de su privatización en áreas no estratégicas y no prioritarias. Así, la privatización siguió una estrategia combinada en tres variantes: a) la modernización del sector público; b) el redimensionamiento del sector público; y, c) la elevación de la eficiencia y la eficacia de la administración. El gobierno de Carlos Salinas consideró que la modernización de las empresas industriales eran la respuesta más viable a los problemas de baja producción, escasa competitividad y flexibilidad al cambio que afectaba al sector industrial. Éste era uno de los caminos a seguir para contribuir a solucionar los problemas económicos que enfrentaba el país. La reestructuración del sector paraestatal en su conjunto liberaría esfuerzos y recursos que deberían estar dedicados a objetivos estratégicos (Sánchez González, 2010: 225).
A mediados de 1989 el gobierno salinista decretó la privatización de aeronaves de México y de Mexicana de Aviación, del Grupo Dina, así como de algunos ingenios azucareros. En 1990 se privatizó Teléfonos de México, Minera Cananea, otros ingenios y algunas plantas de Industrias Conasupo. Además de que se anunció la privatización bancaria. En 1991 se privatizaron tres empresas acereras, una compañía de seguros, la fábrica de carros de ferrocarril y algunas otras empresas (Cárdenas, 2010: 536-537).
La privatización de la banca hizo necesaria la modificación del artículo 28 constitucional. La reforma de 27 de junio de 1990 suprimió el párrafo quinto del artículo 28 adicionado el 17 de noviembre de 1982 en el que se disponía que únicamente el Estado hará la prestación del servicio público de banca y crédito, mismo que no se concesionará a particulares.

El proceso de licitación de las 18 instituciones de crédito se llevó a cabo en seis paquetes, durante un período comprendido entre el 7 de junio de 1991 y el 3 de julio de 1992. En promedio se realizó una subasta cada tres semanas. El proceso se realizó con agilidad para evitar conceder ventajas competitivas a los bancos que se privatizaron primero.  El Comité de Desincorporación Bancaria recibió 133 solicitudes de registro de interesados en participar en el proceso. Las solicitudes fueron presentadas por 44 grupos, tanto grupos financieros como de personas físicas. A lo largo del proceso se presentaron 60 posturas de compra (Murillo, 2005: 5).
En 1991 se privatizaron Multibanco Mercantil de México, Banpaís, Banca Cremi, Banca Confía, Banco de Oriente, Bancereser, Banamex, Bancomer, BCH. Al año siguiente se privatizaron Banca Serfin, Comermex, Somex, Banco del Atlántico, Banca Promex, Banoro, Banorte, Banco internacional y Banco del Centro.
Una de las mayores debilidades de la fase de implementación de la privatización sería el incumplimiento, incluso, la abierta contravención al conjunto de las normas jurídicas para la venta de activos públicos, tanto por funcionarios como por empresarios. Esto tendría nocivos resultados sobre la privatización no sólo porque afectaba su legalidad y certidumbre, sino además porque afectó la legitimidad del mecanismo privatizados: mientras algunos grupos empresariales se enriquecían enormemente al amparo de la inobservancia de las reglas y la impunidad correspondiente, otros eran afectados por semejante comportamiento. Este desacato a las normas iniciado durante la privatización, tendría su punto culminante en el rescate bancario de 1998-1999 al convertir en deuda pública los créditos otorgados antes y después de la privatización sin exigir la responsabilidad correspondiente a los responsables de los mismos (Ibarra, 2014:378).
Algunas de estas privatizaciones resultaron muy exitosas, como la de las aerolíneas y de motores automotrices. Otras han sido muy cuestionadas, como la de Telmex, en la cual se ha argumentado que de un monopolio estatal se transitó a un monopolio privado, aunque todo mundo reconoce el enorme avance y la transformación organizacional y tecnológica del servicio telefónico en el país. Otras más, la bancaria en particular, han sido severamente criticadas por diversas razones. Algunos critican la forma como se adjudicaron los bancos a los inversionistas privados con alta discrecionalidad, financiamiento endeble y a un precio excesivamente caro. Otros la han criticado por considerar que la forma como se reprivatizó la banca y se liberalizó el sistema financiero fueron las causas principales de la  crisis de 1994-1995 (Cárdenas, 2010, 537).
Los sucesos políticos acontecidos en 1994 provocaron una grave crisis económica al final de ese año. El presidente Carlos Salinas de Gortari y su secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella decidieron estirar la decisión de una posible devaluación hasta el final de su gobierno en una especie de ruleta rusa financiera. Para contrarrestar la venta creciente de inversiones de los bonos mexicanos denominados en pesos, comenzaron a emitir nuevos instrumentos financieros conocidos como “tesobonos” pagaderos en pesos, pero indexados al dólar. Sin embargo, la incertidumbre se intensificó en el otoño de 1994 y la fuga de capitales aumentó. Después del cambio de gobierno, el 1 de diciembre de 1994, ya no quedaba margen para la nueva administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que procedió a una devaluación a partir del 20 de diciembre de 1994. Ello produjo un colapso del sistema bancario mexicano y el posterior derrumbe de la economía nacional en 1995 cuando miles de empresas quebraron y un millón de personas perdieron sus empleos. A su vez, todo el sistema bancario mexicano pronto entró en un escenario de quiebra técnica, para lo cual hubo que poner en marcha un plan de rescate complicado y prolongado (Marichal, 2013: 176).
4.- LA CRISIS Y LA PRIVATIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES DURANTE EL SEXENIO DE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN
Como hemos adelantado líneas arriba, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León inicia con una crisis económica profunda. Ante la realidad de los excesos previos que se reflejaban en el elevado déficit de la balanza de pagos, y las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de los Estados Unidos, el gobierno zedillista respondió con una serie de medidas contraccionistas (reducción del gasto y elevación de las tasas de interés) y diversas medidas para sortear la inevitable crisis del sistema financiero. Creó el Programa de Capitalización Temporal (Procapte) para resarcir el capital de los bancos mediante la adquisición de deuda por parte del Fobaproa; las Unidades de Inversión y Compra de Cartera (PCCC) para sanear las carteras de los bancos (Cárdenas 2010: 540).

El impulso reformador del gobierno salinista tomó otro ritmo con la administración del presidente Zedillo. La grave crisis bancaria y financiera que siguió al colapso del peso de diciembre de 1994 tuvo fuertes consecuencias no sólo en la actividad económica sino en el ámbito político. Ello llevó a que el PRI perdiera por primera vez la mayoría en el Congreso de la Unión, en las elecciones intermedias de 1997. La conjunción de deterioro de la economía, el cuestionado recate bancario y el difícil entorno político explican en buena medida la imposibilidad de realizar reformas estructurales que todavía se necesitaban y que estaban en la agenda inicial del gobierno. El presidente Zedillo logró pasar al inicio de su período reformas en el ámbito electoral y del poder judicial de gran importancia, y algunas más sobre órganos reguladores esenciales para el buen funcionamiento de los mercados. Pero otras reformas como la energética, la laboral, la educativa, la de pensiones, ya no pudieron ser llevadas a cabo. La crisis interrumpió el proceso reformista de los años previos y el descontento con el gobierno culminó con el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones presidenciales del 2000 (Cárdenas 2010b: 237).

El proceso de privatización continuó en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. En este período, la desincorporación del sector paraestatal se dio mediante la forma de concesiones y licitaciones para operar bienes y servicios del sector público, así como la venta de activos (Sánchez González, 2010: 279).
El 2 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional para quedar de la siguiente manera:

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.
Esta reforma, junto con la expedición de la nueva Ley de Telecomunicaciones permitió la participación privada en las comunicaciones vía satélite que antes estaba reservada al Estado. En 1996 el gobierno de Zedillo decidió poner a la venta el sistema nacional de satélites, conformado por los satélites Morelos I, Morelos II, Solidaridad I, Solidaridad II, así como el proyecto para la orbitación de Satmex 5 (Zepeda, 2012: 36).
Asimismo, la reforma constitucional al artículo 28 abrió la posibilidad de privatizar, mediante concesión, los Ferrocarriles Nacionales de México (FNM). Para ello se tuvo que expedir una nueva Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que se contempla la concesión de la construcción y operación de ferrocarriles.
La privatización de los ferrocarriles realizada durante 1994, se inició con la privatización de los talleres de mantenimiento y la flota de locomotoras asignadas a ellos. Esta privatización parcial sirvió de modelo para el planteamiento general posterior, especialmente en lo que se refiere a la solución obrera, debidamente consensuada con el sindicato (Sánchez González, 2010: 90).
Para proceder a su venta, la red ferroviaria fue dividida en sistemas regionales que se ofrecieron a diferentes sociedades concesionarias mediante licitaciones públicas. En principio se decidió que no se podía privatizar FNM en su conjunto, a fin de no repetir la privatización de un monopolio, como en el caso de Telmex; así, el sistema ferroviario se debería dividir. Esto planteaba una disyuntiva: la empresa podría a) dividirse en varios ferrocarriles integrados verticalmente, o b) dividirse horizontalmente: infraestructura, operación. Comercialización, etc. Se optó por la primera vía, en gran parte por constituir la modalidad que privaba en Estados Unidos y Canadá con los que el sistema ferroviario mexicano se conectaba (Sacristán,2006: 60).
Los tres sistemas en los que se dividió FNM fueron: a) el Ferrocarril del Noreste; b) el Ferrocarril del Pacífico Norte; y, c) el Ferrocarril del Sureste. También se vendieron la Terminal Ferroviaria del Valle de México, así como varios ferrocarriles con vías de corta longitud (Zepeda, 2012: 34).
En 1998 Germán Larrea de Grupo México y Union Pacific Railroad adquirieron el Ferrocarril Pacífico-Norte, la red ferroviaria más extensa del país con casi 500 locomotoras y 8 mil 500 kilómetros de vía. Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), después Kansas City Southern de México (KCSM) tiene el corredor del noreste que enlaza los puertos de Lázaro Cárdenas y Tampico, así como conexión a Estados Unidos. Ferrocarril Mexicano (Ferromex) de Germán Larrea, Unión Pacific e ICA opera 8 mil 500 km de vías y conecta cinco ciudades a lo largo de la frontera con Estados Unidos y algunos puertos del Pacífico y el Golfo de México (Zepeda, 2012: 34). Ferrocarril del Sureste fue adquirido por Carlos Slim posteriormente Grupo México adquiere una participación significativa. La Terminal Ferroviaria del Valle de México (TFVM), ahora conocida como Ferrovalle es propiedad de KSCM y Ferromex. Opera el patrio de clasificación ubicado en el Valle de México. En 1999 Genesee & Wyoming Inc obtuvo la concesión del Ferrocarril Chiapas Mayab. Misma que abandonó en 2007 y se revirtió a favor del Estado (Zepeda,2012: 34).
Para algunos la privatización ferroviaria fue exitosa. El gobierno obtuvo más de 2,000 millones de dólares por ella; los ferrocarriles privados han invertido grandes cantidades previstas y han mejorado notablemente la eficiencia del ferrocarril. Del producto de las privatizaciones se formó un fondo de pensiones (el primero en México) para los 50,000 jubilados de FNM hasta el momento de la privatización. El costo para el gobierno consistió en la liquidación de la mano de obra no jubilada, 30,000 trabajadores de 1990 a 1996 y otros 20,000 de 1997 a 1999. Este costo a lo sumo ascendió a 300 millones de dólares. Tan solo 20,000 trabajadores fueron recontratados por los nuevos ferrocarriles. El organismo FNM en liquidación se quedó con activos que deben hacer frente a los pasivos, la mayoría de ellos de carácter laboral (Sánchez González, 2010: 291-292)
Si bien la privatización ha permitido aumentar el volumen y mejorar sustancialmente los servicios, sus beneficios no han sido plenos, pues se concentró en objetivos fiscales de pago por infraestructura y ahorros en los subsidios. Además, la regulación subsiguiente no privilegió la competencia o las obligaciones de interconexión entre ferrocarriles. Aun así, y pese al impacto de la crisis económica, en 2009 conservó su tercera posición (alrededor del 10%) en el mercado nacional de transporte, y subió de 18% en mercancías terrestres a cerca del 26%. Cuando se llevó acabo la privatización ya se sabía en el mundo que los problemas de interconexión entre ferrocarriles eran severos y que en ausencia de disposiciones jurídicas que permitieran normar sus términos, la posibilidad de ofrecer alguna competencia a los usuarios se limitaba a la imperfecta competencia de otros medios distintos al ferrocarril, es decir, intermodal, en tanto los incentivos de mejora de precios y calidad generados por la competencia intramodal seguían ausentes (Guajardo & Salas & Velázquez, 2010: 692).
En 1985 el gobierno inició la paulatina desregulación y privatización de los aeropuertos del país; para 1989 Aeropuertos y Servicios Auxiliares tenía 58 instalaciones cuyo número redujo para conformar cuatro grupos regionales con 35 aeropuertos. La privatización llegó en 1998 cuando se otorgaron concesiones a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por períodos de hasta 50 años prorrogables, manteniendo el Estado la rectoría del espacio aéreo, radioayudas, telecomunicaciones e información aeronáutica. En ese mismo año se constituyeron las sociedades controladoras con el nombre Grupo Aeroportuario del Sureste, del Pacífico, del Centro Norte y de la Ciudad de México (Guajardo & Salas& Velazquez, 2010, 698).
CONCLUSIONES
La privatización de las empresas estatales fue una tendencia mundial de la que nuestro país no fue ajeno. Concebida originalmente como una forma de poner fin a las carencias en los servicios públicos prestados por el Estado fue puesta en marcha en varios países más o menos en la misma época. En México llegó de la mano de una profunda crisis económica, la de 1982. En ese año Miguel de la Madrid plantea la racionalización y reestructuración del sector paraestatal. Durante todo su sexenio fueron desincorporadas una gran cantidad de empresas vía liquidación, transferencia, fusión o venta. El Estado redujo su participación en numerosas ramas de la economía. En términos generales, podemos decir que se desincorporaron empresas no prioritarias ni estratégicas.
Su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, profundizó el proceso de desincorporación. En su sexenio si se vendieron sectores claves de la economía nacional como las minas, las aerolíneas, los ingenios azucareros, Telmex y la joya de la corona: la banca nacionalizada por José López Portillo. La privatización bancaria fue un proceso que si bien estuvo precedido de una reforma constitucional; la expedición de una nueva legislación secundaria; y normado por un Acuerdo Presidencial; terminó siendo una de las semillas que generaron la crisis de 1994-1995. Fueron vendidos a muy alto precio, a gente sin experiencia bancaria, y con una supervisión muy laxa. Un coctel que resultó explosivo llegada la hora del desastre económico con que abrió el sexenio de Ernesto Zedillo.
En la última parte analizada en este trabajo, el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, se caracterizó por la concesión de las comunicaciones. En particular analizamos la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México. La empresa fue dividida en varias empresas regionales y vendidas a distintos grupos. Los aeropuertos corrieron similar suerte. En general, esas privatizaciones fueron de claroscuros.
BIBLIOGRAFÍA
Cárdenas Sánchez, E (2010): “La economía en el dilatado siglo XX, 1929, 2009”. En: Kunz Ficker, S (Coord). Historia económica general de México, de la Colonia a nuestros días. México, El Colegio de México, Secretaría de Economía, pp. 503-548.
Cárdenas Sánchez, E (2010b): “La reestructuración económica de 1982 a 1994”. En Servin, E (Coord) Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940 -1994, México: Fondo de la Cultura Económica, pp 182-241
Clavijo, F & Valdivieso, S (2010): Reformas Estructurales y Política Macroeconómica: el caso de México 1982-1999. Disponible en: http://archivo.cepal.org/pdfs/2000/S2000584.pdf .Consultado en 18/05/2018 a las 13:45
Delgado Selley, O. (1991) “La industria estatal mexicana antes y después de la privatización: 1983-1989”, Investigación Económica Vol 50 No 197 pp 413- 444
Escalante Gonzalbo, F (2015): Historia Mínima del Neoliberalismo, México: El Colegio de México.
Gasca Zamora, J., (1988), “Privatización de la empresa pública en México 1983-1988”, Momento Económico No 41-42, p.p. 22-25.
Guajardo Soto, G & Salas, F & Velázquez, D (2010): “Energía, infraestructura y crecimiento”. En: Kunz Ficker, S (Coord). Historia económica general de México, de la Colonia a nuestros días. México, El Colegio de México, Secretaría de Economía, pp. 635-666.

Guillén, A (1996): “Balance de la privatización en México”, Revista Iztapalapa No. Extraordinario, p.p. 13-26.
Ibarra Muñoz, D (2004): Ensayos sobre economía mexicana, México: Fondo de la Cultura Económica.
Ibarra Palafox, F (2014): La privatización bancaria en México, México: Siglo XXI-UNAM.
Marichal, C (2013): “Las crisis de deudas soberanas en México y el papel de los Estados Unidos, 1945-1995. ¿Quién era el prestamista internacional de última instancia”, Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa,No. 7, p.p. 159-184.
Moreno Brid, J & Ros, J (2010): “La dimensión internacional de la economía mexicana”. En: Kunz Ficker, S. (Coord). Historia económica general de México, de la Colonia a nuestros días. México, El Colegio de México, Secretaría de Economía, pp.757-790
Morera Camacho, C (1998): El capital financiero en México y la globalización, México: UNAM-ERA-IIE.
Murillo, J (2005): La banca en México después de la privatización. Auge, crisis y reordenamiento, en Del Ángel, G & Bazdrech, C & Suárez, F (Eds) Cuando el Estado se hizo banquero. Consecuencias de la nacionalización bancaria, México: Fondo de Cultura Económica.
Rogozinsky, J (1998) High Price for Change, Privatization in Mexico, Washington: Inter-American Development Bank.
Sacristán Roy, E (2006): “Las privatizaciones en México”, Economía UNAM, Vol.: 3 No. 9, pp. 54-64.
Sánchez González, J., (2010): “La privatización en México como retracción de lo estatal”, Toluca: IAPEM.
Zepeda Bustos, C., (2012), “Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo”, El Cotidiano No. 172, p.p. 32-39.

 

Fecha de recepción: 22 de agosto de 2018
Fecha de aceptación: 30 de noviembre de 2018

---

Nota Importante a Leer:
Los comentarios al artículo son responsabilidad exclusiva del remitente.
Si necesita algún tipo de información referente al articulo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del articulo al principio del mismo.
Un comentario no es mas que un simple medio para comunicar su opinion a futuros lectores.
El autor del articulo no esta obligado a responder o leer comentarios referentes al articulo.
Al escribir un comentario, debe tener en cuenta que recibirá notificaciones cada vez que alguien escriba un nuevo comentario en este articulo.
Eumed.net se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios que tengan lenguaje inadecuado o agresivo.
Si usted considera que algún comentario de esta página es inadecuado o agresivo, por favor, escriba a lisette@eumed.net.

---